domingo, marzo 29

Dos juezas concluyen que el Gobierno quiso repatriar a menores sin garantías. Fiscales y ONG alertan de fugas en los centros de acogida

Las juezas concluyen que el Gobierno quiso repatriar a menores sin garantías
Fiscales y ONG alertan de fugas en los centros de acogida


http://www.elcorreodeandalucia.es/noticia.asp?idnoticia=4424170096096097095098424170

Dos juezas concluyen que el Gobierno quiso repatriar a menores sin garantías
Manuel Ruiz Rico
Foto: EFE

Dos juzgados de Cádiz vetaron en mayo y septiembre del año pasado las repatriaciones ordenadas por la Subdelegación del Gobierno de dos menores marroquíes tutelados por la Junta. Las expulsiones, firmadas tras la solicitud de la Consejería de Igualdad, fueron dictadas en agosto de 2007 y dos juezas las consideraron irregulares.

Las últimas repatriaciones de menores extranjeros no acompañados en Andalucía se realizaron en 2003. La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social ha achacado este parón a la "escasa" colaboración del Gobierno de Marruecos –de donde procede más del 90% de estos menores– y ha rechazado siempre cualquier repatriación que no sea para devolver al menor a su entorno familiar, si bien la Junta sólo propone su devolución puesto que la orden de repatriación es competencia exclusiva del Gobierno central. Los menores cuya repatriación fue anulada en los tribunales nacieron en 1990 y 1991 y estaban acogidos en el centro de El Cobre, en Algeciras. La Fiscalía de Extranjería de Cádiz, tras conocer sus resoluciones de repatriación, interpuso sendos recursos y el año pasado dos juezas de Cádiz ordenaron revocar las órdenes de expulsión al considerarlas irregulares. La Subdelegación del Gobierno en Cádiz rehusó valorar estos fallos judiciales.

Las sentencias coinciden en que en ninguno de los dos casos la Subdelegación cumplió con el trámite exigido por la legislación de dar audiencia a los menores ni existían las garantías (por parte del Gobierno ni de la Junta, señalan las juezas) de que el menor fuera reagrupado en su familia o tutelado adecuadamente por los servicios de menores de su país.

En el caso del primero de los menores, firmó la repatriación aun cuando el Consulado de Marruecos en Algeciras informó a la Subdelegación de que el marroquí era "huérfano de padre y pertenece a una familia (madre y tres hermanos) con situación económica muy precaria y un ambiente desestructurado", según reza la sentencia. "No consta que al menor se le haya dado traslado ni se le haya notificado la resolución de repatriación", añade.

La jueza apunta también que, en este caso, la repatriación se adoptó "sin recabar [por parte de la Subdelegación] el preceptivo informe de los servicios de protección de menores" y sin que en el expediente de la Subdelegación se haya recabado la información previa sobre el menor de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, documentación "preceptiva, que no existe en el expediente de la Subdelegación", señala el fallo judicial.

Respecto a la repatriación del otro marroquí, la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz, señala que el trámite del informe social "desde una perspectiva estrictamente formal" fue cumplido por la Junta, si bien cuestiona "la suficiencia de dicho informe a los efectos de fundar la resolución de repatriación".

Si desde 2003 Andalucía no repatría a ningún menor extranjero no acompañado, en España no ha sido así. La Junta explica esto en la diferencia de criterios de las distintas subdelegaciones del Gobierno central así como de las Fiscalías de Menores y de Extranjería en cada provincia.

Según datos de la última memoria presentada por la Fiscalía General del Estado en septiembre del año pasado (con datos de hasta 2007) en 2006 se repatriaron en España 111 menores (81 de ellos a Marruecos) y en 2007, 18 (13 a Marruecos y el resto a Ucrania, Paraguay, Bolivia y Colombia).

En su memoria, la Fiscalía ya alertó que "de los expedientes de repatriación que se estaban tramitando hasta este año [2007, por lo que la Fiscalía incluye aquí el de los dos menores de Cádiz] se ha podido constatar un incumplimiento, preocupantemente frecuente, de los trámites esenciales y garantías del procedimiento".

El Ministerio Público hace hincapié en la audiencia al menor y recuerda que es "un trámite imperativo", aunque reconoce que "ha sido incumplido en muchos procedimientos de repatriación".

Respecto a datos de repatriaciones efectuadas durante el año pasado, la Fiscalía los hará públicos en septiembre u octubre, cuando presente su memoria de 2008. Los dos ministerios competentes en la materia, el de Interior y el de Trabajo e Inmigración (en el que se inserta la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración), no ofrecen cifras al respecto puesto que cada ministerio le atribuye al otro la competencia sobre la comunicación pública de estos datos.

http://www.elcorreodeandalucia.es/noticia.asp?idnoticia=4424170096096097095099424170
Fiscales y ONG alertan de fugas en los centros de acogida
Manuel Ruiz Rico

Los fiscales de Extranjería y Menores de Cádiz, Almería y Granada, y las ONG alertan de que los centros de acogida sufren aún un elevado número de fugas. La Junta no ofrece datos pero asegura que el fenómeno es más minoritario ahora que hace cinco o seis años cuando, según el Defensor del Pueblo, abandonaban los centros el 57% de los menores.

Según los datos de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, en estos momentos la Junta tutela en sus centros de acogida a 865 menores extranjeros que llegaron no acompañados a Andalucía. Este dato ascendía a más de mil hace un año y es muy inferior (supone apenas el 25%) a los 3.312 menores que han llegado a Andalucía en los dos últimos años (a razón de 32 cada semana). La Consejería explica esta diferencia en que "en los últimos meses se ha reducido el número de llegadas" y en que "muchos de estos menores cumplen la mayoría de edad", según explica la directora general de Infancia y Familias, Carmen Belinchón, quien, a pesar de todo, admite que "desde 2005 empezaron a llegar menores a Andalucía con menor edad que antes, de entre 14 y 15 años". Los fiscales de las provincias más receptoras de inmigración ilegal –Cádiz, Granada y Almería– y las ONG explican en gran parte esta diferencia en que el número de fugas de los centros de acogida sigue siendo alto.

El presidente de Andalucía Acoge, Ángel Madero, si bien considera que los abandonos de los centros "son ahora menos que hace cinco o seis años", destaca que "aún siguen produciéndose" y critica "las carencias del sistema de la Junta para contabilizar y registrar a estos menores".

"En las provincias más cercanas a Marruecos –destaca Madero–, como las andaluzas, los menores siguen teniendo el temor de ser repatriados y esto es la causa de las fugas".

La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía critica que "la situación respecto a los menores extranjeros no acompañados no mejora" y considera aún "muy preocupante" el número de abandonos que se producen en los centros, según explica Brigitte Espuche, quien carga contra la administración "por la poca transparencia de la información".
Los centros de acogida no son de régimen cerrado (como el de un correccional) sino abierto. Sin embargo, cada vez que se produce una fuga, cada centro tiene la obligación de denunciarlo ante la Policía Autonómica. Ni ésta ni la Consejería de Igualdad han ofrecido datos de los abandonos definitivos de estos centros.

Para hallar la última cifra de un organismo oficial al respecto hay que remontarse a un informe del Defensor del Pueblo y del Menor Andaluz de 2004, con datos de hasta el primer semestre de 2002 –cuando aún se practicaban repatriaciones en Andalucía–. Según el documento, que analiza la situación de una veintena de centros, el porcentaje de "fugas" o "abandonos definitivos" es del 57,68% (458 de 794 menores extranjeros acogidos). En algunos centros la cifra es incluso superior al 85%.

Belinchón asegura que esta situación se debe a que "entonces existía la amenaza real de la repatriación, puesto que hasta 2003 se hicieron repatriaciones, y los menores ante este temor se fugaban".

Aun así, Belinchón, quien no concreta cuántas se realizaron, reconoce, a pesar de todo, que actualmente al 75% de los menores que llegan a Andalucía se les realiza un expediente de su situación "para plantear su reagrupación familiar" que se envía a las Subdelgaciones del Gobierno correspondientes, los organismos encargados de iniciar y, en su caso, resolver a favor los expedientes de repatriación.

"Al 25% que no se le hace el informe –añade– es porque no logramos obtener información sobre su familia de origen, el menor miente sobre su identidad y no da ningún dato o porque se determina que la situación de su familia en Marruecos es muy precaria y no debe ser devuelto a su país", subraya Belinchón.

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Col•lectiu DRARI دراري d'Investigació Acció Participativa pels Drets de l'Infant
الجماعى DRARI دراري للبحوث التشاركيه العمل من اجل حقوق الطفل

«La realidad de los menores inmigrantes desborda a todas las administraciones»

IÑIGO LAMARCA ARARTEKO

El Ararteko anuncia la convocatoria en Gipuzkoa de una mesa interinstitucional con Diputación, Gobierno Vasco, Estado y Fiscalía de Menores para abordar el problema
29.03.09 -
«La realidad de los menores inmigrantes desborda a todas las administraciones»

El Ararteko pide cooperar con los países de origen, como hacen otras comunidades.
Para el defensor del pueblo vasco, Iñigo Lamarca, la «compleja realidad» de los menores inmigrantes no acompañdos en Gipuzkoa merece «una reflexión profunda» por parte de todas las administraciones. «Deberían hablar más y coordinarse mejor», sostiene. Invitado por la Defensoría del Pueblo de Andalucía, el Ararteko visitó esta semana Tetuán y Rabat para conocer de cerca la realidad de los menores marroquíes que, en muchos casos, ya están «desprotegidos en su país de origen».
- En relación a los menores, ¿qué realidad se ha encontrado en Marruecos ?
- Muchos de ellos están en origen en una situación de gran desprotección, es decir, están fuera de sus entornos familiares o en familias en umbrales de pobreza o desestructuradas y, por tanto, es necesario que tengan un recurso de protección. Y allí, en Tetuán, la Junta de Andalucía y otras asociaciones están generando recursos para que estos menores sean atendidos en origen, en su entorno social y cultural, que es Marruecos. Es preferible que lo sean así y que no tengan que cruzar el estrecho y venirse a Europa.
- ¿Qué buscan cuando emigran?
- Encontrar unas condiciones de vida digna y mejor de la que tienen en origen. Por eso son necesarios planes de cooperación con Marruecos y esa cooperación la puede llevar a cabo no sólo el Gobierno español, sino el resto de administraciones.
- ¿Como cuáles?
- La Junta de Andalucía, por ejemplo, atiende en proyectos de cooperación para que determinadas zonas rurales del Atlas tengan un desarrollo económico y crea recursos para menores extranjeros. En el primer caso, las mejoras de las localidades rurales crea posibilidades para que los jóvenes sigan viviendo allí.
- Y no emigren...
- El 41% de la población de Marruecos tiene menos de 18 años. Muchos de ellos ven por TV de forma exagerada el nivel de vida que hay en Europa y creen que pueden tener mejores oportunidades y vienen. Es un fenómeno migratorio protagonizado por menores, en lugar de por adultos, porque hay una población muy extensa.
- Esta semana, la Diputación de Gipuzkoa detalló que en los últimos cuatro años la llegada de menores extranjeros no acompañados al territorio ha crecido el 451% y lo atribuyó a un «efecto llamada» por el trato que aquí se les dispensa...
- El fenómeno es complejo y ante realidades complejas hay que hacer diagnósticos rigurosos. Es cierto que en el País Vasco es un fenómeno reciente que ha tenido un crecimiento espectacular. ¿Por qué hay una mayor afluencia? ¿Porque la atención es mejor que en otras CC AA? Puede ser. Nosotros hacemos una labor de inspección respecto a la atención que se les presta en el País Vasco. Damos cuenta de ello en el informe anual en el Parlamento Vasco y siempre detectamos algunas carencias y deficiencias que habría que mejorar. Pero es importante decir que la atención que se les presta a los menores es una obligación que se deriva de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Lo que no es planteable en modo alguno es que el nivel de asistencia baje. Además no está del todo claro que vengan aquí porque la atención sea mejor.
- ¿A qué se debe entonces?
- Por la información que tenemos nosotros, se debe más a que muchos de estos chavales se conocen entre sí. Muchos de ellos provienen de las mismas localidades del Atlas. Y saben que si vienen a San Sebastián, con independencia de la atención que reciban, se van a encontrar con uno o dos amigos. Pero el aumento no es sólo en el País Vasco. También lo ha habido en Asturias, Galicia, Andalucía...
- En el caso de Gipuzkoa, el aumento ha sido espectacular. Quien se ocupa de su tutela, la Diputación, ha admitido las dificultades que tiene y plantea que haya cupos paar repartir a los menores entre las CC AA. ¿Qué le parece?
- Si por política de menores se decide una redistribución no nos parece mal siempre y cuando las condiciones de atención no se rebajen. En cualquier caso estamos ante una realidad que desborda a todas las administraciones.
- ¿Por qué?
- Es algo que hace 15 años no estaba previsto. Ante nuevas realidades hace falta primero una reflexión profunda, acerca de la complejidad de la realidad y todas las administraciones deberían hablar y coordinarse mejor. Nosotros, desde nuestra responsabilidad, vamos a convocar en Gipuzkoa una mesa en la que esté la Diputación, pero también el Gobierno Vasco, la Administración Central, la Fiscalía y el Juzgado de menores. Gipuzkoa tiene la competencia de la acogida, pero el Gobierno Vasco tiene la competencia de legislación, e Inmigración es competencia del Estado.
- Precisamente, la Diputación plantea la medida del reagrupamiento familiar en el país se origen para aquellos menores que hayan agotado las posibilidades ofrecidas, tanto educativas como de inserción. ¿Cómo lo ve?
- No es ninguna novedad. La posibilidad del retorno o reagrupamiento existe. Pero la Convención de los Derechos del Niño dice que este retorno se debe realizar velando por el interés del menor y sus derechos. Eso exige que el retorno únicamente sea posible si se identifica a la familia de la que proviene y que esa familia garantice debidamente sus derechos. O en su caso exista un recurso de acogida en Marruceos que le garantice la atención, asistencia y salvaguarda de los derechos. Lo que no cabe hacer con estos menores, porque vulneraría la legalidad, es lo que se hace con algunos inmigrantes adultos: meterlos en un avión y retornarlos al país de origen. Cada caso de menor hay que tratarlo individualmente.
- ¿La atención que se les da en Gipuzkoa es la adecuada?
- Nosotros hacemos visitas de inspección periódicamente en los centros para conocer su situación y hacemos un informe anual. Además, cuando tenemos información de que se produce una situación indeseada o irregular, tomamos cartas en el asunto y abrimos una investigación.
- Un grupo de menores tutelados que residen en el centro de Deba, donde se agrupa a los más conflictivos, denunció malos tratos de sus cuidadores...
- En este caso hemos abierto una investigación. Se hizo una visita exhaustiva y se habló con los menores y los educadores. Además, hemos pedido información a la Diputación para que nos explique no sólo los hechos que ocurrieron en ese centro, sino datos sobre las caraterísticas del centro y los recursos que tiene, para que podamos valorar si son adecuados y suficientes. Dictaremos la resolución correspondiente cuando tengamos toda la información.
- Los menores que tienen un comportamiento delictivo en Gipuzkoa, ¿ya lo tienen en Marruecos?
- El sistema tiene recursos para los menores nativos que cometen delitos y para los que son conflictivos y tienen bastantes puntos para protagonizar hechos delictivos en el futuro. Ahora se trata de trasladar estos recursos a los menores inmigrantes para rebajar ese nivel de conflictividad. En algunos casos, puede tratarse de menores que ya eran conflictivos en origen. Pero tengamos en cuenta el elevado nivel de estrés y de ansiedad que se genera en muchos de estos menores. Vienen con unas expectativas que cuando llegan aquí ven que es muy difícil que se cumplan. En algunos casos, además, podríamos hablar de un proyecto migratorio de toda la familia de muchos hijos y a uno de ellos le dicen que se busque la vida en Europa.
- ¿El hecho de que se junte a los más conflictivos en un centro como el de Deba qué le parece?
- A priori no me parece mal, pero depende de las condiciones. Lo importante es que estos menores que tienen trastornos de conducta estén identificados. Hágase un diagnóstico individualizado y procúrese una atención socioeducativa necesaria para poder disminuir ese grado de conflictividad. Eso es posible porque se hace con menores nativos. Más que en el lugar físico, la clave está en el tratamiento.
- Y en los educadores...
- En número suficiente y con la formación adecuada.
- ¿Los actos delictivos protagonizados por los menores inmigrantes aumentan el riesgo de que haya comportamientos xenófobos en la sociedad guipuzcoana?
- El riesgo existe porque sí que hay una cierta alarma. Se puede producir una asociación de menor extranjero con el perfil de presuntamente delicitivo. Esto hay que combatirlo porque es falso e injusto. La inmensa mayoría de estos menores están teniendo comportamientos no conflictivos y, en muchos casos, modélicos. Por otra parte, las instituciones siempre tenemos que estar alerta para combatir cualquier brote o pensamiento de natutraleza xenófoba o racista. A la vez que digo esto, a la ciudadanía hay que darle la máxima seguridad. Para lo cual hay que trabajar el campo preventivo. Hay que tener a los menores atendidos e insertados en un proyecto educativo.
- Y actuar en su tiempo libre...
- Entiendo que es difícil. Son adolescentes y, como ocurre con los nativos, no se les puede dejar recluidos Tienen sus derechos y sus deberes que cumplir.


http://www.diariovasco.com/20090329/al-dia-local/realidad-menores-inmigrantes-desborda-20090329.html

Gipuzkoa y 22 menores



VARIOS ARTÍCULOS

SEÑORA ETXANIZ :
  1. HA SUMADO LOS MALTRATOS INSTITUCIONALES QUE HA INFRINGIDO USTED Y OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES SOCIALES O EMPRESAS PRIVADAS A ESTOS 22 MENORES DEL CENTRO DE DEBA ???
  2. SE HA PREGUNTADO SI ESAS 286 CAUSAS JUDICIALES DE LOS 22 MENORES SON CIERTAS Y JUSTAS ???
  3. SE HA PREGUNTADO SI SU FRASE "Guipúzcoa no atenderá a los menores que no quieren ser atendidos" ES CONSTITUTIVA DE DELITO DE PREVARICACIÓN, O DE MALTRATO INSTITUCIONAL, O DE ABANDONO ???
  4. SE HA PREGUNTADO POR QUÉ LOS NIÑOS LLAMAN "EL CONTENEDOR" AL CENTRO DE LANDALAN EN AMOREBIETA ? "EL KONTAINER" AL CENTRO DE URGATZI EN ARTXANDA-VIVERO ? "EL ZULO" AL CENTRO DE ARTZENTALES ? "NUEVO PROBLEMA" AL DE NUEVO FUTURO EN TOLOSA ? Y AHORA "KOSOVO" A LOS NUEVOS CENTROS DE URGATZI Y DIANOVA EN GIPUZKOA ?? CLARO, LOS NIÑOS MIENTEN ...
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-sos-racismo-advierte-conflictos-menores-extranjeros-guipuzcoa-hay-tambien-problema-xenofobia-20090325132105.html

SOS Racismo advierte de que tras los conflictos con menores extranjeros en Guipúzcoa hay también un problema de xenofobia

Denuncia que este colectivo está "muy estigmatizado" y aboga por "reforzar enormemente" los "apoyos" a los educadores

   SAN SEBASTIÁN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El representante de SOS Racismo Agustín Unzurrunzaga afirmó hoy que, tras los actos delictivos cometidos en los últimos días por menores extranjeros tutelados por la Diputación de Guipúzcoa, hay un problema de "xenofobia y racismo" y "no sólo de delincuencia", como afirma el Ayuntamiento donostiarra, al tiempo que aseguró se trata de un tema "complejo" cuya solución no pasa únicamente por aumentar la inversión de la Diputación en recursos destinados a este colectivo, sino también por "mimar, proteger y cuidar al cuerpo de educadores".

   En una rueda de prensa en San Sebastián para presentar la XII Marcha contra el Racismo y la Xenofobia convocada para el sábado en la capital guipuzcoana por SOS Racismo, Medicus Mundi y la Coordinadora de ONGD de Euskadi en denuncia de las políticas "regresivas" en inmigración, Unzurrunzaga se refirió a la polémica surgida tras la detención la pasada semana en Guipúzcoa de 13 menores inmigrantes en Irún, San Sebastián, Usurbil y Azkoitia por distintos robos, amenazas y agresiones.

   El miembro de SOS Racismo destacó que "no se puede hacer una distinción" entre menores "autóctonos y extranjeros", y así los problemas que tengan estos últimos "tienen que ser tratados por el conjunto de la sociedad y de las instituciones", sin poner "en primer plano que al tratarse de extranjeros la primera medida adoptar es la expulsión o que no vengan" a nuestro territorio, que insistió es "lo que primero se plantea".

   Tras reconocer que se trata de "un problema complejo", recordó que hay una serie de leyes, como la del Menor o la de Extranjería, que recogen, "con toda claridad", las "pautas y el derecho que tienen estos menores en desamparo a ser protegidos", y "se deben cumplir".

   A su juicio, los conflictos que puedan generar estos menores extranjeros deben ser abordados como "los de cualquier menor que ha pasado por un problema" o que "no está en su núcleo familiar" haciendo "un esfuerzo específico de protección" y "no poniéndoles en el centro de la diana", a lo que añadió que, "si alguien piensa que los menores autóctonos en acogimiento no delinquen, están muy equivocados".

   En este sentido, censuró la forma que ha tenido el Ayuntamiento donostiarra de abordar esta cuestión, y se refirió concretamente a las declaraciones, publicadas ayer en prensa, del concejal de Seguridad Ciudadana de San Sebastián, Ernesto Gasco, que dijo que para abordar este "problema no se debe pensar en xenofobia, ni en racismo", sino "sólo en quién es delincuente", porque si no "la situación se va a volver contra todos y va a generar comportamientos de exclusión".

   Unzurrunzaga opinó que los políticos "no deberían utilizar este enfoque", porque "también es un problema de racismo y xenofobia" y "no sólo de delincuencia" y decir lo contrario es "un error", porque no hay más que ver "las enormes dificultades que hay para que en un pueblo se monte un piso de acogida" de menores extranjeros.

   El responsable de SOS Racismo aseguró que "se ha creado un clima previo" que afecta "a la totalidad" de este colectivo, que está "muy estigmatizado" en el conjunto de Guipúzcoa. Por tanto, advirtió de que no se puede "banalizar", como lo han hecho "los responsables del Ayuntamiento donostiarra", esta cuestión, porque "hay un problema de delincuencia, pero también otros muchos".

   Tras abogar por abordar esta cuestión desde una perspectiva global, el responsable de SOS Racismo señaló que los comportamientos de exclusión hacia los menores extranjeros tutelados vienen dándose desde hace mucho tiempo, "ese grado de fobia a la totalidad del colectivo que se le ve como algo extremadamente conflictivo y peligroso es ya un problema que está encima de la mesa".

   Además, recordó que no se puede hablar de las medidas a adoptar con estos menores como cuando se castiga a un hijo, porque el educador se enfrenta "a chavales de 14 o 15 años con quienes no tiene ninguna relación y que vienen de una situación de desamparo de sus padres" en las que "ha vivido en la calle y ha sufrido violencia", por ello opinó que cuando los políticos hablan en estos términos parece que "no entienden nada".

   Preguntado sobre cuáles pueden ser los mecanismos que están fallando en lo que a tutelaje de menores extranjeros se refiere, Unzurrunzaga, señaló que hay "un montón de factores", que van desde la "dificultad" existente para completar sus proyectos migratorios, ya que "es complicado" que consigan el permiso de residencia y de trabajo, hasta los "problemas" y "las angustias" que se les crean sobre la discusión de la edad radiológica y la documental.

"MIMAR" A LOS EDUCADORES

   En todo caso, consideró que, "no es únicamente un problema de ampliación de las inversiones" que la Diputación de Guipúzcoa hace en recursos para estos menores, sino que "hay que cambiar la consideración" sobre los mismos y "mimar, proteger y apoyar al cuerpo de educadores", que son "el elemento clave".

   "Hay que hacer todo lo posible" para "reforzar enormemente" los apoyos a estos educadores, que pertenecen a empresas privadas y no a la Diputación, por lo que también entra en juego sus condiciones laborales, de manera que puedan "hacer su trabajo", porque "se encuentran con un trabajo complicado" y "si no reciben los apoyos suficientes" prefieren irse, por ejemplo, "de educadores de calle a estar en un piso donde te vienen por la noche tres chavales de pegamento hasta el cogote".

   Al mismo tiempo, recordó que una parte de estos profesionales, se encuentran con un "trabajo complicado" y si no "reciben los apoyos suficientes" prefieren realizar otros trabajos a estar en pisos de acogida de menores extranjeros,

http://www.adn.es/sociedad/20090325/IMA-3223-Etxaniz-Maite-Deba-judiciales-acogidos

Maite Etxaniz dice que los 22 menores acogidos en Deba suman 286 causas judiciales

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Etxaniz/Guipuzcoa/atendera/menores/quieren/ser/atendidos/elpepuespvas/20090326elpvas_4/Tes

Etxaniz: "Guipúzcoa no atenderá a los menores que no quieren ser atendidos"

La diputada achaca las denuncias por maltrato a "medidas de contención"

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La atención a los MENAs en el país Vasco : modelos de intervención y luces y sombras


Extracto del artículo "La atención a los menores extranjeros no acompañados
en el país Vasco :modelos de intervención y luces y sombras del sistema
de
" de Fermín BARCELO
y Maria Luisa SETIEN

Conociendo lo que se ha hecho y se va ha hacer en asturias, quizás sea momento de aprender algo, pero lo dudamos pues hay muchos intereses en contra.

Colectivo SocialyJusticia

Introducción


" También habría que cuestionar una característica de estos recursos poco debatida : casi todos los centros o recursos residenciales que atienden a menores extranjeros no acompañados son sólo para ellos; no centros u hogares compartidos con adolescentes autóctonos, salvo en casos excepcionales......

Tampoco se han desarrollado vías alternativas a la acogida residencial, como puede ser la acogida familiar.
"

" Buenas Prácticas.

Desde una perspectiva eminentemente práctica (difundir actuaciones que han obtenido buenos
resultados), señalamos aquí algunas buenas prácticas observadas durante estos años.
  • Recursos que facilitan la emancipación.
Básicamente, pisos alquilados en los que conviven 4 ó 5 jóvenes extranjeros que han cumplido ya los 18 años, pero que aún no son autónomos y requieren de cierto apoyo o seguimiento.
...El éxito alcanzado es notable : la mayoría de estos jóvenes logran su plena autonomía en un plazo corto (en torno a un año).
  • Trabajar la integración en el entorno social. Combatir el rechazo social.
La experiencia nos muestra que existen factores que facilitan o dificultan este tipo de rechazos :
- el modo y el momento en que se de la información sobre el nuevo recurso;
- la posición activa que adopten las autoridades (especialmente las autoridades locales);
- la complicidad del movimiento asociativo de implantación local (asociaciones juveniles, organizaciones no gubernamentales, órganos de participación…);
- la colaboración de los medios de comunicación…
  • Formación y acceso al trabajo en un tiempo razonable.
La experiencia nos muestra que cuando el proceso no se dilata durante años grado de éxito o de integración social de estos menores es muy alto.
Por el contrario, si los procesos se dilatan , existe un riesgo claro de conflictivos.
  • Incorporación de personas de su propia cultura en los equipos de atención.
Esto facilita la comunicación (al menos, en los primeros momentos, cuando desconocen la lengua
del lugar de acogida) y, en ocasiones, refuerza la confianza.
  • Protocolos de intervención entre diferentes agentes.
diferentes agentes :policías, fiscales, entidades de protección, equipos médicos .......
  • Hogares integrales y normalizados.
Aunque el modelo mayoritario es el de un centro de cierto tamaño y sólo para menores todo apunta a que la convivencia en centros MIxtos es mucho mejor y son mayores sus posibilidades de integración.

En esta misma línea se podrían citar también algunas otras iniciativas (de escolarización; de participación en grupos culturales o deportivos; de organización de actividades de sensibilización social; de colaboración con las comunidades adultas del mismo origen asentadas en la región…) pero con resultados muy desiguales.

Fermín BARCELO Responsable del área del menor Institución del Ararteko y Maria Luisa SETIEN Responsable del Equipo de Investigación en Migraciones Internacionales Universidad de Deusto. e-migrinter n°2 2008

sábado, marzo 28

MNAs.¿¿ESTAMOS PREPARADOS PARA ATENDERLES?

Extraído de "Menores Inmigrantes y Consumo de Drogas.Un estudio Cualitativo".Madrid 2005. VVAA

"En esta investigación, se han puesto en relación dos fenómenos sociales que inquietan a la ciudadanía y a los poderes públicos: los menores inmigrantes y su relación con las drogas. (...)"

"La propuesta de intervención de los profesionales de drogodependencias es manejar la situación de consumo, (salvo que el problema prioritario del menor sea una drogodependencia), dentro de una situación normalizada en el centro, siendo atendidos por los agentes socializadores y educadores que les están apoyando y se están ocupando de su educación integral.
La estrategia de intervención propuesta es que los profesionales de drogas asesoren a los profesionales de la red de protección ( Orientación en un segundo nivel de intervención. N.Ed.) y tutela, es decir, que intervengan pero desde fuera del espacio específico de drogodependencias.
Se trataría por tanto, de proporcionar formación específica a los profesiona-les.

La propuesta metodológica concreta es la creación de equipos móviles (de apoyo y orientación.N.Ed.) que se desplazan desde los dispositivos de atención a las drogodependencias a los centros de protección, en función de la demanda, con el objetivo de:
- valorar la situación del menor conjuntamente con los educadores de protección
- valorar la conveniencia de la entrada del menor en la red de drogas
- asesorar y realizar una recomendación de tratamiento en un recurso específico
- analizar la necesidad, en caso de incorporación a un recurso específico, de configurar un grupo especial con un horario, sesiones y actividades separadas especial para ellos en los Centros de Atención a las Drogo-dependencias, pero evitando que se vayan convirtiendo en guettos.

En caso de constatarse unos consumos muy problemáticos y destructivos se necesita una respuesta inmediata, ya que en caso de demorarse la intervención, los menores se van deteriorando, por lo que habría que derivar a los recursos específicos, pero teniendo en cuenta que hay que adaptar los recursos existentes a la nueva realidad y a las peculiaridades de este colectivo....."


DIFICULTADES EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y TUTELA

La percepción de la mayor parte de los profesionales entrevistados es que se trata de un fenómeno difícil de manejar y que los programas de protección ...están fracasando en la atención.

Con el fin de ordenar la información que hemos recibido, se van a clasificar las carencias y limitaciones en tres momentos del proceso de intervención: la detección y captación de los menores, la vinculación/adherencia a los progra-mas de intervención, las acciones socioeducativas en los recursos.

1) La detección y captación de los menores
Adolescentes tratados como inmigrantes no como menores, está generando desconfianza ......
situaciones de calle. ... complicándose de esta manera abordar la captación desde la cercanía y el acercamiento afectivo.

2) La vinculación/adherencia a los programas de intervención
El actual sistema de protección .... resultando poco eficaz en la respuesta a los menores inmigrantes con un modelo social y cultural muy diferente .
Varios son los motivos aducidos por los profesionales:
• .... su propia conciencia como adulto
La lentitud el proceso de regularización ..., viviendolocon verdadera angustia
Familia sustituta, ambiente familiar y seguimiento más personalizado.
..... Pero la masificación actual de los centros no favorece que se cumpla

3) Los modelos de intervención y las acciones socioeducativas en los recursos.
• Modelos rígidos y el conflicto multicultural
• Recursos humanos limitados y equipos incompletos y desorientados

viernes, marzo 27

Cronica del 21-M. Avanzado contra la Intolerancia

El pasado sábado 21 de marzo alrededor de mil personas nos manifestamos por las calles de Oviedo (ASTURIAS) contra las detenciones y persecuciones a personas sin papeles, contra la Ley de Extranjería y la Directiva de la Vergüenza, por la despenalización del top manta, por papeles para todas y todos. La convocatoria forma parte de una campaña comenzada hace seis meses, justo después de una brutal detención –una más- de cuatro inmigrantes sin papeles en las calles de Oviedo. Respecto a la primera manifestación –realizada el 12 de octubre de 2008- la participación se ha multiplicado por cinco y son ya casi una veintena las organizaciones y colectivos convocantes de la Ruta contra el racismo y la represión. La fuerza de esta campaña está en la calle y no depende de la escasa cobertura que, en general, le han dado los medios de comunicación asturianos, mucho más atentos a la criminalización o a la anécdota caritativa y victimizadora que a la movilización colectiva contra las políticas migratorias.

En este medio año –en el que la represión contra las personas inmigrantes no ha dejado de crecer- hemos realizado numerosos actos públicos de denuncia de la legislación de extranjería y del acoso policial e institucional al colectivo inmigrante. La presencia de un millar de personas en la manifestación del 21 de marzo es fruto del trabajo en los barrios de diversas poblaciones de Asturias, en los que se han repartido unos 15.000 folletos de la campaña y unos 5.000 carteles. Este reparto de información ha servido para convocar las manifestaciones de la Ruta, pero además ha llenado las paredes y las calles –normalmente llenas de agresividad hacia el inmigrante- con proclamas antirracistas y antirrepresivas.

Uno de los logros más importantes de la campaña es la participación creciente del propio colectivo inmigrante en las manifestaciones. A pesar de las persecuciones, detenciones y expulsiones, a pesar del miedo impuesto por las instituciones, la presencia en las protestas de las personas sin papeles es cada vez más significativa. En el contexto asturiano, con una inmigración cuantitativamente menos importante que en otros territorios del Estado y cronológicamente más tardía, la visibilización del colectivo inmigrante, su aparición como sujeto político, es aún más relevante.

Las mil personas que ocupamos la calle Uría de Oviedo, la calle central de la ciudad, no teníamos miedo, a pesar de la nutrida presencia de la policía secreta. Lo que se palpaba era el compromiso, la solidaridad, la rabia contra unas políticas que violan sistemáticamente los derechos humanos. Durante el recorrido coreamos lemas como "Roban los bancos, no los inmigrantes", "Papeles para todas/os", "Los menores tamién son persones", "Nativa o extranjera, la misma clase obrera" y "Ningún ser humano es ilegal". Tuvimos especialmente presente a Antonio Trevín, delegado del Gobierno en Asturias, y a Agustín de Luis, Jefe de la Policía Local de Oviedo, ambos responsables directos de la intensificación de la represión contra el colectivo inmigrante en Asturias. Para los dos se exigió su expulsión del país.

A la llegada de la manifestación, personas de diversas procedencias –senegalesa, ecuatoriana, marroquí, argentina, asturiana- leyeron partes del comunicado de la campaña.  En el texto se denunciaba la política asesina del Estado español en la Frontera Sur, cuya militarización provoca miles de muertos cada año. Se recordaba el "efecto huida" provocado en los países de origen por el expolio de las multinacionales occidentales. Se anunciaba y denunciaba el endurecimiento de la Ley de Extranjería, que pretende, entre otras medidas, ampliar el período de internamiento en los CIES y criminalizar la solidaridad con las personas inmigrantes. La intensificación de las fronteras interiores en Asturias (persecuciones, controles, detenciones, palizas, expulsiones, etc.) y el trato degradante a los menores no acompañados ejecutado por la Consejería de Bienestar Social fueron otros de los contenidos del texto. Se leyó también un texto específico por la despenalización del top manta. Trabajadores despedidos de Enferbus y la campaña del 35 de la Coordinadora Antifascista d´Asturies intervinieron mostrando el apoyo y la solidaridad al colectivo inmigrante. Por último, se hizo un llamamiento a continuar la movilización frente a estas políticas represivas.

El 'ararteko' considera "inadmisible hablar de menores irrecuperables"

El País, KARIM ASRY, 2009-03-27

El ararteko, Iñigo Lamarca, mostró ayer su desacuerdo con la posición defendida el día anterior por la Diputada de Política Social, Maite Etxaniz, que solicitó el pasado miércoles en las Juntas Generales la repatriación de aquellos menores inmigrantes que han “agotado las posibilidades ofrecidas, tanto educativas como de inserción”. “No podemos admitir que se hable de menores irrecuperables, sería asumir el fracaso del sistema. No se puede tirar la toalla, sean de donde sean los chavales”, declaró el Defensor del Pueblo vasco a este periódico.

Lamarca reconoce que la situación es muy compleja y que la petición por parte de los entes forales de que intervenga el Gobierno central es razonable. Pero considera que “bajar la calidad de los recursos para acabar con el supuesto efecto llamada sería inaceptable”, aunque Euskadi sea, después de Canarias, Ceuta y Melilla, el territorio que más jóvenes acoge en proporción a su población. Afirma que se pueden ofrecer otro tipo de respuestas, dando ejemplo de la atención a los menores autóctonos: “El País Vasco ha generado recursos para estos chavales, que necesitan una atención específica que combine medidas disciplinarias con una intervención social educativa específica. El Defensor del Pueblo [estatal] denunció que varios centros para menores con problemas de conducta no estaban cumpliendo la normativa, mientras en Euskadi no detectó problemas. Se pueden hacer bien las cosas”, afirma Lamarca por teléfono, recién llegado de su visita a Marruecos, donde acudió con una delegación de defensores del pueblo para conocer de cerca la realidad local de los menores en situación de desprotección.

El ararteko explica que ha abierto un expediente de queja a la Diputación de Guipúzcoa por las denuncias de malos tratos y abandonos realizadas por varios menores alojados en el centro de Deba ante la justicia. “Hemos pedido a Diputación información con pelos y señales sobre el funcionamiento del centro”, precisa. El personal de la institución realizó una visita exhaustiva por sorpresa el pasado sábado 14, tres días después de que los chavales declararan ante la Fiscalía. “Tenemos información de primera mano que contrastaremos con el ordenamiento jurídico”, concluye, explicando que la institución sólo se pronuncia a través de sus resoluciones.

Recalca Lamarca que el debate sobre la atención a menores extranjeros no puede hacerse “a golpe de titulares”, sino que necesita de un análisis integral, con todas las partes implicadas. “En los debates falta profundidad. Se suelen hacen peticiones generadas por la actualidad y se habla de endurecer la ley, pero ¿es eso lo más efectivo?, ¿por qué no se ponen más medios en el campo preventivo?”. Sobre las posibles repatriaciones, que dependen del Ministerio del Interior, recuerda: “España ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Ésta obliga a que las administraciones competentes atiendan a los menores en situación de desprotección. Se prohíbe su retorno salvo circunstancias excepcionales y siguiendo un procedimiento garantista: si va a volver, tiene que ser reagrupado con su familia o el país de origen debe garantizar que la atención que recibirá allí será adecuada”.

Por otro lado, la portavoz de EB en las Juntas, Arantza González, ha solicitado al Departamento de Política Social de la Diputación que organice una visita al centro de Deba para que los junteros puedan conocer “de primera mano” el mismo y su funcionamiento. González recalcó la importancia de que Diputación garantice “el acceso fácil y diario” a los centros de iniciación profesional a “la totalidad de los menores inmigrantes”. Los jóvenes llevados a Deba, considerados los más conflictivos por el ente foral, no tienen derecho a acudir a los talleres educativos si se quedan en el centro.

Discursos y realidades

Tras la comparecencia de Maite Etxaniz en JJGG de Gipuzkoa, desde SOS Arrazakeria creemos necesario manifestar que una cosa son los discursos y otra la dura realidad. Y la realidad es que el fracaso de la actual política de acogida es la que ha llevado a la situación actual. Y ese fracaso lo carga en el debe de los demás.

Los problemas de conducta. Ante un problema muy presente en nuestra sociedad (según la Memoria de Fiscalía, los delitos de violencia doméstica, en los que las víctimas son los padres, han aumentado casi en un 300%), se lanza un mensaje descorazonador a todos los padres y madres que tienen que hacer frente a esas conductas disruptivas y problemáticas de sus hijos adolescentes. Al parecer no cabe hacer mucho más que marcar el nº de la Ertzantza.

Los problemas de consumos. En este caso también, se lanza el mensaje de que quienes tienen un problema de salud por consumo de disolventes no tienen un tratamiento posible.

Las opiniones y propuestas de los educadores. Ninguna reflexión sobre el funcionamiento del sistema de acogida que se haga eco de las insuficiencias que apuntan los propios educadores. Ningún plan concreto dirigido a crear equipos educativos, estables, capaces de armar proyectos educativos individuales para cada menor, a lo que éstos tienen derecho por ley y que es la condición necesaria para conseguir resultados satisfactorios. Se sigue viendo a los educadores como la peonada encargada de controlar y vigilar a los menores. Y eso sí, se les da una palmadita de ánimo.

Las opiniones y demandas de los menores. Ninguna aplicación del principio que marca la ley de que se tendrán en cuenta las opiniones de los menores. La administración ha decidido que todos ellos mienten. Y punto. Ninguna disposición a modificar los comportamientos de la administración que vulneran el derecho a la documentación y al acceso a recursos formativos.

Una propuesta discriminatoria. Para estos menores, a quienes la administración no es capaz de, o no quiere, ofrecer un tratamiento acorde a su problemática específica, se propone que sean expulsados, lo que supone un tratamiento discriminatorio respecto al que se tiene con los menores autóctonos con problemáticas similares.

Las acusaciones a la actuación de SOS Arrazakeria
. Lejos de inducir a fugas y alentar la interposición de denuncias, la actuación de nuestra organización se ha dirigido, en todo momento, a conseguir que estos menores puedan estar en un recurso de acogida y a que puedan ejercer su derecho a trasladar a fiscalía lo que consideran que es una vulneración de sus derechos. Es la actuación de la administración la que, al impedírselo, provoca que algunos se dirijan a nosotros. Otros lo han hecho por su cuenta, y antes.

Derechos y deberes. Es obvio que hay que conseguir que estos menores ajusten sus comportamientos a las normas. Y ésta es, precisamente, una de las tareas educativas en las que fracasa diputación. Es llamativo, respecto a los deberes, que muchos de esos menores respondan adecuadamente en contextos formativos como los CIP. ¿No debería eso llamar a la reflexión? Por el contrario, en muchos casos, lo que se hace es sacarlos de ese contexto en el que cumple con sus deberes.
SOS Arrazakeria

martes, marzo 24

El 70% de los menores que emigran tiene un proyecto individual

Lenin Guzmán conoce de cerca la realidad de los menores extranjeros no acompañados (MENA). Su cargo como representante de UNICEF en Marruecos le permite tratar a menudo con este grupo de adolescentes que, a pesar de no haber alcanzado la mayoría de edad, se comportan como verdaderos adultos. Durante tiempo, desarrollan el deseo de emigrar a Europa para alcanzar el éxito económico y ayudar a sus familias. Ponen todo su empeño en una misión que, a pesar de no concluir satisfactoriamente en la mayoría de los casos, les lleva a intentar "una y otra vez" el paso del Estrecho. "Algunos menores han sido devueltos hasta ocho veces a su país", afirma Guzmán.



Marruecos cuenta con 31 millones y medio de habitantes. El 41% de la población vive en zonas rurales, la mitad bajo el umbral de la pobreza. ¿Es ésta la principal causa para la migración?

La migración de menores es un fenómeno tanto urbano como rural. La distribución geográfica no tiene excesiva relación. Hay otros factores más influyentes, como el trabajo infantil, que es un problema grave en Marruecos. Unos 600.000 niños menores de 15 años trabajan, en algunos casos, con salarios de miseria. Otro factor importante en la migración es el hecho de que, en el entorno del niño, un familiar o un vecino hayan emigrado ya a Europa, con relativo éxito económico, lo que llama la atención a los menores que desarrollan el sueño de emigrar. De hecho, una investigación realizada en 2008 determinó que el 70% de los niños tiene un proyecto individual. Las familias ni siquiera están informadas. Sólo en el 30% de los casos conocen que el niño va a emigrar y le apoyan.

De ahí que viajen solos en muchos casos.

Efectivamente. En la actualidad, asistimos a la cuarta ola de migración de Marruecos hacia Europa. La primera se dio durante la posguerra, la segunda fue una migración por motivos laborales, la tercera afectó a las mujeres, que salían del país para completar un proyecto individual o de reunificación con el esposo, y la cuarta ola estaría protagonizada por estos menores no acompañados. Para ellos, su referente son las personas que emigraron a Europa: un tío, un hermano, un vecino que regresa todos los años con el coche lleno de dinero y de regalos... Así es como en el imaginario del niño se va formando el sueño de hacer fortuna fácilmente.

Sin embargo, algunas personas no alcanzan sus sueños. ¿Desconocen esa información?

Es cierto que algunos menores no están informados sobre los peligros de la migración, pero la mayoría tiene un proyecto al que no renuncia porque data de meses y años. Los niños pasan demasiado tiempo en el puerto de Tánger esperando la oportunidad de atravesar el Estrecho. Hay dos categorías: los niños que pertenecen a la ciudad de Tánger, que tienen una familia y que todos los días van al puerto para intentar la oportunidad de pasar a Europa, y los niños que llegan de otras ciudades, comen en la calle y viven tremendamente ansiosos, preocupados y angustiados porque no saben a quién recurrir. Buena parte de ellos intentan una y otra vez cruzar la frontera. Algunos menores han sido devueltos hasta ocho veces a su país, pero siguen intentando llegar a Europa.

No obstante, la inmigración irregular está penalizada.

Así es, existe un decreto ley que penaliza la migración irregular, tanto para niños como para adultos. Es una actividad fuera de la ley, clandestina. Pese a ello, España firmó un acuerdo bilateral con Marruecos para que el retorno respete los derechos de los niños y UNICEF ayuda a establecer los procedimientos adecuados. Colaboramos en la reinserción del menor en su familia y en el desarrollo de un proyecto de vida en Marruecos. Sin embargo, todavía no hay mecanismos suficientes para que esto funcione porque no hay un sistema o ley de protección de menores. Muchos niños que regresan en avión a Tánger o Casablanca se encuentran solos en el aeropuerto porque ningún miembro de la familia acude a recibirlos, así que pasan tres días en comisaría y regresan de nuevo a Tánger para intentar cruzar el estrecho.

¿Estos viajes tienen un coste? ¿Cómo consiguen el dinero?

Los menores tratan de viajar en camión, en un contenedor o en ferry. La proporción de niños que viajan en patera, donde está envuelto el dinero, es realmente pequeña, no alcanza ni el 30% de todos los menores que intentan atravesar el Estrecho.

¿Qué índice de migración se da entre los menores?

Es un porcentaje realmente pequeño. De los casi 12 millones de jóvenes menores de 18 años, unos siete millones de ellos adolescentes, cada año esperan su oportunidad en el puerto de Tánger entre 2.000 y 3.000. Es decir, se pueden encontrar en el puerto, al mismo tiempo, entre 80 y 100 niños. Es muy difícil tener datos exactos. Lo que sí sabemos es que la mayoría no concluye con éxito el proyecto de migración.

¿Cómo vive la familia este proceso?

Las familias que ignoran la intención de los hijos los buscan por todas partes hasta que conocen su paradero. Más del 80% mantienen una conexión telefónica con sus familias y, sobre todo, regresan a sus casas con motivo de las fiestas religiosas, pero hay niños que no se comunican.

¿Cómo intenta UNICEF prevenir la migración?

Todo niño menor de 18 años tiene derecho a la educación y a vivir con la familia. Por ello, hacemos un esfuerzo para que los niños no abandonen la escuela, para que tengan acceso a la educación o, al menos, a una educación alternativa diseñada según las necesidades de los menores más vulnerables. Desarrollamos programas de lucha contra el abandono escolar, educación alternativa, sanidad y unidades de protección de la infancia.

Según datos de UNICEF, el 87% de los niños asegura haber sufrido algún tipo de violencia en la escuela. Es una cifra muy elevada.

Los niños dicen que abandonan la escuela, básicamente, porque son maltratados física, verbal o psicológicamente. El maltrato del profesor al niño y entre niños es un fenómeno que se ha agravado debido a las circunstancias sociales y las dificultades económicas. La escuela no es un ambiente seguro para el niño. No hay atención personalizada ni un seguimiento individual, sino aulas con una media de 50 alumnos y un profesor que atiende a varios cursos a la vez.

La malnutrición crónica es otro problema. Un 18% de los menores de cinco años la sufre.

Lo que ocurre es que no hay conciencia de este problema, a pesar de que tiene un impacto directo sobre la salud general del niño. La carencia de ciertos nutrientes influye en el desarrollo psicomotor, mientras que la falta de vitamina A provoca problemas de ceguera nocturna. Hay que destacar, no obstante, que en el último tiempo, gracias a la voluntad de acelerar la consecución de los Objetivos del Milenio, el Gobierno está haciendo esfuerzos para dar respuesta a estos problemas.

También en el caso de la transmisión del VIH.

Marruecos tiene buenos recursos internos y externos para luchar contra este problema. Cuenta con uno de los mejores programas y una excelente coordinación de todos los actores. Realiza una promoción abierta sobre el uso del preservativo, por ejemplo, y trabaja con jóvenes y homosexuales en materia de prevención. Es una experiencia muy interesante. Los jóvenes están informados, conocen los riesgos y pueden acceder a los medios de protección. Además, en colaboración con UNICEF, se realizan programas de prevención en la transmisión de madre a hijo. Hay más mujeres que se someten al test de detección del virus y al tratamiento correspondiente, en caso de ser positivo. Comienza a haber un cambio de actitud y de aceptación entre la población, frente al rechazo que existía hacia las personas infectadas.

Fuente: Vamos a Cambiar el Mundo





sábado, marzo 21

Entre la Protección y la Represión




En el día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia conocemos que, sorprendentemente, el equipo de IU-FSA dirigido por Noemi Martín y Gloria Fernández ha decidido atender a los menores inmigrantes no acompañados, discriminándolos mediante su segregación en centros especificos, separandolos de los chicos y chicas españoles.

Es curiosa esta forma de entender la integración, la construción de una sociedad plural y multicultural, más cuando todas las normas de protección de menores establecen que: "los Derechos enunciados en la Convención de la ONU sobre la Infancia de 1989 y en las normas que la desarrollan serán garantizados por los Estados firmantes. Asegurándo su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole,el origen nacional, étnico ....." (Principio de no discriminación).

A día de hoy más del 80% de los menores inmigrantes no acompañados están residiendo en Centros exclusivos para inmigrantes y TODOS los recursos creados desde el 2007 tienen este caracter segregador . Además, como dato significativo, de los 105 menores atendidos por el IAASIFA (que no tutelados) no superan los 30 ( incluyendo los 19 del Centro Materno-Infantil de Oviedo) los que residen en Centros Públicos, es decir, más del 70% viven en Centros Privados, si a esto añadimos el programa de Apoyo para mayores la cifra se eleva casi al 90%. El trato difente y estigmatizador esta servido.

La Ley establece claramente que los Servicios de Protección de Menores deben, partiendo de una adecuada y minuciosa evaluación de cada menor y sus necesidades, establecer las medidas más adecuadas , dando la respuesta socioeducativa idonea, que potencien su desarrollo personal y social , y que garanticen sus derechos. Por tanto no se puede construir las políticas de Infancia y Adolescencia sobre pre-juicios, sean estos raciales, culturales, origen nacional u otros como se está haciendo desde la Consejería de Bienestar Social desde hace años, ignorando las peculiaridades individuales de cada persona, y asignado un perfil-negativo, criminalizador- arquetípico a todo un colectivo a partir de casos concretos, que además son minoritarios entre el colectivo.

Si en esto estamos de acuerdo, entonces la Consejera debe responder a las preguntas de ¿por qué se crean dos redes diferentes de Protección a los Menores? ¿por qué se relega obligatoria y rutinariamente a un menor a un determinado recurso etnico, incluso antes de la evaluación individual de cada caso a que obliga la legislación, incluso actuando contra las recomedaciones de dicha evaluación?, ¿ por qué se relega a los menores inmigrantes (especialmente a los marroquíes) a los Centros Privados, con menos recursos y peores condiciones laborales de los educadores?. ¿Por qué se hace en semisecreto y confundiendo a la ciudadanía?.

Hablemos claro esto es un paso más en la discriminnacion, en la estigmatización del inmigrante, paso previo y obligado para el Racismo ,la Xenofobia, la Exclusión y el Fascismo (primero Berlusconi, despues Lepen)

Que un Gobierno que se declara de izquierdas y más un partido (IU) que defiende en las Cortes que los Centros de Protección de Menores deben ser de gestión pública (Llamazares dixit) relegue a los menores en centros diferentes es simplemente un ejemplo de los malos tiempos que corren para las libertades, los inmigrantes y quienes los apoyan.

Hoy tambien es necesario gritar

¡¡¡ BASTA DE RACISMO INSTITUCIONAL !!!

¡¡¡Basta de criminalizar al inmigrante!!

Colectivo SocialyJusticia

viernes, marzo 20

Bienestar de Asturias ampliara los dispositivos especificos para SEGREGAR a los MNAs


En la vispera del dia internacional contra el Racismo y la Xenofobia.
Se profundiza en la política de SEGREGACIÓN DE LOS MENORES por su origen (nacional o inmigrante) y no por sus necesidades socioeducativas.

Es un nuevo paso en la PRIVATIZACIÓN Y PRECARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES (TRAMA, LA CRUZ DE LOS ANGELES, HOGAR DE SAN JOSE Y SEVILLA ACOGE)
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Noemí Martín ( Consejera de IU) ha dicho que la red asturiana de atención social a la infancia va a ser reforzada a partir del lunes con la creación de 35 nuevas plazas (N.eEd.: SOLO PARA MENORES INMIGRANTES) y con la elaboración de un nuevo Proyecto Socio-Educativo que dé respuesta al fenómeno de la inmigración.

La Consejería de Bienestar Social ampliará la Unidad de Primera Acogida (UPA) del Centro Materno Infantil de Oviedo para terminar con su "sobreocupación", con unas obras que comenzarán el lunes.
Esta medida ha sido anunciada por la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Gloria Fernández.
Noemí Martín ha dicho que la red asturiana de atención social a la infancia va a ser reforzada a partir del lunes con la creación de 35 nuevas plazas y con la elaboración de un nuevo Proyecto Socio-Educativo que dé respuesta al fenómeno de la inmigración.
Actualmente hay 105 menores alojados en la red de alojamientos de Principado, según ha explicado Gloria Fernández .

La UPA permanecerá cerrada dos semanas, plazo en el que los 18 menores que permanecen actualmente en el centro serán alojados en los nuevos recursos que la Consejería ha habilitado para reducir los problemas de "sobreacogida" que habían denunciado los profesionales de la unidad.

El pasado 13 de noviembre de 2008, el comité de empresa del Materno Infantil de Oviedo se encerró durante tres horas en la Consejería para forzar un encuentro con su titular, que entonces era Teresa Ordiz, para abordar la situación.
Precisamente dar solución a la "sobreocupación" que venía experimentando la UPA, debido a la llegada de menores extranjeros no acompañados, fue una de las promesas que Noemí Martín hizo cuando sustituyó a Ordiz.

Fernández ha añadido que la Consejería ha planificado la apertura de una nueva unidad de "Atención Inmediata" que dispondrá de seis plazas, cuyo objetivo es acoger a los menores recién llegados, detectar sus necesidades e iniciar el proceso de identificación.
Ha precisado que esta unidad sólo se utilizaría en caso de "sobreocupación" de la UPA.

Además entre las nuevas 35 plazas, en las que se incluyen las seis anteriores, corresponden a un piso de acogida, otra vivienda en la que se preparará a los chavales para la vida independiente y una iniciativa, denominada "Itaca", destinada a jóvenes próximos a la mayoría de edad.

Asimismo, Fernández ha anunciado que en las instalaciones de la Fundación Docente de Mineros Asturianos (FUNDOMA-de ccoo y ugt), el antiguo orfanato minero, "ya están acondicionadas con 12 plazas", y ha explicado que actualmente se está realizando la selección del equipo directivo.
Ha dicho que el FUNDOMA albergará un programa "piloto" y será gestionado de forma mixta con una entidad sevillana (SOS SEVILLA). . La directora prevé que el FUNDOMA pueda empezar a acoger menores a partir del mes de mayo.
http://www.elcomerciodigital.com/oviedo/20090320/local/asturias/bienestar-ampliara-centro-materno-200903201507.html

jueves, marzo 19

Asociaciones piden al Gobierno modificar la atención en los Centros Especiales para Menores

Varias asociaciones  de Menores de toda España --Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Coordinadora de Barrios, CEAR y SOS Racismo, entre otras-- solicitan al Gobierno la desaparición "paulatina, pero a plazo fijo" de los centros de menores con trastornos de conducta y recordaron que los "gravísimos problemas" destapados por el Defensor del Pueblo en su informe "no eran desconocidos" para estas organizaciones sociales.

   Comunicado de colectivos de todo el Estado, con motivo de la presentación ante el Parlamento del Informe del Defensor del Pueblo sobre Centros Terapéuticos de Tutela de Menores el día 17 de febrero de 2009. 


En primer lugar, agradecemos a la Oficina del Defensor del Pueblo la oportunidad y la claridad con la que denuncia en su Informe y comparecencia muchas anomalías que han venido padeciendo los niños tutelados en los centros de menores. De un modo muy especial valoramos el que haya oído y otorgado credibilidad al testimonio de esos niños, muchas veces ignorado, devolviéndoles su condición de ciudadanos dignos de consideración y respeto. 


Ciertamente que aquello de lo que nos advierte el Defensor del Pueblo no era desconocido para muchos colectivos sociales que trabajamos con la infancia en desventaja, ni tampoco para los grupos parlamentarios de todo el espectro político. Pese a ello, esa lamentable situación de indefensión se ha mantenido durante más de diez años sin ningún eco oficial. No es problema de
una determinada Comunidad Autónoma, ni del color de su gobierno;
tampoco es una negligencia imputable a un fiscal o a un juez de menores determinado, más bien muestra el desdén de la clase política, Fiscalía General del Estado y del Sistema Judicial en uno de sus cometidos básicos: la defensa de los derechos de los niños, niñas y sus familias. 


Es significativo que tras la muerte de varios niños en los últimos años, de otros que amenazan suicidarse o de otros que se tragan objetos para que tomemos conciencia de su situación desesperada, tenga que ser el Defensor del Pueblo quien nos advierta de que la política de menores necesita un cambio de rumbo con toda urgencia. 


También nos parece importante interpelar la responsabilidad de la comunidad científica puesto que, a partir de la imagen distorsionada que a veces se nos da sobre esos niños, no impide sino que propicia intervenciones tan injustificables como la administración sistemática y abusiva de fármacos o el ocultamiento de malos tratos bajo lenguaje pseudo científico: contención corporal por fuerza bruta, espacios de reflexión por celdas de aislamiento y castigo, etc. 


Los niños y niñas con graves dificultades reclaman todo el apoyo del Estado y de la sociedad. La respuesta no puede ser la delegación de responsabilidades en empresas de servicios que gestionan los centros desde criterios muchas veces ajenos a las auténticas necesidades de la infancia; tampoco dejar desatendidos a los niños y a sus familiares y luego suplir esa laguna con
dispositivos que pretenden ser paliativos pero que muchas veces agravan los problemas de los niños. 


Consideramos un error grave la existencia misma de estos centros que paulatinamente, pero a plazo fijo, debieran desaparecer. Lo que en ellos ocurre no se remedia con mayor reglamentación. Urge tomar en serio la política de apoyo a la infancia y contemplarla desde una panorámica mucho más amplia. En esta misma línea se han manifestado diferentes responsables políticos y el mismo Fiscal General del Estado. 


Por eso, exigimos que estos propósitos se plasmen en respuestas ciertas y eficaces a los gravísimos problemas detectados y denunciados por el Defensor del Pueblo. Desde el compromiso que las organizaciones sociales firmantes mantenemos hace muchos años con los niños y niñas de nuestros barrios, seguiremos vigilantes y exigiendo responsabilidades a todos
aquellos de quien dependen políticas infantiles y familiares.
Nuestros pequeños se lo merecen y la sociedad saldrá ganando.

17 de Marzo de 2009 

Fuente: http://www.coordinadoradebarrios.org/ninosComunicados. Coordinadora de Barrios(MADRID)

Campaña "Todos somos Inmigrantes, ponte el brazalete"marzo 18, 2009

Ante la actual coyuntura de empleo que se vive a nivel mundial, los convocantes de "Un día sin inmigrantes en Europa" han decidido reorientar el interés que esta iniciativa ha suscitado hacia una campaña impactante, que pretende, de igual manera, llamar la atención sobre los efectos nocivos del racismo y la xenofobia. La iniciativa, titulada "Todos somos inmigrantes, ponte el brazalete", consiste en que cada viernes, a partir del próximo equinoccio de primavera (20 de marzo, una jornada antes del Día Internacional contra el Racismo), los inmigrantes y personas sensibles al tema migratorio utilicen un brazalete identificativo con un símbolo de la Inmigración. La campaña, que nace de la ciudadanía y es abierta a todo el que se quiera sumar, se extenderá hasta un viernes antes de iniciar el solsticio de verano (20 de junio). Con ella se pretende recordar una época en la que la xenofobia y el racismo se convirtieron en política de Estado.
Ponte el brazalete para protestar
1- Contra la política persecutoria hacia los indocumentados y las redadas policiales para cumplir con los cupos en las comisarías.
2- Contra el anteproyecto de Ley que prevé penalizar la acogida de inmigrantes.
3- Contra el recorte de las ayudas a proyectos de acogida y atención de inmigrantes.
4- Contra la criminalización de los inmigrantes y los discursos xenófobos.
Logo:
La imagen, que refleja dos golondrinas -ave migratoria por excelencia- volando en sentido contrario sobre una i -letra inicial de la palabra inmigrante en la mayoría de idiomas europeos-, se puede descargar de todas las páginas webs que se sumen a la iniciativa, como www.tribunalatina.com o www.canallatino.tv. Se puede imprimir en diferentes tamaños para recortarla y pegarla al brazalete. También se encuentra en alta resolución para estampar en camisetas o afiches. La imagen es diseño de El Tomi.

logo TSI 243 345

A tener en cuenta
La Unión Europea nos atrajo con su imagen de bienestar, con su necesidad de mano de obra y de incremento demográfico. Con nuestro trabajo hemos ayudado a construir la prosperidad de sus países. Hemos intentado formar parte de sus sociedades. Sin embargo, el declive de la economía mundial ha disparado las alarmas. Ahora no parecemos tan necesarios. Los discursos xenófobos se reproducen en varios países de Europa y los 'sin papeles' son perseguidos como delincuentes.
A lo largo del siglo pasado miles de europeos emigraron a otras tierras en busca de bienestar. Hoy, muchos de sus hijos y nietos vuelven en busca de oportunidades. La historia se devuelve, porque somos aves migratorias, golondrinas que surcan una y otra vez el cielo en busca de ventura

. Hoy aquí, mañana allá.

http://madrepatria.blogspot.com/2009/03/campana-somos-inmigrantes-ponte-el.html

miércoles, marzo 18

Los derechos de las mujeres migrantes: una realidad


Women's Link Worldwide presenta los resultados del proyecto Los derechos de las mujeres migrantes: una realidad invisible, basado en las entrevistas realizadas, tanto en Marruecos como en España, a 138 mujeres de origen subsahariano. Estos resultados evidencian las vulneraciones de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, y las múltiples formas de violencia que sufren estas mujeres durante el proceso migratorio.

La información se divide en cuatro Hojas Informativas:

1. Antecedentes y metodología del proyecto
2. Principales resultados
3. Historia de vida 1: Charlotte
4. Historia de vida 2: Precious

martes, marzo 17

“SALVEMOS LA HOSPITALIDAD”

MANIFIESTO PARA LA  REFORMA DEL ART.  53  C) QUE SANCIONA A QUIENES AYUDEN SOLIDARIAMENTE A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN IRREGULAR.

 

                        "SALVEMOS LA HOSPITALIDAD"

 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos  con los otros" (art. 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos).

 

Uno de los deberes presente en todas las culturas, y en algunas, seña de  identidad, es el de la "hospitalidad". Este deber ético, traducido incluso en forma de sanción cuando su omisión provoca riesgos para la integridad física del otro, está gravemente amenazado en España si prospera la anunciada reforma de la legislación de extranjería.

 

A la tendencia criminalizadora de la inmigración ilegal (considerar a la persona que quiere sobrevivir desplazándose por el planeta como un peligroso delincuente), se une ahora la de aplicar un marco sancionador a las personas que de manera solidaria ejercen el deber de la hospitalidad, colocando su comportamiento altruista como forma proscrita de"promoción de la permanencia ilegal en España". Ello pone en automática situación de ilicitud a miles de personas que acompañan, hospedan en sus casas y apoyan a personas sin papeles. De este modo, ONG, Congregaciones religiosas y ciudadanos, que vienen ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, verían perseguida su actuación. Más aún: la reforma pretende  ampararse en el silencio cómplice de los ciudadanos ante estos atropellos contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.

 

En concreto, el art. 53 c) del Anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería  sanciona como falta muy grave con la multa de 501 a 30.000 euros "a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto".

Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario. Esta reforma legal tiene una enorme trascendencia ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad.

El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, vuelva a su país. Se olvida que "toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio" (art. 13 Declaración Universal del Derechos Humanos) y que "en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país" (art. 14 DUDH).

Ante esta situación, exponemos:

1.- Que hemos constatado, después de tantos años acogiendo y acompañando itinerarios vitales de personas en situación de extrema vulnerabilidad personal y social, el valor de la solidaridad y la convivencia en nuestros domicilios como forma concreta de expresión de corresponsabilidad humana y social con aquellos que no tienen los mínimos de supervivencia –casa, pan y trabajo-.

2.- Que una parte significativa de la responsabilidad de la miseria en que se hallan los pueblos de origen de quienes tiene que migrar a España está provocada  por procesos históricos y políticas económicas y colonizadoras (y descolonizadoras) de los Estados del denominado Primer Mundo,  que mantiene intereses en el sostenimiento de regímenes no transparentes ni democráticos en el Tercero (incluida, por cierto, la venta de armas y el tráfico de personas).

3.- Que el principio de solidaridad para con los más desheredados del mundo es un elemento ético de legitimación en una sociedad que se denomina democrática, que considera que los bienes de la tierra tienen un destino universal y que ni la propiedad ni las fronteras pueden tener un valor absoluto ante la miseria del prójimo y su derecho a sobrevivir.

4.- Que el Estado español pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos,  despoja de todo tipo de ayuda material a las personas en situación irregular y pretende intimidar con graves sanciones a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro.

Ante ello, con independencia de otras numerosas discrepancias, proponemos al Gobierno, en este punto concreto, como auténtico mínimo ético, que modifique el Anteproyecto en el sentido de incorporar al texto normativo la necesidad de "ánimo de lucro"en el infractor  para que pueda ser sancionable.

PLATAFORMA "SALVEMOS LA HOSPITALIDAD"


jrios@der.upcomillas.es        mgallego@der.upcomillas.es

Universidad Co
http://melillafronterasur.blogspot.com/2009/03/salvemos-la-hospitalidad.html

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006