miércoles, marzo 31

podem caminar amb xancles trencades, o descalços, i no fer-nos mal .
apurtutako zandaliekin ibil gaitezke, edo hankautsik, eta minik ez hartu .
podemos andar con chanclas rotas, o descalzos, y no hacernos daño .
nous pouvons marcher avec des sandales ou cassé pieds nus, et pas nous nuire .
we can walk with broken sandals or barefoot, and not do us harm.
 ونحن مع كسر يمكن المشي حفاه او الصنادل ، وليس لنا الا

Los centros de menores inmigrantes El Bosc y Albergue Alcor vulneran los Derechos del Niño. Las pruebas óseas a debate. DGAIA cierra las puertas a la información


Centro de menores inmigrantes El Bosc, C/ del Bosc 2bis de Barcelona. Argi Grau

Menores No Acompañados alrededor del centro de día El Bosc. Argi Grau

JUEVES 11 DE MARZO DE 2010 2 y 3 la Denuncia invest reportaje
El centro de menores inmigrantes El Bosc vulnera los derechos de los menores
Helena de Castro, Argi Grau, Jaume Villar. Barcelona

Derecho a la igualdad, a una alimentación sana, a una vivienda o a ser educados. Aunque estos son algunos de los derechos que todos los menores deberán tener, esto no siempre es así. Cuando un menor decide embarcarse en el difícil viaje de migrar de su hogar, deja atrás una parte de su vida: su tierra, la familia y los amigos. Aun así, en este transcurso denominado inmigración, también parece que deje atrás sus derechos fundamentales: los del Niño.

10009, 10596, 11046: cuando un Menor Inmigrante No Acompañado (MINA) llega a Cataluña, se le asigna un número administrativo que gestionan los Mossos d'Esquadra. Este reportaje pretende mostrar la realidad que viven los menores inmigrantes que llegan a nuestra ciudad. La Dirección general de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) se encarga de estudiar los casos por delegar los menores en los diferentes centros que gestiona esta entidad. Mientras se decide el futuro de estos menores, se les transfiere a uno centre de acogida provisional -o Servicio de Atención Transitoria (SAT)- perteneciente a la Generalitat y gestionado por la Fundació Mercè Fontanilles, como es el centro El Bosc.

La DGAIA, y en consecuencia este centro, tiene la obligación de tutelar todos los MNA desde el primer día que estos llegan en Catalunya. Según el coordinador del Colectivo por los derechos de los menores no acompañados DRARI, Vicenç Galea, esto no se cumple sensu stricto, pues pueden pasar meses antes de que los menores tengan la tutela administrativa, tal y como confirman dos de los tres educadores del centro entrevistados así como dos fuentes anónimas extreballadores del centro, que también son educadores.
Aun así, mientras que El Bosc es uno centre de acogida provisional, donde los menores sólo pueden estar hasta seis meses, según nuestras fuentes, mientras se decide si se les transfiere a un Centro Residencial de Atención Educativa (CRAE) o se les repatria, la realidad es que los menores pueden estar hasta más de un año, como es el caso del magrebí Mustapha Aoulad Malik, que va estar 14 meses.
Aun cuando el Proyecto Educativo del Servicio de Atención Transitoria El Bosque basa su ordenamiento legal y jurídico en la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, las fuentes extrabajadores del centro y Vicenç Galea cruzan que no se respetan estos derechos del menor. Según ellos, y como ha intentado probar nuestra investigación, el centro El Bosc no cumple estrictamente con los artículos de la Declaración de los Derechos de los Menores.

sobre los términos mina, mena, meina
Vicenç Galea considera que los términos MEINA, MENA, MINA son perjudiciales para los menores, pues implica el término inmigrantes
integración social
No hay una integración cultural ni social por parte de los menores porque sólo se relacionan entre ellos

enfermedades

Las mesuras de aislamiento no son suficientes en el caso de enfermedades contagiosas como pasó recientemente con la Gripe A
equilibrio emocional
Muchos menores tienen unos desequilibrios mentales brutales causados por la realidad en la que viven y por el consumo de disolvente


A continuación hacemos un repaso de los derechos de los niños y desglosamos los posibles incumplimientos según nuestras fuentes:

1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Hasta dónde hemos llegado con nuestra investigación este punto no se cumple porque desde el primer momento los menores son relegados a espacios dónde sólo hay otros chicos inmigrantes como ellos, sin poder acceder así a la cultura de la tierra de acogida. No hay una integración por parte de los menores, porque se relacionan sólo entre ellos. Es muy difícil que establezcan un vínculo con nuestra cultura y sociedad, declara una fuente extrabajadora del centro El Bosc.

2. Derecho a una protección especial que asegure un crecimiento mental y social sano y libre. Según nuestras fuentes este derecho no se cumple porque los chicos esnifen disolvente y de esta práctica lo centro no es consciente. La consumición de disolvente no asegura un crecimiento mental sano del menor. El centro lo sabe, y no se hace nada por evitarlo, nos aseguran nuestras fuentes. Aun así, tanto los educadores como los niños dicen que los menores no descansan bien por el hecho de que estén viviendo entre dos centros: un diurno, El Bosc, y un nocturno, el albergue Alcor. Los extreballadors y Vicenç Galea coinciden en que la educación que reciben los niños no es la adecuada. Según ellos no tienen, y según los menores entrevistados sólo tienen dos horas de clase.

3. Derecho a un nombre y a una nacionalidad. Yo conozco casos de menores que han estado hasta 3 años esperando los papeles, explica un extreballador. Debido al convenio de inmigración que existe entre Marruecos y España, los marroquíes tienen más facilidades por conseguir los papeles. Esto crea malestar entre los inmigrantes de diferentes nacionalidades. El que añade,dentro de El Bosc faltan muchas cosas, por ejemplo, un proceso de integración entre los inmigrantes y la sociedad catalana y, dentro del centro, entre los subsaharianos y los marroquíes. Se crean muchos conflictos entre ellos por el lugar de procedencia. Se respira mucha tensión.

4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. Aun cuando nuestros entrevistados, tan educadores como menores, coinciden en que hacen todos los ágapes del día, estos no cumplen con la una dieta sana y equilibrada. Todo son fritos y alimentos muy calóricos; como las pastas que comen siempre por merienda, dice un educador del centro. Y añaden que la cantidad de comida por menores es insuficiente: nunca pueden repetir. Y es que, en este sentido una cosa es comida y lo otro es alimentarse. De otro lado, en en cuanto al aspecto de la vivienda digna, este se incumple porque los niños están repartidos entre dos centros, un diurno y un nocturno, en los que pasan 12 horas respectivamente.

5. Derecho a una educación y atención especiales por los niños físicamente o mentalmente disminuidos. Según los entrevistados, el centro no está adaptado por ningún tipo de disminución. Se han dado casos de niños que tenían el pie roto y se quedar a la primera planta del centro porque no podían bajar las escaleras. Aun así, una versión corroborada por dos educadores, muchos de los menores tienen unos desequilibrios mentales brutales, causados por la realidad en la que viven y por el consumo de disolvente.

6. Derecho a comprensión y afecto por parte de las familias y de la sociedad. El hecho de que desde el centro no se fomente la integración de estos menores a la sociedad genera un rechazo social hacia ellos.

7. Derecho a la educación gratuita, a divertirse y a jugar. Los extrabajadores y Vicenç Galea denuncian que el centro El Bosc niega la educación a todos los menores, mientras que los educadores explican que, como es uno centre de Atención Transitoria, y no se sabe cuánto tiempo tardarán en derivarlos a otro centro, este proceso se queda colgado mientras se decide el destino del niño. Said Camara, un educador del centro, nos ha asegurado que todos los niños menores de 16 años van a la escuela, yo mismo los acompaño, pese a que no nos sabe decir el nombre de la escuela ni su ubicación. Una versión totalmente encontrada a la de los dos educadores que nos explican que actualmente no hay ningún niño que esté escolarizado.

8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. Las fuentes extreballadores hablan de niños enfermos que no son atendidos ni aislados en caso de enfermedad contagiosa, como en el caso reciente de la Gripe A. Un hecho que se agrava por los continuo traslado de los menores entre los dos centros (el diurno está en la montaña y el nocturno está en la playa), pues los menores han de coger el metro y los Ferrocarriles todos los días, aunque estén enfermos, poniendo en peligro de contagio los usuarios de los transportes públicos.

9. Derecho a protección contra el abandono y la explotación en el trabajo.
Según un extrabajador, los niños están abocados a la explotación laboral pues no se contempla conseguir un permiso de residencia junto con un permiso de trabajo. Abdalah Fall, al igual que otros muchos senegaleses, lo hicieron fuera del centro el pasado mas de diciembre tres días antes de cumplir los 18 años. Circunstancia que le ha llevado a verse abocado a la calle, sin ninguna ayuda y durmiendo a la playa. En cambio, el caso de los marroquíes Mustapha Aoulad Malik y Hamza Hraich es diferente. Ellos están trabajando actualmente y disfrutan de un piso tutelado por la DGAIA. Este es un ejemplo claro, según Abdalah, de la discriminación que se vive en el centro entre senegaleses y mauritanos y los magrebíes. Las dos fuentes extrabajadores confirman que existe esta discriminación, pues los negros se les expulsa más fácilmente del centro por el recurso de las pruebas óseas, en cambio los magrebíes lo tienen más fácil a la hora de encontrar trabajo, piso y de quedarse en el centro, por los convenios existentes entre Marruecos y España.

10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Sí, esto es la selva, hace falta sobrevivir y pisar por hacerlo. Una afirmación muy clara que intenta mostrar que al centro no se da el ambiente propicio porque el niño crezca en un clima de solidaridad, amistad y justicia, pues continuamente hay muchas peleas y los niños se roban entre ellos, nos aseguran nuestros confidentes.

la frase
Los niños aquí no se quejan porque cuando vienen lo hacen tan castigados que se piensan que aquí no tienen derechos
comportamientos peligrosos
Esto es la selva, hace falta sobrevivir y pisar para hacerlo. Continuamente hay peleas entre los menores, asegura una fuente

Hasta aquí hemos repasado los 10 derechos básicos de los menores y hemos podido ver como en la mayoría hay carencias. A pesar de todo, también hace falta entender que cada menor inmigrante es una vida y como tal, una manera diferente de tratar un mismo tema. Aun así, el hecho de la existencia de dos centros es una de las causas que hace que se incumplan más derechos. Como ya hemos hecho referencia, los menores viven en un centro diurno durante el día, y a las noches viven en otro centro sito a otra zona de la ciudad de Barcelona. Un problema que comporta toda clase de inconvenientes. Como nos aseguran los educadores del centro con los que hemos hablado, recientemente la DGAIA se ha pronunciado en la posible mejora de este hecho con la construcción de un nuevo centro de 24 horas. Actualmente, pero, la existencia de los dos centros supone una desestabilitat por los menores. En el desplazamiento de un centro a otro, un educador asegura que la ratio de menores por educador es de 7 como máximo, según el reglamento de centro. Aun cuando, últimamente esta medida se cumple en excepciones de las mañanas, dónde vamos 4 ó 5 educadores por 40 menores. Aun así es en estos desplazamientos dónde se produce el mayor número de fugues de los menores, tal y como confirman todos los entrevistados. Las condiciones de los menores tampoco mejoran demasiada en el centro nocturno Alcor, donde los educadores nos aseguran que tienen 4 duchas y 30 minutos de agua caliente por ducharse todos. Y es que pese a que lo centro Bosc también hay una ducha, nosotros en teoría no se los podemos dar ni jabón ni toallas. En este centro las instalaciones, según nuestras fuentes, no están al 100%. La pica de agua no tiene cañerías desde que empezamos a trabajar. Fines hace dos meses el patio no se limpiaba, puesto que no había señora de la limpieza. Esto contradice uno de los objetivos específicos del proyecto educativo del centro, donde se quiere estimular los hábitos de higiene de los menores. Una visión compartida por los extrabajadores del centro y corroborada por las pruebas que este equipo de investigación ha podido conseguir del interior de las instalaciones. Aun cuando, ellos lo rompen y los centro no lo repara, esto es un problema de las dos partes, como nos asegura un trabajador. Un comportamiento que se podría explicar por el hecho de que estos menores no disponen de un hogar propio, y esto hace que los menores no sientan el centro como sede. Volviendo al proyecto educativo del centro El Bosc, este dice textualmente que el personal de dirección debe participar en la elaboración del reglamento del Régimen Interno y su revisión así como de la memoria y de la programación anual. Este punto, que debería ser consultable por cualquier trabajador del centro, parece inaccesible. Y es que los educadores con los que hemos podido hablar nos aseguran que ellos no han podido ver ni el reglamento ni el proyecto educativo. En teoría los trabajadores deben tener acceso, pero a la práctica pasa una otro cosa. En la misma línea encontramos los Proyectos Educativos de los Centro (PEC), un informe de seguimiento que se debe hacer a cada menor desde el suyo ingreso. Como nos asegura una trabajadora, este documento ha de estar hecho desde el primer día que ingresan los menores al centro y, en general, se acostumbra a hacer cuando hay una inspección de la DGAIA. Un problema agravado porqué esto depende mucho del educador que toque, nos explican.

un problema de raíz
Sobre la existencia de los dos centros, los menores no lo sienten como sede, esto genera comportamientos inapropiados
dificultades para acceder
La DGAIA, el órgano público del que dependen los menores, cierra las puertas a cualquier investigación periodística

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.

2. Derecho a una protección especial que asegure un crecimiento mental y social sano y libre.

3. Derecho a un nombre y a una nacionalidad.

4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuados.

5. Derecho a una educación y atención especiales por los niños físicamente o mentalmente disminuidos.

6. Derecho a comprensión y afecto por parte de las familias y de la sociedad.

7. Derecho a la educación gratuita. Derecho a divertirse y a jugar.

8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.

9. Derecho a protección contra la abandonament y la explotación en el trabajo.

10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia.

Educadores y menores denuncian malos tratos en centros de menores de Cádiz y Girona

http://www.cadenaser.com/sociedad/audios/educadores-menores-denuncian-malos-tratos-centros-menores-cadiz-girona/csrcsrpor/20100328csrcsrsoc_4/Aes

Educadores y menores denuncian malos tratos en centros de menores de Cádiz y Girona

Juan tiene 18 años y hasta hace muy poco era uno de los 11.000 jóvenes que están tutelados en centros de menores en España, según el último informe del Defensor del Pueblo. Residía en centro de Benaluz en Cádiz y denuncia la dureza de los métodos de castigo, el abuso de las celdas de aislamiento en las que permanecen semanas o la medicación exagerada. Una situación que confirman varios educadores de distintas comunidades autónomas, como en Cataluña, donde la fiscalía de menores investiga malos tratos en el centro Mas Garriga de Girona.

Us envio un audio de la cadena ser, sobre les tortures i malstractes en centres de protecció a tota Espanya.
Es un tema que s'està despertant, i que afecta a tota Espanya; i que de moment el ciutadà mitja en té poc coneixement, actualment comença a haver-hi una lluita judicial contra aquestes practiques perque estem investigats per la ONU per tortures en els centres de menors despres de l'informe de amnistia internacional.
En dos o tres anys; pasaran per la presó molts i molts responsables (esperem, i que indemnitzin als menors pel mal causat).
. El millor es refer el model , un model més acord amb els drets humans i unes inspeccions dures i exigents de la fiscalia  de menors (cosa que ja es començara a produir).
En 7 anys han mort, victimes de la tortura blanca 14 menors en centres d'acollida. Dona malrollo saber aquestes coses, però encara més no fer res; o disimular davant de la barbarie.
Al audio es parla de les investigacions judicials a Girona i  un centre de Cadis.

martes, marzo 30

La Defensa de los Extranjeros. Antonio Hernández Gil

http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1041199
LA DEFENSA DE LOS EXTRANJEROS

TERCERA ABC DOMINGO, 28-03-10

ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL
No hemos avanzado mucho desde que la Revolución Francesa proclamó la fraternidad como lema para una sociedad más justa, o desde que Kant expresó su fe racional en el cosmopolitismo y en un derecho universal de hospitalidad hacia los extranjeros para lograr el progreso de la historia y la paz perpetua. Desgraciadamente, las crisis ahondan las fronteras, para que los «otros» no comprometan el bienestar de «nuestros» ciudadanos privilegiados. Ni siquiera somos capaces de ratificar convenios internacionales como el de protección de los trabajadores migrantes y sus familias aprobado por la ONU en 1990 y en vigor desde 2003. Y nos rasgamos las vestiduras cuando Haidar no logra volver a Marruecos por un problema formal de asunción de «su» nacionalidad que aprovechan las autoridades marroquíes para situarla en el limbo de quienes no pueden regresar a su país ni entrar en otro, sin vulnerar abiertamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país». Pero no a entrar en un país distinto del «propio».

Nadie discute hoy el eclipse de ese derecho del futuro. La libertad de circulación se limita al interior de los Estados, que ejercitan el viejo dogma de la soberanía impidiendo la entrada y permanencia de extranjeros en su territorio con ayuda de conceptos maleables que facilitan una aplicación discrecional e intensiva. Como el de «situación irregular», presente en muchos textos de derecho internacional e interno. Bajo el eufemismo de estar en esa «situación», el extranjero es regular o irregular, como los romanos distinguían entre res commercium y res extracommercium, las cosas que pueden ser objeto de derechos y las que no. Cosas o personas, qué más da, en esta asimétrica permisividad hacia el tráfico de bienes y dificultad en los flujos de personas.

Malos tiempos para hablar de la defensa jurídica de los inmigrantes, que llegan sin medios y sin orden, fruto de problemas estructurales de la globalización que, sin embargo, tratamos individualmente, escrutándolos uno a uno en la frontera aeroportuaria, devolviéndolos patera a patera desde el Sur, o persiguiéndolos por las calles de nuestras ciudades para certificar su «irregularidad» y pasaportarlos asépticamente a no importa qué destino. Y, encima, nos gastamos en ese proceso el dinero que no tenemos.

La Constitución dice que la justicia será gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, sin distinciones. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 trataba de «garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos». Entonces no se pensaba para mal en los extranjeros. Al contrario, imbuidos del espíritu constitucional, se extendió el derecho de justicia gratuita a las actuaciones administrativas en los expedientes de expulsión, rechazo en frontera o devolución, que tramita la policía. Después, las comunidades autónomas han ido asumiendo el coste de la justicia gratuita. Un coste alto y creciente sin una transferencia proporcional de recursos económicos. Un problema. Hoy, cuando el turno de oficio se tensa por demoras injustificables en los pagos y mayores trabas al reconocimiento del derecho, late la idea de que la litigiosidad se alienta por los peores motivos desde los abogados de oficio. Una imputación desafortunada que hay que relacionar con el valor superior de la justicia para evitar situaciones de indefensión.

La Ley reconoce a los extranjeros sin recursos derecho a asistencia letrada (abogado) y a representación procesal (procurador) en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español. El extranjero que en un momento se hallaba en España puede haber sido ya expulsado o devuelto a su país cuando hay que defenderlo para que pueda volver con la media familia, la media vida o los compromisos que ha dejado aquí. Sin embargo, sólo se le garantiza el nombramiento de procurador de oficio para que lo represente cuando es preceptiva su intervención, y no lo es ante los Juzgados que revisan las órdenes de expulsión o las decisiones de la policía: todo ciudadano puede comparecer ante ellos sin procurador, o conferir su representación mediante un poder. Pero, para quien ha sido expulsado o devuelto a su país es imposible acudir personalmente al Juzgado. Y otorgar desde fuera una escritura de poder será muy difícil aun contando con la posibilidad teórica de hacerlo por vía consular. Al extranjero sólo le queda su abogado de oficio, que lo defiende al límite. Puede que en ocasiones hasta más allá del límite porque este es el precio de apostar por el derecho de defensa.

En esta situación, hay Tribunales que consideran que los abogados de oficio no «representan» a nadie. Sólo «defienden». Así que inadmiten a trámite sus demandas y, como no hay cliente porque el extranjero no está debidamente representado, acaban imponiéndoles las costas del proceso al propio abogado, que es la única «parte» que tienen a mano; incluso lo sancionan por seguir recurriendo cuando ya debería saber que no se le va a reconocer la representación, que sus escritos en nombre del extranjero cuya defensa se le ha confiado no valen nada, que no siga intentándolo.

La conclusión es simple: para que sean viables estos recursos o se admite que el abogado puede asumir su representación o se deja al extranjero sin defensa, digan lo que digan las leyes que reconocen el derecho sin resolver el problema. Ni siquiera lo resuelve la nueva Ley Orgánica de Extranjería, insuficiente en éste y tantos aspectos. Como si quisiéramos un sistema con quiebras por donde recortar la defensa. Unas veces, la de no considerar al extranjero «debidamente» representado. Otras, la de entender que no justifica su falta de recursos económicos para litigar, porque no aporta el «certificado del INEM en el que conste la situación de desempleo o percepción de ayuda y período al que se extiende». Aunque haya sido retornado a un lugar donde no se conoce semejante documento, o aunque sea su situación presuntamente irregular en España, lo que le impide obtener certificados semejantes y por lo que necesita abogado.

En ordenamientos menos garantistas, estos problemas sonarán incomprensibles. Volando al país del gran sueño, se pone a la firma de los pasajeros un impreso de renuncia a cualesquiera derechos de recurso o apelación por la decisión de un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza, en referencia a mi admisión, y a impugnar toda acción de deportación, con la excepción de la solicitud de asilo. Algo tan simple como ese «papel» ahorraría aquí cientos de procesos. Muerto el recurso, se acabó la rabia. Dispónganlo así nuestros políticos; pero háganlo sin llenarse la boca del reconocimiento de derechos. Después, rendirán cuentas ante la ciudadanía, si hoy poco sensible al problema de la asistencia a los extranjeros, tal vez mañana; y, desde luego, oirán la voz crítica de los Colegios de Abogados que harán cuanto sea posible por salvaguardar el derecho de defensa de todos. Los abogados no somos «neutrales» cuando está en juego ese derecho fundamental. Algunos, incluso creemos todavía en el viejo lema de la fraternidad y en el ideal de un derecho cosmopolita en un mundo sin fronteras, o donde las fronteras sean un factor de inclusión y no de exclusión. Quizás la historia nos dé la razón y las civilizadas o bárbaras (de todo hay) formas de insolidaridad que aún practicamos sean vistas un día como algo parecido a la esclavitud o a la discriminación de la mujer, que tan fácilmente justificó la humanidad, con la ley en la mano, durante siglos.

Buscan a 6 jóvenes magrebíes desaparecidos del centro de menores Antonio Machado de Mérida

http://www.cope.es/merida/26-03-10--buscan-6-jovenes-magrebies-desaparecidos-centro-menores-antonio-machado-153299-2

LA JUNTA HA DENUNCIADO A LA POLICÍA SU DESAPARICIÓN.

Buscan a 6 jóvenes magrebíes desaparecidos del centro de menores "Antonio Machado".

Cuatro menores de edad y otros dos chicos de más de 18 años de origen magrebí, inquilinos temporales del centro de menores, Antonio Machado, están siendo buscados por la policía desde hace varios días.

Cuatro menores de edad y otros dos chicos de más de 18 años de origen magrebí, inquilinos temporales del centro de menores, Antonio Machado, están siendo buscados por la policía desde hace varios días.

 Los trabajos de la policía se centran en Mérida y sus alrededores aunque la investigación se está ampliando a otras comunidades autónomas. De hecho, todo parece indicar que dos de estos menores han sido encontrados en Barcelona, en el hueco del motor de un autobús que hacía el trayecto Mérida-Madrid-Barcelona. Cuando el conductor del autobús  comprobó que llevaba polizones avisó a los mossos de escuadra y han sido puestos bajo la tutela de la dirección general de infancia y familia de la Generalitat. La Junta de Extremadura destaca que ha actuado "siguiendo el protocolo establecido", es decir "por diligencia policial" ya que "procedían de centros de acogida de otras comunidades autónomas". La Administración regional resalta "no tiene la tutela de los mismos" y que en cuanto tuvo conocimiento de su desaparición lo puso en conocimiento de la policía nacional.


centro de tutela de menores cuestionado : La Navata, en Galapagar, Madrid

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/conducta-abusiva/informativo-de-madrid-25-03-10_jZYRxKhCHgAi3LYfvx26U4/

Informativo de Madrid (25/03/10)

25/03/2010  | Leer articulo completo en www.rtve.es

Un centro de tutela de menores cuestionado. Se trata del Centro "La Navata", en Galapagar, Madrid. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación después que de que cuatro ex-internos hayan denunciados malos tratos.


L'Estat del Racisme a Catalunya 2009. Capítol 4 Menors immigrants no acompanyats: maltractament institucional

http://www.sosracisme.org/reflexions/pdfs/Informe_Catalunya_2009.pdf
L'Estat del Racisme a Catalunya 2009
Introducció 4
Índex general
Capítol 1 6 La llei d'estrangeria a Catalunya: criminalització de la immigració.
Capítol 2 27 Polítiques en matèria d'immigració des de les institucions catalanes
Capítol 3 53 Espais i tipologies del racisme social i la presència d'un discurs xenòfob en creixement
Capítol 4 76 Menors immigrants no acompanyats: maltractament institucional
Capítol 5 84 Treball: discriminacions i explotació en un context de crisi econòmica
Capítol 6 93 Cossos de seguretat: Abusos i maltractaments. Iniciatives polítiques
Capítol 7 110 Extrema dreta i grups organitzats xenòfobs: el racisme més explícit
Capítol 8 122 Més enllà del fet migratori. Igualtat d'oportunitats en una societat diversa. Joves i poble gitano
Capítol 9 129 La lluita contra el racisme: una prioritat de tots i totes
Conclusions 146 A tall de conclusions
Bibliografia 151 Fonts Consultades
ANNEXES 152


CAPÍTOL 4
Menors immigrants no acompanyats: maltractament institucional

Introducció
El títol d'aquest capítol vol reflectir la situació que viuen una part important dels menors
immigrats no acompanyats a Catalunya. Des de l'arribada dels primers nois del Marroc
fins ara, amb la arribada dels menors provinents de l'Àfrica subsahariana, ha passat
molt temps però als problemes ja existents dels inicis s'hi sumen més factors que
donen peu a vulneracions de drets i cada cop més el menor és considerat un
immigrant i no un menor.
Aquest any, el Síndic de Greuges ha tornat a denunciar la saturació del circuit de
protecció i les condicions de recursos com el Bosc i Alcor, on malviuen una part dels
menors que arriben a la ciutat. Un alberg i un centre de dia que no ofereixen cap
atenció integral a uns nois que, donada la seva situació de vulnerabilitat, precisen d'un
sistema d'acord amb les seves necessitats i que permeti una ràpida i real integració.
El capítol mostra com persisteixen les males condicions d'aquests centres i l'anunci,
per fi, del seu tancament per part de la Generalitat a finals d'any. Uns centres que mai
s'haurien d'haver posat en funcionament, perquè mai van complir les condicions
necessàries i dignes per acollir menors.
També es mostra com la manca de tutela en un primer moment provoca situacions
d'exclusió social en xavals que han vingut aquí per iniciar una nova vida plena
d'expectatives que veuen truncades per un circuit i dispositiu mal dissenyat i amb
unes mancances de recursos, des dels seus inicis, fruit d'un plantejament polític que
els considera una càrrega pel sistema.
La protecció dels menors acompanyats és l'assignatura pendent d'un govern tripartit
que en tots aquests anys ha perpetuat un model injust i ineficaç que no sols posa
traves a la integració dels menors, sinó que els aboca en molts casos a la irregularitat
administrativa un cop adults.
La situació dels 13 menors expulsats del sistema de protecció per ser considerats
majors d'edat posa en evidència una pràctica institucional de la Direcció General
d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), que feia temps que s'estava exercint i
que només a partir de la denúncia pública de les víctimes, de les associacions, del
Síndic i d'alguns mitjans de comunicació, aconsegueix resoldre's. Malauradament, i tal
com demostra el recull que a continuació oferim, no va ser una pràctica aïllada.
A les repatriacions sense garanties i a la manca de tutela ja denunciada en altres
ocasions, ara es suma la negativa a tutelar a nois sota l'argumentació que són majors
d'edat. El sistema utilitza criteris per determinar l'edat que no estan validats com a
prova irrefutable per la mateixa medicina (doncs tenen un marge d'errada important) ni
per la mateixa legislació que dictamina prioritzar les dades i el paper del passaport.
Sotmetre llavors a les proves radiològiques a nois amb passaport o utilitzar les
radiografies de mandíbula enlloc de la de canell, que són més fiables, només es pot
catalogar de maltractament institucional.
Tanmateix, hem de dir que cada cop són més els jutges que posen fre a aquest tipus
de pràctiques i, per tant, tal com mostrem al capítol, encara que sigui un procés
complicat, cal denunciar aquestes situacions.
BARCELONA. Gener. Expulsió de 13 menors del centre d'acollida El Bosc. Tretze
joves de 16 i 17 anys, amb passaports reglats, van ser expulsats el mes de desembre
d'un centre d'acollida de la Generalitat perquè una prova mèdica que mesura els ossos
de la mandíbula en calcula una edat superior. Tot i que la prova té un marge d'error de
fins a dos anys, el centre considera que la prova demostra la falsedat dels passaports
i, per tant, refuta que els nois siguin menors d'edat i per tant possibles perceptors
d'ajuda pública. El 13 adolescents d'origen subsaharià havien arribat al centre
d'acollida de menors El Bosc feia un més i mig gràcies a una llarga successió de
tràmits, ja que a Catalunya portaven des de l'estiu i tots 13 havien entrat al país de
forma il·legal.
La majoria complirà els 18 anys durant el 2009, però hi ha algun que en té 16. Per a
tornar a entrar al sistema de protecció del menor de la Generalitat de Catalunya han
de tornar a demostrar a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
(DGAIA), per tercer cop, que efectivament són menors d'edat.
El cas va arribar al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que va obrir una investigació
d'ofici, i va demanar al Departament d'Acció Social tota la documentació i els supòsits
d'actuació de la conselleria.
L'associació El Casal dels Infants del Raval va ser qui va fer pública la denúncia, amb
el recolzament d'altres associacions com la Federació d'Associacions Veïnals de
Barcelona. El Casal dels Infants també va acollir als tretze menors expulsats i va iniciar
contactes per a facilitar-los allotjament temporal. La Creu Roja els va pagar la
pernoctació i la manutenció en diverses pensions de la ciutat fins a finals de gener. És
un servei que l'organització ofereix de forma habitual durant tres o quatre dies, però
que ha allargat de forma extraordinària per a ells.
El Síndic de Greuges va denunciar les irregularitats en la forma en la que la Direcció
General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) controla les edats dels joves.
Aquestes proves mèdiques, afirma el Síndic, "proporcionen només un grau
d'aproximació" i, segons estudis de la Generalitat, erren la seva estimació en gairebé
dos terços dels casos.
El Síndic de Greuges considera que la decisió és irregular per dues raons: perquè la
Generalitat va ignorar els passaports del menors on s'acreditava la seva edat; i per una
altra banda, perquè la decisió està basada en proves radiològiques de la mandíbula, i
aquestes tenen un marge d'error de dos anys amunt o avall.
La Generalitat desestima el consell del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, de readmetre
als nois expulsats i tutelar-los, perquè considera que les proves radiològiques tenen
fiabilitat i asseguren que els passaports dels joves són falsos.
El cas es va dilatar durant mesos, però passa el temps i la urgència és que quan
aquests nois siguin majors d'edat, en pocs mesos, corren el risc de ser expulsats per
no tenir els permisos de residència.
Al juliol, la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va assegurar que
s'havia regularitzat la situació dels 13 nois expulsat. La consellera va assegurar en la
Comissió d'Immigració que el Govern havia regularitzat la situació dels 13 nois, aquells
que en el seu dia va deixar al carrer. "L'Administració no ha reconegut oficialment que
es va equivocar en el seu moment, però ha fet el que havia de fer", va considerar el
director tècnic del Casal dels Infants del Raval, Ismael Palacín, que va advertir
d'un"degoteig constant d'expulsions de menors immigrants".
BARCELONA. Juliol. Només 12 menors marroquins s'acullen al retorn voluntari.
Tan sols 12 menors marroquins es van acollir al retorn voluntari que planteja el
programa Catalunya-Magreb des de juny de 2007, segons va informar el secretari
d'Immigració de la Generalitat, Oriol Amorós. El programa es basa en la prevenció i el
retorn voluntari de menors d'origen marroquí que emigren sense acompanyament a
Catalunya. La iniciativa pretén reduir els fluxos migratoris de menors no acompanyats i
promoure la seva integració a Tànger. L'any 2008 només set joves van acollir-se al
retorn voluntari degut principalment a les reticències de les famílies, segons la
Conselleria d'Acció Social i Ciutadania.
BARCELONA. Agost. Joves de CDC demanen a la Generalitat que resolgui la
situació que pateixen els menors subsaharians. NousCatalans.Joves va demanar a
la Generalitat que resolgués amb celeritat la situació que pateixen menors
subsaharians "a qui s'expulsa dels centres d'acollida quan encara són menors",
segons van explicar Èric Bertran, membre de la sectorial d'immigració de CDC i
president de NousCatalans.Joves, i alguns dels joves que pateixen aquesta situació.
Segons han denunciat, a diversos joves se'ls fa la prova del canell, un examen científic
per determinar l'edat dels nois i, si el resultat és que són majors d'edat, no poden
seguir als centres. Convergència i Unió va anunciar una pregunta parlamentària a la
consellera Capdevila sobre la data del tancament dels centres Alcor i Bosc.
BARCELONA. Agost. SOS Racisme critica la gestió de Generalitat en la tutela dels
menors immigrants. SOS Racisme, davant els casos en que la Direcció General de
Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ha expulsat a menors no acompanyats
de centres d'acollida, al·legant la seva majoria d'edat, va acusar a la DGAIA de la
Generalitat de no garantir la tutela dels menors immigrants no acompanyats i de
permetre que les polítiques d'estrangeria "estiguin per sobre d'aquelles orientades a
assegurar els drets dels nens i els adolescents". L'entitat va criticar pràctiques
habituals de la DGAIA, com la repatriació sense recolzament al menor, l'ús arbitrari de
les proves per determinar-ne l'edat, i el desemparament en el que queden els nois
quan arriben a la majoria d'edat. SOS Racisme va reclamar que, en aquest punt, la
Generalitat dediqui recursos a la inserció acadèmica, laboral i social dels menors i
joves, donat el risc d'exclusió que pateixen al quedar fora dels circuits d'acollida.
BARCELONA. Agost. Joves menors ex tutelats malviuen en una nau industrial del
Poblenou. Prop de 20 joves d'origen marroquí s'allotjaven en un espai del barri del
Poblenou de Barcelona, que antigament havia estat un garatge des d'on sortien
mercaderies per tot Catalunya, però que actualment és una nau que està abandonada.
Els joves que hi vivien tenen entre 18 i 25 anys, tots ells van arribar a Espanya quan
eren menors d'edat. En aquell moment, de seguida van trobar feina a la construcció i
vivien en un pis de lloguer, però la crisi els va deixar sense res. Ara intenten sobreviure
en aquest apartament improvisat on passen fred i es mullen amb la pluja.
BARCELONA. Setembre. La Generalitat deixa 46 joves sense tutela, en contra de
la doctrina del Suprem. Xavier Soley, director de la Direcció d'Atenció a la Infància
(DGAIA), va declarar que des de 2009, 46 joves van ser declarats adults i hauran
d'abandonar els centres de menors tot i que alguns d'ells tenien passaports que
acreditaven que eren menors. Per a l'organisme, això provava el frau amb aquests
documents, encara que no s'havia demostrat la seva falsedat. Per als advocats dels
joves, es tractava d'un atemptat contra els drets dels menors. Per a Soley, "els sistemes de protecció a la infància no poden ser una esquerda per a regularitzar a
persones immigrants adultes en situació clandestina". Els advocats expliquen que el
Tribunal Suprem ha assenyalat en vàries sentències que "la maduració dels ossos dels
individus és més ràpida en les poblacions subsaharianes que en les europees".
BARCELONA. Setembre. Atenció a la Infància assegura que el 80% dels joves que
demanen protecció són majors d'edat. Els joves subsaharians que mantenen un
estira i arronsa amb l'Administració perquè volen ser tractats com a menors, tal com
acredita el seu passaport o la partida de naixement, van decidir emprendre accions per
visualitzar la seva situació. Reclamaven ser acollits per la Direcció General d'Atenció a
la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i poder, per tant, viure en un centre i seguir un
procés de formació. El director general d'Infància, Xavier Soley, però, va ser
contundent i va assenyalar que s'ha complir la llei: "El sistema de protecció de la
infància no pot ser una esquerda per a la regularització dels immigrants irregulars". En
el que portem d'any, el 30% d'immigrants arribats a la DGAIA eren subsaharians.
L'any passat van ser el 18% i el 2007 el 6%.
BARCELONA. Setembre. 11 menors de l'alberg Alcor són ser ingressats per grip
A. El col·lectiu Drari va denunciar el tractament donat per la DGAIA als nens malalts de
grip A de l'alberg Alcor. Va afirmar que hi havia moltes més persones contagiades i va
alertar de les pèssimes condicions dels centres.
BARCELONA. Novembre. Doble cop judicial al tracte que la Generalitat dóna a
menors d'origen subsaharià. Un jutge va revocar l'expulsió d'un jove d'un centre
d'acollida i un altre magistrat va obligar a la Generalitat a tramitar els papers d'un noi
tutelat. El primer va ser expulsat quan es va negar a sotmetre's a les proves de
calcificació d'ossos i dents per calcular la seva d'edat abans. La DGAIA fa aquests
exàmens abans de tramitar els permisos de residència i si els joves s'hi neguen, la
fiscalia els declara adults i són expulsats dels centres d'acollida. L'altre noi havia estat
declarat desemparat per la DGAIA, que el va tutelar, tot i que tampoc es va creure el
seu document. Per això, va ignorar la Llei d'Estrangeria, que obliga a regular a
qualsevol menor tutelat i a tramitar-li el permís. Per estalviar-s'ho, els serveis de
protecció a la infància van qualificar el seu desemparament de "preventiu" i la seva
tutela de "cautelar" a l'espera d'una prova que no es va fer fins molt temps després. El
jutge va decretar en un auto que aquesta situació suposava un greu perjudici pel
menor i per això va ordenar a la DGAIA que comenci els tràmits per documentar-lo. Hi
ha 20 nois als que DGAIA es nega a tramitar el permís, segons l'advocat Albert Parés.
En aquest sentit, SOS Racisme va acusar a la DGAIA de no garantir la tutela dels
menors immigrants no acompanyats i de permetre que les polítiques d'estrangeria
estiguin per sobre d'aquelles orientades a assegurar els drets dels nens i els
adolescents.
BARCELONA. Novembre. El Síndic denuncia que el sistema d'acollida als menors
està saturat. El Síndic de Greuges va entregar un informe al Parlament sobre els
menors en situació de risc a Catalunya i va alertar de que no estan encara tots els
deures fets. El document destaca que la inversió pública s'ha quedat curta per evitar la
saturació del sistema d'emparament dels menors en situació delicada. Les dades
mostren que hi ha 190 menors en llista d'espera per ingressar en un centre. Algun
d'ells estava patint una saturació del 150% i les famílies havien rebut poques ajudes.
El síndic de Greuges, Rafel Ribó, va avisar de que "hi ha una absència de famílies
d'acollida professionals i es necessita una política per a potenciar-les". També va
anunciar que el 26% dels Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE) estan sobrecoberts. Dos mesos després, coincidint amb el vintè aniversari de la Convenció
sobre Drets del Nen de les Nacions Unides, Ribó va reconèixer que "cal augmentar la
protecció legal dels menors immigrants indocumentats sota la tutela de la Generalitat" i
va recordar que les proves mèdiques que es realitzen als joves per determinar la seva
edat exacte "no són concloents".
CATALUNYA. Desembre La Direcció General d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència (DGAIA) nega la denúncia d'Amnistia Internacional La DGAIA va
negar que als centres de menors de Catalunya es violin els drets humans dels interns.
Així va respondre a les acusacions de l'informe d'Aministia Internacional. Apuntava
també que l'ONG havia elaborat l'informe sense haver entrat en cap d'aquests centres
i asseguraven que la Generalitat, que sí que ho ha fet, no ha detectat maltractaments
en les inspeccions.
BARCELONA. Desembre. La Generalitat anuncia el tancament dels centres Alcor i
Bosc. Imma Pérez, secretària de l'àrea d'Infància i Adolescència de la Conselleria
d'Acció Social, va anunciar el tancament de l'alberg Alcor i el centre de dia el Bosc.
Dos centres, nocturn i diürn, per on passaven molts menors. Pérez va anunciar que
s'obriran nous centres de 24 hores per absorbir els menors dels espais tancats i donarlos
un servei millor.
BARCELONA. Desembre. Un informe de la Fundació Pere Tarrés alerta del riscos
que pateixen els menors immigrants no acompanyats i denuncia la situació de
les noies. Els anomenats menors estrangers immmigrants no acompanyats (MEINA)
són un col·lectiu que durant els últims tres anys va estudiar un grup d'investigadors de
la Fundació Pere Tarrés dirigit per Violeta Quiroga. Segons dades de l'estudi, a
Catalunya (on n'hi ha un total de 761) n'han entrat aquest any 249, enfront dels 323
del 2008 i els 466 de 2007. Una baixada associada a l'alentiment dels fluxos migratoris
a causa de la crisi. L'informe posa èmfasi en els nous perfils de menors considerats de
risc ja que, al no ser detectats, queden desemparats dels seus drets fonamentals i, en
moltes ocasions, en mans de xarxes que delinqueixen. Quiroga va posar l'accent en
dos grups: les menors romaneses i subsaharianes enganyades i condemnades a la
prostitució i les noies romaneses en famílies nombroses dedicades a la mendicitat i el
furt. L'estudi també demana ampliar la cobertura de protecció i seguiment fins els 21
anys.
A continuació, per ampliar la informació, adjuntem l'entrevista realitzada al Casal del
Infants per l'Acció Social als Barris
Aproximació a la realitat de menors no acompanyats. Casos en que queden fora
del sistema de protecció del menor i com aquesta situació els pots abocar a la
irregularitat.
El Casal dels Infants
El Casal dels Infants és una associació constituïda el novembre de 1982 a Barcelona i
es va posar en funcionament l'any 1983. A l'inici, desenvolupava la seva activitat al
barri del Raval de Barcelona, però actualment té presència en altres municipis del
territori.
El Casal desenvolupa un conjunt de projectes orientats a donar resposta a les diferents
necessitats i problemàtiques de la població. Treballa per proporcionar, en el seu conjunt, una oferta integral en la qual cada usuari pugui trobar una resposta específica
i personalitzada a la seva necessitat de recolzament.
En el transcurs de la seva trajectòria, l'associació s'ha anat adaptant a la complexa
realitat canviant. Ha deixat de prestar alguns serveis que resultaven innecessaris, per
activar-ne d'altres que donessin resposta a noves necessitats emergents i no cobertes
i als nous col·lectius de ciutadans.
Programa Joves en Risc. Aquest programa té com a finalitat la integració de joves en
risc d'exclusió social. El Casal treballa per dinamitzar i potenciar els recursos que el
mateix barri pot posar en funcionament per a millorar el benestar dels nois/es i l'entorn
comunitari, en general. Treballa amb joves sense xarxa social per oferir-los
oportunitats i fomentar la seva iniciativa i esperit emprenedor. A més a més, treballen
per accedir als joves i grups de carrer amb noves fórmules de treball educatiu de
carrer i comunitari.
Entrevista a Alícia González, cap del programa dirigit a joves en risc.
Fa uns mesos, un jove subsaharià de 16 anys va trucar al timbre del Casal dels Infants
per l'Acció Social als barris sense saber què es trobaria darrera d'aquella porta.
Només portava un paper amb l'adreça del centre que li va donar una persona pel
carrer i ara està fent un curs de formació professional. El casal té un projecte destinat
aquests menors que han arribat a Espanya en pastera, la cara més cruel de la
immigració africana. Però aquesta tasca sovint es veu dificultada per algunes
discriminacions institucionals que, emparant-se en proves de dubtosa fiabilitat, deixen
sense passaport a desenes de menors. Alícia González es la cap del programa dirigit a
joves en risc.
Quina és la situació dels menors subsaharians que arriben al Casal?
Venen recomanats per compatriotes, des dels centres de la Creu Roja, a través dels
educadors dedicats als MEINA (Menors Estrangers Indocumentats No Acompanyats) o
simplement, els porta algú que els ha trobat pel carrer. El perfil majoritari és el d'un
menor que ha arribat a Canàries en pastera i que marxa a Barcelona a buscar-se la
vida.
Quin és el circuit que fan aquests nens? A què poden aspirar?
La clau per entrar al sistema de protecció és tenir el passaport per presentar-lo a la
Fiscalia de Menors i, a partir d'aquí, es plantegen diversos camins. Un d'ells és que
mai siguin admesos. En aquest cas, es converteixen en adults indocumentats durant
un mínim de tres anys. Després, poden demanar la regularització per arrelament, però
mentrestant, no poden treballar ni tenir una residència legal. Una altra possibilitat, la
millor de totes, és que la Fiscalia els atengui, els accepti el passaport i siguin
reconeguts com a menors. En aquest cas, els trasllada a centres d'urgència i
comencen un itinerari de protecció, de reinserció laboral i inicien els tràmits dels
papers. Per últim, pot passar que la Fiscalia els admeti i que, durant els nou mesos
que l'Administració es pren per estudiar la situació de desemparament, siguin
sotmesos a unes proves de creixement ossi. Si els exàmens conclouen que no són
menors d'edat, són expulsats del sistema de protecció perquè la Fiscalia al·lega que la
documentació del país africà no és vàlida aquí. El problema és que ara els sotmeten a
aquestes proves de seguida i si són negatives i no passen pel centre d'acollida, no
figuren com a atesos i després, als 18 anys, no es poden regularitzar.
El casal ha denunciat la situació dels menors que la DGAIA nega que ho siguin i
deixa sense atendre. En quines proves es basen? Què diu la legislació
internacional?
Són proves òssies molt criticades des del punt de vista jurídic i mèdic. Els experts
adverteixen que no poden ser concloents i, de fet, la Llei d'Estrangeria diu que només
s'han de dur a terme si hi ha sospites de que el jove no sigui menor d'edat. Ara, en
canvi, les fan sempre. Es produeix un ús abusiu de la llei i no es reconeixen els
documents oficials del país d'origen. Encara que el passaport digui que el jove és
menor, li fan la prova igualment. El problema està en la Fiscalia, la DGAIA només
obeeix les seves ordres.
Quants menors es troben en aquesta situació? Quina és la seva situació actual?
Prop de 40, que sapiguem al casal. Per ara, el Consorci de Serveis Socials de
Barcelona cobreix les necessitats bàsiques d'aquests menors, fins que arriben a la
majoria d'edat. El recurs es va posar en marxa al Nadal i havia de durar tres mesos,
però encara continua actiu. Desconeixem fins a quan i quina serà la resposta, si n'hi
ha alguna.
És factible que un menor no acompanyat pugui realitzar una ESO i fins i tot una
carrera universitària?
No és impossible. Són nois que venen aquí a buscar un futur millor i això els fa
moure's. Tenen moltes expectatives, bones competències, respecten l'autoritat, són
madurs i han gestionat diners abans. Alguns han començat cicles formatius. El
problema és que la inactivitat a la que es veuen obligats degut al ritme administratiu
impedeix que puguin començar l'itinerari d'inserció i aquesta frustració els provoca
malestar. Perden les capacitats, tenen paranoies, es troben en un estat de risc pel que
fa a la seva salut mental, es tornen negatius perquè creuen que no ho podran
aconseguir, que els faran les proves i hauran de marxar... Molts estan amb tractaments
terapèutics i, en aquest llarg camí d'incertesa, els podem perdre.
El circuit d'atenció no és el mateix pels nens menors autòctons que pels
immigrants. Què implica aquesta duplicitat ? Cal una normalització?
I tant, als centres per immigrants acostuma a haver-hi moltes més places que als
espais per a autòctons. A més, els immigrants dormen a un alberg i passen la resta
d'hores en un centre de dia. Els autòctons no canvien tant de centre. Els immigrants
reben la primera acollida en un centre d'urgència i es diferencia l'atenció diürna de la
nocturna, cadascuna es fa en un lloc diferent. Després passen a centres d'acollida
exclusius per immigrants. Són pocs els que accedeixen als Centres Residencials
d'Atenció Educativa de la tipologia dels que disposen els menors autòctons.
Evidentment, és necessària una normalització.
La situació general dels MEINAS fa que moltes vegades siguin objecte
d'estereotips, prejudicis i racisme social. En teniu constància?
Ells es senten discriminats pel sistema de protecció i per la Fiscalia de Menors.
Denuncien el tracte diferencial amb els joves marroquins perquè a ells sí que els
accepten la validesa del passaport. Fins i tot, diuen que hi ha diferències entre africans
de diferents països. Segons perceben els menors, l'origen, a vegades, determina els
recursos, les prioritats en el menjar, els llits, les dutxes...

Protesta contra el cierre de centro menores no acompañados El Portezuelo, Tenerife

26-03-2010 14:47
Acn Press. Santa Cruz de Tenerife
El secretario general de CCOO en el organismo autónomo del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), Airam González rechazó el próximo cierre del Centro para Menores Extranjeros no acompañados (CAME) de El Portezuelo, gestionado por el Cabildo, cuando se cumple ya el quinto día de protesta a las puertas del Hospital Militar de Santa Cruz, lugar al que los trabajadores de este centro se encadenan cada día en protesta por el cierre inminente de un centro "que aún es muy necesario". El representante de CCOO rechazó las "excusas" del IASS de que son centros innecesarios porque ha cesado la llegada de inmigrantes, o de que los recortes presupuestarios imposibilitan su mantenimiento. Para él, "la realidad es otra".

Para ellos, es muy preocupante "el deterioro de los servicios públicos" y no sólo la pérdida de sus 14 puestos de trabajo, motivo por el que han convocado una concentración que tendrá lugar mañana desde la plaza Weyler al Cabildo, protesta que esperan que tenga "gran repercusión" ante la "falta de lógica del cierre de este centro de menores", noticia que los trabajadores conocieron hace tan sólo diez días

González asegura que este centro está a media carga de capacidad "sólo porque desde el IASS así lo han querido", puesto que, en su opinión, no han solicitado al Gobierno autónomo la llegada de más menores cuando "hay camas vacías, mientras seguimos teniendo menores inmigrantes que las necesitan".

"Problemas presupuestarios no hay", aseguró el representante de CCOO, quien señaló que "este año el presupuesto del IASS ha aumentado nueve millones de euros". Aunque la empresa les ha comunicado que todos serán recolocados, los trabajadores mantendrán sus protestas hasta la próxima reunión que tendrá lugar el próximo martes.

Los menores inmigrantes, 275 en este momento, están bajo la tutela del Gobierno de Canarias pero la guarda y custodia es competencia de los cabildos insulares, quienes adecuaron centros como este CAME que se hizo necesario ante el aumento de menores extranjeros que llegaban en pateras a las costas canarias y que gestiona el IASS.

580 menores no acompañados en Euskadi, el número se ha reducido un 17%. Cada menor extranjero cuesta 130 euros al día a las diputaciones de Vizcaya y Gipuzkoa y 100 a la de Álava

http://argijokin.blogcindario.com/2010/03/11196-menores-inmigrantes-excluidos-y-no-bien-tratados.html

580 menores enfrentan a las instituciones. Los inmigrantes no acompañados, cuyo número se ha reducido un 17% en Euskadi, desatan la bronca entre el Gobierno Vasco y las diputaciones

Cada menor extranjero cuesta 130 euros al día a las diputaciones de Vizcaya y Gipuzkoa y 100 a la de Álava

28.03.10 - JAVIER MUÑOZ | SAN SEBASTIÁN (VOCENTO- DIARIO VASCO)
Las tres diputaciones vascas tienen actualmente bajo su tutela a unos 580 menores [no] acompañados, un colectivo minúsculo si se compara con la población inmigrante del País Vasco (132.000 empadronados), pero que ha provocado un nuevo enfrentamiento institucional.

La mecha la prendió esta semana la consejera de Justicia, Idoia Mendia, a la sazón portavoz del Ejecutivo autónomo, al denunciar que los adolescentes acogidos en los centros forales están desatendidos y que por esa razón algunos de ellos protagonizan conflictos y motines como el ocurrido este mes en las dependencias de Elgeta. Las diputaciones, gobernadas por el PNV, acusaron a Mendia de «irresponsable» y le exigieron «una rectificación». No obstante, la consejera mantiene que hay menores tutelados que delinquen para no les envíen a establecimientos forales, sino a recintos cerrados o semicerrados del Servicio de Justicia Juvenil, dependiente de la Administración autónoma.

La controversia de los inmigrantes no acompañados, que costarán este año unos 26 millones de euros a las arcas forales de los tres territorios, viene propiciada, en parte, por el reparto de competencias entre las administraciones autonómica y foral; pero bajo la misma se adivinan también dos concepciones distintas sobre la política social.

El PSE, por ejemplo, se ha desmarcado de la propuesta del PNV para distribuir a los inmigrantes no acompañados por cupos entre las autonomías y rechaza que su edad se verifique por un procedimiento único y fiable. En cambio, los diputados generales peneuvistas discrepan del propósito de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta de permitir a los menores extranjeros a punto de cumplir los 18 años que tramiten la renta básica y la prestación de vivienda (dos subsidios que suman hasta 975 euros al mes en doce pagas).

Rifirrafes políticos

A la postre, los jóvenes tutelados, mucho más numerosos en Euskadi que en Madrid y Valencia, se han visto atrapados en los rifirrafes políticos en los que PSE y PNV protagonizan cada poco tiempo, si bien los representantes de ambos partidos en el Gobierno Vasco, las diputaciones y la Asociación Vasca de Municipios (Eudel) debaten entre bambalinas, y con mucha menos estridencia, el futuro de los servicios sociales y los impuestos que los ciudadanos deberán pagar por ellos.

A decir verdad, pese al cruce de acusaciones entre el Gobierno Vasco y los gobiernos forales, la consejera de Justicia y el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ya han concertado una reunión el próximo miércoles para tratar sobre los inmigrantes no acompañados, que últimamente han sido noticia sobre todo en aquel territorio histórico.

Los datos más recientes acerca de ese colectivo indican que no sólo no ha aumentado en el País Vasco, sino que se ha reducido un 17% respecto a 2009, cuando llegaron a contabilizarse unos 700. De todos modos, tales cifras deben interpretarse con prudencia, pues pueden variar de una semana a otra debido a que los menores se mueven constantemente de unas comunidades a otras.

Según la información facilitada por las diputaciones, Vizcaya atiende a 362 menores extranjeros y Gipuzkoa, a unos 120. A comienzos de año, Álava acogía a un centenar. Es difícil calcular el dinero que cada territorio histórico habrá gastado a final de año en estos adolescentes (manutención, alojamiento, educadores, una paga para pequeños gastos, etc.).

No obstante, si las cifras actuales se mantienen, el coste anual podría ascender a 17,1 millones de euros en Vizcaya y a 5,6 millones en Gipuzkoa -en ambas provincias, los gobiernos forales firman convenios con ONG para que cuiden a los menores a razón de 130 euros por persona y día, incluyendo todos los gastos-. Álava, por su parte, gastaría unos 3,6 millones -100 euros/día-.

En líneas generales, la mayoría de los jóvenes no acompañados ha emigrado a Euskadi por motivos económicos y son de origen marroquí; pero también los hay subsaharianos y, en los últimos tiempos, de Europa del Este. Esos jóvenes se benefician de una red de acogida foral constituida por una veintena de centros y un número similar de pisos que están diseminados en los tres territorios. Si en algo coinciden el Gobierno Vasco y las diputaciones es que los menores que cometen delitos o faltas son pocos. Un grupo significativo culmina cursos de formación laboral con éxito, aunque su integración social tiene menos repercusión pública que los incidentes que se producen en los centros de acogida.

El diputado vizcaíno de Acción Social, Juan María Aburto, resaltó esta semana que sólo trece jóvenes tutelados en ese territorio tienen cuentas pendientes con la Justicia Juvenil. En Gipuzkoa, tras el motín en un establecimiento de Elgeta, cinco menores fueron enviados al centro de reclusión de Ibaiondo, en Zumarraga. Precisamente, desde el Departamento de Justicia insisten en que, si las diputaciones reforzaran los programas educativos dirigidos a los menores no acompañados, la Justicia Juvenil no acabaría ocupándose de algunos de ellos. No obstante, Aburto replicó que la polémica no ha servido sino para vincular la inmigración con la marginalidad y la delincuencia, una relación que no es cierta.
DV

La Diputación de Vizcaya gasta 30 millones al año en atender a los menores extranjeros. 362 chavales bajo tutela foral vizcaína. Las Juntas instan al Gobierno central a fijar un sistema de cupos de inmigrantes por comunidades

LAS REACCIONES
JUAN MARÍA ABURTO PNV
«No es poner vallas, sino crear servicios mínimos en otros territorios»
SUSANA GONZÁLEZ PSE-EE
«El PNV trata a los menores como si fuesen un problema»
CARMEN CARRÓN PP
«La Diputación lo está haciendo bien; los recursos son limitados»
ANA TELLERÍA EB
«Lo de repartir personas no nos suena bien; pero el PSE se contradice»
JOSEBA GEZURAGA EA
«Es un tema serio cuya manipulación fomenta la xenofobia»


27.03.10 - DAVID S. OLABARRI | BILBAO.(EL CORREO)
Las Juntas Generales vizcaínas acogieron ayer un nuevo 'round' de la polémica institucional que enfrenta al Gobierno vasco (PSE) y a las diputaciones (PNV) por la atención que se presta a los menores extranjeros no acompañados. Desatado el pasado miércoles a raíz de unas declaraciones de la consejera de Justicia del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, en las que acusó a los gobiernos territoriales de no cuidar como es debido a los jóvenes que se encuentran bajo su tutela, el enfrentamiento que mantienen socialistas y nacionalistas en esta materia vivió ayer un nuevo episodio de la mano de dos proposiciones no de norma que dieron lugar a un acalorado debate.

A nivel práctico, sólo salió adelante la iniciativa defendida por el grupo jeltzale, que pide la creación de un sistema de cupos para que todas las comunidades se impliquen en los cuidados a este colectivo. El diputado de Acción Social, Juan María Aburto, que tomó la palabra expresamente para volver a salir al paso de las acusaciones de Mendia, explicó que Vizcaya es uno de los territorios punteros en la asistencia a los menores. Una afirmación que reforzó con una serie de datos. Entre ellos, subrayó que la Diputación ha invertido 100 millones de euros en los últimos tres años para atender al número «creciente e imprevisible» de menores extranjeros que llegan al territorio.

En la actualidad, hay 362 chavales bajo tutela foral. Una cifra que se encuentra muy por encima de los 120 jóvenes que se atienden en Madrid, del centenar de Valencia, de la decena de Navarra o de la ausencia de servicio en La Rioja en esta materia, según los datos aportados ayer por distintos representantes de los grupos políticos. Fuentes forales añadieron ayer que Vizcaya es el segundo territorio que más menores cobija, sólo superado por las islas Canarias.

«Profundamente dolidos»

Con estos datos en la mano, Aburto recalcó que el Gobierno foral no pretende desentenderse de la atención a los menores, pero confesó que la actitud del resto de comunidades les hace pensar que esta situación «sólo preocupa» en Vizcaya. Por eso, insistió en que se sienten «profundamente dolidos» por las palabras de la consejera -Mendia aseguró que algunos adolescentes que han cumplido castigos judiciales han vuelto a delinquir para seguir en centros del Gobierno vasco en vez de ser acogidos en un establecimiento foral- y defendió la necesidad de establecer un sistema de cupos que permita crear «servicios mínimos en otras comunidades y abordar este fenómeno «cambiante» con «equilibrio».

Esta última propuesta salió adelante con los votos favorables del PP, que defendió la labor de la Diputación en esta materia, y EA, que presentó dos enmiendas e insistió en la necesidad de tratar con «responsabilidad» una realidad cuya «manipulación» puede fomentar la «xenofobia». En concreto, la iniciativa insta al Gobierno vasco a que presente una «solución» en la comisión interautonómica de tal manera que cada comunidad atienda a un determinado número de jóvenes en función de la población.

Opuesta a la planteada por el PSE-EE, la propuesta del PNV fue acogida con gruesas críticas por parte del resto de la oposición. La juntera socialista Susana González aseguró que el PNV ve a los menores «como un problema» y rechazó la idea del cupo, que consideró «vergonzosa» e «inconstitucional». «Los niños son niños vengan de donde vengan», subrayó. Los portavoces de Aralar -que la calificó de «vergonzosa»- y Alternatiba -que apuntó que este sistema da a entender que se trata de una forma de repartirse «algo que causa problemas»- también rechazaron la medida. La representante de EB, que se abstuvo, subrayó que lo de «repartir personas» no le suena bien, pero también mantuvo cierta distancia con la iniciativa del PSE.

La proposición socialista, rechazada con los votos de PNV y PP, pedía instar a las instituciones públicas a que establezcan «todos los mecanismos necesarios» para que la condición de extranjero no suponga para los menores no acompañados «un elemento de discriminación negativa». También se emplazaba a la Diputación a continuar trabajando en planes educativos, formativos y de inserción social y laboral, «de tal manera que todos los menores no acompañados tengan un proyecto educativo y de inserción laboral en el que puedan ser apoyados y acompañados en la época de emancipación laboral».

Le Maroc engagé à protéger les Droits de l'Enfant

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=63936&pags=0&idioma=es
11 de Marzo de 2010
Le Maroc engagé à protéger les droits de l'enfant
Le Matin Noticia / Abdallah Darkaoui
Nacional, Marruecos - L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'Office des Nations unies à Genève, Omar Hilale, a souligné mercredi devant le Conseil des droits de l'Homme (CDH) de l'Onu la grande importance que le Maroc attache aux droits de l'enfant, ajoutant que le Royaume s'est engagé sous l'impulsion de S.M. le Roi Mohammed VI à protéger et à promouvoir ces droits aux niveaux national et international.


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lunes, marzo 29

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viernes, marzo 26

Pnv Eaj, Pp y Ea Proponen fijar un cupo de menores extranjeros para cada comunidad autónoma en función de la población. Pse, Aralar, En y Upyd critican la propuesta

Proponen fijar un cupo de menores extranjeros para cada comunidad autónoma. PNV, PP y EA defienden establecer un límite en función de la  población, mientras que PSE, Aralar, EB y UPyD critican la propuesta

EP - Jueves, 25 de Marzo de 2010 - Actualizado a las 12:33h.

GASTEIZ. El Parlamento vasco solicitó hoy que se fije un cupo de menores  extranjeros no acompañados para cada comunidad autónoma en función de  la población y, en su caso, de "otros parámetros". La Cámara, con el  apoyo de PNV, PP y EA, reclamó también que la verificación de la edad  de estas personas se lleve a cabo "mediante un sistema único y  fiable".

El debate sobre esta cuestión fue llevado al pleno del Legislativo  autonómico por el PNV, que ya ha planteado este asunto en varias  ocasiones en el Congreso de los Diputados. En la Cámara se registró  una división entre PNV, EA y el PP, que sumaron su mayoría para sacar  adelante el texto que acordaron, y el PSE, Aralar, EB y UPyD, que  defendían otra iniciativa en la que no se planteaba el  establecimiento de cupos y se apostaba por reforzar la "coordinación"  en esta materia.

La proposición finalmente aprobada por nacionalistas y 'populares'  insta al Gobierno vasco a que presente "con la mayor urgencia" ante  la Comisión Interautonómica de Infancia y Familia del Ministerio de  Sanidad y Política Social una propuesta que "garantice una adecuada y  efectiva protección" de estos menores. 

Dicha propuesta deberá tener como objeto que los menores  extranjeros no acompañados, "una vez certificada su edad mediante un  sistema único y fiable, sean puestas a disposición de los servicios  competentes de protección" de las comunidades autónomas. Para ello,  se propone fijar "el número de personas a atender por cada comunidad,  en función de la población y, en su caso, de otros parámetros que se  acuerden". 

El objetivo es que los servicios de atención a este colectivo  "puedan desarrollar las políticas necesarias para posibilitar la  educación, la formación y la inserción" de estas personas en el  mercado laboral.

La Cámara, además, insta al Ejecutivo autonómico a "defender la  propuesta unánime que plantearon de forma conjunta" el propio  Gobierno y las diputaciones forales en la pasada legislatura para el  establecimiento de "criterios estables y equitativos" en la atención  de este colectivo, "teniendo en cuenta el número de menores ya  acogidos" por cada comunidad, así como los 'ratios' de población,  recursos y financiación.

CRITICAS A MENDIA


La parlamentaria del PNV Nerea Antia justificó la necesidad de  establecer cupos dada "la desequilibrada distribución" de menores  extranjeros no acompañados en las distintas comunidades autónomas.  Según afirmó, en Euskadi existen unos 700 menores de otros países  tutelados por las diputaciones, cifra que, según dijo, en la  Comunidad Valenciana no llega a 80. 

Antia, además, expresó su "malestar" por las "gravísimas"  declaraciones efectuadas ayer por la consejera de Justicia del  Gobierno vasco, Idoia Mendia, quien afirmó que algunos menores optan  por delinquir para ser ingresados en centros de reforma   --dependientes del Gobierno vasco-- en lugar de permanecer en centros  de tutela  --gestionados por las diputaciones--, dado que los  primeros ofrecen una mejor atención. Antia acusó a Mendia de "entrar  como elefante en cacharrería en un tema del que no sabe gran cosa".

"EN SU ENTORNO"

Desde el PP, Laura Garrido subrayó que "muchos mayores de edad se  hacen pasar por menores" para seguir siendo atendidos en los centros  de tutela. De hecho, afirmó que "un 30 por ciento" de las personas  inmigrantes identificadas como menores "eran adultos". 

Además, defendió la necesidad de acabar con "la dejación" del  Gobierno central en esta materia, al que acusó de dejar "un papelón"  a las comunidades autónomas tras su política de "papeles para todos".  Garrido afirmó que su partido defiende "el reagrupamiento familiar"  de los menores extranjeros para que puedan vivir "en su entorno".

"INSOLIDARIA"

La parlamentaria del PSE Teresa Laespada calificó la iniciativa  aprobada de "alarmantemente insolidaria" y consideró que el  establecimiento de cupos "colisiona con grandes impedimentos  jurídicos y éticos". Además, afirmó que el número de menores  extranjeros no acompañados en Euskadi ha descendido hasta el medio  millar. En referencia a la inmigración, reprochó a 'jeltzales' y  'populares' que donde ellos perciben "una amenaza", el PSE observa  "una oportunidad" de contribuir a la riqueza. 

Laespada destacó que el respeto al "interés superior del menor"  debe ser la "directriz básica" de las políticas que se desarrollen en  este campo. La parlamentaria socialista recordó que tutela de los  menores en situación de desprotección es competencia de las  comunidades autónomas y reprochó a los impulsores de la iniciativa  que "cuando tenemos un problema que no podemos resolver", pretendan  que "nos lo resuelva el Gobierno central". Respecto a las  declaraciones de Mendia, afirmó que es una persona "bastante juiciosa  para decir lo que piensa".

"COMO MERCANCIA"

Por parte de Aralar, Oxel Errostarbe expresó sus "dudas" respecto  al establecimiento de cupos y se preguntó qué ocurriría si se excede  el número de inmigrantes no acompañados asignado a una comunidad. A  su juicio, las declaraciones efectuadas ayer por la consejera de  Justicia "son indefendibles".

El parlamentario de EB, Mikel Arana, reconoció que ha podido  existir un "desbordamiento" de los recursos de las diputaciones en la  atención a este colectivo, aunque subrayó que estas personas son  menores con un "derecho de atención preferente". Desde UPyD, Gorka  Maneiro denunció que PNV, EA y PP pretenden "repartir a los menores  extranjeros no acompañados como si fueran mercancía".

Un adolescente de 15 denuncia un trato vejatorio en centro Miraflores, Noreña, Asturies

http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=547354

Un adolescente, de 15 años, que se encuentra tutelado en Asturias, ha denunciado en el juzgado de guardia el trato presuntamente vejatorio que, según su relato, ha recibido en el centro de Miraflores (Noreña).

El joven fue trasladado al centro hace dos semanas y, según su versión, desde su entrada fue aislado en una habitación, alejado del resto de jóvenes. Sólo tuvo contacto, según consta en la denuncia, con un educador durante una hora en la que le dejaban estar en una sala de juegos. Durante cinco días, asegura que permaneció en el interior del cuarto, donde recibía la comida y sólo podía salir al exterior vigilado para dirigirse al servicio.

El menor rechaza que su actitud hubiera sido violenta o que hubiera ingresado en el centro con sus facultades alteradas por el consumo de drogas, por lo que incide en que nunca fue advertido de las razones que motivaron su aislamiento, vulnerando así el reglamento de régimen interior sobre normas de centros de alojamientos de menores por el que se rige el centro de Miraflores.

El denunciante relata igualmente cómo, a pesar de no haber participado en un incidente protagonizado por un compañero, ambos fueron trasladados "a camarillas" toda la noche, en una habitación de dimensiones reducidas y sin cama. El adolescente pide en su denuncia al juzgado que se proceda a la apertura de una investigación que aclare si, tal y como él ha recogido en su contenido, ha recibido un trato vejatorio sin haber dado motivos para ello.

jueves, marzo 25

Un menor denuncia un trato vejatorio en Miraflores

24/03/2010 P.CAMPO 

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Un adolescente, de 15 años, que se encuentra tutelado en Asturias, ha denunciado en el juzgado de guardia el trato presuntamente vejatorio que, según su relato, ha recibido en el centro de Miraflores (Noreña).

El joven fue trasladado al centro hace dos semanas y, según su versión, desde su entrada fue aislado en una habitación, alejado del resto de jóvenes. Sólo tuvo contacto, según consta en la denuncia, con un educador durante una hora en la que le dejaban estar en una sala de juegos. Durante cinco días, asegura que permaneció en el interior del cuarto, donde recibía la comida y sólo podía salir al exterior vigilado para dirigirse al servicio.

El menor rechaza que su actitud hubiera sido violenta o que hubiera ingresado en el centro con sus facultades alteradas por el consumo de drogas, por lo que incide en que nunca fue advertido de las razones que motivaron su aislamiento, vulnerando así el reglamento de régimen interior sobre normas de centros de alojamientos de menores por el que se rige el centro de Miraflores.

El denunciante relata igualmente cómo, a pesar de no haber participado en un incidente protagonizado por un compañero, ambos fueron trasladados "a camarillas" toda la noche, en una habitación de dimensiones reducidas y sin cama. El adolescente pide en su denuncia al juzgado que se proceda a la apertura de una investigación que aclare si, tal y como él ha recogido en su contenido, ha recibido un trato vejatorio sin haber dado motivos para ello

http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=547354

El Gobierno vasco acusa a las diputaciones de desatender a los menores bajo su tutela. La consejera Mendia asegura que algunos adolescentes delinquen para no ir a los centros forales, lo que el gobierno de Guipúzcoa califica de «insulto»

http://www.elcorreo.com/alava/v/20100325/pvasco-espana/gobierno-vasco-acusa-diputaciones-20100325.html

El Gobierno vasco acusa a las diputaciones de desatender a los menores bajo su tutela. La consejera Mendia asegura que algunos adolescentes delinquen para no ir a los centros forales, lo que el gobierno de Guipúzcoa califica de «insulto»

25.03.10 - 02:29 JAVIER MUÑOZ | BILBAO.
La consejera de Justicia, Idoia Mendia, acusó ayer a las diputaciones forales de no atender como es debido a los menores que se encuentran bajo su tutela, hasta el punto de que algunos adolescentes que han cumplido castigos judiciales han vuelto a delinquir para seguir en centros cerrados o semiabiertos del Gobierno vasco en vez de ser acogidos en un establecimiento foral. «Algo no se está haciendo bien», resumió Mendia, que visitó ayer las instalaciones de Ibaiondo, en el municipio guipuzcoano de Zumarraga, un lugar que está casi al completo con 37 muchachos que cumplen las medidas más restrictivas de libertad impuestas por los juzgados de menores del País Vasco.
«Ibaiondo es un lugar muy duro -recalcó la consejera, a la sazón portavoz del Gobierno vasco-. Es una cárcel, pese al esfuerzo desplegado por el personal y los educadores, que intentan dar lo mejor de sí mismos». Según la titular de Justicia, en Zumarraga, que cuenta con 39 plazas para varones, «no habría tantos jóvenes si otros centros de menores desarrollaran programas educativos más intensos y hubiese más atención».
Según explicaron los responsables de Ibaiondo, que depende del Servicio de Justicia Juvenil del Gobierno vasco, entre los jóvenes recluidos actualmente en sus instalaciones -por robo con intimidación, agresión sexual, golpear a los padres, etc.- figuran cinco inmigrantes no acompañados que ingresaron este mes procedentes del centro de la Diputación de Guipúzcoa en Elgeta, donde se produjo un motín.
Coordinación
El viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, también mencionó el caso de una chica que había sido internada por el juez en un establecimiento del Gobierno vasco en Álava y que, tras cumplir su castigo, dio un 'tirón' en la calle para no quedar bajo tutela foral. Igualmente, Fínez aludió a otro joven que cumplía una medida judicial en Vizcaya y que manifestó su deseo de continuar en el centro semicerrado del Servicio de Justicia Juvenil, porque allí tenía actividades.
Idoia Mendia le pareció «tremendo» que se produzcan tales situaciones, y subrayó que entre los menores al cuidado de la Administración autonómica no se producen incidentes. Por ese motivo, consideró necesario que las instituciones se «coordinen» para atender mejor a los menores no acompañados, que suman más de 300 en Euskadi, la mayoría inmigrantes magrebíes, pero también nacionales. En su opinión, los recursos que el Ejecutivo autónomo dedica anualmente a los menores delincuentes -unos 13 millones de euros, que cubren las medidas impuestas en la actualidad a unos 600 individuos- constituyen «una inversión de futuro que merece la pena».
Los reproches de la consejera de Justicia despertaron ayer la reacción inmediata de la Diputación de Guipúzcoa. La responsable foral de Política Social, Maite Etxaniz, calificó sus palabras de «grave insulto» y exigió «una rectificación inmediata». En su opinión, «asegurar que los menores prefieren delinquir es simplemente una soflama absurda que puede acarrear graves consecuencias sociales».
Etxaniz acusó a la titular de Justicia de haber utilizado ayer «un discurso prestado», en referencia a la polémica protagonizada por la institución guipuzcoana y SOS Racismo sobre el trato que reciben los menores acogidos en el centro foral de Deba, algunos de los cuales fueron trasladados a Elgeta. «Idoia Mendia queda desautorizada como portavoz del Gobierno vasco al insultar a la Diputación, pero también como consejera de Justicia, porque muestra un desconocimiento absoluto sobre lo que concierne a los menores no acompañados».
Precisamente, el Parlamento vasco debatirá hoy una proposición no de ley del PNV que insta al Ejecutivo de Patxi López a proponer a las demás autonomías que cada una de ellas acoja un número concreto de inmigrantes no acompañados, dependiendo de su población o «de otros parámetros».

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006