martes, septiembre 29

Centro de Menores de Deba ( Gipuzkoa) ¿Y fiscalía?


28 septiembre 2009 -

El Ararteko acaba de hacer pública una Resolución sobre el Centro de Deba, que culmina la investigación realizada a partir de la queja elevada por SOS Racismo.
El contenido de la misma no deja lugar a dudas sobre la no adecuación del mismo a lo que señala la normativa y la responsabilidad de la Diputación Foral a la hora de enmendar dicha situación.
Sin embargo, desde SOS Racismo nos parece importante señalar la ausencia clamorosa en toda esta situación por parte de Fiscalía. El Ararteko está haciendo su trabajo, lo que le honra. Pero sus resoluciones, pese a ser muy importantes por la legitimidad y autoridad moral de dicha institución, tienen una eficacia limitada dado que no pueden ir más allá de recomendaciones a la Administración para que adecue sus actuaciones a la legalidad. En cambio, quien sí tiene potestad para obligar a la Administración a que respete los derechos de los menores, es Fiscalía, que tiene además la obligación por ley de fiscalizar dicha actuación.
Pues bien, Fiscalía cuenta con la misma información, por parte de SOS Racismo, que la que hicimos llegar al Ararteko. Hemos seguido, a lo largo de estos meses, haciéndole llegar sucesivas incidencias que avalaban nuestras denuncias. Diputación ha persistido en su actuación. ¿Entonces?
Como de muestra sirve un botón citaremos un ejemplo que nos parece clarificador. Diputación, como indica la Resolución del Ararteko,“no ha tenido en cuenta el interés superior de varias menores derivadas a dicho Centro y que han acabado abandonándolo, lo que las coloca en situación de especial vulnerabilidad frente a todo tipo de agresiones de que pudieran ser víctimas, y en particular frene a la explotación sexual prevista en el art. 188 del Código Penal”.
Fiscalía es conocedora de esta situación al menos desde finales de junio, en que le hicimos llegar la información que teníamos al respecto en SOS Racismo. Pedíamos, además, su intervención para que una de estas menores pudiera contar con un recurso de acogida normalizado, que no fuera Deba, lugar al que tenía pánico de volver. Volvimos a hacer esta petición en entrevista con Fiscalía en el mes de agosto. Lo reiteramos nuevamente el pasado 16 de septiembre. Silencio. Mientras tanto, dicha adolescente afronta los riesgos que se derivan de estar en desamparo, encontrando cobijo hoy aquí, mañana allí. ¿Cómo es posible que Fiscalía sea insensible, y lleve tres meses sin resolver una situación urgente? ¿A qué estamos esperando? Para SOS Racismo esta no actuación es una dejación de funciones. Y no nos parece de recibo las respuestas tipo “hemos solicitado a Diputación información”...
Entendemos que la actuación de Diputación que refleja la resolución del Ararteko sólo es posible a partir de la no intervención de Fiscalía. De ahí que entendamos que también Fiscalía tiene que sentirse concernida por la Resolución del Ararteko y actuar con celeridad resolviendo la situación. Insistimos, resolviendo, no recomendando, pues tiene potestad para ello.
Peio M. Aierbe SOS Racismo

Fuente: Mugak

COMUNICADO SOS RACISMO: Resolución del Ararteko sobre el Centro de Menores de Deba (Gipuzkoa)

25 septiembre 2009 -

Como respuesta a la reclamación presentada en su día por SOS Racismo, el Ararteko ha dictado una resolución, con fecha 14 de septiembre, en cuyas conclusiones puede leerse: “... las condiciones en las que se ha gestionado el Centro Oilur de Deba y el programa especializado desarrollado en él hasta la fecha no han respetado debidamente los derechos reconocidos a los menores de edad en la Ley vasca 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y adolescencia, particularmente el derecho a la educación y el derecho a ser oídos, ni se han cumplido las previsiones del Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y adolescencia en situación de desprotección social. En consecuencia, la Diputación Foral de Gipuzkoa debe adaptar el programa a la mayor brevedad a las previsiones normativas.”
El Ararteko constata que “el programa que se desarrolla en el Centro Oilur de Deba no había previsto ninguna actividad, ni formativa, ni educativa, ni terapéutica, ni de tiempo libre. ... El perfil del personal contratado, las bajas y ceses de trabajadores, la inexistencia de tutores de referencia para los menores... no se corresponden con las previsiones que deben anteceder la puesta en marcha de un programa de estas características. ... No se cumple, por tanto, la previsión de una intervención de carácter intensivo e integral, de orientación socio-educativa y/o terapéutica centrada en el área personal”.
La resolución señala también que “En cuanto a la decisión de derivar al Centro Oilur de Deba a varias chicas menores ... no es una decisión que haya sido tomada en interés superior de dichas menores. ... La atención a adolescentes de ambos sexos requiere de medidas específicas, como es personal femenino entre el personal educativo, y de ámbitos de privacidad que no observamos en las visitas que hicimos al recurso. ... La derivación al Centro de Oiur sin escucharlas y sin aplicar la normativa prevista ... no es una decisión en interés superior de ellas. Estas adolescentes al poco tiempo abandonaron el recurso, lo que las coloca en situación de especial vulnerabilidad frente a todo tipo de agresiones de que pudieran ser víctimas, y en particular frente a la explotación sexual prevista en el art. 188 del Código Penal.”
En la resolución nos parece también particularmente significativo el cuestionamiento que hace el Ararteko sobre el procedimiento seguido por Diputación para cesar la tutela de los menores. El Ararteko afirma que “el cese de tutela por la desaparición del menor no está previsto en la normativa. ... El abandono del recurso no es un motivo de cese de la tutela.” Es más, resulta revelador que “A juicio de esta institución hay una conexión entre el abandono del Centro de Oilur de los menores destinados a Deba y las condiciones en que se ha puesto en marcha este programa”. Y continúa: “La puesta en marcha del Centro de Oilur ha tenido una serie de consecuencias, por sí mismas indicativas de los resultados del programa: se ha cesado la tutela a, al menos, 20 menores; se han abierto numerosas diligencias policiales por fugas, robos y otras actuaciones delictivas protagonizadas por estos jóvenes... la imagen del colectivo se ha deteriorado...”
Y resulta también muy importante, en esta Resolución, la constatación de que “La existencia de personas menores de edad en situación de desamparo que llevaban un tiempo razonable tuteladas por la Diputación Foral de Gipuzkoa y que tras el traslado a Deba viven en la calle es muy preocupante para esta institución. ... El hecho de que se haya dictado una orden foral de cese de tutela no puede eludir su obligación con relación a los menores que se encuentran en Gipuzkoa en situación de desamparo. De ahí que las conclusiones adoptadas por el Ararteko concluyan de la siguiente forma: “No resulta admisible que haya menores en suelo guipuzcoano fuera de la atención y el control de la administración competente, en este caso la Diputación Foral de Gipuzkoa, porque ello contraviene lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”.
A la vista de esta Resolución del Ararteko, SOS Racismo se reafirma en las valoraciones y denuncias que venimos haciendo sobre el funcionamiento del Centro de Deba y pedimos a la Diputación que atienda las conclusiones que recoge la Resolución y ajuste su actuación a los derechos reconocidos en las leyes a los menores.

«Encauzar a los menores de Deba requerirá tiempo»


MOURAD KHOUKHI, MONITOR DEL CENTRO DE DEBA, Y JULIO PAZ, DIRECTOR

«Nos piden resultados a los dos días de abrir el centro, sin valorar que tratamos con chicos muy conflictivos. Necesitamos rodaje, no polémicas»
El centro de menores extranjeros de Deba se ha estrenado con polémica. Los chavales tutelados por la Diputación han protagonizado robos, altercados... Un rosario de detenciones. Sobre la cuestión han hablado políticos, alcaldes, ONG, ciudadanos, incluso alguno de los menores allí alojados. Todos, menos los responsables del centro. Su director y uno de los monitores dan por primera vez su versión sobre los hechos. Lanzan un mensaje claro: piden tiempo para encauzar a unos chavales que no dudan en calificar de extremadamente difíciles.

- ¿Qué tipo de menores están residiendo en Deba?
-J.P: Son chicos muy conflictivos. Han generado problemas en los otros recursos por los que han pasado. Han recorrido varios y en ninguno de ellos han permitido un funcionamiento normal. Los chicos que llegan a Deba tienen problemas de conducta. No aceptan las normas. Pretendemos que poco a poco vayan cambiando de actitud, que se incorporen a la sociedad.

- ¿Qué programa siguen?
- J.P: Se intenta trabajar la conducta mediante normas. El centro se ha abierto recientemente y estamos en un momento de pulso. El centro dispone de talleres, huertas... pero se pondrán en marcha cuando se estabilice la conducta de los chavales y controlemos las fugas. La primera labor es lograr estabilidad.

- Se suele criticar que los chavales pasan el día en la calle, que no hacen nada. ¿Es así?
- M.K: Hay que partir del hecho de que no aceptan normas. Les dices que tienen que limpiar cuando terminan de comer o realizar cualquier otra labor y no la aceptan. Nos dicen: 'Mi padre en mi país nunca me ha mandado, así que vosotros tampoco'. No aceptan las reglas y a veces nos agreden. En ocasiones, suben al monte y nos lanzan piedras. Si uno se descuida, le dan una paliza.

- ¿Si esta es la actitud, hay solución para estos chicos o estamos ante un callejón sin salida?
- J.P: No son irrecuperables. Hay que modificar la conducta, para que ese chaval pueda vivir en sociedad.

- Pero este cambio requiere un periodo largo...
- J.P: Efectivamente, necesitamos tiempo. Al principio, se mantiene un pulso. No aceptan las normas. Tienen que dar pasos poco a poco: fregar, mantener un orden dentro de la casa... Se trata de consolidar una pauta, una rutina, unos horarios. Poco a poco se va moldeando la conducta. El chaval se tiene que ir dando cuenta de que aquí no puede hacer lo que quiera. Debe asumir que hay normas. Este es un centro distinto. No se consienten malas conductas, no se permite una agresión a los compañeros, no se pasan por alto las obligaciones.

- ¿Van a entrar por este sendero, si están tan acostumbrados a pasar de todo?
- M.K: Eso esperamos. La sociedad nos tiene que dar tiempo. El centro está en rodaje. En Vizcaya tuvieron los mismos problemas que aquí. Hace dos años y medio abrieron un centro como el de Deba y la situación ha mejorado, pero necesitaron un tiempo para trabajar con los chicos. Aquí se nos piden resultados a los pocos días de empezar el programa, con el problema añadido de una polémica enorme, presión social, presión mediática... Lo primero que tenemos que pedir es que nos dejen trabajar.

- ¿A la hora de tener que enfrentaros a una actitud violenta, con qué límites legales os encontráis?
- J.P: El límite es la ley. Si un chico muestra un comportamiento violento hacia sí mismo, hacia sus compañeros o hacia los educadores, la respuesta es sujetarlo hasta que se tranquilice.

- ¿Disponen de alguna sala especial donde recluirlo?
- J.P: No. Se le aparta del resto y se le contiene en el suelo, para que la actitud no se contagie al resto. Esta contención puede durar mucho rato. Son situaciones muy muy duras.

- ¿Qué personal está en el centro en cada turno y a cuántos chicos atiende?
- J.P: El responsable y cinco educadores, más tres guardas jurados. Ahora hay 19 chavales.

- A la vista de los robos y otros delitos cometidos por estos chicos en diversos municipios, hay quien señala que el modelo de Deba ha fracasado...
- J.P: El centro se abrió el 16 de febrero y en los temas de intervención social no se puede esperar que las cosas funcionen un día después. Necesitamos un periodo de rodaje para que el equipo y los menores se asienten. En los pocos días que llevamos trabajando, estamos cumpliendo los objetivos. El equipo funciona bien y los menores van respondiendo. Hay que subrayar que la gran mayoría de los menores que se encuentran en otros recursos se benefician de la existencia del centro de Deba. Este recurso propicia que los 180 chavales repartidos en otros centros aprovechen las oportunidades. No están siendo amargados por los chicos más conflictivos. Al sacarlos de ahí, propicias que el resto funcione. Esto es lo importante.

- ¿Cuando les explicáis a estos chavales la oportunidad que tienen de estudiar, de aprender un oficio, qué os responden?
- M.K: No lo aceptan, aunque no todos los casos son iguales. Depende de la mentalidad de cada uno. Les hablamos uno a uno. En grupo es imposible. Siempre hay uno más rebelde, el líder, que contagia a los demás. Han estado en otros centros donde recibían dinero, cursillos... pero tampoco han sabido aprovechar la oportunidad. Todo lo contrario, han generado conflictos, han provocado un cierto rechazo social hacia nuestros pisos, también hacia los magrebíes sin distinción... Algunos están enganchados a la droga, al disolvente... se ponen fuera de sí.

- ¿Si el centro de Deba fuera cerrado, facilitaría vuestro trabajo?
- J.P: Se evitarían las fugas, pero estos chicos por ley tienen que estar en un centro abierto. No podemos retener a alguien que se quiere marchar.

- ¿Si os dieran la opción de que fuera cerrado, la aceptaríais?
- J.P: La ley no da esta opción. La ley lo que pretende es proteger a los menores, modificar la conducta, no encerrarlos. En Gipuzkoa disponemos de un centro cerrado, el de Zumarraga, pero corresponde al juez decidir qué chicos tienen que ir allí. La función punitiva no nos corresponde a nosotros. Lo que necesitamos es un centro aislado, tranquilo y tiempo para que los ciudadanos vean que el programa funciona.

- Veo cierto enfadados ante las críticas vertidas en los últimos días hacia su labor...
- J.P: Es verdad que hemos recibido críticas, pero nadie nos ha llamado para pedir nuestra versión. Hubiera sido mejor para todos que la gente que ha opinado sobre el centro, se hubiera informado de la situación de los menores. Qué menos que tener la dignidad de llamarnos y preguntarnos si era verdad lo que contaban los chavales. Mejor disponer de información veraz antes que lanzar soflamas fáciles, incendiarias y falsas.

- ¿Os referís a SOS Racismo?
- J.P: Me refiero a todos aquellos que han dudado de la profesionalidad de los educadores. Nos han acusado de ejercer malos tratos. Esto es aberrante. Ya no solo critican nuestra profesionalidad, sino también nuestra moralidad.

- ¿Queréis transmitir algún mensaje a los guipuzcoanos?
- J.P: Los ciudadanos deben estar tranquilos. La situación se irá relajando. Los chavales nos están echando un pulso. Tenemos que demostrarles que con una conducta violenta no se consigue nada.

- Sí pero, para el irreductible, para que el que no quiere saber nada de inserción ¿qué está previsto?
- J.P: La aplicación de la ley. Y ahí poco tenemos que decir.

- ¿De qué depende que un menor vaya al centro de cerrado de Zumarraga o no?
- J.P: El juez valora el tipo de faltas o delitos y si debe ir a Zumarraga. La acumulación de denuncias puede provocar que un chaval vaya a Zumarraga, pero depende del juez.
Fuente:http://www.diariovasco.com/20090404/al-dia-local/encauzar-menores-deba-requerira-20090404.html

DGAIA POSA EN RISC LA SALUT DE 57 INFANTS I ADOLESCENTS I DELS TREBALLADORS DE DOS CENTRES DE MENORS. MALTRACTAMENT INSTITUCIONAL GREU de la DGAIA Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

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comunicat premsa DGAIA POSA EN RISC LA SALUT DE 57 INFANTS I ADOLESCENTS I DELS TREBALLADORS DE DOS CENTRES DE MENORS. MALTRACTAMENT INSTITUCIONAL GREU de la DGAIA Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Generalitat de Catalunya.

Ahir dilluns 28/09/2009 hi ha hagut ingressats als hospitals del Mar i de St Pau de Barcelona un total de 20 menors i 1 educador dels centres Alberg Alcor i centre de dia El Bosc per evidents símptomes de grip.
A St Pau hi ha entre 6 menors, amb 5 casos diagnosticats de Grip A.
A l'hospital del Mar hi ha hagut 13 menors i 1 educador del Bosc, amb 5 casos diagnosticats de Grip A.

Els menors han estat atesos inadequadament per la DGAIA i els seus centres, passant moltes hores sols, havent-hi només un educador a cada hospital per a acompanyar-los, i sense ni tan sols preveure que els nens d'urgències havien de sopar.
La DGAIA, d'acord amb les empreses que gestionen els dos centres de menors, la Fundació Mercè Fontanilles i l'associació APIP, ha decidit tancar els menors no hospitalitzats, i els que vagin sent donats d'alta hospitalària, a l'Alberg Alcor, havent-hi de conviure en els propers dies menors sans, menors amb símptomes i menors amb la Grip A diagnosticada.
Ni els menors ni els treballadors dels centres tenen l'atenció, ni els recursos, ni la informació adequades per a portar la situació.

També s'ha donat l'ordre que no ingressi cap menor més en hospital i que els nous possibles casos seran atesos per urgències mèdiques a l'Alberg Alcor.

Hi ha el cas greu d'un menor, que pateix des de fa 4 mesos crisis d'ansietat i té diagnosticada una Asma bronquítica greu per la Clínica Plató, que la DGAIA ha decidit que continuï a l'Alberg Alcor convivint amb els altres menors amb símptomes i contagiats. Donada aquesta situació, el Col·lectiu DRARI ha posat el menor a disposició de la Fiscalia de Protecció de Menors denunciant la situació.

Hi ha un altre cas preocupant, el d'un menor amb una cardiopatia detectada aquesta nit que la DGAIA també ha decidit mantenir a l'Alberg Alcor.
A darrera hora, un altre educador mostrava evidents símptomes de grip.

L'Alberg Alcor és una nau industrial que des de fa 9 anys funciona com a magatzem d'infants i adolescents, sense cap condició mínima d'habitabilitat ni condicions de seguretat, fora de tota legalitat vigent. El centre de dia El Bosc no té ni sostre per oferir als menors, que passen el dia a la intempèrie les quatre estacions de l'any.
  • Exigim a la DGAIA, com a Tutora legal dels 57 menors, que els proporcioni immediatament la deguda atenció i protecció integrals en centres de menors o sanitaris adequats per la situació actual, i per la seva acollida i educació en general.
  • Exigim a la DGAIA que clausuri immediatament i definitivament els dos llocs, Alberg Alcor i centre de dia El Bosc. Que finalitzi aquest històric maltractament institucional a infants i adolescents.
  • Exigim a la Fiscalia de Menors i al Síndic de Greuges que actuïn immediatament per la protecció integral dels 57 menors, per la clausura dels dos magatzems de menors i per la protecció dels treballadors d'aquests centres.
  • Exigim a Fundació Mercè Fontanilles i a APIP Associació per la Promoció i Inserció Professional que prenguin consciència d'una vegada del seu paper de Guardadors legals d'aquets 57 menors, que deixin de mantenir aquesta situació de maltractament institucional històric a menors i a treballadors, i que assumeixin les seves responsabilitats legals i les seves conseqüències.
  • Fem una crida als Col·legis professionals del sector, als Sindicats i a la FEDAIA Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència perquè prenguin una posició clara de Defensa dels Drets dels Infants i dels Treballadors.
  • Cridem igualment a les treballadores i treballadors de centres de menors, Educadors Socials, Treballadors Socials, Vigilants de Seguretat i altres, a no acceptar cap més ordre que suposi una Vulneració dels Drets de l'Infant o dels Treballadors.
Contactes i Fonts :
  • DGAIA, Director General Xavier Soley i Manuel, 935 524 438, 935 524 534.
  • Departament d'Acció Social i Ciutadania, Consellera Carme Capdevila i Palau, 934 831 000.
  • Fiscalia de Menors, Fiscal Juan José Márquez Bonvehí, 935 549 109, 935 549 100.
  • APIP Associació per la Promoció i Inserció Professional, Josep Ricou president, 933 171 614, 934 420 917.
  • Fundació Mercè Fontanilles, directora Pepa Arquer, 932 682 222.
El Col·lectiu DRARI دراري hem estat testimonis i partíceps de primera mà durant tot aquest vespre i nit.  correu-e <drari.hemeroteca@gmail.com>.

El País 29/09/09 11 menores ingresados por un brote de Gripe A en un centro de menores.

comunicado prensa DGAIA PONE EN RIESGO LA SALUD DE 57 NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DE LOS TRABAJADORES DE DOS CENTROS DE MENORES. MALTRATO INSTITUCIONAL GRAVE de la DGAIA Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Departamento de Acción Social y Ciudadanía, Generalitat de Catalunya.

Ayer Lunes, 28/09/2009 ha habido ingresados en los hospitales del Mar y de St Pau de Barcelona un total de 20 menores y 1 educador de los centros Albergue Alcor y centro de día El Bosc por evidentes síntomas de gripe.
En St Pau hay entre 6 menores, con 5 casos diagnosticados de Gripe A.
En el hospital del Mar ha habido 13 menores y 1 educador del Bosc, con 5 casos diagnosticados de Gripe A.

Los menores han sido atendidos inadecuadamente por la DGAIA y sus centros, pasando muchas horas solos, habiendo sólo un educador en cada hospital para acompañarlos, y sin ni tan sólo prever que los niños de urgencias tenían que cenar.
La DGAIA, de acuerdo con las empresas que gestionan los dos centros de menores, la Fundació Mercè Fontanilles y la asociación APIP, ha decidido cerrar los menores no hospitalizados, y los que vayan siendo dados de alta hospitalaria, en el Albergue Alcor, habiendo de convivir en los próximos días menores sanos, menores con síntomas y menores con la Gripe A diagnosticada.
Ni los menores ni los trabajadores de los centros tienen la atención, ni los recursos ni la información adecuadas para llevar la situación.

También se ha dado la orden de que no ingrese ningún menor más en hospital y que los nuevos posibles casos serán atendidos por urgencias médicas en el Albergue Alcor.

Está el caso grave de un menor, que sufre desde hace 4 meses crisis de ansiedad y tiene diagnosticada una Asma bronquítica grave por la Clínica Platón, que la DGAIA ha decidido que continúe en el Albergue Alcor conviviendo con los otros menores con síntomas y contagiados. Dada esta situación, el Col·lectiu DRARI ha puesto el menor a disposición de la Fiscalía de Protección de Menores denunciando la situación.

Hay otro caso preocupante, el de un menor con una cardiopatía detectada esta noche que la DGAIA ha decidido mantener en el Albergue Alcor.
A última hora, otro educador mostraba evidentes síntomas de gripe.

El Albergue Alcor es una nave industrial que desde hace 9 años funciona como almacén de niños y adolescentes, sin ninguna condición mínima de habitabilidad ni condiciones de seguridad, fuera de toda legalidad vigente. El centro de día El Bosc no tiene ni techo para ofrecer a los menores, que pasan el día a la intemperie las cuatro estaciones del año.
  • Exigimos a la DGAIA, como Tutora legal de los 57 menores, que les proporcione inmediatamente la debida atención y protección integrales en centros de menores o sanitarios adecuados para la situación actual, y por su acogida y educación en general.
  • Exigimos a la DGAIA que clausure inmediatamente y definitivamente los dos lugares, Albergue Alcor y centro de día El Bosc. Que finalice este histórico maltrato institucional a niños y adolescentes.
  • Exigimos a la Fiscalía de Menores y al Síndic de Greuges que actúen inmediatamente para la protección integral de los 57 menores, por la clausura de los dos almacenes de menores y por la protección de los trabajadores de estos centros.
  • Exigimos a Fundació Mercè Fontanilles ya APIP Asociación para la Promoción e Inserción Profesional que tomen conciencia de una vez de su papel de Guardadores legales de estos 57 menores, que dejen de mantener esta situación de maltrato institucional histórico a menores y trabajadores, y que asuman sus responsabilidades legales y sus consecuencias.
  • Hacemos un llamamiento a los Colegios profesionales del sector, a los Sindicatos ya la FEDAIA Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia para que tomen una posición clara de Defensa de los Derechos de los Niños y de los Trabajadores.
  • Llamamos igualmente a las trabajadoras y trabajadores de centros de menores, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales, Vigilantes de Seguridad y demás, a no aceptar ninguna orden más que suponga una Vulneración de los Derechos del Niño o de los Trabajadores.
Contactos y Fuentes :

     * DGAIA, Director General Xavier Soley i Manuel, 935 524 438, 935 524 534.

     * Departamento de Acción Social y Ciudadanía, Consellera Carme Capdevila i Palau, 934 831 000.

     * Fiscalía de Menores, Fiscal Juan José Márquez Bonvehí, 935 549 109, 935 549 100.

     * APIP Asociación para la Promoción e Inserción Profesional, Josep Ricou presidente, 933 171 614, 934 420 917.

     * Fundació Mercè Fontanilles, directora Pepa Arquer, 932 682 222.

El Col·lectiu DRARI دراري hemos sido testigos y partícipes de primera mano durante toda esta tarde y noche. correo-e <drari.hemeroteca@gmail.com>.

sábado, septiembre 26

La Diputación de Gipuzkoa "respeta pero no comparte" el informe del Ararteko sobre el centro de menores de Deba

SAN SEBASTIAN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El departamento de Política Social de la Diputación foral de Gipuzkoa aseguró hoy que "respeta" el informe elaborado por el Ararteko, Iñigo Lamarka, sobre el centro de menores no acompañados de Deba, basado en denuncias efectuadas por SOS Racismo, "aunque no comparte ni las consideraciones ni conclusiones que realiza" y a las que presentará "las oportunas alegaciones".

   En un comunicado, la dirección general de Infancia y Juventud, responsable del desarrollo de la política de protección a los menores en Gipuzkoa, destacó que "en la línea de colaboración permanente" que mantiene con la institución del Ararteko matizará, con sus "propias apreciaciones", las conclusiones del informe puesto que, a su juicio, existen "muchas inexactitudes".

   En este sentido, las mismas fuentes destacaron que "en numerosas ocasiones" han informado en las instancias judiciales y políticas correspondientes sobre el proyecto de Deba, "sus características específicas, objetivos y perfil de usuarios a atender".

   "Nos referimos así a un programa que ha sido demandado y bien recibido por la sociedad guipuzcoana al entender que, en la organización del sistema de protección, hacía falta un centro y una actuación de estas características", afirmaron.

   Tras defender "la viabilidad e interés de este proyecto", la dirección general de Infancia y Juventud de la Diputación guipuzcoana insistió en que será "absolutamente respetuosa" con el Ararteko al que presentará sus "alegaciones de manera privada".

   "Ya nos gustaría que quienes desde el primer momento han centrado sus esfuerzos en interferir el trabajo diario y a su vez denostar el programa del centro de menores de Deba, abandonaran tal actitud, incluido el protagonismo público, y se sumaran al trabajo callado y eficiente", concluyó.

Fuente: EP

viernes, septiembre 25

Herczog: «La pobreza es la excusa para violar los derechos del niño»

La socióloga y asesora de la ONU clausuró en Oviedo la I Conferencia internacional sobre protección a la infancia

 
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La socióloga Maria Herczog, ayer, en Oviedo. jesús farpón
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Oviedo, Elena FDEZ.-PELLO
Maria Herczog tiene una curiosa teoría según la cual la vocación política es consecuencia de una infancia infeliz. Sólo reconoce una excepción, Barack Obama, y pone como ejemplo extremo a Adolf Hitler, aunque también cita a Nicolas Sarkozy. Herczog, que forma parte del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU) y que ayer clausuró en Oviedo la I Conferencia internacional sobre protección a la infancia, sostiene que un niño con todas sus necesidades emocionales cubiertas sabe reconocer y satisfacer las de los demás y aprende a resolver los problemas pacíficamente. En su opinión, resulta evidente que los políticos carecen de esas habilidades.

Estas singulares conjeturas no son improvisadas. La socióloga húngara Maria Herczog ha dedicado los últimos veinte años a indagar sobre los peligros que amenazan a los niños de todo el mundo, ayudando a las instituciones competentes a combatirlos. «Los problemas son los mismos en todos los países, lo que cambia es la situación económica, social o política», observa, y así ha llegado a la conclusión de que «para muchos países la pobreza es una excusa: los derechos de los niños deben ser respetados tanto en un país rico como en uno pobre». «El afecto y la seguridad son las necesidades básicas de un niño y le pueden ser proporcionados en cualquier situación», recalca.

Como experta del Instituto de Criminología de Hungría, Maria Herczog asesora a la Policía en casos de maltrato y desprotección infantil. El sistema de protección de menores español, sobre el que ayer escuchó hablar al jefe del Grupo de Investigación en Familia e Infancia de la Universidad de Oviedo, no es, a su parecer, mejor ni peor que el de otros países de su entorno. «España tiene los mismos problemas», afirma, y en este ámbito, dice, hablar de soluciones no se ajusta bien a la realidad. «Cuanto más se hace, más se necesita, aparecen nuevos problemas», se resigna.

Al analizar la situación de los menores en España, Herczog se detiene en un hecho que no es característico, porque se repite en otros países, pero sí trascendente. «Hay pocas familias de acogimiento, y no es raro. La gente no quiere pasarse la vida cuidando niños: es un trabajo muy estresante», admite, pero eso obliga a asumir y hacer frente a esa carencia. «Está claro que los recursos de los que disponen las administraciones no son suficientes para responder a la demanda, así que hay que enfocar la atención a los menores desde la propia familia y la comunidad».

No está de más, añade, dedicar algún tiempo a detectar con precisión las nuevas necesidades en materia de infancia. «Si conocemos bien los problemas, enfocaremos mejor los servicios y resultarán menos costosos», aconseja.
Fuente: La Nueva España

Políticos y expertos defienden que el sistema de protección de menores debe actualizarse

Noemí Martín, que ayer inauguró en Oviedo la Conferencia Internacional de Infancia, apuesta por la colaboración con los servicios sociales municipales

 
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De izquierda a derecha, Jorge Fernández del Valle, Emily Monroe, Julio González, Juan Carlos Mato y Noemí Martín. jesús farpón
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Oviedo,
Elena FERNÁNDEZ-PELLO
Tanto los responsables políticos como los profesionales y los investigadores opinan que ha llegado el momento de actualizar el sistema de protección a la infancia. El director general de Política Social, de las Familias y de la Infancia del Ministerio de Sanidad y Política Social, Juan Carlos Mato, considera que desde los años ochenta, en los que se diseñó el sistema, hasta la actualidad se han producido «cambios sociales que tuvieron un gran impacto en la infancia» y que obligan a «repensar» las medidas de protección de los menores. Asturias no es excepcional. La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, admite que se han producido «cambios fundamentales en poco tiempo», así que «en lo que queda de legislatura tenemos el reto de elaborar una nueva política de infancia».

El Director general de Política Social y la Consejera presidieron al acto inaugural de la I Conferencia Internacional «Perspectivas Internacionales en Protección Infantil», que desde ayer reúne en Oviedo a expertos en políticas de protección a la infancia de 17 países. Esta gran reunión ha sido organizada por el Grupo de Investigación en Familia e Infancia de la Universidad de Oviedo (GIFI), el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, las Familias y la Adolescencia y el Ministerio de Sanidad y Política Social, entre otros.

Con motivo de esta ocasión, la Consejera asturiana ofreció algunas cifras representativas y expuso los principios en los que asentará su política de infancia. Así indicó que si en 1985, en Asturias, el número de menores internados en centros de acogida era de 1.221, en 2008 esa cifra se había reducido hasta 571. Por otra parte, continuó, en 1985 sólo se dictaron seis medidas de acogimiento, en cambio en 2008 fueron 544. En vista de esta evolución, reconoció que «la política de infancia debe ir dirigida a la creación de un nuevo sistema», que en el Principado se desarrollará en el marco del Plan de Infancia aprobado la pasada legislatura y que conlleva una revisión a fondo de la actual Ley del Menor.

Las bases sobre las que se asentará ese nuevo modelo, adelantó Noemí Martín, serán «la coordinación con las corporaciones municipales y sus servicios sociales», que son los que pueden intervenir más directamente en casos de protección de menores; la promoción del conocimiento de los problemas que acucian a los menores y la sensibilización de la sociedad y, finalmente, la diversificación de recursos, «para atender a cada menor de una manera personalizada». El objetivo es «adecuar la red de infancia a la nueva realidad y los nuevos perfiles de los menores».

Sobre el desarrollo de la nueva Ley del Menor, la Consejera manifestó su deseo de que salga adelante «con la participación y el consenso de todos los grupos políticos». «Es una ley compleja», indicó y aunque los estudios previos ya se han iniciado, la Consejera cree improbable que pase la aprobación del Parlamento regional antes de que acabe esta legislatura, por la larga tramitación que requiere.

«Las políticas de infancia han sido la hermana pobre de las políticas de bienestar social», observó Martín, decidida ahora, según dijo, a «que el desarrollo de la Ley de Dependencia no frene otras políticas sociales».

En la inauguración de la Conferencia intervino también el vicerrector de Profesorado, Departamentos y Centros de la Universidad de Oviedo, Julio Antonio González, que reflexionó sobre la transformación del modelo familiar y sus consecuencias en la que, dijo, constituye «su parte débil, los hijos».

«En menos de una década en España las familias monoparentales han pasado de un cuatro por ciento a un 24 por ciento», comentó. «La familia tradicional ofrecía seguridad y estabilidad», señaló y ahora, concluyó, «la incertidumbre se ha hecho crónica». «Se ha pasado de la familia mediterránea a una familia de tipo nórdico», remató.

Este encuentro internacional continuará hoy analizando, uno por uno, los sistemas de protección a la infancia de varios países y se clausurará con la conferencia, a las seis de la tarde, de María Herzog, miembro del comité de los derechos del niños de las Naciones Unidas.

http://www.lne.es/sociedad-cultura/2009/09/24/sociedad-politicos-expertos-defienden-sistema-proteccion-menores-debe-actualizarse/812185.html

El Ararteko denuncia que el centro de Deba no respeta los derechos de los menores

El Ararteko denuncia que el centro de Deba no respeta los derechos de los menores

critica la falta de actividadformativa , educativa y terapéutica del recurso

La institución ha solicitado documentos sobre el proyecto educativo del centro que "no han sido facilitados"

Vista exterior del centro de Deba, que acoge a menores extranjeros no acompañados que muestran graves problemas de conducta.Foto: javi colmenero

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donostia. Ni se han respetado debidamente sus derechos, ni hay actividad formativa, ni previsión alguna. El Ararteko acaba de hacer público un informe sobre el funcionamiento del centro de menores extranjeros no acompañados de Deba que supone un varapalo al modelo de atención dirigido a chavales con graves problemas de conducta impulsado por la Diputación.

La resolución, fechada a 14 de septiembre, en respuesta a una reclamación de SOS Racismo sobre la puesta en marcha de este servicio, denuncia que el Centro Oilur de Deba carece de "actividad formativa y de previsión de actividad alguna", un extremo que el Ararteko ha manifestado en reiteradas ocasiones.

Personal de esta institución hizo una primera visita al centro el 14 marzo para conocer de primera mano el funcionamiento de este recurso y las condiciones en las que se encontraban estos menores en situación de desamparo tutelados por la Diputación.

En la visita se hicieron entrevistas al director, al responsable del turno de educadores y a varios menores. La información se contrastó de nuevo el 11 de mayo, con una nueva visita al recurso.

El Ararteko es claro en sus conclusiones: "Las condiciones en las que se ha gestionado el centro no han respetado debidamente los derechos reconocidos a los menores de edad" en la Ley vasca. Censura que en el programa que se desarrolla en este servicio "no hay prevista ninguna actividad", al menos, desde febrero hasta septiembre, cuando se llevó a cabo la investigación. "La única medida ha sido la contratación de personal y el establecimiento de turnos para estar con los menores", según recoge la resolución, que añade que el perfil del personal contratado, las bajas y ceses de trabajadores así como la falta de tutores de referencia "no se corresponden con las previsiones" de un programa de estas características.

A este respecto, la Diputación Foral de Gipuzkoa entiende que la falta de acceso a los recursos educativos es contemplada como "una baja temporal" al objeto de modificar la conducta de estos menores.

un derecho El Ararteko replica que el derecho de los menores a la educación viene recogido en numerosos textos internacionales y denuncia, en ese sentido, que en varias ocasiones han solicitado al director del centro y a la Diputación los documentos relativos al proyecto educativo así como a las normas de convivencia, una documentación que no se les ha facilitado. "Nos han informado únicamente de la futura puesta en marcha de un registro de medidas correctoras educativas y del SERAR, el Sistema de Evaluación y registro del acogimiento residencial", resalta.

En una segunda visita al centro, pudieron consultar únicamente un libro de incidencias y comprobar que había una hoja en la cocina con normas de convivencia "muy básicas". Esa falta de respuesta a la solicitud de información sobre aspectos muy concretos que afectan a derechos de los menores "es muy significativa", censura la institución. De hecho, según agrega, ha tenido mucho peso en la valoración que ha hecho sobre el programa.

La Diputación, en su respuesta, señala que entienden que el aislamiento de estos menores es una medida "adecuada" para los usuarios. Opina además que el aislamiento, tanto físico, por la ubicación del entorno rural en el que se encuentra el centro, como social, por la suspensión de visitas y de actividades, está previsto en la normativa.

En todo caso no se ha facilitado, según recalca el Ararteko, ningún medio alternativo de transporte. "Los menores no podían salir, por lo que, si lo han hecho, ha sido por sus propios medios", según recoge la resolución, lo que ha traído como consecuencia que se inicie un procedimiento de baja del centro y de cese de tutela y la denuncia por desaparición en la Ertzaintza, con lo que ello implica en sus historiales delictivos.

cese de tutela En un segundo escrito que el Ararteko remitió a la Diputación solicitó información detallada sobre los menores que habían pasado por Oilur desde la apertura del centro hasta el día de la visita. En total eran 40 menores. El Ejecutivo foral ofreció datos en relación a 36 chicos, de los que se había cesado la tutela de 22, dos por mayoría de edad y el resto, "aunque no señala el motivo", guarda relación con la fuga del centro.

A este respecto, el personal que ha investigado el funcionamiento denuncia que el abandono del recurso "no es motivo de cese de la tutela". A juicio de esta institución, hay una conexión entre el abandono del centro de Deba y las condiciones en las que se ha puesto en marcha el programa.

La existencia de personas menores de edad en situación de desamparo que llevaban tiempo tuteladas por la Diputación y que, tras el traslado a Deba viven en la calle, es "muy preocupante". El Ararteko recuerda que el hecho de que se haya dictado una orden foral de cese de tutela "no puede eludir su obligación" con relación a los menores que se encuentran en Gipuzkoa en situación de desamparo. La normativa obliga a la Diputación a asumir la tutela "de los menores que están solos" y no tiene a adultos de referencia.

Por todo ello, considera que las condiciones en las que se ha gestionado el centro y el programa no han respetado los derechos reconocidos de los menores, por lo que la Diputación "debe adaptar el programa a la mayor brevedad a las previsiones normativas". Además, solicita un "análisis riguroso" tras la gravedad de los sucesos protagonizados en algunos municipios por menores extranjeros no acompañados que habían estado acogidos en este centro. Un estudio sobre las circunstancias que se han dado para dar una respuesta conjunta y coordin

La decisión de derivar al centro Oilur de Deba a varias chicas menores, como consecuencia de problemas de conducta en los pisos de acogida en los que se alojaban, "no es una decisión que haya sido tomada en interés superior de dichas menores", censura el Ararteko.

Denuncia además que no se les ha informado del proyecto educativo ni del convenio suscrito, por lo que desconoce si este centro está preparado para atender a ambos sexos. En todo caso, agrega la institución, la atención a adolescentes (tanto hombres como mujeres) requiere de medidas específicas, como es personal femenino entre los educadores, y de ámbitos de privacidad que no han observado en las visitas a este centro.

El principio de interés superior del menor implica el respeto a sus derechos y que se tengan en cuenta sus concretas necesidades, en el caso de niñas y adolescentes. En ese sentido, la derivación al centro Oilur "sin escucharlas y sin aplicar la normativa no es una decisión en interés superior de ellas". >j.n.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2009/09/25/sociedad/gipuzkoa/d25gip6.1598807.php

REsolucion arateko

jueves, septiembre 24

La valla

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La valla de la imagen no se encuentra en la frontera sur, no, sino en Deba. Y no es una cárcel, sino un centro de menores cuyo objetivo se presupone que es garantizar los derechos básicos de personas menores de edad en situación de desamparo, lo que incluye ofrecer un proyecto educativo. En fin, como yo no tengo palabras (sólo improperios), os traduzco un pequeño pero formidable artículo de opinión que publica hoy Anjel Lertxundi en Berria. Traducir a Lertxundi es un sacrilegio, así que mejor intentad leer el original:

La valla

En los ejemplos que ofrece el diccionario para la palabra valla, la mayoría se refieren a guardar animales. Cuando aluden a personas, la mayoría de ejemplos citan las construidas para defenderse de los otros y para tener encerrados a los enemigos. Ninguna persona se impone una valla a sí misma: si, en cambio, a la forastera, la diferente.

La portada de ayer de este periódico mostraba la foto de una valla grande para “contener a los jóvenes inmigrantes”. Era el retrato de un fracaso social; una imagen triste que contaba muchos cuentos tristes. Si se me permite el juego de palabras fácil, por no acertar a educar, los mandatarios se han puesto a vallar [en euskera, educar es “hezitu” y vallar “hesitu”]. Pero la distancia de una opción a la otra es, por desgracia, mucho más grande que la ortográfica.

Hemos vallado montes, y huertos, y urbanizaciones, y chalés. Un impuesto para la seguridad, se supone. Ojalá nos diéramos cuenta de que esos muros que levantamos por doquier, si algo vallan, es nuestra visión libre del mundo.

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martes, septiembre 22

Cgae y Unicef piden que se garantice el pleno cumplimiento de los derechos de los menores extranjeros en España INFORME Ni Ilegales ni Invisibles. Realidad jurídica y social de los menores extranjeros en España 2009

Presentación del Informe

22/09/2009 El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y UNICEF España, con el apoyo de la Fundación Cultural Banesto, han presentado el informe "NI ILEGALES NI INVISIBLES: Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España". Este informe, el primero realizado en la materia en España desde una perspectiva sociojurídica, aborda la situación de los miles de menores extranjeros, acompañados y no acompañados, que residen en nuestro país. En la presentación estuvieron presentes el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, la presidenta del Comité Español de UNICEF, Consuelo Crespo, la patrona de la Fundación Banesto, Mónica López-Monis, el presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, Pascual Aguelo y la directora ejecutiva del Comité Español de UNICEF, Paloma Escudero.

Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y ante la ya iniciada reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) en España, el CGAE y UNICEF hacen un llamamiento para que en las cuestiones que hoy más afectan a los menores extranjeros en general -determinación de edad, documentación, tutela, repatriación, asistencia letrada, integración, reagrupación familiar, etc.- se priorice "la consideración de menor sobre la consideración de extranjero" tal y como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño que España ratificó en 1990, y un tema "primordial" que fue destacado por todos los ponentes en la presentación del informe.

El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, señaló durante la presentación del Informe la necesidad de que las "injusticias que se producen en materia de menores sean cosa de todos, puesto que de todos es la responsabilidad de que no se produzcan". En esa misma línea centró su intervención Mónica López-Monis, para quien "no podrá haber una sociedad totalmente democrática sino se apoya a los menores, pues ellos son el futuro de la sociedad". Consuelo Crespo, subrayó la importancia del informe "Ni ilegales ni invisibles", ¡una herramienta "necesaria que se basa en la experiencia cotidiana de aquellos que viven el fenómeno día a día".

Por su parte, el presidente de la subcomisión de extranjería del CGAE, Pascual Aguelo, hizo énfasis en el importante papel que juega la Abogacía en esta materia. "Somos una voz independiente e incómoda. No podemos permanecer impasibles, ya que es nuestra obligación levantar la voz ante las vulneraciones de los derechos fundamentales, muy en especial de los menores".

La publicación del Informe, que ofrece una descripción pormenorizada sobre la difícil situación que afecta a un importante número de menores de edad extranjeros -en especial los no acompañados-, tiene como objetivo contribuir a la mejora de sus condiciones de vida, una vez constatada la "preocupante descoordinación y las deficiencias detectadas en el actual Sistema de Protección", según recoge el informe. En este sentido, Pascual Aguelo llamó la atención sobre la "situación de descoordinación administrativa que existe en esta materia, que exige una labor de liderazgo mayor por parte de la Administración".

No existe información fiable para el conocimiento preciso del número de niños extranjeros en España ni de la situación de cada uno de ellos. Según la presidenta del Comité Español de UNICEF, Consuelo Crespo, "existen muy pocos datos y por esa razón debemos poner luz y taquígrafos ante la realidad que nos interpela". Para la elaboración de este Informe se han solicitado datos a 700 organismos e instituciones, de los que el 80% no han contestado. También se han recabado datos que incluso llegan a contradecirse entre la Administración central y las autonómicas. Por ello, una de las recomendaciones de este Informe es la urgente necesidad de mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones y la puesta en marcha del Registro Nacional de Menores Extranjeros No Acompañados previsto legalmente, con datos de todas las instituciones implicadas (artículo 111 RLOEX), pero que no funciona realmente. Paloma Escudero, de UNICEF España, ofreció algunos datos sobre la situación actual de los menores extranjeros en España, "aunque sigue sin haber datos concretos, este informe es la mayor aproximación de cuáles son estos menores", señaló, "de ahí que sea fundamental poner en marcha el Registro Nacional de MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados)".

Otra de las conclusiones del Informe es la modificación de la legislación en esta materia. El CGAE y UNICEF España consideran imprescindible adaptar los procedimientos de la Administración a la realidad y coordinar a las Comunidades Autónomas con el fin de asegurar la protección del menor extranjero y garantizar que se cumplan sus derechos. Además, las legislaciones europea y española en materia de extranjería se han quedado obsoletas para la realidad actual. Para Aguelo, "no corren vientos favorables para los derechos humanos en España y en Europa". Según el experto en extranjería del CGAE "estas normativas obsoletas y las políticas restrictivas no son las más eficaces en el fenómeno de las migraciones, como ha quedado demostrado". De hecho, pese a la reducción en el número de pateras y cayucos detectada durante 2008, "aumenta considerablemente el número de menores que se embarcan en éstas, incluso sin un adulto que les acompañe", por lo que "empezaremos a sufrir la visión de menores y cadáveres de menores en el Mediterráneo", sentenció Aguelo.

El CGAE y UNICEF España consideran que hay que garantizar la asistencia letrada en todos los procedimientos que afecten de manera directa a los intereses personales del menor. La reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) debe ser una oportunidad para contemplar la intervención letrada en todos los procedimientos administrativos en los que esté involucrado un menor no acompañado

Enlaces relacionados
INFORME COMPLETO Ni Ilegales ni Invisibles. Realidad jurídica y social de los menores extranjeros en España. 2009

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS "Ni ilegales, ni invisibles" : claves para garantizar los derechos de los menores extranjeros en España

Con la colaboración del Col·lectiu DRARI y el abogado Juan Ignacio Nacho de la Mata.

http://www.abogados.es/portalABOGADOS/home.do

AUNQUE PAREZCA MENTIRA ESTA INICIATIVA NO ES DE BERLUSCONI:

AUNQUE PAREZCA MENTIRA ESTA INICIATIVA NO ES DE BERLUSCONI:

VER EL PAÍS:


Pronto veremos como los gobiernos dictatoriales del norte de Áfricase enriquecen con el tráfico de menores. Como los menores que lleguen a Europa huirán de los sistemas de protección y permanecerán en guetos como en el peor de los tiempos nazis. Como los menores son detenidos en redadas policiales y trasladados en furgones a las cárceles y después a las naves que los trasladaran a centros africanos que gestionaran ONGs con ánimo de lucro, agencias internacionales,funcionarios locales corruptos.

¿Quien podía pensar que estas iniciativas no vendrían de Berlusconi?

España lleva a la UE un plan de repatriación

DANIEL BASTEIRO - BRUSELAS - 22/09/2009 05:02





La Unión Europea (UE) tendrá en2010 un plan europeo pararepatriar inmigrantes ilegales menores de edad. La secretaria de Estado de Inmigración de España, ConsueloRumí, anunció ayer en Bruselas la medida tras la celebración de un Consejo de Ministros de Interior de la UE.

La idea, que parte del Gobierno español, se concretará en un plan que acabará con las diferencias entre países en cuanto al tratamiento de los menores que llegan a la UE de manera irregular. Las tres prioridades para España son la prevención de la inmigración ilegal, la protección de los menores y su repatriación cuando sea posible.

El Gobierno español persigue reforzar la posición negociadora de la UE con los países de origen para evitar la llegada masiva de niños. Sólo en Canarias, el Gobierno autonómico asegura tener recluidos a más de 1.000 niños que llegaron sin ningún miembro de su familia, cuando la capacidad de sus centros para menores es de 250 plazas.

Rumí indicó que la mayoría de los menores que llegan a España proceden de Marruecos, aunque cada vez se reciben más inmigrantes de Mali, Mauritania y Senegal. Sin embargo, al igual que la inmigración ilegal en adultos, el número global de menores no acompañados bajó el año pasado hasta en un 80%.

Diversos países mostraron ayer su preocupación por el fenómeno, especialmente Suecia, Finlandia, Holanda, República Checa y Austria. El primero, que preside este semestre la UE, aseguró que hasta agosto pasado había recibido 1.300 menores no acompañados. El siguiente país en asumir la presidencia rotatoria de la UE es España, que pretende lograr un acuerdo con"instrumentos tanto legales como financieros" que salvaguarden los intereses de los menores.


viernes, septiembre 18

Cursos Al Khaima 1.Claves Intervención Jurídica con Menores Migrantes 2.Trata de Menores

Cursos Association Al Khaima

1.
Curso
CLAVES PARA LA INTERVENCION JURIDICA CON MENORES MIGRANTES


Este curso está dirigido a abogad@s que trabajan con menores migrantes en España y en Marruecos
Duración: Del 9 al 11 de octubre de 2009. Lugar: Inas Instituto Nacional de la Acción Social de Tánger
Número de Plazas: 15. Horas del curso: 21 horas
Plazo de solicitud y matricula: Del 18 al 28 de septiembre.
Los interesados enviaran una solicitud donde figure:
- Datos personales y profesionales (Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, titulación, lugar de trabajo, funciones que desempeña).
- Carta de motivación para participar en el curso.
Los seleccionados recibirán un mail el 30 de septiembre comunicándoles la aceptación de su participación en el curso. La matrícula se formalizará mediante el pago y el envío del justificante del pago antes del 3 de octubre al número de cuenta que se facilitara a tal efecto.
Precio del curso: 40 euros (El importe de esta matrícula corresponde al pago de las comidas durante los 3 días del curso). El viaje, el alojamiento y la manutención correrá por cuenta de cada participante.
Se concederán 4 becas de matrícula gratuita. Los aspirantes a estas becas enviaran junto con la solicitud de inscripción una carta indicando los motivos por los que se solicita la beca.

Programa adjunto

VIERNES 09 DE OCTUBRE

08:30 – 09:00 Acogida de los participantes
09:00 – 09:30 Inauguración de la jornada y de los dos cursos monográficos: AECID – INAS – Asociación Al Khaima
09:30 – 10:30 Ponencia Inaugural. "LOS RETOS PARA UNA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LA INFANCIA"
Ponente: Dra. Amina Bargach (Psiquiatra infantil. Terapeuta familiar sistémica)
10:30 – 11:30 MARCO GENERAL DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN ESPAÑA
Ponente: Asociación Al Khaima
11:30 – 12:00 Debate
12:00 – 12:30 Pausa – café
12:30 – 13:30 MARCO GENERAL DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN MARRUECOS
Ponente: Dr. Hassan Benallal (Jurista, profesor en el INAS)
13:30 – 14:00 Debate
14:00 – 15:30 Comida
15:30 – 16:00 CLAVES JURIDICAS: MENORES Y REFORMA EN MARRUECOS
Ponente: Dª Faouzia El Mamoun. Abogada y Presidenta de la Asociación de Protección de Infancia y Sensibilización de la Familia (APISF) Tetuán.
16:00 – 16:30 MENORES Y SISTEMA DE REFORMA EN ESPAÑA
Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Carlos Nieto. Magistrado Juez del Juzgado de Menores de Ávila. Especialista en menores.
16:30 – 17:00 Pausa – café
17:00 – 18:00 Debate
18:00 – 18:30 Clausura de la jornada: Asociación Al Khaima

SABADO 10 DE OCTUBRE
9.00- 10.00 Presentación de los participantes
10.00- 11.30 Taller I: CUESTIONES RELACIONADAS CON EL DESAMPARO Y LA TUTELA. EL DERECHO A SER OIDO– APLICACIÓN PRACTICA
Ponentes: D. Juan Ignacio De La Mata. Fundación Raíces ASOCIACION ALKHAIMA
11.30- 12.00 Pausa
12.00-14.00 Continuación del Taller I y Debate
14.00-15.00 Comida
15.00-17.00 Taller II: LA CUESTION DE LAS REPATRIACIONES. JURISPRUDENCIA MAS DESTACADA.
Ponente: D. Juan Ignacio De La Mata. Fundación Raíces
17.00- 17.30 Pausa
17.30- 18.00 Taller III: EL PAPEL DES MINISTERIO FISCAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES
EXTRANJEROS
Ponente: Ilma. Sra. Dª Inés Herremos. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Las Palmas
18.00- 18.30 Taller IV: MENORES EXTRANJEROS Y REFORMA
Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Carlos Nieto. Magistrado Juez del Juzgado de Menores de Ávila. Especialista en menores.
18.30– 19.00 Debate

DOMINGO 11 DE OCTUBRE
9.00– 12.00 Taller V: CUESTIONES PRACTICAS EN LA DEFENSA DE LOS MENORES MIGRANTES
Ponentes: D. Juan Ignacio De La Mata. Fundación Raíces ASOCIACIÓN AL KHAIMA
12.00 – 12.30 Debate
12.30– 13.00 Pausa
13.00 – 13.30 Evaluación del curso
13:30 – 14.30 Conferencia de Clausura: "EL PODER DE LA PAZ"
Ponente: Dr. Francisco A. Muñoz. Instituto de la Paz y los Conflictos. Universidad de Granada
14:30 COMIDA

2. Curso TRATA DE MENORES

VIERNES 09 DE OCTUBRE
Programación común al curso anterior.

SABADO 10 DE OCTUBRE
9.00- 10.00 Presentación de los participantes
10.00- 11.30 Taller I: CUESTIONES JURÍDICAS EN RELACIÓN A LA TRATA. ANÁLISIS PROTOCOLO DE PALERMO Y DE OTRAS LEYES NACIONALES. LA TRATA Y LA DEMANDA DE ASILO.
Ponente: Dª Paloma Soria. Womens Link Worldwide.
11.30- 12.00 Pausa
12.00-14.00 Taller II: IMPORTANCIA DE LOS PERFILES EN LOS PROTOCOLOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA TRATA. CLAVES PARA EL TRABAJO CON LAS/OS MENORES
Ponente: Dª Helena Maleno. Periodista. Colectivo Caminando Fronteras.
14.00-15.00 Comida
15.00-17.00 Taller III: DE VICTIMIZACIÓN A SUBJETIVACIÓN. UN ANÁLISIS PSICOLÓGICO Y ANTROPOLÓGICO SOBRE LA TRATA Y EL ACOGIMIENTO.
Ponente: Dr. Francesco Vacchiano. Psicólogo y antropólogo. Centro "Frantz Fanon", Turín.
17.00- 17.30 Pausa
17.30- 19.00 Taller IV: ESPACIO DE REFLEXIÓN COLECTIVA. CREACIÓN DE REDES Y RECURSOS DE RESPUESTA A LOS CASOS.
Ponentes: Dª Helena Maleno, Dr. Francesco Vacchiano y Dª Paloma Soria

DOMINGO 11 DE OCTUBRE
9.00– 12.00 Taller V: MESA DE EXPERIENCIAS
Dª PALOMA SORIA. Womenslink worlwide. Dº JORGE MARTÍN. Médicos Sin Fronteras. Dº ISMAEL COULIBALY Colectivo Ca-minando Fronteras DR. FRANCESCO VACCHIANO. Centro "Franzt Fanon" ACNUR (PENDIENTE DE CONFIRMAR)
12.00– 12.30 Debate
12.30– 13.00 Pausa
13.00– 13.30 Evaluación del curso
13:30 – 14.30 Conferencia de clausura. "EL PODER DE LA PAZ"
Ponente: Dr. Francisco A. Muñoz Instituto de la Paz y los Conflictos Universidad de Granada
14:30 COMIDA

Association Al Khaima 
Quartier Souani 10, Rue ATLAS, Lot Tarik n: 1. 90000 Tánger Marruecos
Tel: 00212539316172 – 00212663177508 – 00212663795841
Skype: Al_khaima     Email: cursos.alkhaima@gmail.com

lunes, septiembre 14

Cuatro de los subsaharianos recurren su expulsión del centro de menores | soitu.es

EFE
Actualizado 10-09-2009 13:59 CET

Barcelona.- Cuatro de los menores subsaharianos expulsados de los centros de acogida de menores por negarse a someterse a la prueba ósea que determina la edad han presentado un recurso ante el juez para que la Generalitat asuma su tutela, según ha informado hoy a Efe el abogado Albert Parés.

(EFE)

Cuatro de los menores subsaharianos expulsados de los centros de acogida de menores por negarse a someterse a la prueba ósea que determina la edad han presentado un recurso ante el juez para que la Generalitat asuma su tutela. EFE/Archivo

"Estamos pendientes de otros nueve casos que posiblemente también acaben expulsados", ha añadido Parés, que ha asegurado que en los últimos meses se está produciendo "un goteo continuo de casos parecidos" que responden a "una estrategia de la Generalitat para no asumir su responsabilidad ante el incremento de menores subsaharianos en Cataluña".

Los primeros casos que se hicieron públicos tuvieron lugar el pasado mes de febrero, cuando el Síndic de Greuges denunció la expulsión "irregular" de trece subsaharianos adolescentes por considerarlos mayores de edad.

Estos jóvenes fueron expulsados a la calle "pese a tener el pasaporte que acredita que son menores" y utilizando las pruebas radiológicas de mandíbula, "que tienen un margen de error de hasta dos años por encima o por abajo" y un índice de aciertos del 34%, según el Síndic.

Ante "la generalización de esta práctica", el equipo de abogados que trabaja para la fundación FICAT ha recomendado a los adolescentes que se nieguen a someterse a la prueba ósea porque "la ley dice que esa prueba hay que hacerla a los menores indocumentados, y ellos tienen pasaporte", según Parés.

Asimismo, ha añadido que "la constitución física de los subsaharianos hace que tengan más posibilidad de que el error juegue en su contra".

Por su parte, el director técnico del Casal d'Infants del Raval, Ismael Palacín, ha denunciado "la resistencia de la Generalitat a reconocer los derechos de los menores subsaharianos y asumir su responsabilidad social".

El equipo jurídico del Casal d'Infants también ha presentado varios recursos por expulsiones "irregulares" de los centros de acogida de menores, pero Palacín confía más "en las voluntades políticas" que "en las soluciones judiciales".

El portavoz del Colectivo DRARI, Vicenç Galea, cree que la Generalitat "está eludiendo su responsabilidad" respecto al colectivo de menores subsaharianos porque "son cada vez más".

"Se ha reducido la llegada de menores magrebíes y ha aumentado la de subsaharianos, que en estos momentos ya representan más de las mitad de los internos de los centros de primera acogida como El Bosc", según Galea.

Palacín ha reconocido que "puede haber casos en los que los jóvenes presenten pasaportes falsos, pero estas falsificaciones deben investigarse por otros métodos y no es de recibo que paguen justos por pecadores".

domingo, septiembre 13

Asturias devolverá a Euskadi a los menores marroquís

EL FISCAL DEL MENOR INVESTIGARA EL CASO CUANDO LLEGUE LA DENUNCIA.

Asturias devolverá a Euskadi a los menores marroquís

Bienestar Social aclara que siempre se trasladan si hay una tutela anterior.

04/09/2009 J. CUEVAS

Un menor en un centro de acogida.
Foto:ARMANDO ALVAREZ
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Los menores que en los últimos 75 días han llegado a Asturias después de haber sido tutelados por la Diputación de Guipuzcoa regresarán a centros de acogida de Euskadi. Una recomendación de este mismo año de la Fiscalía General del Estado, consensuada con las comunidades autónomas, establece que los menores no acompañados detectados en una comunidad distinta a la última que ejerció la tutela tendrán que regresar a esta administración, según explicaron ayer fuentes de la Consejería de Bienestar Social.

Hasta la llegada de esta recomendación, las comunidades autónomas dejaban de ejercer la tutela cuando el menor se fuga del equipamiento en el que reside durante un periodo superior a un mes, por lo que, tras esa fecha, los gobiernos autonómicos no tenían la obligación de volver a acoger a estos menores.

Además, desde Bienestar Social se aclara que solo en los casos en los que existan circunstancias especiales, como pueden ser los vínculos familiares, dos comunidades autónomas podrían consensuar un traslado de la tutela.

MOVIMIENTO DE MENORES Las mismas fuentes no confirmaron que se hubiera detectado una llegada anormal de jóvenes procedentes del centro de Deba especializado en menores con problemas de conducta, aunque sí apuntaron que la gran mayoría de los menores no acompañados que llegan a los recursos de la red de Infancia en el Principado Asturias proceden de otras comunidades autónomas.

Mientras tanto, el Fiscal del Menor, Jorge Fernández Caldevilla, aseguró ayer que, aunque la Fiscalía aún no tenía constancia de estos hechos, "lógicamente" investigaría el caso "como ya se hizo en otras ocasiones" (en referencia a otra reclamación similar presentada hace dos años y derivada a la Fiscalía del Menor de Guipúzcoa, donde finalmente se archivó) una vez que esta denuncia estuviera en sus manos.

A lo largo del día de hoy, responsables de Sos Racismu Asturies trasladarán a la Fiscalía del Menor toda la información relativa a los siete jóvenes de origen marroquí, acogidos temporalmente en la red de Infancia del Principado. Posteriormente, la organización también informará del caso al Defensor del Pueblo.

Fuente: http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=513104

sábado, septiembre 12

El Principado admite que la Ley de Protección de la Infancia está «obsoleta»

12.09.09 -
El Principado admite que la Ley de Protección de la Infancia está «obsoleta»
Gloria Fernández junto a Jorge Fernández. / EFE

El Principado reconoció ayer que la Ley de Protección de la Infancia se ha quedado desfasada pero aplaza a la próxima legislatura la revisión que permitiría actualizarlo. Según el diagnóstico que ayer expuso la directora del Instituto de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, Gloria Fernández, en Asturias «el sistema de protección del menor no se corresponde a las nuevas realidades sociales, ni a los perfiles actuales de los niños».

La llegada a la región de menores inmigrantes sin tutores conocidos o el aumento de los casos de violencia de adolescentes contra sus propios padres son realidades que han dejado «obsoleta» a la Ley de Protección de la Infancia. La normativa asturiana se implantó en 1995 y desde entonces no ha sido revisada. «En otras comunidades no ha sido así», asumió Fernández.

Conferencia

El ejercicio de autocrítica se produjo durante la rueda de prensa que ofreció junto al psicólogo y miembro del grupo de Investigación en Familia e Infancia de la Universidad de Oviedo, Jorge Fernández del Valle. Ambos presentaron el programa de la conferencia 'Perspectivas internacionales en protección infantil: retos y avances', a celebrar los días 23 y 24 de septiembre en Oviedo.

La directora ha explicado que el objetivo de las jornadas es «reunir a profesionales, investigadores y responsables de programas de protección a la infancia para comparar el sistema en los diferentes países».
El acto tiene confirmada con la participación de 300 asistentes y contará con ponentes de 17 países diferentes que expondrán los retos y avances en la materia.
Del Valle ha destacado que los ponentes pertenecen a la Red de Investigadores en transiciones a la vida adulta desde el sistema de protección, y que se encargan de estudiar a niños que han tenido problemas en la infancia afrontan la madurez.
El Ministerio de Sanidad y Política Social también colabora en la organización y desarrollo de las jornada
http://www.elcomerciodigital.com/gijon/20090912/asturias/principado-admite-proteccion-infancia-20090912.html

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006