lunes, febrero 3
sábado, febrero 25
sábado, julio 16
EL GOBIERNO ALEMAN IMPULSA LA REGULARIZACIÓN DE MÁS DE 100.000 EXTRANJEROS SIN PERMISO DE RESIDENCIA .
El Gobierno alemán impulsa la regularización de más de 100.000 extranjeros sin permiso de residencia
Una reforma legal abrirá la puerta a aquellos que lleven cinco años en el país y no hayan delinquido, entre otras condiciones para la estancia permanente
sábado, enero 30
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jueves, octubre 15
viernes, octubre 2
domingo, agosto 11
viernes, noviembre 30
EL NUEVO ESTATUTO DE CANARIAS OTORGA NUEVAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE AUTORIZACIONES DE TRABAJO PARA EXTRANJEROS AL GOBIERNO DE CANARIAS .
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de inmigración sin perjuicio de las competencias constitucionalmente atribuidas al Estado sobre la materia:
a) La competencia exclusiva en la atención sociosanitaria y de orientación de los inmigrantes no comunitarios.
b) El desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco de sus competencias.
c) La adopción de las medidas necesarias para la integración social y económica de las personas inmigrantes y para la garantía de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
d) El establecimiento, de acuerdo con la normativa estatal, de un marco de referencia para la acogida e integración de las personas inmigrantes, incluidos los menores extranjeros no acompañados.
a) La tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena.
b) La tramitación y la resolución de los recursos presentados con relación a los expedientes a que se refiere el apartado anterior y la aplicación del régimen de inspección y sanción.
3. La Comunidad Autónoma de Canarias participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias, dada su situación geográfica, a través de los órganos de coordinación previstos en la legislación sectorial y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros a través de los mecanismos previstos en el presente Estatuto.
domingo, abril 13
sábado, mayo 12
¿No son de los Nuestros?
¿Quiénes son esos menores, de dónde vienen y por qué están aquí?
Parecen preguntas muy fáciles de responder: son de África, no nos sabemos sus nombres porque son muchos y están aquí porque no quieren vivir en su país. Todo es más fácil para ellos, el gobierno les da un sitio donde dormir y no tienen que trabajar.
¿De verdad nos creemos estas respuestas? Quizás su situación no sea tan fácil como parece. Para empezar podríamos preguntarnos cómo llegan hasta nuestras ciudades, cómo realizan el viaje desde su lugar de origen: casi siempre en los bajos de un camión o en una patera arriesgando sus vidas. Muchos de ellos inician el viaje con once, doce o trece años. ¿Nos imaginamos a nuestros hijos, nietos o hermanos teniendo que hacer ese viaje, solos, sin saber lo que les espera cuando lleguen, sin poder comunicarse con sus familias durantes semanas o meses?
Pero, ¿por qué se van? Acaso es por la aventura, porque se aburren en casa… ¿No será porque no tienen otra salida? Sus condiciones de vida son muy precarias. No tienen acceso a la educación, la sanidad o el trabajo. En muchos casos, ese viaje en el que arriesgan sus vidas es la única opción.
Si aparecen en el periódico, por algo será… ¿Seguro?
Los medios de comunicación nos muestran, casi siempre, a estos menores vinculados con titulares que hablan de violencia, robos, etc. Pero muy pocas veces hacen el esfuerzo de explicarnos la noticia completa, de darles voz para que puedan defenderse de acusaciones que en muchas ocasiones resultan ser falsas o nada imparciales.
Los medios de comunicación lanzan acusaciones, hablan de bandas y criminalizan sin pruebas a los menores. Crean una imagen muy negativa de ellos de forma completamente irresponsable. Esta imagen acaba por ser la única que, una y otra vez, se traslada a la sociedad ya que estos menores (o los colectivos que trabajan con ellos) difícilmente pueden acceder con su discurso a tantas personas como lo hacen los medios.
¿Y que hace la Consejería de Bienestar Social?
La Consejería tiene la tutela de los menores, es decir, es la responsable de su situación aquí. ¿Cómo lo hace? En principio a través de centros públicos que se encargan de proporcionarles alojamiento, educación y cuidados.
Eso sería lo ideal, pero en realidad la Consejería ha ido privatizando los centros y dejándolos en manos de empresas que se encargan de gestionarlos y de cobrar por cada uno de los menores que reciben.
¿Qué supone la privatización? Seguro que nos suena: educadores y cuidadores con salarios precarios y sobrecargados de trabajo, centros en malas condiciones, falta de seguimiento en los programas educativos, menores en situación de desamparo… ¿Admitiríamos eso para nuestros menores? ¿Y por qué para estos sí? ¿No son de los nuestros por venir de otro país?
Defendemos que las personas deben tener derecho a quedarse en sus lugares de origen, pero siempre y cuando sus condiciones de vida lo permitan. Si no es así y se ven obligadas a buscar otra salida, como en el caso de los menores, no podemos desentendernos y mirar hacia otro lado.
La inmigración ya no es un fenómeno extraño para nadie. La mayoría de nuestras familias están formadas por gente que viene de otras regiones del Estado español, de otros países del mundo, de otros colores y acentos. Hace tiempo que pasaron a ser de los nuestros.
Publicado por Amusgada en 2/10/2012 11:25:00 AM http://rutacontralracismu.blogspot.com.es/2012/02/no-son-de-los-nuestros.html
domingo, octubre 23
Re: Un chico de Picón habla. Los Sonidos de mi Barrio
Un chico de Picón habla Dani a sus 16 años ha decidido hablar. Sin ningún trastorno de conducta fue enviado a Picón del Jarama (Centro terapéutico de menores). Entidad perteneciente a la Fundación O´belén y financiada por Triodos Bank. Dani nos habla de lo bueno y de lo malo, de forma objetiva sus vivencias. Sin embargo no deja de sorprendernos que algunas de las terapias recibidas consistan en encerrarle 24 horas en una celda de aislamiento, sin dejarle ir al baño. Obligándoles a hacerse sus necesidades en el suelo.
Varios son los chicos/as que han muerto en los centros gestionados por O´belén. Escuchando a los testimonios nos vamos acercando a lo que ocurre allí dentro. http://lossonidosdemibarrio.podomatic.com/
Instrucción DGI/SGRJ/6/11 articles 31 bis i 59 bis Loex, LO 10/11. Aclariment sobre tràmits d'estrangeria per a persones d'especial vulnerabilitat
Instrucción DGI/SGRJ/6/11 articles 31 bis i 59 bis Loex, LO 10/11
Aclariment sobre tràmits d'estrangeria per a persones d'especial vulnerabilitat
El CGCEES esta contra las tutelas privadas para MENAS
Sr. D. VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ
MINISTRO
C/Agustín de Bethencourt, 4
28003 MADRID
Muy Señor nuestro,
En calidad de presidente del Consejo General de Colegios de educadoras y de educadores sociales (CGCEES), me dirijo a Usted para transmitirle mi preocupación sobre la aplicación práctica del artículo 35.11 de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
El artículo 35.11 habilita a la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompañados.
Diversas entidades relacionadas con la educación y la intervención con menores extranjeros no acompañados nos han expresado la posible vulneración de los derechos de dichos menores en comparación con el resto de menores en situación de desamparo y dificultad.
Tras analizar la aplicabilidad del artículo 35.11, el CGCEES expone las siguientes conclusiones:
I. La creación de un proceso de tutela distinto entre nacionales y extranjeros, podría suponer una diferenciación entre los niños y adolescentes, dependiendo de su lugar de procedencia. Esta situación podría producir una discriminación por razón de nacionalidad en un proceso de tutela. Por lo tanto, entendemos que los derechos de los niños y adolescentes no acompañados podrían ser vulnerados.
II. La protección jurídica de un menor en quien se materializa la tutela, demanda que esta sea pública, según se desprende de las diferentes disposiciones legales. Por tanto, la tutela ha de ser pública independientemente de la procedencia del niño y adolescente en cuestión. El criterio que debe prevalecer para la Administración debe ser el de la protección del niño y adolescente y no la condición de extranjero.
III. Las Administraciones deben garantizar el principio del interés superior del menor. La intervención pública debe orientarse a prevenir que no se lesionen los derechos reconocidos a todo niño y adolescente. En el caso que nos ocupa podría producirse un conflicto entre el artículo 172 del Código Civil, que plantea que la tutela debe ser pública y el artículo 35.11 de la Ley conocida como de extranjería, que expone la posibilidad de que la tutela pueda ejercerse de manera privada. Entendemos que la tutela debe ser pública y que el Estado es el principal garante de los derechos y los intereses de los niños y adolescentes.
IV. Creemos que las leyes que afectan y regulan la situación de los niños y adolescentes extranjeros no acompañados deben integrarse en leyes específicas de protección de menores y no en leyes que regulan los flujos migratorios.
Por todo ello, le ruego que adopte las medidas oportunas para que la aplicación práctica del artículo 35.11 no vulnere los derechos de los niños y adolescentes, independientemente de su lugar de procedencia, así como que se garantice su bienestar y seguridad, proporcionándoles la cobertura de sus necesidades, de sus derechos y teniendo en cuenta su interés superior en la toma de decisiones que les afecte directamente.
Atentamente,
Alberto Fdez. de Sanmamed
Presidente del CGCEES
Barcelona, 24 de mayo de 2011
http://www.ceespv.org/downloads/Carta_Ministro_TI_Menores_no_acomp_240511_%282%29.pdf
domingo, junio 12
9º Encuentro online profesionales Menores Migrantes Sin Referentes Familiares
9º Encuentro online profesionales Menores Migrantes Sin Referentes Familiares
Tema propuesto: "La resiliciencia como medida terapeútica en los proyectos de vida de los menores migrantes"
Agrégate en Facebook al Grupo MENORES MIGRANTES SIN REFERENTES FAMILIARES
Encontrarás personas interesadas en el colectivo con las que podrás intercambiar experiencias y obtener información actualizada de los procesos formativos"
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=171783102553
---------- Mensaje reenviado ----------
De: DRARI دراري <drari.colectivo.derechos.nino@gmail.com>
Fecha: 6 de junio de 2011 20:27
Asunto: 9º Encuentro online profesionales Menores Migrantes Sin Referentes Familiares
Para:
La fiscalía impugnará la retirada de la tutela a Habiba El Instituto Madrileño del Menor establece un régimen de visitas de una hora a la semana para la madre, que denuncia que el organismo le ha retirado la tutela por negarse a destetar a su hija
De: DRARI دراري <drari.colectivo.derechos.nino@gmail.com>
Fecha: 9 de junio de 2011 18:03
Asunto: La fiscalía impugnará la retirada de la tutela a Habiba El Instituto Madrileño del Menor establece un régimen de visitas de una hora a la semana para la madre, que denuncia que el organismo le ha retirado la tutela por negarse a destetar a su hija
Para:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fiscalia/impugnara/retirada/tutela/Habiba/elpepusoc/20110609elpepusoc_7/Tes
La fiscalía impugnará la retirada de la tutela a Habiba
El Instituto Madrileño del Menor establece un régimen de visitas de una hora a la semana para la madre, que denuncia que el organismo le ha retirado la tutela por negarse a destetar a su hija
CECILIA JAN | Madrid 09/06/2011
La fiscalía de Madrid impugnará la resolución del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) en el caso de Habiba, la madre que ha denunciado que el organismo le ha retirado la tutela de su hija de 15 meses por negarse a destetarla pese a las presiones sufridas en este sentido. El ministerio público entiende que la decisión del IMMF de separar a ambas, que vivían hasta hace 10 días en un centro de acogida para madres e hijos sin recursos, "no está suficientemente motivada". Es la primera buena noticia para esta joven de 22 años, que ayer pudo visitar por primera vez a la niña, internada ahora en otra residencia.
Después de estudiar el expediente del IMMF y de tomar declaración a Habiba (nombre ficticio por el que se conoce a la madre en los grupos de apoyo creados en Internet), la fiscalía entiende que "el deterioro de la relación entre madre e hija no está suficientemente motivado" como para justificar la separación, según explica el fiscal jefe provincial de Madrid, Eduardo Esteban. El IMMF, dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, niega que la retirada de la tutela tenga que ver con la lactancia, y ha basado la declaración de desamparo de la niña en que la madre presenta "cierta inestabilidad mental", "problemas de adaptación en el centro" y carece de las "habilidades necesarias" para cuidar de su hija.
La fiscalía se adhiere así a la postura de la Fundación Raíces, que ampara y se encarga de la defensa legal de la mujer, y que ha recurrido la resolución del IMMF tanto por vía administrativa como judicial. Esta organización solicitó hace días al juzgado de familia número 85 una medida cautelar para que "se devuelva a la niña a la madre de forma inmediata". El ministerio público tiene previsto pedir como medida cautelar que se autoricen visitas de la madre a la niña hasta que se resuelva el caso, que investigan el Defensor del Pueblo y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
Una hora a la semana
El IMMF ha mantenido una reunión con la madre esta mañana en la que ha establecido un régimen de visitas de una hora a la semana "para amamantar a la niña". La presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, ha explicado que no se puede mantener una lactancia dando el pecho solo una vez por semana. Reyzábal ha acompañado a Habiba al encuentro que la joven marroquí ha mantenido con los técnicos del IMMF.
El organismo dependiente de la Consejería ha anunciado que Habiba no podrá recuperar la tutela de su hija hasta que consiga "un trabajo y una vivienda". Aunque Reyzábal se ha comprometido a garantizar una vivienda para la madre así como la cobertura de sus gastos hasta que consiga un trabajo, la técnico de la IMMF ha rechazado la devolución inmediata de la niña. "Cuando comprobemos que las condiciones se cumplen y que te has recuperados, valoraremos si devolvértela", han afirmado desde el instituto madrileño.
La presidenta de la Fundación Raíces ha criticado que la Consejería no haya presentado un recurso alternativo para Habiba y su hija. Señala además que en el expediente no figura ningún caso de maltrato ni de abandono que justifique el decreto de desamparo "todo el conflicto lo basan en problemas de convivencia con otras compañeras". Reyzábal ha incidido en la paradoja que supone que una madre que está en la cárcel pueda vivir con su hija y amamantarla, pero que Habiba sin cometer ningún delito no pueda hacerlo.
La Fundación que ampara a la mujer y se encarga de su defensa legal ha convocado a esta hora una concentración ante la sede del IMMF (Gran Vía, 14) en apoyo a la madre.
"Rota de dolor"
Precisamente ayer, la joven marroquí pudo ver por primera vez a su hija, una situación "terrible y muy dura", según describe Ibone Olza, la psiquiatra que la ha evaluado desde que se produjeron los hechos. Solo pudieron estar una hora juntas, y en ningún momento a solas.
"Mi niña no es mi niña, al principio no quería ni mirarme...ha perdido medio kilo, está muy flaca, esto no es cuidarla, tenía los ojos como con bolsas por debajo, empezaba a llorar cuando la cogía en brazos pero no tenía fuerzas y enseguida paraba de llorar, no parecía mi hija, parecía una niña muerta, una muñeca", dice Olza que contó la madre, "rota de dolor y furiosa", a la salida. Esta psiquiatra infantil del Hospital Puerta de Hierro explica que ambas no se habían separado más de seis horas desde que la niña nació, por lo que una separación abrupta de su persona de referencia, para llevarla a un entorno desconocido, supone un grave daño que puede producir secuelas.
Horas antes, Olza también prestó declaración ante la fiscalía, donde se ratificó en sus informes previos, según los cuales Habiba "no tiene ninguna patología psiquiátrica ni consume sustancias tóxicas", y es una "madre perfectamente capaz".
La médico explicó al ministerio público lo que podría ser una reacción previsible de la niña al volver a ver a su madre: "No querer mirarla a la cara, mirarla como a una extraña, no querer acercarse a ella, o todo lo contrario, no querer soltarse de ella". Según declaró Olza, "en ningún caso era previsible que la niña mostrara alegría al ver a la madre", algo que un observador inexperto podría atribuir a "que la niña no quería a la madre o incluso a que no era una buena madre". Pero la psiquiatra subrayó que "todo lo contrario, si presentaba dichas conductas, sería indicador del sufrimiento enorme de la niña y del sentimiento de abandono profundo".
El caso de Habiba ha generado un movimiento de apoyo en blogs de maternidad y redes sociales como Facebook, donde Olza creó el sábado un grupo de apoyo que cuenta con cerca de 3.500 seguidores, donde se promueven acciones como cartas al Defensor del Pueblo o al IMMF. También se ha promovido una petición pública a la gerente del IMMF, Paloma Martín, que cuenta con más de 5.200 firmas, para pedir que Habiba y su hija vuelvan a estar juntas.
La Infancia en cifras en Asturies : Protección de Menores 2010. Boletín 3
En este boletín se presenta una síntesis de los principales datos sobre la actuación en materia de protección de menores desarrollada por el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia (IAASIFA) de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias durante el año 2010.
Se puede acceder a la Memoria completa del IAASIFA del año 2010 en la sección “Documentos Propios” de la Web del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias www.
jueves, marzo 17
UGT DENUNCIA UN NUEVO PASO ATRÁS EN LA ATENCIÓN A LA INFANCIA DESDE LA GERENCIA DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
De: Sª Sector Autonómico FSP-UGT de Madrid [mailto:fsp_autonomico@madrid.ugt.org] Enviado el: jueves, 17 de marzo de 2011 12:53 Para: Sª Sector Autonómico FSP-UGT de Madrid Asunto: Informa: Mediadores del IMMF
UGT DENUNCIA UN NUEVO PASO ATRÁS EN LA ATENCIÓN A LA INFANCIA DESDE LA GERENCIA DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA
A partir del próximo día 1 de abril, la Gerente del IMMF va a rescindir el contrato por el que se venía prestando el servicio de Mediación-Traducción Intercultural para Menores Extranjeros en los Centros Públicos de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid, dejando a menores y trabajadores sin derechos y garantías.
Los 7 Mediadores-Traductores existentes realizaban funciones en relación a:
· Los menores extranjeros no acompañados y sus familias en el país de origen. En relación a los menores: Preparar el ingreso al centro de los menores de origen marroquí e informarles de las normas del centro y su funcionamiento interno en coordinación con el director del mismo, apoyar en las entrevistas que los menores mantienen con la trabajadora social y psicóloga del centro, en el caso de que existieran éstas figuras profesionales, gestionar documentación, interpretar y traducir los documentos que se reciben en la residencia, Acompañamiento de los menores al consulado u otros lugares de interés., interpretar / mediar entre los menores y el personal del centro, Intervenir en conflictos utilizando las técnicas de la mediación, Traducción de cualquier documento relacionado con el menor: normas, datos, partidas de nacimiento…etc, acompañamiento y traducción en los Centros Médicos y Salud Mental. En relación a las familias: Contacto telefónico con las familias con el fin de informar de la situación del menor, necesidades puntuales, petición de documentación y facilitar los trámites tanto del pasaporte como del permiso de residencia.
· Los Menores extranjeros. Mediar entre Servicios Sociales y los centros de protección, ejercer como traductor en los procesos de comunicación entre la familia y servicios sociales, informar a la familia del funcionamiento del centro con ofrecimiento y predisposición a trabajar con ellos, presenciar las llamadas telefónicas del menor con sus familiares, resolver los supuestos conflictos que puedan surgir entre el menor y su familia, solicitar a la familia los documentos que necesite el menor y /o facilitarles la manera de conseguirlos, facilitar la comunicación entre los profesionales de la residencia y la familia del menor, organizar y mediar en las posibles visitas del menor a sus familias, ayudar a resolver los conflictos entre el menor y los profesionales.
· Los profesionales de los centros. Informar a los profesionales de la situación personal del menor, facilitar la comprensión de determinadas actitudes, conceptos culturales y comportamiento de los menores, asesorar al equipo técnico en situaciones difíciles, aportar conocimientos interculturales para el buen funcionamiento y la convivencia del menor dentro de la residencia, ponerse en contacto con distintas instituciones o personas públicas y/o privadas de interés para los profesionales.
Madrid, 17 de marzo de 2011.
Sector de Administración Autonómica
C/ Miguel Yuste, 17, 28037 Madrid
Tlf.: 91 589 70 51/2/3 Fax: 91 589 70 71
Seminario: RETOS ACTUALES EN LOS DERECHOS HUMANOS Los derechos de la Infancia y la Adolescencia en tela de juicio Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño 2010
Seminario:
RETOS ACTUALES EN LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos de la Infancia y la Adolescencia en tela de juicio
Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño 2010
Información e Inscripciones:
POR CORREO ELECTRÓNICO: postgrausegur@ub.edu, carlosvillagrasa@ub.edu , iravetllat@ub.edu
POR TELÉFONO: 934039617 – 934021997
http://www.addia.net
Melilla El Centro de Reforma estará operativo en verano tras una inversión de casi 6 millones
Melilla
El Centro de Reforma estará operativo en verano tras una inversión de casi 6 millones
El nuevo centro de reforma de menores entrará en funcionamiento este verano. Lo anunció ayer el presidente de la Ciudad durante una visita a las instalaciones, que tendrán capacidad para 48 menores en régimen cerrado, semiabierto y terapéutico tanto masculino como femenino. Este centro ha costado a las arcas públicas unos 6 millones de euros entre el terreno, la obra y el equipamiento.
El nuevo centro cuenta con varios patios descubiertos. :: V. G.
El sistema de vigilancia es de los más avanzados que existen. :: V. G.
Madrid. la comunidad incorpora una nueva residencia en aranjuez para menores en situación de desamparo. El nuevo centro cuenta con 35 plazas para niños y adolescentes de entre 3 y 18 años
Madrid. la comunidad incorpora una nueva residencia en aranjuez para menores en situación de desamparo
16/03/2011 - 13:45El nuevo centro cuenta con 35 plazas para niños y adolescentes de entre 3 y 18 años
MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, inauguró hoy en Aranjuez la residencia infantil y juvenil "Madre Teresa", un nuevo centro con capacidad para 35 menores de 3 a 18 años que se incorpora a la red pública de protección a niños y jóvenes que se encuentran tutelados por la Administración autonómica.
Durante la visita, la responsable regional estuvo acompañada por el alcalde de Aranjuez, Jesús Dionisio, por el Defensor del Menor, Arturo Canalda, y por el vicepresidente del Consejo de Administración de Caja Madrid, Virgilio Zapatero.
El centro, integrado en la vida de la ciudad, dispone a su alrededor de todos los equipamientos necesarios (colegio, centro de salud, instalaciones deportivas, etc.) para que los chicos que residen en él lleven una vida totalmente normal. En la actualidad hay 34 menores de distintas edades viviendo en este hogar, del que Hidalgo destacó también su modernidad y luminosidad.
Esta residencia se incorpora a la red de centros públicos que atiende a menores en situación de desprotección, que ya cuenta con 103 hogares infantiles y juveniles y 1.665 plazas, y en la que trabajan más de 2.000 profesionales de distintas áreas.
En lo que se refiere a niños que viven bajo la tutela de la Administración regional, son casi 4.600 los menores en esta situación. De ellos, el 62% residen en acogimiento familiar con ciudadanos que les han acogido en sus hogares para darles la oportunidad de crecer y desarrollarse en el seno de una familia.
La consejera apuntó que la Comunidad de Madrid "mantendrá la atención residencial con los mismos niveles de excelencia que hasta ahora" y, al mismo tiempo, "seguirá apostando fuertemente por promocionar el acogimiento familiar, puesto que, aunque estamos convencidos de que la atención que reciben los niños en nuestras residencias es excelente, también estamos plenamente seguros de que el mejor núcleo de crecimiento para ellos es el seno de un hogar".
Hidalgo recordó que el trabajo que se ha llevado a cabo estos años desde el Instituto Madrileño del Menor y la Familia a través de los distintos programas de acogimiento "ha permitido la reciente supresión de medio centenar de plazas en centros para niños de 0 a 3 años", tal y como recomienda el Senado en las conclusiones de la Comisión Especial de Estudio de la Problemática de la Adopción Nacional y Otros Temas Afines.
(SERVIMEDIA) 16-MAR-11 JNC/caa
miércoles, marzo 16
Adhiérete ! COMUNICADO DE LA PLATAFORMA“POR EL DERECHO A TENER DERECHOS” SOBRE EL BORRADOR DE REGLAMENTO DE LA LOEX
Este comunicado recoge nuestras preocupaciones y rechazo al borrador del Reglamento porque no desarrolla los derechos reconocidos en la ley a la vez que complejiza los trámites, y aumenta la discrecionalidad de las administraciones públicas al aplicar conceptos jurídicos indeterminados.
Reclamamos que el Reglamento no sea una nueva oportunidad perdida para avanzar en la protección de los Derechos y Libertades, Deberes y Garantías jurídicas de los Inmigrantes, garantizando su dignidad, derecho al trabajo y a ser parte activa de la sociedad.
Consideramos que
1 La ciudadanía y en especial las asociaciones vinculadas a la migración tienen derecho a opinar y a ser escuchados
2 Los migrantes somos personas, no mercancías
3 Es perjudicial para la ciudadanía el aumento y la complejidad de los trámites burocráticos
4 Este reglamento tiene el peligro de poder provocar discursos populistas racistas
5 Una sociedad en la que no se respeta el derecho a la dignidad de las personas es una sociedad en peligro
6 Los Derechos humanos no pueden ser ignorados
Exigimos especialmente que el Reglamento:
1 Establezca que no se imponga la sanción de expulsión por la mera residencia y trabajo irregulares.
2 Contemple el que no sea condición indispensable un contrato laboral para la regularización vía arraigo y para las renovaciones .
3 Con motivo de su publicación, ponga en marcha un proceso de regularización inmediata, vía arraigo o vía humanitaria, de las personas inmigrantes que viven en el Estado Español y están en situación irregular.
4 Prohíba expresamente a los agentes de policía que lleven a cabo redadas en las vías públicas o en locales públicos, así como controles de identidad y requerimientos de identificación basándose en los rasgos étnicos de las personas o en su asistencia o presencia en lugares públicos frecuentados por inmigrantes o extranjeros.
Defender el derecho de los inmigrantes es defender los derechos de todos los ciudadanos.
Mandad vuestra adhesión antes del día 22 de marzo enviando un correo a la dirección tenerderechos@gmail.com especificando en el asunto el nombre de la organización, en caso de tenerlo el CIF, y la localidad.
COMUNICADO DE LA PLATAFORMA"POR EL DERECHO A TENER DERECHOS" SOBRE EL BORRADOR DE REGLAMENTO DE LA LOEX
El borrador del Reglamento de la ley de Extranjería, aprobada en trámite de urgencia el 27 de noviembre de 2009, se presentó públicamente el 8 de febrero de 2011, abriendo un plazo de 15 días para recoger las opiniones de las organizaciones vinculadas con la inmigración. Un extenso y farragoso texto de 250 páginas de difícil interpretación en su totalidad por su extensión y por las referencias a un mismo asunto que se hacen en puntos diferentes del documento, a veces contradictorias.
Por el derecho a opinar y a ser escuchados
Anna Terrón, Secretaria de Estado para Inmigración y Emigración, declaró cínicamente que el Gobierno ha mantenido "un amplio y profundo diálogo con los actores de este ámbito", cuando una parte muy importante de las organizaciones que trabajamos sobre las condiciones de vida y las limitaciones de derechos en las que se encuentran las personas migrantes no hemos sido consultadas previamente a la redacción del Reglamento a pesar de haberlo solicitado formalmente.
Los migrantes somos personas, no mercancías
Manifestamos nuestro total desacuerdo con las declaraciones de Ana Terrón en la presentación del Reglamento resaltando que esta regulación "se adapta a contextos y ciclos económicos diferentes, sin necesidad de modificar la ley, ya que funciona en ciclos de entradas fuertes, como en el momento actual", "consolida un modelo basado en la cultura de la regularidad y vinculado al mercado de trabajo".
Por el contrario, nosotros consideramos que el Reglamento debe ser un instrumento al servicio de una política integral en materia de inmigración, estructurable sobre la igualdad de Derechos y Libertades y la Integración Social y no contribuir a consagrar la visión utilitarista de la inmigración ni profundizar en el tratamiento de la misma como una cuestión de "control de fronteras" y "control de flujos", ahondando en la visión policial de un fenómeno social complejo, ni contribuir a la legitimación de las percepciones estereotipadas de la inmigración, ciñendo el fenómeno migratorio a una especie de invasión por parte de personas pobres y conflictivas, a las que se abre las puertas en base a la necesidades de explotación de su capacidad de trabajo.
Aumento y complejidad de los trámites burocráticos
La Ley de Extranjería fue aprobada con los votos de Convergència i Unió con la condición de que las autonomías tuvieran más competencias en la concesión de permisos de trabajo y residencia. El texto del Reglamento responde a este pacto, complejizando burocráticamente los tramites que la persona migrante debe realizar para poder obtener y renovar su tarjeta de residencia o para acogerse a la reagrupación familiar, ya que serán las comunidades autónomas las que elaboren los informes que sirvan al inmigrante para acreditar su esfuerzo por integrarse o que cuenta con una vivienda adecuada para atender a sus necesidades y a las de su familia.
Peligro de discursos populistas racistas
Nos preocupa que se abra el camino en un periodo electoral a un populismo que juegue con mensajes como "los españoles primero", que pueda promover la creación de tensiones racistas en la convivencia ciudadana.
Una de las primeras consecuencias es el "Contrato de Inmigración" que está siendo propuesto desde el PP a partir del concepto contemplado en el reglamento de "esfuerzo de integración", que deberá ser certificado por las autoridades municipales. Es este uno de los conceptos jurídicos indeterminados que amplia la vulnerabilidad de una parte de la población.
Una sociedad en la que no se respeta el derecho a la dignidad de las personas es una sociedad en peligro
Resulta evidente que en el análisis del borrador del Reglamento no se puede desconocer el desolador marco jurídico que, en materia de Derechos y Libertades de los Inmigrantes, configura nuestra normativa jurídica y que es ineludible la necesidad de una nueva regulación, con rango de Ley. Ahora bien, un Reglamento en la técnica jurídica de desarrollo de la Ley no puede introducir limitaciones o restricciones no previstas en la Ley; por el contrario, un reglamento puede desarrollar en el sentido extensivo y amplio el alcance de los derechos reconocidos en la ley y sobre todo puede:
a) simplificar los trámites de aplicación, puede ofrecer sencillez en la regulación de trámites, establecer una regulación, concisa y clara, y por tanto limitar la discrecionalidad de los agentes públicos-administrativos;
b) desarrollar-ampliar los conceptos jurídicos indeterminados a favor del administrado, evitando así interpretaciones restrictivas, introducir mejoras sustanciales para el desarrollo y aplicación de la Ley, y desde luego, en todas las previsiones legales abiertas, puede por vía reglamentaria configurarse un marco de regulación favorable al administrado.
Es decir, un Reglamento puede abrir vías a la concreción garantista de la norma legal, a una aplicación antiburocrática de la norma, y a una configuración de los requisitos reglamentarios desde una óptica de la primacía de la efectividad de los Derechos y Libertades de los Inmigrantes.
Los Derechos humanos no pueden ser ignorados
Reclamamos jurídica y políticamente que el Reglamento no sea una nueva oportunidad perdida para avanzar en la protección de los Derechos y Libertades, Deberes y Garantías jurídicas de los Inmigrantes, garantizando su dignidad, derecho al trabajo y ser parte activa de nuestra sociedad.
Por tanto:
El Reglamento debe explicitar que no se imponga la sanción de expulsión por la mera residencia y trabajo irregulares.
Debe contemplar que no se imponga como condición para la regularización vía arraigo la exigencia de un contrato laboral.
Con motivo de su publicación, debe ponerse en marcha un proceso de regularización inmediata, vía arraigo o vía humanitaria, de las personas inmigrantes que viven en el Estado Español y están en situación irregular.
El Reglamento debe expresamente prohibir que los agentes de policía lleven a cabo redadas en las vías públicas o en locales públicos, así como controles de identidad y requerimientos de identificación basándose en los rasgos étnicos de las personas o en su asistencia o presencia en lugares públicos frecuentados por inmigrantes o extranjeros.
Red por el derecho a tener derechos
Apoyan:
Nombres de las organizaciones.
.informe La percepció dels catalans i catalanes sobre la immigració 2010
Continguts
Dossier de premsa de Percepció dels catalans i catalanes sobre la immigració. 2010 es basa en els resultats de l'estudi Percepció dels catalans i catalanes sobre la immigració. 2010 corresponent al Registre d'Estudis d'Opinió número 638
1.Fitxa tècnica 3
2.Context6
3.Política migratòria 12
4.Efectes de la immigració 25
5.Drets i deures 35
6.Diversitat cultural/religiosa38
7.Integració de la immigració 42
8.Sociabilitat/tracte/convivència 51
9.Annex. Dades de perfil de l'entrevistat58
La activista y portavoz de Papers per a Tothom rememora los detalles de los encierros en las parroquias de Barcelona, diez años después. Norma Falconi : "Sabíamos que si salíamos de las iglesias, se acababa la negociación"
Norma Falconi: "Sabíamos que si salíamos de las iglesias, se acababa la negociación"
La activista y portavoz de Papers per a Tothom rememora los detalles de los encierros en las parroquias de Barcelona, diez años después
Vida | 16/03/2011 - 00:15h
Norma Falconi fue la portavoz más visible de los inmigrantes sin regularizar que se encerraron durante 47 días en una decena de parroquias de Barcelona y Cornellá, de enero a marzo de 2001. Su habilidad dialéctica ayudó a cohesionar a un millar de personas de 47 nacionalidades, que formaban el colectivo Papers per a Tothom, y su firmeza se convirtió en un buen quebradero de cabeza para la Delegación del Gobierno en Catalunya, entonces en manos de Julia García-Valdecasas (PP). Al cumplirse 10 años del desenlace de la protesta, Falconi considera que valió la pena y que dejó un legado todavía vivo para los miles de inmigrantes en toda España. La solidaridad de muchos ciudadanos anónimos y la intermediación de asociaciones, del Síndic de Greuges y de los párrocos fueron cruciales para que la acción no terminara en tragedia. Tras 18 años viviendo en Barcelona, esta madre ecuatoriana de mediana edad sigue muy activa en la lucha por los derechos de los inmigrantes.
¿Qué cree que significaron los encierros de 2011 para la regulación de la inmigración en España y Catalunya?
De toda esa experiencia, que fueron 47 días muy duros, alcanzamos cosas muy importantes. Entramos en la agenda política oficial: Catalunya y España pusieron por primera vez sobre la mesa la situación de los inmigrantes sin papeles. Y un número incalculable de personas, encerradas y no encerradas, logró sus papeles. Fue una regularización generalizada, algo inédito y para nosotros un gran triunfo. Las condiciones anteriores eran imposibles de cumplir. Para conseguir la tarjeta de residencia debías tener un contrato de trabajo reglado, ¡pero para ser contratado legalmente necesitabas antes la residencia!
También conquistaron algo inmaterial, además de los papeles obtenidos.
Sí. Las iglesias, hasta el día de hoy, han mantenido una relación con los inmigrantes. Mantienen una especie de liturgia interreligiosa en la que cada año recuerdan los encierros. Fue una experiencia de encuentro de religiones, de conocimiento y respeto mutuos. Yo no soy creyente, pero la mayoría de los encerrados lo eran y lo siguen siendo, y para ellos este aspecto de comunión fue muy importante. Éste es uno de los legados más importantes de los encierros.
¿Quién formaba Papers per a Tothom y cómo se convirtió usted en su rostro ante la prensa?
Éramos una suma de entidades y creamos una coordinadora representativa para poder negociar directamente con la Delegación del Gobierno. Para los inmigrantes era muy importante el hecho de poder poner sobre la mesa, ellos mismos, sus necesidades y estrategias. Cada representante hablaba en su propia lengua y llevaba un traductor. Nadie les manipulaba, aunque se me acusó a mí muchas veces. Yo sólo ejercía de portavoz y por una razón muy pragmática: hablaba castellano.
Repasando las hemerotecas se puede leer que la mayoría de los encerrados eran indios y paquistaníes.
No, contamos hasta 47 nacionalidades distintas. Pero en la iglesia del Pi, que fue nuestra insignia y la primera en ocuparse, sí que eran mayoría. Y los periodistas mayoritariamente acudieron sólo a esta parroquia. Estuvimos en nueve iglesias más y calculamos que en total los encerrados fueron entre 1.000 y 1.500. Hubo otras nacionalidades asiáticas, como Bangladesh; una docena de países de Europa del Este; un grupo de latinoamericanos; bastantes marroquíes y argelinos y también compañeros de la África negra. Éramos lo bastante representativos como para que el Gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular nos escuchase y nos diese una salida para obtener los papeles y buscarnos la vida con dignidad.
Los encierros no surgieron de un día para otro.
Fueron la siguiente acción que tocaba realizar. Del 1999 al 2001 habíamos intentado todas las otras vías, administrativas y de protesta, para que las instituciones políticas escucharan los problemas que vivíamos. Pero ninguno de los tres poderes nos hizo caso, ni la Generalitat, ni el Parlament ni los tribunales.
¿Cuál fue el detonante que marcó el inicio el día 20 de enero?
El Gobierno de Aznar dijo que el día 23 de enero se promulgaría la nueva Ley de Extranjería y que a partir de ese día todos los 'sin papeles' serían expulsados. Empezamos a realizar actos cada semana, sobre todo en Plaça Catalunya y Plaça Universitat, con el apoyo de asociaciones universitarias que nos dejaban sus locales para reunirnos. Pero el tiempo apremiaba, se nos acababa el oxígeno.
¿Por qué eligieron las parroquias católicas?
¡Fue algo espontáneo! Pensábamos que lo que había que hacer era muchas manifestaciones, porque es la protesta que veíamos que se estilaba en España. Y las hicimos, muchas. En una de ellas incluso reunimos a 10.000 personas. Discutimos en asamblea qué alternativas había, vista la poca eficacia, y planteamos una huelga de hambre, que es una forma de protesta habitual en América Latina, India y Pakistán. Sospesamos incluso hacer una huelga de sed, porque ya estábamos con la soga al cuello. Queríamos hacer algo simbólico y para decidirlo buscamos algún sitio grande donde reunirnos en asamblea. Habíamos negociado con el párroco de la Catedral, pero el obispo al final no quiso. Varios compañeros fuimos a las parroquias más cercanas a la Catedral, a ver si encontrábamos alguna solución. Y así llegamos a la iglesia del Pi. Antes de entrar, las organizaciones estudiantiles y antisistema nos abandonaron, dijeron que era una locura, que no sacaríamos nada de hacer una huelga de hambre.
Mossèn Vidal fue una pieza clave, esos días.
Accedió a prestarnos su sacristía, pero no el templo, para hacer la primera reunión simbólica. Hicimos una fila individual en la plaza y entramos poco a poco casi 400 personas, con niños. En la sacristía convencimos a los asiáticos que la huelga de sed sólo nos llevaría al hospital y que era mejor una huelga de hambre con líquidos para poder aguantar más días. Los que quisieran hacerla, claro, no era obligatoria. Y decidimos también empezarla en ese mismo instante, allí, aunque hubiéramos llegado sólo con lo puesto.
Ese no era el acuerdo al que habían llegado con el párroco.
El cura se fue y nos dijo: "A ver si aguantan todos hasta mañana". Y al día siguiente vino a vernos y nos encontró a todos otra vez, pegaditos los unos a los otros para darnos calor. Nos dijo que así no podíamos estar y nos preguntó si de verdad eso era lo que queríamos. "¡Sí!", le gritamos. Y entonces cambió y nos abrió la parroquia entera: las salas polivalentes, el teatro, la puerta de la iglésia y también el templo. Cada nacionalidad se organizó y se instaló en un espacio. Pero seguíamos estando en el suelo. Así que mossèn Vidal habló con los párrocos de Sant Agustí y de la calle Hospital, que se comprometieron a acoger a otros encerrados siempre que no hicieran huelga. Cada vez que nos abrían una iglesia nos ponían esta condición. Pero se le ocurrió a una periodista, en Sant Agustí, preguntar a un grupo de búlgaros, rumanos, ucranianos, georgianos y rusos que por qué ellos no hacían huelga, si también querían los papeles sin condiciones. Así que uno de ellos se sintió increpado ¡y delante de la cámara se cosió la boca con hilo y aguja! Cada medio de comunicación interpretaba y explicaba la protesta según su línea editorial.
¿Cómo se coordinaba tanta gente?
Por encima de las decisiones individuales estaban las resoluciones de la Asamblea de Encerrados, que se hizo los 47 días en la iglesia del Pi. Cada parroquia mandaba representantes y había delegaciones de todas las naciones. ¡Nos pasábamos el día traduciendo! ¡A nueve idiomas! Fue una experiencia inédita, agotadora pero impresionante, porque a pesar de no conocernos y de que hubiera tanta variedad de razas, credos y religiones, respondíamos como un solo hombre, un solo cuerpo. Porque el objetivo común era muy claro: obtener los papeles para vivir en España.
No me dirá que nunca hubo discrepancias.
Bueno, existían correctivos internos, dentro de las comunidades nacionales. Y mecanismos para evitar traiciones. Hacían sus propios juicios por malos comportamientos o lo que fuera.
¿Tenía papeles, usted?
Sí. Los tengo ahora y los tenía durante los encierros. Pero me costaron muchísimo de conseguir y lo que no quiero para mí tampoco lo quiero para otros. Por eso me mantuve en las protestas y me encerré en las parroquias, con el resto. Me rompí un hueso incluso.
Tenía fama de intransigente.
No fui dura, tenía un papel que cumplir. ¡Debía defender el mandato de la asamblea! Los encerrados estaban firmes en no doblegarnos a las promesas políticas sin garantías por escrito. Querían un resguardo personal, firmado o sellado, con el compromiso de recibir los papeles o dónde se indicara que ya estábamos en trámites. Habíamos aprendido la lección con los subsaharianos que malvivían en la plaza Catalunya y los indigentes de Sants, de Europa del Este. Les engañaron con muchas promesas y luego los dejaron sin papeles y sin techo.
La huelga de hambre no duró los 47 días, sino 15. ¿Por qué?
El Síndic de Greuges, que ejerció de mediador, nos lo pidió como medida para desbloquear la negociación. A cambio consensuamos un documento que garantizaba que no se represaliaría a ninguno de los encerrados ni a las organizaciones y personas que nos habían ayudado.
Se creyó que una vez terminada la huelga se disolverían pronto los encierros.
Sabíamos que si salíamos de las iglesias, se acababa toda posibilidad de negociación. El Gobierno no quería hablar directamente con los portavoces inmigrantes, era demasiado trabajo traducir a siete idiomas. Así que nos sugirieron que designáramos a tres abogados de nuestra confianza para formar una comisión negociadora. Elegimos a Pep Manté, Antonia Moyano y Elvira Posada. Ellos venían a todas nuestras asambleas y se traducían sus resúmenes cada vez a todos los idiomas necesarios.
El 7 de marzo lograron salirse con la suya y abandonar los templos cada uno con su resguardo. ¿Cómo lo consiguieron?
Los párrocos nos habían ofrecido un acuerdo tres días antes. Era un documento en catalán, cuya posdata decía que los miembros de la Iglesia se harían responsables de nosotros, que serían nuestra garantía, si nosotros abandonábamos las parroquias. Lo trasladamos a la asamblea, previas traducciones, pero esa garantía abstracta no convenció porque no obligaba a nada al Gobierno. Como reiteramos que el único desenlace posible era darnos un resguardo para cada uno, al final el Gobierno nos prometió que nos daría un papel oficial e individual para obtener los papeles al cabo de tres meses. Fue un poco difícil, porque muchos de los encerrados no tenían documentación alguna, habían venido en patera y sin un trabajo estable no habían podido sufragar el envío de sus documentos.
¿En qué consistía exactamente el acuerdo?
El Gobierno, a través de Fomento, nos debía ayudar a buscar trabajo, nos asignaba un hospedaje temporal y nos pagaba la manutención básica durante tres meses. Nos alojaron en todo tipo de espacios, públicos y de asociaciones como Cáritas, porque éramos muchos. A los tres meses de la salida de las iglesias todos debíamos haber obtenido nuestra tarjeta de residencia.
¿Cómo valora la ola de solidaridad ciudadana que despertaron?
La gente fue muy solidaria durante los 47 días, nos trajeron colchones, mantas, comida, incluso dinero. ¡Hicimos una hucha que reunió varios millones de pesetas! Lo gastamos todo durante el encierro, en comida y en los viajes de coordinación con los encierros de otras partes de España. ¡Hubo otros, también, aunque se recuerden mucho menos! No fueron como el de Barcelona, porque muchos de los inmigrantes encerrados en otras ciudades eran de partidos políticos. Sin embargo, el acuerdo que alcanzamos en Barcelona sirvió para los encerrados de toda España.
La solidaridad se difuminó una vez terminado el encierro.
Todos los procesos tienen su inicio y su fin. Era un momento crítico y la ciudadanía catalana respondió al 100%. A pesar de no conocernos y del montón de prejuicios que tenían sobre la inmigración, demostraron que les importábamos. Pretender que ese grado de solidaridad se mantuviera indefinidamente sería pedir demasiado. ¡Ya les habíamos tomado 47 días de sus vidas! Nunca nos hemos quejado de los catalanes sino de sus políticos. Se recogieron 60.000 firmas que pasaron por el Parlament sin pena ni gloria. Y dejaron que el Gobierno del Estado jugara con la credibilidad de los inmigrantes. Los políticos catalanes no dieron el callo por nosotros. Tras 47 días, comprendo que el ama de casa debía volver a sus tareas. Pero el político no podía desentenderse, el Parlament debía haber sido como una sombra, un guardián del cumplimiento del acuerdo con el Gobierno.
¿Es que no se cumplió íntegramente la promesa?
Sí, pero a última hora, nos hicieron sufrir mucho. El Gobierno daba los papeles de uno en uno o de dos en dos, muy lentamente. Pasaban las semanas y todavía quedaba mucha gente sin los papeles. Durante esos tres meses intentaron desgastarnos claramente, dijeron a varios inmigrantes que sus cartas ya se habían enviado y las tenía yo escondidas en mi casa para venderlas. En mayo hicimos otro encierro, esta vez abierto, y como el Gobierno sabía que no había cumplido, agilizó los trámites. A principios de junio, cuando se cumplían los tres meses de plazo, me llamaron para firmar los 1200 resguardos que todavía faltaban.
¿Podría escoger un recuerdo dulce y uno amargo de aquellos 47 días?
Los momentos más dulces eran las tardes, las cuatro horas de asamblea que hacíamos. El sol caía, entraba por los vitrales de esa iglesia inmensa y nos alumbraba a toda esa gente, tan distintos, de tantos colores de piel. Y sin embargo reinó un respeto impecable, levantando la mano para hablar, hombres y mujeres. Un recuerdo amargo… Cuando el Gobierno dijo a los medios de comunicación que teníamos tuberculosis y debíamos salir ya de las iglesias. Los médicos que vinieron a visitarnos se comportaron muy bien. No queríamos que se hiciera ninguna lista de los encerrados, con sus nombres y datos, y los médicos lo respetaron. Nos examinaron y explicaron que sólo había un encerrado enfermo, que ya había entrado enfermo y que estaba mejorando. Esos tres días de acusación, de machaque de los medios, fueron muy duros para mí.
En 2004 y 2005 hicieron más encierros. ¿Qué pedían entonces?
Cada uno responde a su momento y a unas demandas. En 2004 no queríamos hacer otro encierro largo, sólo dar un toque de atención al Gobierno de Zapatero para que sacara rápido el reglamento de la Ley de Extranjería. Y en 2005, como las iglesias no nos permitían usar sus instalaciones, pensamos en otros locales –sindicales, universitarios, etc– y peleamos por el padrón sin domicilio, una reformulación de los requisitos para obtener la residencia. Los 'sin papeles' que vivían en la indigencia por su situación irregular no podían empadronarse sin una dirección. Cuando se cambió este requisito se regularizaron la mayoría de los encerrados de aquel año, excepto los que llevaban menos de dos años en España.
¿Ve posibles nuevos encierros en la próxima década?
Sin la plena equiparación de derechos, no está cerrado ningún capítulo. En estos 10 años se ha cambiado cinco veces la Ley de Extranjería. Y todas a peor, con criterios más restrictivos. Lo único que se busca de los inmigrantes es su trabajo barato. Ahora que no hacen falta se les dice que vuelvan a su país de origen, olvidando que han pasado diez años y la mayoría se han casado y tienen hijos con nacionalidad española. España y Europa nos usan como un kleenex: cuando se nos necesita, se hacen los ciegos y nos dejan pasar. Queremos que se nos tome en cuenta, quizá no con el papel que tienen los grandes sindicatos mayoritarios, pero sí que se nos escuche.
http://videos.lavanguardia.es/20110316/54129215286/las-imagenes-del-encierro-10-anos-despues.html
Las imágenes del encierro, 10 años después
Una selección de instantáneas que documentan los 47 días del atrincheramiento de los inmigrantes en las iglesias de Barcelona Redacción
Norma Falconi, en una foto de archivo, durante los encierros de 2001 LV
La crisi ha fet augmentar l'ingrés de menors en centres tutelats. L'augment de la pobresa ha disparat el nombre de menors que passen a ser tutelats per l'administració. Actualment, la Fiscalia investiga fins a 600 casos de nens en situació de risc.
http://www.esmihija.es/files/Ara_270211-2.pdf
La crisi ha fet augmentar l'ingrés de menors en centres tutelats
SÒNIA SÀNCHEZ BARCELONA. | Actualitzada el 27/02/2011 00:00
L'augment de la pobresa en els últims anys ha elevat el risc de molts menors d'acabar sent tutelats per l'administració,un gir determinant per al seu futur. Així ho constata la Fiscalia de Menors de Barcelona, que veu com la precarietat econòmica està agreujant situacions familiars ja conflictives i està augmentant els factors de risc per als nens, de manera que obliga en alguns casos a treure'ls de casa. Pares que deixen el nen sol moltes hores per treballar o buscar feina o nens que arriben a l'escola bruts i desnodrits són casos que cada cop més acaben fent que l'administració assumeixi la tutela de la criatura.
Toni Morales, secretari de la Fundació Juvanteny, que gestiona tres centres de menors tutelats de la Generalitat, assegura que la crisi ha comportat un rebrot dels ingressos de menors en aquests centres per causes que havien estat habituals abans dels 90 però que entre 1994 i 2005 havien desaparegut gairebé del tot: "famílies pobres". "L'augment de la immigració i la crisi han fet que, des del 2008, molts nens arribin per raons econòmiques que han degenerat en situacions d'alcoholisme o depressió dels progenitors", explica.
Atendre primer dins la família Tal com recorda el fiscal delegat de Menors a Barcelona, Juan José Márquez Bonvehí, la situació econòmica per si sola no és determinant per decidir separar un nen de la seva família, sinóques'handedonar altres factors que demostrin una desatenció greu de l'infant i, tot i així, "la solució ha d'intentar sempre ajudar primer la família".
Però algunes organitzacions denuncien que no sempre se segueix aquest principi. El portaveu del Col·lectiu DRARI دراري d'IAP pels Drets dels Infants, l'Educador Social Vicenç Galea i Montero, diu que els "errors i la descoordinació" administrativa comporten de manera" molt freqüent" una retirada injusta de la tutela als pares. "El patró que es repeteix els últims anys és el de la mare soltera immigrant que no té família ni amics aquí que l'ajudin a qui s'acaba retirant el nen perquè és la sortida més fàcil", diu Galea, de DRARI دراري , i explica diversos casos com"el d'una mare que va estar quatre mesos demanant ajudes públiques per poder atendre el seu fill malalt i a qui al final van prendre el nen".
Des de la Fiscalia de Menors, on s'investiguen actualment 600 casos de nens en situació d'alt risc per decidir si han de ser tutelats, responen que els recursos socials són limitats i que cal prioritzar l'atenció als menors. "De vegades pot resultar injust però no ens podem permetre que el nen continuï en segons quines situacions", diu una de les fiscals encarregades d'aquests casos. De fet, Márquez nega taxativament que la Generalitat vagi massa de pressa a l'hora de retirar un nen: "Al contrari, la nostra queixa és que normalment va massa lenta".
Els menors paguen sovint
els efectes de la crisi a les famílies
en forma de desemparament
o desatencions greus a causa de
la pobresa
Un 6% més de nens tutelats La directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat, Anna Solés, nega que s'estigui actuant de manera precipitada i destaca que "la llei ésmolt clara" en fixar els motius per separar un nen dels pares, "que mai són un de sol sinó una suma de factors". Solés admet que des del 2008 el nombre de menors tutelats ha augmentat un 6% cada any, però diu que no tot es pot atribuir a la crisi, sinó que també "a una millora de la detecció" dels casos derivada de les noves eines de coordinació entre administracions, que es van posar en marxa arran de polèmiques com la del cas de l'Alba, el 2006. Llavors, errors evidents de coordinació entre administracionsnovan evitar la pallissa del company sentimental de la mare que va deixar aquesta nena de 4 anys incapacitada per sempre.
Després d'allò, les administracions van obrir els ulls, es van modificar els protocols d'actuació i es va reforçar el sistema de protecció.
Tanmateix, el magistrat i professor de dret civil de la Universitat de Barcelona, Carlos Villagrasa, creu que els canvis legislatius originats pel cas Alba han comportat "un excés de protecció que no atén com cal la família biològica". "Hem fet un pas endavant en la protecció dels infants però això pot generar injustícies amb les famílies, sobretot amb les que no tenen prou recursos per enfrontar-se jurídicament a l'administració", opina.
Segons la Memòria de la Fiscalia, el 2008 hi va haver 173 processos judicials oberts contra decisions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència DGAIA, i el 2009 la xifra va pujar a 233.
El 2010 va néixer l'Associació Pro Defensa dels Menors (Aprodeme) que agrupa unes 90 famílies catalanes que s'oposen a decisions de la DGAIA, no només famílies biològiques, sinó tambéd'acollida i adopció. El portaveu d'Aprodeme, Francisco Cárdenas, denuncia que la "presumpció de veracitat que té l'administració" en aquests processos judicials els deixa en ocasions indefensos.
La xacra dels maltractaments "Jugar a ser Déu és molt difícil i tots ens podem equivocar", reconeix Toni Morales, però considera que "en general s'actuabé" quan es decideix separar un nen dels seus pares. La Fundació Juvanteny gestiona tres centres de menors tutelats i 108 famílies d'acollida des de fa més de 20 anys. Basant-se en aquesta experiència, Morales afirma que "quan es retiraunnendel nucli familiar, la situació és tan greu quemolt poques vegades torna amb els pares biològics".
Segons Morales, només del 5 al 10% dels nens tutelats són casos de maltractaments greus i "un altre 5 o 10% poden ser errors de l'administració", però el 80% són casos d'abandonament, negligència, desatenció greu o maltractaments psicològicsofísics, no greus però sí habituals i crònics.
Un informe del Síndic de Greuges detectava el 2009 una "sobreocupació" dels centres de menors i denunciava que moltes vegades la solució idònia per a cada nenno es podia aplicar per falta de recursos i s'optava per una "solució viable".
L'adjunta del Síndic per a la infància, Maria Jesús Larios, remarca que "la clau de tot és l'estudi de cada cas i la proposta d'acció que fan els equips de treballadors socials i psicòlegs de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, però sovint tenen massa casos oberts alhora i massa pocs recursos per escollir, i això pot portar a prendre una decisió que no sigui la més adequada per al nen".
Els experts
adverteixen
que també
cal protegir
la família
biològica
La immigració, un altre factor de canvi L'augment de la immigració ha modificat, no només per qüestions econòmiques, el perfil d'alguns casos que arriben al sistema de tutela públic.
El fiscal delegat de Menors de Barcelona,Juan José Márquez,assenyala per exemple la propensió al "càstig físic en la comunitat xinesa" o el cas de "nenes musulmanes que volen assimilar-se a la cultura occidental i el pare no els ho permet".
També el secretari de la Fundació Juvanteny, Toni Morales, veu un augment de les tuteles amb origen "cultural" de famílies immigrants amb una concepció diferent de les necessitats dels infants. "Que un nen de 4 anys vagi sol pel carrer, no se l'escolaritzi, se'l faci treballar als 9 anys o la infravaloració de les nenes", en són exemples.
Una treballadora social del Servei d'Assessorament Tècnic en l'Àmbit de la Família (SATAF) de Justícia ha vist molts casos d'aquests, en què, diu, "els pares no són conscients d'estar fent les coses malament" i de vegades es neguen a seguir el pla de treball de l'administració. I això els fa més mal que bé.
greus són
un 10%
dels casos
No només pateixen els pares biològics SANTI CARBONELL S.S. BARCELONA El 12 de març del 2009, a Francisco Cárdenas el van separar de qui havia estat la seva filla durant 3 anys. Ell i la seva dona havien iniciat el 2006 el procés d'adopció d'un nadó de 6 mesos tutelat per l'administració, però els tràmits no havien acabat quan van decidir separar-se. Els dos volien seguir cuidant lanena, però l'administració va decidir que el procés d'adopció havia acabat. Cárdenas assegura que cap informe dels treballadors socials havia detectat mai cap problema perquè la parella se'n pogués fer càrrec,més enllà del fet que ja no viurien a la mateixa casa, com passa amb molts pares biològics.
Va iniciar llavors una batalla judicial, encara en marxa, que el va portar a conèixer molts altres casos de famílies (d'adopció, d'acollida i biològiques) que s'oposen a decisions dels sistemes de tutela de menors.
Va ser així comva néixer l'any passat l'Associació per la Defensa dels Menors APRODEME, que agrupa, segons Cárdenas, 400 de famílies de tot l'Estat, 90 d'elles a Catalunya.
Es calcula que
entre un 5% i
un 10% de les
retirades de
tutela poden
ser injustes
Una despesa desequilibrada El fiscal delegat de Menors a Barcelona, Juan José Márquez, creu que"a la llarga s'ha de buscar la desaparició dels centres de menors" i anar cap al sistema del Regne Unit, on el 71% dels nens tutelats s'estan amb famílies d'acollida. La llei obliga a prioritzar els models familiars, però a Catalunya hi ha encara poques famílies d'acollida. Un model que resulta car, tenint en compte que, segons un informe del Síndic de Greuges, la Generalitat paga entre 30.000 i 40.000 euros anuals per cada nen tutelat en un centre, mentre la despesa pública per cada nen acollit en família no supera els 3.200 euros l'any.
Un estudi europeu conclou que els països més desenvolupats tenen més nens en el sistema de tutela públic. Dinamarca hi té un 1,3% dels menors d'edat, i Suècia l'1%, mentre que a Catalunya és el 0,6%. Un dels autors de l'estudi i professor de la Universitat de Girona, Ferran Casas, diu que té a veure amb la despesa: "Si hi ha menys diners públics per dedicar-hi, el nivell de gravetat dels casos per decidir assumir la tutela és més baix".
han crescut de manera
significativa en els últims anys.
Els motius els dóna la llei. L'article 105.2 de la nova llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, aprovada l'any passat, fixa les causes d'una declaració de desemparament:
● L'abandonament.
● Elsmaltractaments físics o psíquics, els abusos sexuals, l'explotació o altres situacions de la mateixa naturalesa.
● Els perjudicis greus al nadó causats per maltractament prenatal, com la ingestió de drogues o substàncies.
psicotròpiques durant l'embaràs, o els produïts indirectament per la persona quemaltracta la dona embarassada.
● L'exercici inadequat de les funcions de guarda que comporti un perill greu per al nen.
● El trastorn o l'alteració psíquica o la drogodependència dels pares o tutors quan repercuteixi greument en el desenvolupament del nen.
● El subministrament a l'infant o adolescent de drogues, estupefaents o qualsevol altra substància psicotròpica o tòxica.
● La inducció a la mendicitat, la delinqüència o la prostitució, o qualsevol forma d'explotació econòmica.
● La desatenció física, psíquica o emocional greu o cronificada.
● La violència masclista en l'entorn sociofamiliar quan perjudiqui greument el desenvolupament del nen.
● L'obstaculització o falta de col·laboració en les investigacions de l'administració quan es posa en perill la seguretat del nen, i la negativa a participar en l'execució de lesmesures adoptades si comporta la persistència, cronificació o agreujament de la situació.
● Les situacions de risc (que fixa un altre article de la llei) que per la seva persistència o agreujament perjudiquen el desenvolupament integral de la personalitat del nen.
● Qualsevol altra desatenció o negligència que atempti contra la integritat física o psíquica del nen o n'impossibiliti el desenvolupament integral.
Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo
I. DE CARÁCTER GENERAL
1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.
4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.
7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.
9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización
10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.
II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.
16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.
22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .
28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.
30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.
33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.
34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.
35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.
36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.
39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.
46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.
48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.
49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .
51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,
56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.
II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS
2 Diciembre
