martes, julio 28

España y Senegal dan un paso más hacia un acuerdo de repatriación de menores

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España y Senegal dan un paso más hacia un acuerdo de repatriación de menores

EFE - 21/07/2009 15 : 30

Dakar, 21 jul (EFE).- España y Senegal han dado hoy "un paso más" en la negociación para lograr un acuerdo que regulará la repatriación de los menores no acompañados que llegan a territorio español de manera ilegal.

"Tenemos bastante avanzados los trámites, que son muy complicados, pero hoy hemos dado un paso más", afirmó el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras mantener un encuentro de trabajo con su colega senegalés, Tidiane Sy.

Rubalcaba explicó que se trata de un acuerdo "muy complicado, que implica a muchos ministerios", de modo que se debe abordar con "exquisita delicadeza" y que obliga a "preservar el proceso educativo y la integración social" de los menores.

El ministro indicó que cada vez son más los cayucos que llegan a las costas españolas con menores a los que se acoge en centros especiales hasta que cumplen los 18 años.

En este momento el número de menores no acompañados acogidos en España es de unos 5.000, la mayoría en centros de Andalucía.

El ministro reconoció que los procesos de repatriación "son muy duros", pero subrayó que con los menores "hay que hacer lo mismo que con la inmigración en general: enviar un mensaje a las mafias de que no engañen a los menores y sus familias".

"Deben saber que no merece la pena jugarse la vida en un cayuco, porque los que lleguen de manera ilegal serán repatriados", afirmó.

"Ese mensaje disuasorio ha sido muy exitoso aquí y ahora queremos hacerlo llegar a los familiares de los menores", dijo Rubalcaba, quien señaló que "es terrible que las mafias engañen a los críos y sus familias".

Rubalcaba se mostró convencido de que el descenso en el número de inmigrantes ilegales que están llegando a España se debe a la efectividad de la colaboración con los países de la costa africana y no a la crisis económica, ya que "la diferencia de bienestar entre los países es mayor con crisis que sin crisis, y por lo tanto no podemos bajar la guardia".

A su llegada a Senegal, Rubalcaba mantuvo un encuentro de trabajo con su homólogo senegalés, con quien firmó la renovación de la operación FRONTEX por un año más para el control conjunto de la frontera marítima.

En declaraciones a la prensa al término de la reunión, Rubalcaba subrayó que "la Unión Europea, España y Senegal están dando un ejemplo de colaboración en la lucha contra las mafias que transportan a inmigrantes de manera ilegal poniendo en riesgo sus vidas".

Además de su encuentro con Sy, Rubalcaba también se reunió con el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, a quien expresó el agradecimiento del Gobierno de España por la buena colaboración.

Por la mañana, a su llegada al aeropuerto de Dakar, el ministro conversó con los responsables del avión de reconocimiento y el helicóptero españoles que tienen su base en el aeropuerto de las capital senegalesa como parte del despliegue de FRONTEX.

Por la tarde, el ministro tiene previsto acudir al centro de coordinación operativa de la Marina senegalesa en el puerto de Dakar, donde el contingente español tiene su base.

En la capital senegalesa están destacados 21 agentes de la Guardia Civil que cuentan con dos patrulleras, además de varios miembros de la Policía Nacional, a cargo del helicóptero de reconocimiento y de los miembros del Ejército del Aire que están a cargo del avión.

Rubalcaba también entregó material de protección civil, consistente en tres moto-bombas de achique para paliar los daños de las constantes inundaciones que sufre el país.

En agradecimiento por su colaboración, Rubalcaba impuso al ministro Sy y a varios altos cargos del Ejército la medalla al Mérito Policial.

EFE cll/fpa (audio)

Casas de horror y torturas. Reabierto el debate sobre el endurecimiento de la ley del menor, se olvidan las graves acusaciones que pesan sobre muchos centros de menores.

http://www.tiempodehoy.com/default.asp?idpublicacio_PK=50&idioma=CAS&idnoticia_PK=57777&idseccio_PK=612&h=090724
Casas de horror y torturas


Reabierto el debate sobre el endurecimiento de la ley del menor, se olvidan las graves acusaciones que pesan sobre muchos centros de menores.
Jaime Barrientos y Javier Faurié
24/07/09
Fue hace cuatro meses, en marzo, cuando una menor que había pasado una semana en un hospital se arrojó en marcha del coche que la devolvía al centro Casa Joven de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, donde permanecía interna. La joven, de 14 años, que falleció tras permanecer una semana en coma, aparentemente prefirió arriesgar su vida a volver al centro de menores. Un centro que, como muchos otros en toda España, ha sido acusado de brutales maltratos a los jóvenes que tutela.

Juanga, un joven que hoy tiene 19 años, fue a parar a Casa Joven cuando aún no había cumplido los 12. "Desde el principio -afirma- los educadores te dejan las cosas claras: 'Si yo te digo que es de noche, aunque sea de día, para ti es de noche'. Siempre era igual. Contenciones físicas en las que te tiraban al suelo y te retorcían los brazos y las piernas hasta hacerte moratones. Educadores que decían que no te quejaras porque ellos tenían abogados para defenderse y tú no. No me dejaban hablar por teléfono en caló con mi madre, que es gitana. A veces me insultaban diciéndome que mi familia no me quería. Todo eran abusos. Todo estaba prohibido y no podías quejarte de nada. Todos teníamos brotes de ansiedad".
Más información en la revista Tiempo

Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo y ex fiscal de menores “La sociedad está pidiendo dureza cuando no se han otorgado posibilidades de igualdad”

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89098
Entrevista a Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo y ex fiscal de menores
"La sociedad está pidiendo dureza cuando no se han otorgado posibilidades de igualdad"


Jurista de largo recorrido, Felix Pantoja participó en la redacción de la Ley 5/2000 de Responsabilidad del Menor y fue fiscal de menores de la CAM. Sostiene que "hay un déficit en la protección de los adolescentes y preadolescentes".

DIAGONAL: Ha declarado que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, al permitir la colaboración de organizaciones, buscaba favorecer a los grupos que trabajaban históricamente con menores, sin embargo ¿no da la sensación de que se ha pervertido esa pretensión?

FÉLIX PANTOJA: Quizá fue una ingenuidad en la redacción original de la Ley, en la que se abría a las entidades, ONG, etc., la posibilidad de concertar con la administración el llevar este tipo de centros.

Lo cierto es que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor tiene una naturaleza originariamente sancionadora, no estrictamente penal. Es, por tanto, una ley orgánica, pero se pensó que la respuesta no debía ser la misma que la que se da a los mayores ya que la imputabilidad de los menores es distinta, como recoge el artículo 19 del Código Penal. Y, por lo tanto, la respuesta tenía que hacerse en un marco que persiguiera de una forma más efectiva la rehabilitación, o como se quiera llamar, de estos menores; se trataba de dar una oportunidad a chicos que no la han tenido.

Fruto de esto, se planteó que había que sacar ese tema de Instituciones Penitenciarias y encomendárselo a las Comunidades Autónomas, que tienen entre sus funciones la gestión de la protección de los menores. ¿Qué ha ocurrido? Que se pensó que esta gestión podía ser en colaboración con entidades que tradicionalmente trabajan con chicos; yo, personalmente, cuando trabajé en aquello tenía en la cabeza la Coordinadora de Barrios, a los que conocía. Y se pensó que esa puerta había que abrirla.

Sin embargo, ha ocurrido que han florecido asociaciones, ONG o fundaciones que prácticamente han profesionalizado la ejecución de las medidas, y las comunidades autónomas han visto una forma de descargarse de esta responsabilidad. De hecho me parece, como expuse en un informe del Consejo General del Poder Judicial, que se está produciendo de facto una privatización de la ejecución de las medidas.

Una privatización que, además, cae en el ámbito del mercado puro y duro: es decir, los trabajadores de estos centros están sometidos a las leyes del mercado, suelen ser mileuristas, con contratos temporales, etc. Todo eso puede repercutir –yo opino que seguro que repercute– en la forma en que hay que trabajar con estos chicos. Con esta seudoprivatización, el modelo no está respondiendo a los objetivos de la Ley, que era una respuesta sancionadora pero con un componente educativo. El valor del interés del menor ha ido cediendo ante el aspecto punitivo

D.: Pese a la gravedad de las denuncias del Informe del Defensor del Pueblo, las repercusiones de éstas han tenido escaso recorrido. ¿Tiene constancia de que el Gobierno central se haya planteado intervenir?

F.P.: Hay una cosa curiosa, y es que la denuncia del Defensor del Pueblo se refiere a centros de protección, no a centros de reforma. Los chicos que están allí no han cometido ningún delito, están porque se encuentran en situación de desamparo, porque sus padres o tutores no han podido o no han ejercido suficientemente sus funciones propias.

Es loable que el Defensor del Pueblo haya denunciado que pase esto y yo confío en que la Fiscalía actúe de acuerdo con estas denuncias. El ordenamiento jurídico para la protección de menores en España es bueno, de forma que los casos de desamparo quedan bajo control, pero lo que hace falta es que este ordenamiento se cumpla. También es necesario que la sociedad se implique, porque estos chicos no deberían permanecer en centros toda su vida, sino que tendrían que salir a acogimientos en familias. Pero es cierto que hay un déficit en la protección de los adolescentes y preadolescentes.

Las Comunidades Autónomas tienen que considerar esto como prioritario, y debe ser objeto de inversiones y de preparación de los educadores. No vale contratar a recién licenciados en pedagogía, hace falta trabajar con gente preparada.

D.: ¿Qué medidas serían efectivas por parte del Ministerio de Justicia para garantizar los derechos y la integración de los menores extranjeros no acompañados (MENA)?

F.P.: Hay un compromiso legal para que los MENA en situación de desamparo estén bajo la tutela de las entidades públicas de protección de menores. Lo dice, con carácter general, la Convención de Derechos del Niño, la Ley de protección jurídica del menor con carácter particular, y el artículo 172 del Código Civil más concretamente.

Debe ser prioritaria la educación básica, el sistema de protección y el sistema sanitario de menores, también el sistema de salud mental tiene que atender con más cuidado los problemas de menores.

Si hablamos de menores, la Ley de Extranjería queda subordinada a la Convención de Derechos del Niño y a la Ley de Protección Jurídica del menor, de tal manera que un menor extranjero que se encuentre en España, entre por Barajas o en una patera, si se encuentra en situación de desamparo, pasa a formar parte de las competencias de las entidades públicas de protección de menores.

Y se hará el reagrupamiento familiar cuando sea adecuado al interés del menor, y cuando se tengan garantías suficientes de que su repatriación y el reagrupamiento va a ser en su interés y con su familia, no en la frontera con la policía de fronteras o a un entorno familiar que les rechaza. No hay menores inmigrantes ni extranjeros, son niños que se encuentran sometidos al ordenamiento jurídico español.

D.: ¿Los medios de comunicación están obedeciendo a los miedos de la sociedad cuando abordan los delitos cometidos por menores?

F.P.: Sí, yo creo que no sólo obedecen a eso sino que a veces alientan esas situaciones de miedo. Lo que late en el fondo es que estamos en una sociedad muy punitiva, que piensa que con el Derecho Penal se van a resolver todos los conflictos, olvidando muchas veces que lo que hay detrás es un conflicto social que hay que resolver de otra manera.

En el caso de los menores, es evidente que un mejor sistema educativo, que socialice a los chicos, hará que determinadas conductas se reduzcan. También es importante que se mejore el tratamiento que se debe dar a chicos con transtornos de personalidad, de la conducta o de salud mental, que muchas veces no se detectan y que terminan derivando a la vía penal.

La sociedad está pidiendo dureza, cuando a lo mejor no se han otorgado posibilidades de igualdad. La idea es que la educación otorgue estas posibilidades para que todos los individuos tengan las mismas oportunidades. Los medios de comunicación cumplen muchas veces el papel de altavoz de esas expresiones sin pararse a pensar y sin dar acceso a otras voces que racionalicen las situaciones sobre las que hay que actuar.


EL PAPEL DE LA FISCALÍA

Este fiscal intervino en la redacción de la Ley de Responsabilidad del Menor, si bien considera que ésta, desde que nació "ha sido sometida a cambios cada vez más punitivos". Cree que la Convención de Derechos del Niño y la Ley Orgánica 1/1996 ofrece instrumentos poderosos al Ministerio Fiscal "para actuar en defensa de los derechos de los menores", pero Pantoja no entra a juzgar la actuación de la Fiscalía de menores de la Comunidad de Madrid (CAM).

En 2001, desde esa Fiscalía, Pantoja ordenó cerrar el centro de Guadarrama, gestionado por la Fundación Diagrama, después de que un joven de 14 años denunciara malos tratos. Sin embargo, en el juicio posterior, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a la Fundación y a la propia CAM.

Lee artículos previos en Diagonal sobre la Ley Penal del Menor y la privatización de los centros de menores:

La reforma de la Ley del Menor prevé penas más duras

¿Centros de reforma o cárcel para menores?

El lucrativo negocio de los centros de menores

10 años, 28/07/99, Yaguine Koita i Fodé Tounkara, vol 520 Sabena Airlines Conakry-Bruxelles

FRANCAISE, CASTELLANO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yaguine_Koita_et_Fod%C3%A9_Tounkara

Yaguine Koita et Fodé Tounkara

Yaguine Koïta (né le 25 septembre 1984) et Fodé Tounkara (né le 6 avril 1985) furent le 28 Juillet 1999 les passagers clandestins du vol 520 Sabena Airlines en provenance de Conakry (Guinée) et à destination de Bruxelles (Belgique). Leurs corps morts de froid furent découverts le 2 août dans le train d'atterrissage arrière droit de l'appareil à l'aéroport international de Bruxelles. Dans leurs affaires, les garçons transportaient dans des sacs plastiques leurs certificats de naissance, leurs cartes de scolarité, des photos et une lettre. Cette lettre fut largement publiée dans les medias du monde entier.

Plusieurs "Cercles Yaguine et Fode" ont été créés depuis à travers le monde, autour de la mémoire de ces deux enfants. Ainsi le Cercle Yaguine et Fode de Bruxelles a organisé avec d'autres associations en 2006 et 2007 un moment de recueillement pour la date du 2 août devant le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles.

Le film Un matin bonne heure de Gahité Fofana (2005) raconte l'histoire de Yaguine et Fodé.

La lettre de Yaguine et Fode
Excellences, Messieurs les membres et responsables d'Europe,
Nous avons l'honorable plaisir et la grande confiance de vous écrire cette lettre pour vous parler de l'objectif de notre voyage et de la souffrance de nous, les enfants et jeunes d'Afrique.
Mais tout d'abord, nous vous présentons les salutations les plus délicieuses, adorables et respectées dans la vie. A cet effet, soyez notre appui et notre aide. Vous êtes pour nous, en Afrique, ceux à qui il faut demander au secours. Nous vous en supplions, pour l'amour de votre continent, pour le sentiment que vous avez envers votre peuple et surtout pour l'affinité et l'amour que vous avez pour vos enfants que vous aimez pour la vie. En plus, pour l'amour et la timidité de notre créateur Dieu le tout-puissant qui vous a donné toutes les bonnes expériences, richesses et pouvoirs de bien construire et bien organiser votre continent à devenir le plus beau et admirable parmi les autres.
Messieurs les membres et responsables d'Europe, c'est de votre solidarité et votre gentillesse que nous vous crions au secours en Afrique. Aidez-nous, nous souffrons énormément en Afrique, nous avons des problèmes et quelques manques au niveau des droits de l'enfant.
Au niveau des problèmes, nous avons la guerre, la maladie, le manque de nourriture, etc. Quant aux droits de l'enfant, c'est en Afrique, et surtout en Guinée nous avons trop d'écoles mais un grand manque d'éducation et d'enseignement. Sauf dans les écoles privées où l'on peut avoir une bonne éducation et un bon enseignement, mais il faut une forte somme d'argent. Or, nos parents sont pauvres et il leur faut nous nourrir. Ensuite, nous n'avons pas non plus d'écoles sportives où nous pourrions pratiquer le football, le basket ou le tennis.
C'est pourquoi, nous, les enfants et jeunes Africains, vous demandons de faire une grande organisation efficace pour l'Afrique pour nous permettre de progresser.Donc, si vous voyez que nous nous sacrifions et exposons notre vie, c'est parce qu'on souffre trop en Afrique et qu'on a besoin de vous pour lutter contre la pauvreté et pour mettre fin à la guerre en Afrique. Néanmoins, nous voulons étudier, et nous vous demandons de nous aider à étudier pour être comme vous en Afrique.
Enfin, nous vous supplions de nous excuser très très fort d'oser vous écrire cette lettre en tant que Vous, les grands personages à qui nous devons beaucoup de respect. Et n'oubliez pas que c'est à vous que nous devons nous plaindre de la faiblesse de notre force en Afrique.
Ecrit par deux enfants guinéens, Yaguine Koita et Fodé Tounkara.

CASTELLANO
Yaguine Koita y Fodé Tounkara
Yaguine Koita (nacido 25 de septiembre de 1984) y Fodé Tounkara (nacido en 6 de abril de 1985) fueron el 28 de julio de 1999, de polizones Sabena Airlines vuelo 520 de Conakry (Guinea) y Bruselas (Bélgica). Su fría cadáveres fueron descubiertos el 2 de agosto en el tren de aterrizaje trasero derecho de la aeronave en el aeropuerto internacional de Bruselas. En sus casos, los muchachos llevaban bolsas de plástico en sus certificados de nacimiento, tarjetas de la escuela, fotos y una carta. Esta carta fue publicada ampliamente en los medios de comunicación de todo el mundo.

Varios "Círculos Yaguine Fode y desde entonces se han creado en el Mundo, en torno a la memoria de estos dos niños. Así, el círculo y Fode Yaguine celebrada en Bruselas con otras asociaciones en 2006 y en 2007 un momento de silencio para el 2 de agosto antes de la salida de la sala de el aeropuerto de Bruselas.

La película Un Matin bonne heure de Gahité Fofana (2005) narra la historia de Yaguine y Fodé.

La carta de Yaguine y Fodé
Excelencias, distinguidos miembros y líderes de Europa,
Tenemos el honorable placer y la confianza para escribir esta carta para informarle sobre el propósito de nuestro viaje y el sufrimiento de nuestros niños y jóvenes en África.
Pero en primer lugar, presentamos a ustedes el saludo de los más deliciosos, adorables y respetados en la vida. Con este fin, ser nuestro apoyo y asistencia. Usted es para nosotros en África, a los que pedir ayuda. Nosotros te suplico, por el amor de su continente, a sentir que usted le debe a su pueblo y especialmente para la afinidad y el amor que sienten por sus hijos que el amor por la vida. Además, por el amor y la timidez de nuestro Creador, que Dios el Todopoderoso le dio a todos la experiencia, la riqueza y el poder de construir y organizar bien su continente para convertirse en el más hermoso y admirable, entre otros.
Los miembros y líderes de Europa, por su solidaridad y su bondad que nos grito de ayuda en África. Ayúdanos, sufrimos enormemente en África, tenemos problemas y algunas lagunas en los derechos del niño.
En términos de problemas, tenemos la guerra, las enfermedades, la falta de alimentos, etc. En cuanto a los derechos del niño, en África, especialmente en Guinea y tenemos demasiadas escuelas, pero una gran falta de educación y la enseñanza. Salvo en las escuelas privadas donde usted puede obtener una buena educación y una buena enseñanza, pero tiene una gran suma de dinero. Pero nuestros padres son pobres y que necesitan para alimentar a nosotros mismos. Entonces no tenemos escuelas deportivas en las que podría practicar fútbol, baloncesto o tenis.
Por lo tanto, los niños y jóvenes africanos están pidiendo a hacer una gran organización eficaz para África, que nos permita avanzar.
Así que si usted ve que sacrificamos nuestras vidas y exponga, es porque sufrimos demasiado en África y te necesitamos para luchar contra la pobreza y para poner fin a la guerra en África. Sin embargo, queremos estudiar, y le pedimos que nos ayuden a estudiar para ser como ustedes en África.
Por último, ruego que nos excusa muy, muy fuerte para que se atreven a escribir la presente carta como usted, los grandes personajes a quien debemos mucho respeto. Y recuerde que es a usted que tenemos que se quejan de la debilidad de nuestra fuerza en África.
Escrito por dos niños de Guinea, Yaguine Koita y Fodé Tounkara.

CASTELLANO, FRANCAISE
Mercedes Jiménez Álvarez, Colectivo Aljaima
Prólogo del libro Menores Migrantes Sin Referentes Familiares. Una perspectiva integral del fenómeno
"Une matin bonne heure" es el título de una película que cuenta la historia de Yaguine Koïta y Fode Tounkara, de 14 y 15 años. En 1999 estos chicos de Guinea-Conakry murieron congelados en el tren de aterrizaje de un avión en el que se escondieron para intentar llegar a la "Europa Fortaleza". Cuando sus cuerpos fueron descubiertos en el aeropuerto de Bruselas, uno de ellos llevaba una carta.
Sin duda estas muertes fueron noticia en los medios de comunicación belgas y europeos durante algunas semanas y después cayeron en el olvido. De la misma forma que estos chicos guineanos murieron en el intento de buscar una vida mejor, otros niños y niñas, adolescentes y jóvenes cruzan las fronteras, se juegan la vida y nos retan, a nosotros y nosotras. Sí, ellos nos retan y nos desafían.
Estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrando se "rebelan" frente al paro creciente y la precaria inserción sociolaboral que sufren; frrente al acceso limitadísimo a recursos sociales básicos de la mayoría de la población, que ha pasado de vivir una pobreza rural a una exclusión urbana o que vive en un campo cada vez más depauperado; frente a una escuela que no responde a las necesidades formativas y está desconectada de la realidad; frente a la falta de un bienestar y un futuro esperanzador.
Los menores que migran solos comparten una característica, por un lado son sujetos a proteger, por ser menores de edad, pero son también personas migrantes que acceden de forma irregular a un territorio, y por este motivo deben ser controladas. En algunas legislaciones este control se centra en la devolución a su país de origen y en este proceso se violan todo tipo de derechos. Esta doble condición de menor y migrante que accede de forma irregular a un territorio configura el trato que el menor recibe.
Según Sassen (2001), los inmigrantes y los refugiados plantean la tensión al Estado entre la protección de los derechos humanos y la protección de la soberanía del estado. Esta tensión es particularmente aguda en el caso de los inmigrantes indocumentados, porque su mera existencia significa la erosión de la soberanía. Por lo menos en parte, la tensión se origina en el propio estado, en el conflicto entre su autoridad para controlar la entrada en el país y su obligación de proteger a aquellos que se encuentran en su territorio. Desde nuestro punto de vista, esto es paradigmático en el caso de los menores que migran solos, en este caso porque los inmigrantes a los que hay que proteger, produciéndose así un conflicto de intereses en el seno del propio Estado, una tensión que no siempre se resuelve a favor del menor.
Por lo tanto, estos nuevos "rebeldes de la globalización" con su migración precoz vienen a poner de manifiesto las rupturas en sus países de procedencia y las contradicciones de los estados del bienestar europeo. Por lo tanto, las contradicciones y los retos son compartidos y sólo desde una intervención conjunta, flexible y creativa es posible dar respuestas útiles a esta nueva realidad migratoria.

FRANCAISE
Mercedes Jiménez Álvarez, Colectivo Aljaima
Préface du livre des enfants immigrants ne sont pas familiers. Une perspective du phénomène
"Une matin bonne heure» est le titre d'un film qui raconte l'histoire de Yaguine Koita et Fodé Tounkara, 14 et 15 ans. En 1999, ces garçons de la Guinée-Conakry est mort gelé dans le train d'atterrissage d'un aéronef dans lequel ils se cachaient pour essayer de la "Forteresse Europe". Quand leurs corps ont été découverts à l'aéroport de Bruxelles, l'un d'eux était porteur d'une lettre.
Sans doute, ces décès ont été rapportés dans les médias belges et européens pour quelques semaines et est ensuite tombé dans l'oubli. De la même façon que ces gars-Guinéens ont été tués dans la tentative de trouver une vie meilleure, d'autres enfants et les jeunes qui franchissent les frontières, la vie et nous, à nous et nous. Oui, ils nous interpellent et nous.
Ces enfants, les adolescents et les jeunes migrent vers «rebelles» contre la hausse du chômage et la précarité socio-souffrance; frrente accès limité aux ressources de base sociale de la majorité de la population, de la pauvreté en milieu rural pour vivre une d'exclusion ou de la vie urbaine dans un domaine de plus en plus depauperado; contre une école qui ne répond pas aux besoins éducatifs et est déconnecté de la réalité, étant donné l'absence d'un bien-être et un avenir.
Migration de mineurs partagent un seul élément d'un côté, sont tenus de protéger, car ils sont mineurs, mais ils sont aussi les migrants de manière irrégulière, que l'accès à un territoire, et doivent donc être contrôlés. Certaines lois que le contrôle est axé sur le retour dans leur pays d'origine et dans ce processus tous les droits ont été violés. Ce double statut des enfants de migrants et l'accès à une zone de forme irrégulière mis en place le traitement que reçoit l'enfant.
Selon Sassen (2001), les immigrants et aux réfugiés de l'État a soulevé la tension entre la protection des droits de l'homme et la protection de la souveraineté de l'État. Cette tension est particulièrement aiguë dans le cas des immigrés sans-papiers, parce que sa simple existence signifie l'érosion de la souveraineté. Au moins en partie, la tension provient de l'État, le conflit entre l'autorité de contrôle d'entrée dans le pays et de protéger les personnes sur leur territoire. De notre point de vue, c'est le cas paradigmatique des enfants qui émigrent seules, dans ce cas parce que les immigrants qui doivent être protégés, produisant ainsi un conflit d'intérêt au sein de l'État lui-même, une tension qui n'est pas toujours est résolu en faveur de l'enfant.
Par conséquent, ces "rebelles de la mondialisation" est au début de sa migration de montrer des pauses dans leur pays d'origine et les contradictions de l'Etat-providence en Europe. Par conséquent, les contradictions et les défis sont partagés et une seule commune, flexible et créative peut donner des réponses utiles à cette nouvelle réalité de la migration.

lunes, julio 27

El Govern regulariza a los 13 chicos que expulsó de un centro de menores


Latyr, Ibra, Emmanuel, Mamodou y Mathar piden que la Dgaia no les abandone a su suerte

Decenas de subsaharianos están desamparados por la dejadez de la administración

El Govern regulariza a los 13 chicos que expulsó de un centro de menores

Entidades sociales denuncian la irregularidad de estos procesos que aumentan la bolsa de pobreza.

27 Julio 09 - Maria Molins

    BARCELONA- El 18 de diciembre de 2008, la Generalitat expulsó a trece jovenes subsaharianos del centro de menores de El Bosc por su supuesta mayoría de edad que dicataminaron unas polémicas prubeas radiológicas. A pesar de disponer documentos de identidad que acreditaban que tenían entre 16 y 17 años, la Dirección General de Atención de la Infancia y Adolescencia (Dgaia) les dió la espalda. En febrero, el Síndic de Greuges, junto a expertos en estas pruebas y varias entidades sociales denunciaron «irregularidades en los procesos» y pidieron la readmisión y la atención de los jóvenes tal y como dicta la ley. 
    El 14 de julio la Consellera de Acció  Social y Ciutadania, Carme Capdevila, aseguró en la Comisión de Inmigración que el Govern había regularizado la situación de los 13 chicos, aquellos que en su momento dejó en la calle. Tras esta larga pesadilla, Momadou Jabbie, que en mayo cumplió 18 años, dispone ahora de permiso de residencia y alojamiento temporal. Además, este joven gambiano recibe cursos de lengua y de instalación de pladur dentro del itinerario de insercción laboral.
    «La Administración no ha reconocido oficialmente que se equivocó en su momento pero ha hecho lo que debía hacer», considera el director técnico del Casal dels Infants del Raval, Ismael Palacín. «Pero hay un goteo constante de expulsiones de menores inmigrantes», denuncia Palacín. De hecho en los últimos dos meses se han encontrado con 20 menores más en la calle desatendidos.
    «La Dgaia está utilizando diferentes excusas para no tutelar a varios menores», explica el educador social del Casal y responsable del proyecto Enllaç, Cristian Pacha. «Se da el caso que chicos que disponen de documentación oficial, el Govern la considera  inválida. Y, por medio de unas pruebas radiológicas inexactas que les dictaminan mayores de edad, son expulsados o rechazados a entrar en el circuito de protección. A otros incluso se les acusa de delitos de falsedad documental a pesar que sus papeles fueron expedidos en la embajada. Y a otros extutelados no les ofrecen ningún itinerario de reinserción social al salir», relata Pacha.
    A pesar de disponer de la partida de nacimiento oficial y una carta consular que acredita que Latyr tiene 16 años y 6 meses, este joven senegalés  ha sido rechazado  por la Dgaia para entrar en un centro de menores. Mahtar Sar, que el 3 de abril cumplió 17 años, se indigna cuando recuerda que su víuda madre pagó su «billete en patera» vendiendo dos corderos, y sólo ha conseguirdo convertirse en un «sin papeles». «Que me consideren un ilegal y me llamen mentiroso me duele en el alma», lamenta Mahtar que asegura que no dejará de luchar hasta  convertirse en pescador o bombero.
    «Con estos procedimenientos  el Govern incumple el artículo 35 de la Ley de Extranjería que dictamina que un chico con un pasaporte que acredite que es menor, debe ser protegido inmediatamente. Sólo en el caso de no haber documentación se le deben realizar las pruebas y darle cobertura en ese tiempo»,  explica la abogada del Casal, Raquel Prado.


    En un limbo legal
    «Además de seguir procedimientos inadecuados, estos jóvenes quedan en un limbo legal. Al confiscar su pasaporte no pueden acceder a ningún recurso como comedores sociales o albergues», denuncia la entidad. «Durante este tiempo, de varios meses, no reciben atención y están expuestos a un riesgo social muy grave», alerta el responsable de los programas de lengua, Shariar.
    Emmanuel,  huérfano a sus 17 años, dejó Ghana para ayudar a sus hemanas. Tras  llegar a Canarias fue deportado a Barcelona, y a pesar que en Madrid le expedieron el pasaporte, ahora la policía autonómica  no acepta su documentación. «He mendigado, he dormido en estaciones de bus, a veces ando toda la noche», relata el chico emocionado.
    Cada uno con su historia pero en la misma situación de desamparo, unos 30 jóvenes  se manifestaron el pasado día 15 frente al palacio de la Generalitat para reclamar que la Dgaia no les abandone a su suerte. «Con estos procedimientos  la Dgaia sólo consigue hacer más daño a la sociedad ya que aumenta la bolsa de pobreza y los índices de exclusión social», alertan los expertos.


    El Govern se compromete a cerrar «El Bosc» antes de 2010


    Desde su experiencia de más de 25 años en la atención y formación de jóvenes inmigrantes,  el Casal dels Infants del Raval además de pedir al Govern una salida social aceptable para estos jóvenes, así como la creación de un protocolo para seguir buenas prácticas en estos casos, también ha reclamado el cierre de los dos centros de menores inmigrantes,  «El Bosc» y «L'Alcor» por su sobresaturación.
    También el Síndic de Greuges ha denunciado en varias ocasiones la situación desbordada en la que se encuentran estos dos centros, con capacidad de unos 30 menores y en los que se han llegado a alojar unos 70. «La sobresaturación provoca que la Generalitat no dé abasto a atender a los menores recién llegados. Además, con la crisis se les ha terminado el presupuesto para atenderles», critica Palacín desde el Casal del Raval. Ante las distintas quejas recibidas, «la Generalitat se ha comprometido a cerrar los dos centros antes de 2010», avanza Palacín. Pero nada indica que suceda pronto. «Dicen que no les dan ningún otro local por lo que hemos de vigilar que no hayan más excusas», alertaPalacín

    http://www.larazon.es/noticia/el-govern-regulariza-a-los-13-chicos-que-expulso-de-un-centro-de-menores


    El Gobierno Vasco rechaza endurecer la Ley del Menor y apuesta por la educación

    "Si nos hubiéramos preocupado de la debida atención y seguimiento, algunos menores de Deba no se habría fugado"

    La Ertzaintza registra a cuatro menores extranjeros tras el incendio de un centro de acogida en Segura, en febrero de 2008.Foto: ruben plaza

    jorge napal  donostia. El Gobierno Vasco no tiene ni mucho menos claro que el endurecimiento de la Ley del Menor sirva para corregir el comportamiento de los chavales más díscolos e infractores. El viceconsejero vasco de Justicia, José Manual Fínez, rechazó ayer taxativamente una reforma legislativa en este sentido, tal y como ha propuesto el PP. Y lo hizo, persuadido de que sólo las "medidas educativas y ambientales" son la única tabla de salvación posible para corregir los episodios delictivos que protagoniza una minoría de jóvenes, que tanta alarma social suscitan.

    Fínez ofreció una conferencia de prensa en Vitoria para dar cuenta de los datos sobre la incidencia de los delitos cometidos por menores en Euskadi. La referencia a la situación que atraviesa Gipuzkoa era inevitable. Los delitos protagonizados en los últimos meses por usuarios del centro de Deba, tutelados por la Diputación, suponen un motivo de reflexión que trasciende la geografía del territorio.

    En relación a estos sucesos, el viceconsejero expresó de manera velada que no comparte el sistema de trabajo que se está llevando a cabo en este centro dirigido a chavales con graves problemas de conducta. "Si todos antes nos hubiéramos preocupado de la debida atención, seguimiento y programación educativa de esos menores, posiblemente, algunos de ellos no hubieran abandonado el centro de Deba o cualquier otro", opinó.

    Se mostró sorprendido de que haya menores que prefieren los centros de reforma del Ejecutivo vasco a los de tutela de las diputaciones, pero no quiso echar el balón sólo a ese tejado. "No se trata de pasarnos la pelota", aseguró, para pedir la colaboración de todas las instituciones y dar así "una solución global y efectiva".

    "hechos puntuales" Para el Gobierno Vasco, la actual situación no justifica ni mucho menos un endurecimiento de las penas, y considera que en los centros de internamiento se cumplen medidas lo suficientemente restrictivas. "Seis años de internamiento cerrado para un chaval de 16 años es muy duro", juzgó el viceconsejero, convencido de que los episodios delictivos registrados en Gipuzkoa son "hechos puntuales" que no precisan de otro tipo de medidas legislativas al margen de las ya existentes.

    "Ahora que se alzan tantas voces de reformas de la Ley del Menor, estos casos no se solucionan ni agravando las penas, ni rebajando la edad penal, porque hablamos de niños y de adolescentes que necesitan un adecuado tratamiento educativo y ambiental", insistió.

    Si uno se atiene a los datos recogidos por el Departamento de Justicia, la preocupación que suscita en la sociedad el perfil de los delincuentes (menores extranjeros no acompañados) dista de tener su reflejo con la realidad. Ni siquiera existe un repunte. Según un informe realizado por Lakua, entre 2003 y 2006 la tasa de reincidencia del delito de menores infractores la CAV fue del 13,9%, y baja hasta el 10,8% en otro estudio actualmente en fase de elaboración que abarca el periodo 2006-2009.

    La mayor parte de estos delincuentes son varones nacidos en Euskadi (74%), por un 17,6% de quienes proceden de otros países. Con estos datos sobre la mesa, el viceconsejero fue claro: "La equivalencia entre delincuencia e inmigración no tiene rigor".

    Lakua reconoce, no obstante, que existe en Euskadi un "pequeño grupo" de unos 40 menores que son "especialmente conflictivos" y, de hecho, actualmente hay 54 chavales que ocupan alguna de las 62 plazas disponibles en los centros de internamiento de menores.

    http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2009/07/24/sociedad/gipuzkoa/d24gip6.1548165.php

    domingo, julio 26

    Fwd: Al Khaima concluye su curso con una conferencia de Javier de Lucas

    http://www.diariocalledeagua.com/noticias_detalle.asp?id=1279&c=1
    Al-Khaima concluye su curso con una conferencia de Javier de Lucas

    INMIGRACIÓN

    Al-Khaima concluye su curso con una conferencia de Javier de Lucas

    20/07/2009

    Mokhtar Gharbi.-Tanger

    El curso de verano para profesionales que trabajan con menores inmigrantes en España y Marruecos de la asociación Al Khaima, fue clausurado el sábado con una conferencia de Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia y presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

    El también director del Colegio de España en París pronunció la conferencia 'Interculturalidad, Integración, Poder'. Antes, valoró "la importancia y el interés" de este curso como ejemplo de que con pocos recursos se puede hacer mucho. "Lo más importante es que se trata de un curso de formación del personal que tiene un trabajo de enorme importancia y, al mismo tiempo, es muy difícil de hacer".

    "Todos los presentes en el curso están trabajando en intervención social con menores. Es un trabajo en que hace falta, no sólo conocimiento, sino también, voluntad y capacidad de resistencia", indicó De Lucas, que resaltó que "este trabajo es una prueba de cómo la sociedad civil puede muchas veces cumplir mejor y con pocos recursos que las instituciones públicas, funciones absolutamente básicas".

    Javier de Lucas quiso hacer llegar y transmitir el mensaje de que la discusión sobre multiculturalidad "es una discusión en la que nos perdemos para bien y para mal, y sobre todo, yo diría que para mal", aseveró. A su juicio, discutiendo para la diferencia cultural, se olvida que ésta no es lo importante, "lo importante es la situación de desigualdad entre las personas, entre los grupos sociales, entre las naciones y entre los Estados", afirmó.

    Para Javier de Lucas, "el discurso más importante es cómo dar medios para superar la desigualdad, cómo dar herramientas para que tengan garantías de un trato y un disfrute igualitario de los bienes y de los recursos, empezando por los derechos".

    De Lucas, planteó la pregunta sobre la gestión de la diferencia cultural. "La exigencia de gestionarla, es de exigencia de respeto a la igualdad en los derechos y a la inclusión de todos, en términos de igualdad y acceso al poder", aseguró.

    También se refirió a cómo se gestiona la noción de integración y de tolerancia. "He tratado de hacer ver que las vías de soluciones están más bien en el reconocimiento de derechos políticos plenos en condiciones de igualdad".

    Al final de la conferencia, se abrió un debate, tras el cual se entregaron los diplomas a los participantes en el curso de formación de la Asociación Al-Khaima.

    Nueva campaña para endurecer la Ley de Responsabilidad Penal del Menor (LO 2/00)



    Estamos asistiendo a una nueva campaña mediática sobre la llamada delincuencia juvenil, aprovechando de manera indecorosa los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días, en los que dos niñas han sido violadas por otros menores de edad. Sin ninguna duda lo primero es atender a estas niñas víctimas de la más salvaje de las agresiones. Las autoridades púbicas tienen o deberían tener la obligación de dar asistencia psicológica, sanitaria, social y legal tanto a las niñas afectadas como a sus familiares. Esto es una prioridad máxima, y que debe prolongarse en el tiempo todo lo que sea necesario, y de manera totalmente gratuita.

    Sin embargo, el morboso circo mediático que se está montando sobre estos horribles sucesos en nada beneficia a las víctimas. Todo lo contrario, sólo sirve para prolongar la vivencia en el tiempo del suceso facilitando así la aparición de un fuerte estrés postraumático. Pero también sirve para generar entre la población sentimientos de indignación y miedo, creando artificialmente una interesada alarma social que no se corresponde con la realidad, seguramente con espúrios objetivos que nada tienen que ver con el bienestar de las víctimas.

    Varias cosas llaman la atención en las noticias que aparecen en los medios de comunicación. Para empezar, las víctimas son presentadas como niñas (lo que son), mientras que a los presuntos agresores se les niega la niñez refiriéndose a ellos como menores (aunque tengan la misma edad que las víctimas). Además, aquello de la presunción de inocencia (tan cacareada por ejemplo en los casos de corrupción política) parece haber desaparecido, a favor de titulares tan amarillistas como "salvajes con cara de niño", aparecidos en la prensa incluso antes de finalizar las investigaciones policiales e iniciarse las periciales y judiciales. Dirigentes políticos como Rajoy se han permitido el lujo de insultar públicamente a los presuntos violadores durante mítines políticos, sin tener en cuenta que no ha habido juicio y que se trata de menores de edad.

    Pero nada de esto es de extrañar, ya que estos lamentables sucesos le han venido como anillo al dedo a ciertos sectores políticos cavernícolas, y no han perdido el tiempo en volver a la carga con la reaccionaria idea de la mano dura, rebaja de la edad penal y endurecimiento de las penas. Parece ser que el PP tiene especial interés en encarcelar a los niños, contra más jóvenes mejor. Igual es que tienen amigos muy interesados en aumentar la clientela de los reformatorios privatizados (según Carmen Orland, jueza titular del Juzgado de Menores de Sevilla que está llevando el caso de Isla Cristina, "se están haciendo multinacionales de tratamientos de menores porque aunque tienen que ser entidades sin ánimo de lucro, de hecho, son negocios. Todo esto es un tinglado").
    En este punto, recordamos que esto no es nuevo. En la campaña de las últimas elecciones generales, Rajoy ya prometió rebajar la edad penal a los 12 años. No sabemos si tiene algo que ver el hecho de que Manuel Pizarro, número dos de la candidatura del PP, participe de los beneficios que da la reclusión de menores, como socio fundador de la Fundación O´Belen. Esta aberración (tanto la rebaja de la edad penal como el hecho de intentar centrar el debate político en los niños, azuzando demagógicamente miedos primarios) ha sido duramente contestada, tanto por los movimientos sociales y las asociaciones de derechos humanos y de la infancia, como por expertos educativos, psicológicos e incluso desde el mundo del derecho. Gabriela Bravo, fiscal de menores de Valencia, afirmó que la propuesta de Rajoy "crea un alarmismo que no obedece a la realidad y que sólo sirve para aupar el ánimo vindicativo de la sociedad. Son casos tan excepcionales que no puedo entender por qué se plantea cambiar la legislación para rebajar la edad penal. Es una barbaridad. No existe tal problema de menores de 14 años que cometan este tipo de delitos".

     
    Para Félix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial, "es una propuesta absurda y populista, que pretende hacer parecer lo que no es. No hay un problema de orden público con los menores de 14 años. La mayor parte de los delitos cometidos por debajo de esa edad son bajadas de canciones de Internet".

    La realidad es tozuda, y demuestra que al contrario de lo que inducen a creer la mayoría de medios de comunicación y las declaraciones de los portavoces de la derecha, los índices de delincuencia juvenil han decrecido en los últimos años. Y observando el tipo de delitos cometidos por los menores de edad en nuestro país, queda claro que la inmensa mayoría son delitos de carácter social, vinculados directamente a la miseria y la marginación social que sufren miles y miles de niños y niñas en el estado español. Según datos del propio Ministerio de Interior (año 2000), del total de niños condenados, sólo el 0.28% lo ha sido por asesinato y/o homicidio, y el 1.25% ha sido condenado por delitos contra la libertad sexual (lo que incluye condenas por violación, pero también por otros delitos relacionados con la libertad sexual). Por contra, el 75.33% de los menores condenados han cometido delitos contra el patrimonio (es decir, delitos de carácter social). Lo que se deduce de estos datos, es que la solución nunca podrá pasar por aumentar las medidas represivas de corte carcelario, que ya de por sí son extraordinariamente duras e injustas (con la Ley del Menor, no sólo se juzga el delito, sino también la condición vital del niño: ante un mismo delito, se encarcela o no al niño según la cuenta corriente de sus padres y demás condicionantes sociales, de los que obviamente el niño no es responsable).

    Con este artículo no pretendemos restar importancia a los graves hechos que han ocurrido. Simplemente intentamos arrojar luz sobre la realidad de la llamada delincuencia juvenil y sobre la Ley del Menor. A su vez, no podemos sino también desmentir que los chavales presos vivan en una especie de "campamentos de verano", imagen interesadamente distorsionada por los medios de comunicación. Los reformatorios son cárceles, con la misma función punitiva (a pesar de las declaraciones de intenciones educativas) y además convertidas en un negocio privado. Incluso aquellos que niegan los malos tratos, reconocen que "los centros de internamiento, son sitios muy duros, donde se intenta reeducar a costa de mucha imposición y de mucho trabajo" (declaraciones de Carmen Orland).

    COLECTIVO NO A O´BELEN
    www.noaobelen.com

    sábado, julio 25

    «Los menores tienen que ser tratados como menores». diariovasco.com


    Los expertos Elena Arce y Luis María Naya abogan por la educación para prevenir y tratar la delincuencia infantil y rechazan endurecer la ley

    25.07.09 -

    «Los menores tienen que ser tratados como menores»
    Elena Arce y Luis María Naya /USOZ

    DV. Los actos violentos cometidos por menores han reabierto la controversia sobre la respuesta legal que merecen. La semana pasada un grupo de chavales violó a una niña de sólo 12 años en Isla Cristina, Huelva. Varios de ellos no serán imputados porque tienen menos de 14 años, el límite que establece la Ley del Menor para exigir responsabilidades. Las voces que piden el endurecimiento de esta norma se han multiplicado. ¿Qué es lo que hay que hacer?
    Para Luis María Naya, profesor de Educación Comparada de la UPV, y Elena Arce, asesora legal del Defensor del Pueblo, la solución radica en la educación y no tanto en una modificación de la ley. Tanto para los menores no acompañados como para los que sí están tutelados por sus familias. Ambos expusieron sus argumentos tras participar ayer en los Cursos de Verano de la UPV que se están celebrando en el Palacio de Miramar de Donostia.
    Uno de los primeros en movilizarse ha sido el Partido Popular, que en septiembre pedirá en el Parlamento una reforma de la ley para «proteger a las víctimas más vulnerables» y para «acotar la impunidad» de los chavales delincuentes. Naya se muestra completamente en desacuerdo con esta idea: «Nunca abogaría por que se aplicaran penas adultas a un niño ni por que se endurecieran las medidas». «Un menor es un menor -añade- y tiene que ser tratado como tal porque está en proceso de desarrollo».
    Y ¿qué hacer con los niños que cometen delitos de suma gravedad? La jurista Elena Arce observa que se trata de una cuestión «muy delicada», y plantea que «habría que tratar cada caso concreto y ver cómo se soluciona el problema». Ambos son contrarios al castigo y apuestan por juzgar a estos menores bajo el prisma de la reinserción y la educación. Precisamente las medidas educativas que toman las instituciones en estos casos es lo que cuestiona Elena Arce. «Hay recursos suficientes y creo que habría que emplearlos de otra de manera», señala. Naya camina en la misma dirección: «Estos niños necesitan una educación más personalizada y puede que los educadores no estemos lo suficientemente capacitados para dársela».
    El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, quien también participó en los cursos, aportó un dato relevante: el Estado destina 3.800 euros al mes por cada niño no acompañado. «Parece que se emplean los recursos necesarios para que tengan una buena atención», sin embargo, «lo que se pone encima de la mesa es cómo se gestionan esos recursos si no se consiguen resultados óptimos», explica Arce.
    Desde el Defensor del Pueblo se quiere «combatir» cualquier atisbo de racismo, apunta Arce. Naya se muestra de acuerdo con esta idea y señala que «hay mucha estigmatización y puede derivar en xenofobia. La sociedad debe comprender que la reincidencia es muy baja y que únicamente reincide un grupo determinado», apenas un 13,9%.
    No puede cesar la tutela
    Además, la ley recoge que «hay que proteger a los menores no acompañados, porque son menores y están en desamparo». «No hay otra solución», concluye Arce. Respecto al cese de la tutela por parte de las instituciones, la jurista se muestra también contundente. «No se puede cesar la tutela en ningún caso. El Estado debe hacerse cargo, así lo marca la ley». «No me sirve de excusa -señaló- que el menor se haya escapado del centro, un pretexto que he escuchado. Esto es igual que si yo tengo un hijo que se va una noche de casa y hace fechorías y entonces reniego de él y no me hago cargo. No es de recibo».
    «Hay que trabajar por una solución duradera al problema y eso va aparejado con su permanencia en España», destaca la asesora que sólo concibe la repatriación «si se va a asegurar la reagrupación familiar del menor de forma adecuada». En 2007 llegaron a España 5.408 menores no acompañados y se llevaron a cabo 23 repatriaciones. El año siguiente las repatriaciones se redujeron a más de la mitad y fueron trasladados de nuevo a su país de origen 11 niños. «El interés del menor es lo único que debe primar», concluye Arce.

    viernes, julio 24

    El difícil camino de la repatriación. Subdelegación en Guipúzcoa no prevé repatriar a menores conflictivos

    2 articulos
    http://www.diariovasco.com/20090720/al-dia-local/dificil-camino-repatriacion-20090720.html
    El difícil camino de la repatriación

    Las dificultades burocráticas hacen casi imposible el reagrupamiento del menor con su familia en el país de origen

    20.07.09 -F.S. DV.| SAN SEBASTIÁN.

    El reagrupamiento del menor con su familia en el país de origen es una medida contemplada en el reglamento de Extranjería. Sin embargo, en la práctica es un camino casi imposible. Al menos, así lo señala el director foral de Infancia. «La repatriación compete al Gobierno central, pero así como a nosotros se nos exige el respeto íntegro de la ley, otras instituciones no cumplen con su parte».
    Insausti añade que la Diputación «está pidiendo insistentemente que se cumpla, en especial con aquellos menores que han agotado las posibilidades educativas que se les ha ofrecido. Facilitamos todos los datos que puedan posibilitar el reagrupamiento, incluido el domicilio de la familia del menor en Marruecos, pero quienes tienen que continuar con el caso no lo hacen». No obstante, la Diputación prevé que «en breve» un menor muy conflictivo sea repatriado.
    Desde la Fiscalía reconocen la dificultad de las repatriaciones. «Es una competencia de la Delegación del Gobierno. De todas formas, no es frecuente que se produzca. Normalmente -añade esta fuente- se trata de menores que vienen de países con una mala situación, donde los servicios sociales no están estructurados como en España. Tampoco es fácil localizar a la familia. Además, el reagrupamiento está condicionado a que no haya razones humanitarias que lo desaconsejen». A estas pegas, la Fiscalía añade que los menores «no tienen interés en facilitar los datos familiares. Se van de allí buscando una vida mejor».
    Peio Aierbe se muestra muy crítico con las repatriaciones. «Sólo sirven para quitarnos temporalmente el problema de encima. Y para que aumente el número de niños que mueren al intentar, una y otra vez, volver a la península. Pero ni es legal, ni es ético».
    El miembro de SOS Racismo añade que «no podemos condenar a unos niños que lo que necesitan es ayuda para ser educados y poder salir adelante en la vida».
    Condiciones adecuadas
    Gueye explica que «todos sabemos que para repatriar a un nacional de un tercer país se deben dar muchos factores que con los menores son difíciles de conseguir. Al contrario de muchos profesionales y defensores de los derechos de los menores -añade el jurista- no estoy en contra de una repatriación si se pueden dar en el país de origen condiciones para que el desarrollo personal del menor se haga en las mejores condiciones, siempre respetando la normativa vigente».
    Gueye quizá acierta en la clave del problema cuando señala que aunque a veces podamos ver a algunos de estos chavales «como auténticos monstruos, no olvidemos que son menores de edad a todos los efectos. En ninguna cabeza cabe que un menor de edad pueda ir y venir a su antojo, trasnochar, o más grave, vivir en un hotel o una pensión sin obligación de rendir cuentas a nadie, drogarse, fumar y delinquir».
    Con este comportamiento, añade el asesor de Cáritas, cualquier padre «correría el riesgo de ver peligrar la custodia de los hijos. Así que pongámonos todos manos a la obra...».

    http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Subdelegacion/Guipuzcoa/preve/repatriar/menores/conflictivos/elpepuespvas/20090721elpvas_16/Tes
    La Subdelegación en Guipúzcoa no prevé repatriar a menores conflictivos

    KARIM ASRY - San Sebastián - 21/07/2009

    La Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa explicó ayer que no ha recibido ningún expediente para repatriar a algún menor conflictivo marroquí y recalcó que en estos casos la medida de devolverlo a su país no depende del número de delitos cometidos, sino que sólo puede tomarse "pensando en el interés superior del menor". El diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, afirmó el pasado domingo en una entrevista con EL PAÍS: "Para los casos extremos estamos impulsando la repatriación, y espero que en breve plazo consigamos que se produzca con un caso especialmente grave".

    "A la Subdelegación no le consta ningún expediente en este sentido", afirmó a este periódico una portavoz. "En todo caso, la ley sólo prevé que el reagrupamiento familiar se haga por el bien del menor y no por su conducta delictiva", añadió.

    El ente foral, Eudel y las Juntas Generales de Guipúzcoa han solicitado un cambio legislativo para que los menores considerados "irrecuperables" sean reenviados a sus países de origen. También solicitaron el establecimiento de cupos por territorios para que las administraciones que creen recursos para atenderles no se vean desbordadas por el efecto llamada. La Subdelegación respondió entonces que establecer cupos sería "muy problemático" debido a que la competencia en materia de menores desprotegidos es "exclusiva" de las comunidades autónomas, y de las diputaciones en el caso de Euskadi.

    "Además, abrir un debate sobre los cupos pudiera suponer que, con la misma reflexión, alguien pretendiera extenderla no sólo a los menores sino también a los mayores, donde el País Vasco es, comparativamente con otras comunidades, quien tiene menor número de extranjeros", añadió en su respuesta.

    miércoles, julio 22

    M. M. | BADAJOZ

    «A un chaval de 12 años no hay que darlo por perdido, hay que
    trabajar con él»
    «En casos de chicos que delinquen se puede quitar la custodia a los padres»

    Julio López Ordiales no cree que la solución al problema de los
    menores que delinquen sea rebajar la edad de responsabilidad penal.
    Como fiscal dedicado a asuntos de menores en Badajoz aboga por
    trabajar más en la educación de esos niños y estar más atentos a
    aquellos que tienen problemas dentro del ambiente familiar.
    -¿Qué impresión le causan las noticias sobre las dos agresiones
    sexuales a niñas que se han producido en Andalucía?
    -Pienso que la gravedad de las agresiones de menores ha ido en
    aumento. Y el ambiente lo propicia. El hecho de que estén en la calle
    a la una o las dos de la madrugada, sin adultos cercanos llama la
    atención. Hay cierto descontrol.
    -¿Cuántas agresiones sexuales de menores se producen en Badajoz?
    -Muy poquitas. Ahora mismo creo que hay un caso de hace varios meses.
    Pero no hay excesivos asuntos de este tipo, afortunadamente, y menos
    de grupos de niños que agreden a una niña que además es deficiente.
    Aquí no ha habido ninguno.
    -A los ciudadanos les llama la atención el hecho de que los niños
    menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, por lo que pueden
    irse a su casa sin castigo.
    -La mentalidad de un niño de 13 no es la misma que la de uno de 16.
    Hay que poner un límite en esa responsabilidad. A partir de los 14
    años se toman medidas de carácter penal y hasta los 14 se toman
    medidas de carácter protector, que pueden ser incluso judiciales.
    Puede aconsejarse, por ejemplo, separar a un niño de su entorno
    familiar y asumir una tutela por las instituciones. Es apartarlo del
    ambiente que ha provocado esa situación. Está claro que el niño falla,
    pero en su casa también falla algo muy grave. No es normal.
    Falta de valores
    -¿Bajar la edad de responsabilidad penal de los 14 años arreglaría algo?
    -No. El derecho penal no soluciona nada. Aquí hay un fracaso del
    sistema educativo. No tienen valores de respeto. Es necesario que se
    les dé una escala de valores.
    -¿La solución es más educación, tratamientos psicológicos?
    -En general es necesario recuperar las figuras de la autoridad, del
    maestro, de la familia. Pero se ha perdido ese control. No es normal
    que una niña esté sola en la calle a la una y media de la madrugada.
    Lo que suele ocurrir es que los fracasos en el sistema de protección
    de menores terminan en la delincuencia. Son muy importantes las redes
    de asistentes sociales, de educadores de base, que conocen las
    situaciones problemáticas. Los problemas de descontrol de un niño hay
    que valorarlos para ver si es preciso que actúen las instituciones. Si
    con 12 años están mal, hay que tomar medidas, que pueden llegar a
    quitarle la tutela a los padres si se considera que es lo más
    adecuado.
    -¿Se puede recuperar a estos chicos que han cometido delitos a una
    edad tan temprana?
    -No hay que dar a nadie por perdido. Con un chaval de 12 o 14 años hay
    mucho tiempo para trabajar. Está en la etapa de desarrollarse. No es
    fácil que salga bien, porque las conductas aprendidas son muy fuertes.
    Pero se pueden cambiar. Hay que trabajarlo. Existen instituciones que
    se dedican a ello y que lo hacen muy bien. Más que pensar en rebajar
    la edad penal hay que reforzar las áreas de protección y familia. El
    interés que hay que proteger es el del niño.
    -¿Son adecuadas las penas para los chicos de 14 a 18 años?
    -Es cierto que son menores que las de los adultos. Y hay quien se
    queja. Lo que pasa es que el internamiento de los menores es más
    intenso. Un adulto puede estar veinte años en la prisión y si no
    quiere no participa en nada. Nadie le obliga. Pero en un centro de
    reforma obligan al menor a ir a clase, a participar en actividades. Se
    está encima de él.

    http://www.hoy.es/20090722/badajoz/bajar-edad-penal-menores-20090722.html

    Los juristas asturianos rechazan rebajar la edad penal a los 12 años - Tema del día - www.lavozdeasturias.es

    22/07/2009 C. GARCIA/ AGENCIAS

    La violación múltiple de dos niñas en Huelva y Córdoba en la que participaron menores de 14 años reabre el debate sobre la imposibilidad de castigar a estos infractores y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de modificar la Ley del Menor para que se les pueda juzgar como a un mayor de edad e imponer penas de cárcel que, con la legislación actual, no se puede.

    En otros países europeos sí se ven menores de diez años sentados en el banquillo de acusados. Es el caso de Inglaterra donde, con ocho años, explica el abogado ovetense Ramón Mijares, ya puedes ser objeto de una sanción penal. Y, aunque a juicio del decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Enrique Valdés, una persona a esa edad es indiscutible que es un "niño" entiende que "hay que poner el límite". Pero para decidir dónde está ese límite la mayoría de expertos precisan que no debe hacerse en "caliente" y "a golpe de telediario".

    El fiscal de Menores de Asturias, Jorge Caldevilla, no es partidario de revisar la edad penal de los menores pero sí de permitir la apertura de un procedimiento judicial a partir de los 12 años para conseguir un doble objetivo: "la protección de las víctimas y su resarcimiento y supervisar las medidas de carácter educativo y protector respecto a los autores de los hechos". Explica que hoy por hoy por debajo de los 14 años no es posible aplicar medidas punitivas a los menores. "Lo único posible conforme a la ley es dar traslado a las autoridades administrativas encargadas de la protección de menores para que adopten las medidas oportunas". Y explica que debe de analizarse qué tipo de educación está dando la sociedad a un menor. En el caso de Asturias, Caldevilla recuerda que sí ha habido agresiones sexuales pero, en ningún caso, de menores de 14 años. En cuanto a homicidios, en lo que va de año, se han registrado dos con menores, algo excepcional ya que en la última década sólo se habían registrados otros dos casos.

    Agustín Azparren, de la Audiencia Provincial y representante del Foro Independiente Judicial (FIJ), defiende la eficacia que ha tenido la ley porque "ha conseguido reducir la delincuencia y evitar, en el 90% de los casos, que vuelvan a delinquir. Por eso entiende que el problema está en los casos más graves y es ahí donde hay que hacer "una excepción" y aplicar otras medidas. Y, aunque no entrar en valorar cuáles serían las oportunas, sí puntualiza que aplicar medidas con carácter general perjudicaría a una ley que funciona bien. El abogado ovetense, Ramón Fernández-Mijares, tiene claro que casos como los de Andalucía no pueden quedar impunes y precisan una respuesta penal. En este sentido, el decano de Oviedo, Enrique Valdés, entiende que se reabra el debate y apoya que se trate con expertos porque "no sólo se trata de un problema penal sino también educativo y es cuando la educación no es suficiente cuando debe aplicarse la represión".

    Pero, qué opinan las víctimas? La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales de Andalucía (Amuvi) apuesta por someter tanto a los menores responsables de un delito de agresión sexual como a sus familias y su entorno a una intervención y control para incidir en la reeducación de los mismos, ya que hechos de este calado demuestran que "la vida que estos jóvenes han tenido no ha sido lo suficientemente formativa". Por ello, más que rebajar la edad penal para que los menores de 14 años puedan ser castigados penalmente, abogan por una "intervención familiar y una reeducación de los menores y su entorno".

    ESCASEZ DE CENTROS Desde que saltaron a la luz pública las agresiones sexuales, políticos y profesionales del Derecho proponen diferentes medidas para mejorar la ley. Pero la solución no está sólo en el Código Penal. Distintas asociaciones de fiscales advierten de la escasez de centros para menores infractores en España y denunciaron que la Ley del Menor, "cuya reforma debe plantearse en frío", no cuenta con los medios suficientes para su aplicación efectiva.

    El portavoz de la Asociación de Fiscales, Guillermo García Panasco, destacó que, más allá del debate sobre la reforma de la legislación, "lo que necesita la Ley del Menor son más medios para que verdaderamente pueda aplicarse".

    García Panasco recalcó que no hay suficientes centros de menores en España y que los existentes, en algunos casos, no cuentan con "instalaciones adecuadas y profesionales cualificados" para atender la problemática de estos chicos. "No es tanto un problema de la Ley como un problema de medios", aseveró.

    El portavoz de esta asociación considera que el debate ahora no debe ser la posible rebaja de la edad penal del menor, porque la modificación de las leyes en sí misma no resuelve los problemas, si no las causas que han llevado a estos menores a cometer estas agresiones sexuales. De este modo, apuntó que "no se puede echar la culpa" a las leyes cada vez que ocurren este tipo de casos y tildó de "insensato pensar que una reforma legislativa va a acabar con estos hechos". García Panasco pidió revisar qué falla para que se den estas situaciones, bien se la familia, la escuela, la educación, los medios de comunicación o la sociedad.

    Por su parte, la portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Silvia Albert, también hizo hincapié en "la generalizada falta de medios" y en el "insuficiente" número de centros, competencia transferida a las comunidades autónomas. Asimismo, igual que su compañero pidió que la reforma se haga "tras un periodo de reflexión, con calma y sosiego y sin intereses políticos de por medio". Pese a ello, su asociación es partidaria de responder a los casos más graves de una manera "mas dura" que la actual.

    martes, julio 21

    Pasar hambre en medio de Barcelona. 30 menores migrantes se manifiestan en St Jaume

    http://www.elpais.com/articulo/espana/Pasar/hambre/medio/Barcelona/elpepuespcat/20090715elpepunac_12/Tes

    REPORTAJE

    Pasar hambre en medio de Barcelona

    Una treintena de inmigrantes de unos 18 años reclama a la Generalitat que no les deje en la calle

    BERTRAN CAZORLA - Barcelona - 15/07/2009

    Abdallah Fall ha estrenado su mayoría de edad sufriendo en las calles de Barcelona algo que no había vivido nunca en su país de origen, Senegal. "Paso hambre, duermo en la calle, me roban, y empiezo a hablar solo", se lamenta. Vive así desde el 6 de junio pasado. El día anterior, cumplió 18 años, y por lo tanto tuvo que abandonar el centro de acogida de la Generalitat donde vivía hasta entonces. Sin papeles, sin trabajo, y sin perspectivas. Él y dos decenas de compañeros subsaharianos en situaciones similares se han manifestado esta mañana en la plaza de Sant Jaume, frente al palacio de la Generalitat, para reclamar que la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), el ente autonómico encargado de ayudar a menores en situaciones difíciles, no les abandone a su suerte.

    De hecho, el Síndic de Greuges ya denunció en febrero pasado "la existencia de irregularidades en los procedimientos de atención a los menores" inmigrantes por parte de la DGAIA. El defensor del pueblo catalán consideró entonces que este organismo no puede basarse en unas dudosas pruebas que determinan la edad de los chavales examinando sus huesos para determinar su edad. "Unas pruebas médicas que proporcionan únicamente un grado de aproximación a la edad real de los sujetos no pueden tener más valor que los documentos administrativos", advertía el Síndic entonces. En vano. Los educadores del Casal dels Infants del Raval, una asociación a la que acuden a algunos de estos chavales, denuncian que la DGAIA sigue creyéndose más estos informes, que tienen un margen de error de dos años, que los pasaportes guineanos y senegaleses de los inmigrantes.

    Además, denuncian que el caso de Abdallah no es aislado. No es extraño que algunos jóvenes se queden en la calle y sin recursos cuando ya no pueden estar en los centros de acogida. "Son chavales con ganas de hacer cosas, de trabajar, y de esta forma corren el riesgo de caer en la indigencia", lamenta Ismael Palacín, de esta entidad, que pide a la administración que atienda a estos adultos jóvenes dentro de sus programas de atención a menores ex tutelados.

    La situación de los jóvenes subsaharianos que aún no han cumplido los 18 años no es tan precaria, pero tampoco es tranquilizante, asegura Mustafá Baldé, de 17 años. Relata que él duerme en el centro de acogida ALCOR, donde sólo puede acudir por la noche y que tiene que abandonar durante la madrugada. "Duermo mal, no siempre me ducho, y tengo sueño durante todo el día", se queja Mustafá, que añade que así le es más difícil seguir la formación profesional que está realizando en un hotel.

    Palacín asegura que la administración autonómica ya se ha comprometido a realizar algunas mejoras, pero su entidad sigue reclamando un protocolo que establezca con claridad qué puede hacer y qué no puede hacer la DGAIA con estos menores. "Así evitamos arbitrariedades como que un funcionario de la administración decida no reconocer un pasaporte extranjero, o que se determine a ojo la edad de un chaval", se confía. En su resolución de febrero, el Síndic ya reclamó un protocolo de actuación.

    Mientras tanto, los jóvenes siguen pidiendo que no se les abandone, y que mejoren sus condiciones en los centros. "Vine aquí a trabajar y ganar dinero, y me encuentro mucho peor que en Senegal", se queja Abdallah.
    Abdallah Fall, uno de los manifestantes ante la Generalitat

    Abdallah Fall, uno de los manifestantes ante la Generalitat

    Abdallah Fall y otros 24 inmigrantes subsaharianos se han manifestado para reclamar que la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) no les abandone a su suerte- JOAN SÁNCHEZ - 15-07-2009

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    DRARI دراري Haurren Eskubideen Aldeko Ikerketa Ekintza Partaidetza Kolektiboa
    Collectif DRARI دراري de Recherche et d'Action Participative pour les Droits de l'Enfant
    Collective DRARI دراري of Participative Investigation Action by the Rights of the Child

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    La Administración genera marginalidad entre los menores.

    Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

    Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

    La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

    Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

    Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

    En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

    El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

    En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

    Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

    En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

    Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

    RECOMENDACIONES

    I. DE CARÁCTER GENERAL

    1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
    2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

    4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
    5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
    dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
    programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
    6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

    7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

    9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

    10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
    atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
    11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
    12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
    o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
    o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
    o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
    o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
    o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
    13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

    II. ESPECÍFICAS
    15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

    16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
    trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
    20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

    22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
    23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
    25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
    26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

    28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

    30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

    31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
    (...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
    En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
    artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

    33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

    34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

    35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

    36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
    37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

    38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
    rehabilitador en cada menor.

    39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
    Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
    40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
    El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
    Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
    las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
    Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
    41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
    descrita en el reglamento de régimen interno.
    42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
    o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
    43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

    46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

    48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

    49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

    51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
    54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

    56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
    57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

    II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

    II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
    Noviembre-09 ASTURIAS

    2 Diciembre

    DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

    Introducción

    En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
    Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
    Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

    La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


    Principios de actuación

    VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

    1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

    2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

    3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

    4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
    Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

    5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

    6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

    7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

    8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

    9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
    responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

    Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

    10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
    Octubre de 2006