jueves, mayo 21

DEUDA ÉTICA Y MORAL

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090511/opinion/deuda-etica-moral-20090511.html

11.05.09 ARANTZA GONZÁLEZ JUNTERA DE EZKER BATUA-BERDEAK EN GUIPÚZCOA

Es muy difícil imaginar cómo debe de ser el éxodo de la mayoría de las personas menores inmigrantes que llegan a nuestro territorio. Por lo que leemos, oímos y vemos en los medios de comunicación, y a través de sus testimonios, algunos llegan en pateras, otros en los bajos de camiones, otros recorren a pie trayectos muy largos, y a otros los abandonan sus madres en las playas para volver en la misma patera, con la esperanza de que sus hijos encontrarán un futuro mejor. La inmensa mayoría viene con un objetivo: encontrar una vida mejor que la que dejan atrás. Vienen porque creen que nuestra sociedad es mejor y más rica que la suya. Y, por lo menos, a primera vista parece que así es.

Nuestra sociedad avanzada ha desarrollado sistemas de protección a la infancia y a la adolescencia, porque somos conscientes de que es uno de los bienes más preciados que tenemos. Hemos creado leyes para su protección, para garantizar su educación, su salud, su derecho a un desarrollo integral, para prevenir su marginación, la explotación infantil, el abuso, acoso y maltrato físico, psíquico o emocional. En definitiva, para garantizar su bienestar.

En estos momentos en los que estamos asistiendo a un debate sobre la problemática de los menores inmigrantes, es fundamental que tengamos en cuenta muchos aspectos, pero especialmente uno, que debe ser el principal y el más importante: se trata de personas menores de edad, no acompañadas y en situación de desprotección.
Precisamente por esa razón, la tutela, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, recae en las diputaciones forales, que deben activar los mecanismos legales necesarios para que estas personas menores alcancen una edad adulta en condiciones óptimas. De hecho, la mayoría lo consiguen, y eso es algo de lo que nos tenemos que congratular todos y todas, ya que si a veces es difícil lograrlo con nuestros hijos o hijas que han contado con todos los medios para ello, para estos menores que están solos en el mundo, la tarea resulta mucho más complicada y requiere de un gran esfuerzo por su parte. Pero, afortunadamente, insisto, la mayoría lo consiguen y eso hay que darlo a conocer a la opinión pública.

Por ello, somos conscientes de que las administraciones competentes destinan recursos para cumplir con su obligación de tutela, y también sabemos que es difícil gestionar los servicios si no se sabe a cuántas personas menores tendrán que atender. También es una realidad que una minoría de estos menores llega con graves problemas de adicción o de conducta, consecuencia de las condiciones de vida que han tenido en sus países de origen. Esta minoría, si no es atendida adecuadamente, puede provocar una serie de problemas, como los que recientemente han venido apareciendo en los medios.

Reconocemos que no es un problema fácil de solucionar, en absoluto, y es necesario redoblar esfuerzos para conseguirlo. Es cierto que si cometen infracciones y el juez los condena por las mismas, tendrán que cumplir con las medidas que se les apliquen, como el resto de la ciudadanía, pero también es cierto que habría que profundizar en las causas y en las soluciones para evitar que sean recurrentes.

En ese sentido, desde luego, lo que no nos parece lógico es que haya centros especiales para estos menores que no disponen de un programa específico ni ningún proyecto educativo concreto para esos casos, de manera que los citados menores pasan horas y horas en la calle sin nada mejor que hacer.

En nuestra opinión, este pequeño grupo requiere de una atención muy especializada, que aborde sus problemáticas concretas. Para ello, es imprescindible contar con profesionales bien preparados y con unas buenas condiciones laborales, a fin de que se conviertan en verdaderos referentes de estos menores que están totalmente desorientados. Hay que crear un grupo de trabajo con la participación de educadores de los centros de acogida, de los profesionales de los Centros de Iniciación Profesional (CIP) y de técnicos, para que puedan poner en común las problemáticas y así abordar mejor las diferentes situaciones que atraviesan los menores.

También es fundamental garantizar el acceso fácil y diario de estos jóvenes a los CIP, ya que, a día de hoy, a algunos de ellos les resulta imposible, teniendo en cuenta que los centros de acogida están muy lejos de los Centros de Iniciación Profesional. El acceso a la educación y a la preparación constituye la principal garantía para sacar a estos jóvenes de la calle.

Consideramos que como sociedad tenemos una deuda ética y moral con otra parte de la sociedad que no puede acceder a unas condiciones mínimas de vida y, por ello, se ve obligada a dejar su tierra y sus familias.

Además vivimos en una tierra que sabe lo que es la emigración, conoce lo que es tener que enviar a sus hijos e hijas en barcos o trenes hacia otros lugares por miedo a una guerra y a la represión, con la esperanza de un futuro mejor.

Somos conscientes de que la alarma social generada por este reducido número de menores da pie a posiciones intransigentes y xenófobas, pero tenemos la obligación de darnos cuenta de que la inmensa mayoría de ellos sólo buscan realizar un proyecto de vida, algo que también hacemos el resto de la ciudadanía.
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Col•lectiu DRARI دراري d'Investigació Acció Participativa pels Drets de l'Infant
الجماع

lunes, mayo 18

MENTIRAS DE LA CONSEJERA GARBIN


Según vemos en El Faro de Melilla en su edición del día 14-05-2009, la Consejera Garbín ha declarado entre otras mentiras que: - La Ciudad Autónoma siempre ha cumplido fielmente la legalidad vigente en materia de menores y documentación -

La Consejera Garbín: MIENTE cuando dice que no actúa -en contra del ordenamiento jurídico vigente-. Miente porque es lo que hace de forma habitual y miente porque solo acepta las recomendaciones del Defensor del Pueblo en última instancia, cuando el escándalo es mayúsculo, como ocurrió en el 2008 cuando hasta el Presidente de la Ciudad Autónoma se tuvo que desplazar a la Oficina del Defensor del Pueblo en Madrid.

Durante el año 2007 y 2008 se retiró sistemáticamente a los menores acogidos por la Consejería de Bienestar Social cualquier documentación acreditativa de su identidad, de tal forma que a los 18 años cientos de menores quedaron absolutamente indocumentados y sin la posibilidad de acudir a ninguna administración para continuar su estancia legal en España.

Además: Decenas de menores tutelados carecían del permiso de residencia que les corresponde por Ley y los casos de malos tratos aumentaron exponencialmente.

Todo ello provocó que cerca de 200 menores escaparan de la tutela de la Consejería jugándose la vida como polizones en un barco. Muchos de ellos han logrado hoy normalizar sus vidas en centros de la península y otros que ya han alcanzado la mayoría de edad han podido renovar su documentación sin más que cumplir los trámites establecidos por la Ley de Extranjería, sin que nadie les haya puesto impedimentos basados, evidentemente, en motivos inconfesables.

También habría que preguntarse como es posible que con el gasto tan enorme en técnicos y asesores de todo pelaje, sea el Defensor del Pueblo Español el que tenga que indicarles continuamente cual es la interpretación de la Ley y sus obligaciones de tutela.

Hoy día, gracias a la política de la Consejera Garbín, el sistema de protección de menores en la ciudad es inexistente. Los menores no confían en absoluto en él, más que un sistema que les protege consideran que es un sistema agresivo que han de evitar a toda costa y sencillamente siguen la inercia de marcharse a la península de polizones.

Hoy conocemos a menores tutelados desde hace dos años que todavía no han obtenido el permiso de residencia en España que la Ley de Extranjería dice que les corresponde a los 9 meses...etc, etc.

Cuando finalmente la Consejera Garbín acepta las recomendaciones del Defensor del Pueblo (Porque no le queda más remedio) ya ha causado un daño irreparable a decenas o cientos de niños, aunque tal vez sea esto lo que se busque.

Lo más lamentable de todo es que sean precisamente los políticos que avalamos con nuestros votos para que materialicen la práctica de nuestro Estado de Derecho y nuestras Leyes quienes las incumplen desde su posición de supremacía y utilizando los medios que hemos puesto en sus manos, es decir, las Instituciones del Estado.

Las críticas que con frecuencia se hacen desde la Consejería de Bienestar Social al Defensor del Pueblo Español son una payasada más del circo que tienen montado nuestros politiquillos provincianos y caciquiles. Afortunadamente los melillenses y todos los españoles podemos estar orgullosos de tener una Institución que como, el Defensor del Pueblo Español, garantiza de forma rigurosa la supervivencia de nuestro Estado de Derecho, que conserva su independencia del poder político y, que actúa con una eficacia inusual en otras administraciones.

PRODEIN

Por cierto, tiene varias recomendaciones pendientes de aceptar desde hace algún tiempo y se está causando un perjuicio enorme a los menores con su actuación contraria al ordenamiento jurídico. Le hacemos pública una de ellas, que nos parece fundamental, por si no la recuerda:



Gol a la Exclusión


El fútbol se convierte en un instrumento formativo y de integración para los adolescentes magrebíes llegados a Asturias


Oviedo,
Elena FERNÁNDEZ-PELLO

«¡Mira, mira ese que toca el balón! Es muy bueno, ha tenido ofertas de un par de equipos! ¡Y ese, el que juega ahora, ese es bueno también!». Mohamed Ismaili sigue atentamente las evoluciones de sus jugadores en el terreno de juego, una decena de chavales marroquíes que sudan la camiseta en una primaveral mañana de domingo, corriendo tras la pelota en las inmediaciones del parque del Oeste. Una vez por semana organizan un partidillo que les sirve de entrenamiento, unas veces en Oviedo, otras en Gijón o en cualquier otra localidad. Deportivas, camisetas y ropa cómoda, y a correr. Con ese modesto equipamiento y la energía de su juventud el fútbol es para ellos más que un deporte, es su tabla de salvación.

La asociación Azahra, que promueve la práctica deportiva entre los adolescentes magrebíes con una finalidad formativa, colabora con la Consejería de Bienestar Social del Principado desde hace años, en especial desde la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a Asturias, que en su inmensa mayoría eran adolescentes marroquíes. Muchos de esos niños juegan o han jugado en el equipo de fútbol de la asociación y algunos también lo hacen en pequeños equipos regionales.

Observando cómo corren y regatean balones, colocan goles y, ya acabado el partido, se tienden al sol a descansar o dan vueltas en bicicleta alrededor del campo parecen ajenos a las estrecheces que han pasado hasta llegar aquí y de los peligros que les acechan. Se trata de chavales de entre 17 y 18 años, ninguno lleva más de dos años en Asturias, hablan castellano con mayor o menor destreza, de sobra para entender y hacerse entender. No fantasean: han venido a España a trabajar, a ayudar a sus familias y no quieren perder el tiempo.

Los nombres con los que nos referimos a ellos son ficticios, para preservar su intimidad; sus vivencias e impresiones se han recogido tal y como espontáneamente las han relatado ellos mismos. Son historias como la de Said, que tiene 17 años y lleva nueve meses viviendo en Asturias, ahora en una pensión. Entró en España desde Marruecos y cruzó la frontera escondido en los bajos de un camión, siguiendo el rastro de un amigo que había iniciado su aventura unos meses antes y había recalado en Asturias. «Él me llamó y me dijo que viniera», cuenta. No se entretuvo por el camino, llegó a Oviedo y, como el resto de sus compañeros, ingresó en la unidad de primera acogida del Centro Materno Infantil de Oviedo. Conserva la afición al fútbol que ya tenía en Marruecos. Aquí juega de central y comenta que durante tres meses lo hizo en el equipo ovetense La Fuerza de Guillén. Busca trabajo de camarero y estudia Hostelería. Por ahora, el trabajo no es una urgencia porque hasta los 18 años permanecerá bajo la tutela de la Consejería, que corre con su manutención y que le ha buscado alojamiento a través de un programa gestionado por la asociación «La Cruz de los Ángeles».

Nadie diría que Haled, con 18 años ya cumplidos, es el mayor del grupo reunido para entrenar ese día. Tiene cara de niño, observación que él acepta a sabiendas y con una mueca de resignación. Llegó hace dos años y ahora, que ya no está bajo la tutela del Principado, vive en un albergue que le ha buscado la asociación Azahra. Busca trabajo desesperadamente y desgrana su currículum, por si alguien puede ayudarle a encontrarlo: en junio empieza un curso de camarero y ya tiene un título de formación ocupacional en la especialidad de carpintería del metal. Procura no faltar a los entrenamientos que organiza Smaili. Él juega de medio punta y formó parte del San Esteban de Ciaño. Asturias, dice, es un buen lugar para vivir. Él se siente a gusto aquí y aquí ha decidido quedarse.

Kaled, el portero de 17 años, y Hassan, que ocupa el puesto del lateral y tiene la misma edad, cuentan historias similares a las de sus amigos. Todos pasaron la frontera bajo un camión, todos dejaron atrás a una familia que confía en ellos para mejorar su situación económica, han asumido responsabilidades de adultos a una edad en la que la inmensa mayoría de los jóvenes españoles aún no ha salido del nido.

«Estos chavales pueden dar mucho», opina Mohamed Smaili, «pueden quedarse aquí y trabajar en beneficio de la sociedad asturiana». Él, al que los muchachos escuchan con respeto, les da este consejo: «Vuestra vida como menores es muy corta. Aprovechad las oportunidades para entrar en la de adultos con buen pie». Y el caso es que en Asturias, reconoce, los niños tienen oportunidades para hacerlo. «La sociedad civil asturiana es pionera en muchas actuaciones. Lo que falla es la coordinación entre la sociedad civil, la Administración y las asociaciones», argumenta.

Falla también, añade, el seguimiento que se hace de estos jóvenes extranjeros. «No se les puede dejar en la calle, las asociaciones que se ocupan de ellos han de vigilar que asistan a las clases, porque el enemigo del menor es el tiempo libre», afirma. «¿Y cuando cumplen 18 años? ¿Qué pasa con ellos?», añade.

Mientras busca respuesta a cuestiones como esa, Smili intenta inculcar a los muchachos «fe en que llegará un futuro mejor para ellos» y, al verlos caminando juntos por la calle, en una distendida camaradería, parece haberlo conseguido. Tras el entrenamiento del domingo -uno de aquellos días del mes de abril que adelantaron la primavera-, los chavales almorzaron en el Centro Materno Infantil de Oviedo y con ellos se llevaron a su entrenador. Una semana después, dedicada al estudio y el trabajo, se repite el encuentro.

Smili: «Es fácil comprar un niño y hay gente dispuesta a ello»


Oviedo, E. F.-P.
El sueño de Ismaili es ver a alguno de sus chicos en un equipo profesional. Salvarlos del desarraigo, el aislamiento y la confusión de la adolescencia es, en un plano más real, su aspiración. «No hubiera querido ver niños buscando comida en la basura; es fácil comprar un niño y hay gente dispuesta a hacerlo», cuenta. Ismaili habla de los peligros a los que estos chavales están expuestos. Algunos escapan de la soledad con drogas baratas o se convierten en presa sexual de individuos sin conciencia. Con el fútbol, los muchachos olvidan sus vicisitudes y se divierten sanamente.

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051700_46_757328__Sociedad-y-Cultura-exclusion

Gol a la exclusión

Gol a la exclusión

El fútbol se convierte en un instrumento formativo y de integración para los adolescentes magrebíes llegados a Asturias de forma ilegal

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Mohamed Ismaili. jesús farpón
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Oviedo,
Elena FERNÁNDEZ-PELLO
«¡Mira, mira ese que toca el balón! Es muy bueno, ha tenido ofertas de un par de equipos! ¡Y ese, el que juega ahora, ese es bueno también!». Mohamed Ismaili sigue atentamente las evoluciones de sus jugadores en el terreno de juego, una decena de chavales marroquíes que sudan la camiseta en una primaveral mañana de domingo, corriendo tras la pelota en las inmediaciones del parque del Oeste. Una vez por semana organizan un partidillo que les sirve de entrenamiento, unas veces en Oviedo, otras en Gijón o en cualquier otra localidad. Deportivas, camisetas y ropa cómoda, y a correr. Con ese modesto equipamiento y la energía de su juventud el fútbol es para ellos más que un deporte, es su tabla de salvación.

La asociación Azahra, que promueve la práctica deportiva entre los adolescentes magrebíes con una finalidad formativa, colabora con la Consejería de Bienestar Social del Principado desde hace años, en especial desde la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a Asturias, que en su inmensa mayoría eran adolescentes marroquíes. Muchos de esos niños juegan o han jugado en el equipo de fútbol de la asociación y algunos también lo hacen en pequeños equipos regionales.

Observando cómo corren y regatean balones, colocan goles y, ya acabado el partido, se tienden al sol a descansar o dan vueltas en bicicleta alrededor del campo parecen ajenos a las estrecheces que han pasado hasta llegar aquí y de los peligros que les acechan. Se trata de chavales de entre 17 y 18 años, ninguno lleva más de dos años en Asturias, hablan castellano con mayor o menor destreza, de sobra para entender y hacerse entender. No fantasean: han venido a España a trabajar, a ayudar a sus familias y no quieren perder el tiempo.

Los nombres con los que nos referimos a ellos son ficticios, para preservar su intimidad; sus vivencias e impresiones se han recogido tal y como espontáneamente las han relatado ellos mismos. Son historias como la de Said, que tiene 17 años y lleva nueve meses viviendo en Asturias, ahora en una pensión. Entró en España desde Marruecos y cruzó la frontera escondido en los bajos de un camión, siguiendo el rastro de un amigo que había iniciado su aventura unos meses antes y había recalado en Asturias. «Él me llamó y me dijo que viniera», cuenta. No se entretuvo por el camino, llegó a Oviedo y, como el resto de sus compañeros, ingresó en la unidad de primera acogida del Centro Materno Infantil de Oviedo. Conserva la afición al fútbol que ya tenía en Marruecos. Aquí juega de central y comenta que durante tres meses lo hizo en el equipo ovetense La Fuerza de Guillén. Busca trabajo de camarero y estudia Hostelería. Por ahora, el trabajo no es una urgencia porque hasta los 18 años permanecerá bajo la tutela de la Consejería, que corre con su manutención y que le ha buscado alojamiento a través de un programa gestionado por la asociación «La Cruz de los Ángeles».

Nadie diría que Haled, con 18 años ya cumplidos, es el mayor del grupo reunido para entrenar ese día. Tiene cara de niño, observación que él acepta a sabiendas y con una mueca de resignación. Llegó hace dos años y ahora, que ya no está bajo la tutela del Principado, vive en un albergue que le ha buscado la asociación Azahra. Busca trabajo desesperadamente y desgrana su currículum, por si alguien puede ayudarle a encontrarlo: en junio empieza un curso de camarero y ya tiene un título de formación ocupacional en la especialidad de carpintería del metal. Procura no faltar a los entrenamientos que organiza Ismaili. Él juega de medio punta y formó parte del San Esteban de Ciaño. Asturias, dice, es un buen lugar para vivir. Él se siente a gusto aquí y aquí ha decidido quedarse.

Kaled, el portero de 17 años, y Hassan, que ocupa el puesto del lateral y tiene la misma edad, cuentan historias similares a las de sus amigos. Todos pasaron la frontera bajo un camión, todos dejaron atrás a una familia que confía en ellos para mejorar su situación económica, han asumido responsabilidades de adultos a una edad en la que la inmensa mayoría de los jóvenes españoles aún no ha salido del nido.

«Estos chavales pueden dar mucho», opina Mohamed Ismaili, «pueden quedarse aquí y trabajar en beneficio de la sociedad asturiana». Él, al que los muchachos escuchan con respeto, les da este consejo: «Vuestra vida como menores es muy corta. Aprovechad las oportunidades para entrar en la de adultos con buen pie». Y el caso es que en Asturias, reconoce, los niños tienen oportunidades para hacerlo. «La sociedad civil asturiana es pionera en muchas actuaciones. Lo que falla es la coordinación entre la sociedad civil, la Administración y las asociaciones», argumenta.

Falla también, añade, el seguimiento que se hace de estos jóvenes extranjeros. «No se les puede dejar en la calle, las asociaciones que se ocupan de ellos han de vigilar que asistan a las clases, porque el enemigo del menor es el tiempo libre», afirma. «¿Y cuando cumplen 18 años? ¿Qué pasa con ellos?», añade.

Mientras busca respuesta a cuestiones como esa, Ismaili intenta inculcar a los muchachos «fe en que llegará un futuro mejor para ellos» y, al verlos caminando juntos por la calle, en una distendida camaradería, parece haberlo conseguido. Tras el entrenamiento del domingo -uno de aquellos días del mes de abril que adelantaron la primavera-, los chavales almorzaron en el Centro Materno Infantil de Oviedo y con ellos se llevaron a su entrenador. Una semana después, dedicada al estudio y el trabajo, se repite el encuentro.

Ismaili: «Es fácil comprar un niño y hay gente dispuesta a ello

Oviedo, E. F.-P.
El sueño de Ismaili es ver a alguno de sus chicos en un equipo profesional. Salvarlos del desarraigo, el aislamiento y la confusión de la adolescencia es, en un plano más real, su aspiración. «No hubiera querido ver niños buscando comida en la basura; es fácil comprar un niño y hay gente dispuesta a hacerlo», cuenta. Ismaili habla de los peligros a los que estos chavales están expuestos. Algunos escapan de la soledad con drogas baratas o se convierten en presa sexual de individuos sin conciencia. Con el fútbol, los muchachos olvidan sus vicisitudes y se divierten sanamente.



http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051700_46_757329__Sociedad-y-Cultura-Ismaili-facil-comprar-gente-dispuesta-ello

Charla sobre INTERCULTURALIDAD día 20 de mayo (Oviedo)










El próximo miércoles, día 20 de mayo, a las 20 horas organizamos una charla-coloquio que se celebrará en el Conceyu Abiertu C/ La Gascona 12-baxo A.

 El título

LA INTERCULTURALIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS

El ponente será Mikel Mazkiaran, compañero de SOS RACISMO GUIPUZKOA

Creemos que el tema es de mucho interés y de plena actualidad por lo que esperamos sea de vuestro interés y contar con vuestra presencia.

Un saludo

SOS RACISMU - ASTURIES

domingo, mayo 17

Ararteko preocupado por situación menores no acompañados. El apartado más extenso de su informe 2009

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Lamarca/ve/preocupacion/situacion/menores/extranjeros/padres/elpepuespvas/20090513elpvas_6/Tes

Lamarca ve con preocupación la situación de los menores extranjeros sin padres. La crisis incrementa los conflictos entre los ciudadanos y la administración

EDUARDO AZUMENDI - VitoriaVitoria - 13/05/2009

El Ararteko dedica el apartado más extenso de todo el informe a la situación de los menores en Euskadi, uno de los colectivos que por sus circunstancias se encuentran en situación de vulnerabilidad. A lo largo de 2008, el equipo de Iñigo Lamarca ha investigado varias situaciones relacionadas con menores acogidos por las instituciones debido a situaciones familiares complicadas, extranjeros no acompañados, con problemas de escolarización, y que han sufrido el acoso escolar. Algunas de las situaciones analizadas y seguidas resultan "especialmente preocupantes", según el Ararteko.

Lamarca pide la creación de cementerios para los musulmanesLas quejas al Ararteko por las ayudas sociales públicas se disparan

Y pone como ejemplos la saturación que se vive en ciertos centros de acogida (especialmente los centros de urgencia destinados a menores extranjeros no acompañados) y la "insuficiente" respuesta del sistema sanitario a los problemas de salud mental de los jóvenes. Los rechazos vecinales a la creación de casas para acoger a adolescentes problemáticos también figura entre sus toques de atención a la administración.

Los técnicos de la institución han visitado varios centros de acogida, se han entrevistado tanto con menores como con educadores, se han reunido con los responsables políticos e, incluso, se han abierto foros de participación ciudadana.

Algunos de los temas son recurrentes en los informes de los últimos años, pero en esta ocasión el Ararteko hace hincapié en el colectivo de los menores con problemas de salud mental, que considera que es una de las inquietudes emergentes actualmente en nuestra sociedad. "Resulta necesario que se haga un diagnóstico que permita un abordaje adecuado de la situación", se apunta en el informe.

El Defensor del Pueblo asegura que la respuesta que se está ofreciendo en estos momentos desde el sistema sanitario público resulta insuficiente y enumera una serie de prioridades: número de menores afectados, diagnósticos, recursos disponibles o de nueva creación, especialización de los profesionales e instauración de estructuras de coordinación a nivel educativo, sanitario, familiar y social.

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Col•lectiu DRARI دراري d'Investigació Acció Participativa pels Drets de l'Infant
الجماعى DRARI دراري للبحوث التشاركيه العمل من اجل حقوق الطفل
Colectivo DRARI دراري de Investigación Acción Participativa por los Derechos del Niño
DRARI دراري Haurren Eskubideen Aldeko Ikerketa Ekintza Partaidetza Kolektiboa
Collectif DRARI دراري de Recherche et d'Action Participative pour les Droits de l'Enfant
Collective DRARI دراري of Participative Investigation Action by the Rights of the Child

General: DRARI.Col.lectiu.IAP.Drets.Infant@gmail.com
Juristes i casos de menors.Juristas y casos de menores: DRARI.Jurista@gmail.com

www.DRARI-Col-lectiu-IAP-Drets-Infant.blogspot.com
www.DRARI-Col-lectiu-JURISTA-Drets-Infant.blogspot.com
XARXA-RED-SAREA-XABACA :
http://www.menoressolos.blogspot.com
Per deixar de rebre correu escriu al remetent.Para dejar de recibir correo escribe al remitente

DEUDA ÉTICA Y MORAL Arantza González Juntera Ezker Batua Berdeak Gipuzkoa

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Deuda ética y moral
11.05.09 ARANTZA GONZÁLEZ JUNTERA DE EZKER BATUA-BERDEAK EN GUIPÚZCOA
Es muy difícil imaginar cómo debe de ser el éxodo de la mayoría de las personas menores inmigrantes que llegan a nuestro territorio. Por lo que leemos, oímos y vemos en los medios de comunicación, y a través de sus testimonios, algunos llegan en pateras, otros en los bajos de camiones, otros recorren a pie trayectos muy largos, y a otros los abandonan sus madres en las playas para volver en la misma patera, con la esperanza de que sus hijos encontrarán un futuro mejor. La inmensa mayoría viene con un objetivo: encontrar una vida mejor que la que dejan atrás. Vienen porque creen que nuestra sociedad es mejor y más rica que la suya. Y, por lo menos, a primera vista parece que así es.
Nuestra sociedad avanzada ha desarrollado sistemas de protección a la infancia y a la adolescencia, porque somos conscientes de que es uno de los bienes más preciados que tenemos. Hemos creado leyes para su protección, para garantizar su educación, su salud, su derecho a un desarrollo integral, para prevenir su marginación, la explotación infantil, el abuso, acoso y maltrato físico, psíquico o emocional. En definitiva, para garantizar su bienestar.
En estos momentos en los que estamos asistiendo a un debate sobre la problemática de los menores inmigrantes, es fundamental que tengamos en cuenta muchos aspectos, pero especialmente uno, que debe ser el principal y el más importante: se trata de personas menores de edad, no acompañadas y en situación de desprotección.
Precisamente por esa razón, la tutela, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, recae en las diputaciones forales, que deben activar los mecanismos legales necesarios para que estas personas menores alcancen una edad adulta en condiciones óptimas. De hecho, la mayoría lo consiguen, y eso es algo de lo que nos tenemos que congratular todos y todas, ya que si a veces es difícil lograrlo con nuestros hijos o hijas que han contado con todos los medios para ello, para estos menores que están solos en el mundo, la tarea resulta mucho más complicada y requiere de un gran esfuerzo por su parte. Pero, afortunadamente, insisto, la mayoría lo consiguen y eso hay que darlo a conocer a la opinión pública.
Por ello, somos conscientes de que las administraciones competentes destinan recursos para cumplir con su obligación de tutela, y también sabemos que es difícil gestionar los servicios si no se sabe a cuántas personas menores tendrán que atender. También es una realidad que una minoría de estos menores llega con graves problemas de adicción o de conducta, consecuencia de las condiciones de vida que han tenido en sus países de origen. Esta minoría, si no es atendida adecuadamente, puede provocar una serie de problemas, como los que recientemente han venido apareciendo en los medios.
Reconocemos que no es un problema fácil de solucionar, en absoluto, y es necesario redoblar esfuerzos para conseguirlo. Es cierto que si cometen infracciones y el juez los condena por las mismas, tendrán que cumplir con las medidas que se les apliquen, como el resto de la ciudadanía, pero también es cierto que habría que profundizar en las causas y en las soluciones para evitar que sean recurrentes.
n ese sentido, desde luego, lo que no nos parece lógico es que haya centros especiales para estos menores que no disponen de un programa específico ni ningún proyecto educativo concreto para esos casos, de manera que los citados menores pasan horas y horas en la calle sin nada mejor que hacer.
En nuestra opinión, este pequeño grupo requiere de una atención muy especializada, que aborde sus problemáticas concretas. Para ello, es imprescindible contar con profesionales bien preparados y con unas buenas condiciones laborales, a fin de que se conviertan en verdaderos referentes de estos menores que están totalmente desorientados. Hay que crear un grupo de trabajo con la participación de educadores de los centros de acogida, de los profesionales de los Centros de Iniciación Profesional (CIP) y de técnicos, para que puedan poner en común las problemáticas y así abordar mejor las diferentes situaciones que atraviesan los menores.
También es fundamental garantizar el acceso fácil y diario de estos jóvenes a los CIP, ya que, a día de hoy, a algunos de ellos les resulta imposible, teniendo en cuenta que los centros de acogida están muy lejos de los Centros de Iniciación Profesional. El acceso a la educación y a la preparación constituye la principal garantía para sacar a estos jóvenes de la calle.
Consideramos que como sociedad tenemos una deuda ética y moral con otra parte de la sociedad que no puede acceder a unas condiciones mínimas de vida y, por ello, se ve obligada a dejar su tierra y sus familias.
Además vivimos en una tierra que sabe lo que es la emigración, conoce lo que es tener que enviar a sus hijos e hijas en barcos o trenes hacia otros lugares por miedo a una guerra y a la represión, con la esperanza de un futuro mejor.
Somos conscientes de que la alarma social generada por este reducido número de menores da pie a posiciones intransigentes y xenófobas, pero tenemos la obligación de darnos cuenta de que la inmensa mayoría de ellos sólo buscan realizar un proyecto de vida, algo que también hacemos el resto de la ciudadanía.
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Col•lectiu DRARI دراري d'Investigació Acció Participativa pels Drets de l'Infant
الجماعى DRARI دراري للبحوث التشاركيه العمل من اجل حقوق الطفل
Colectivo DRARI دراري de Investigación Acción Participativa por los Derechos del Niño
DRARI دراري Haurren Eskubideen Aldeko Ikerketa Ekintza Partaidetza Kolektiboa
Collectif DRARI دراري de Recherche et d'Action Participative pour les Droits de l'Enfant
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Deuda ética y moral. ARANTZA GONZÁLEZ JUNTERA DE EZKER BATUA-BERDEAK EN GUIPÚZCOA

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Deuda ética y moral
11.05.09 ARANTZA GONZÁLEZ JUNTERA DE EZKER BATUA-BERDEAK EN GUIPÚZCOA
Es muy difícil imaginar cómo debe de ser el éxodo de la mayoría de las personas menores inmigrantes que llegan a nuestro territorio. Por lo que leemos, oímos y vemos en los medios de comunicación, y a través de sus testimonios, algunos llegan en pateras, otros en los bajos de camiones, otros recorren a pie trayectos muy largos, y a otros los abandonan sus madres en las playas para volver en la misma patera, con la esperanza de que sus hijos encontrarán un futuro mejor. La inmensa mayoría viene con un objetivo: encontrar una vida mejor que la que dejan atrás. Vienen porque creen que nuestra sociedad es mejor y más rica que la suya. Y, por lo menos, a primera vista parece que así es.
Nuestra sociedad avanzada ha desarrollado sistemas de protección a la infancia y a la adolescencia, porque somos conscientes de que es uno de los bienes más preciados que tenemos. Hemos creado leyes para su protección, para garantizar su educación, su salud, su derecho a un desarrollo integral, para prevenir su marginación, la explotación infantil, el abuso, acoso y maltrato físico, psíquico o emocional. En definitiva, para garantizar su bienestar.
En estos momentos en los que estamos asistiendo a un debate sobre la problemática de los menores inmigrantes, es fundamental que tengamos en cuenta muchos aspectos, pero especialmente uno, que debe ser el principal y el más importante: se trata de personas menores de edad, no acompañadas y en situación de desprotección.
Precisamente por esa razón, la tutela, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, recae en las diputaciones forales, que deben activar los mecanismos legales necesarios para que estas personas menores alcancen una edad adulta en condiciones óptimas. De hecho, la mayoría lo consiguen, y eso es algo de lo que nos tenemos que congratular todos y todas, ya que si a veces es difícil lograrlo con nuestros hijos o hijas que han contado con todos los medios para ello, para estos menores que están solos en el mundo, la tarea resulta mucho más complicada y requiere de un gran esfuerzo por su parte. Pero, afortunadamente, insisto, la mayoría lo consiguen y eso hay que darlo a conocer a la opinión pública.
Por ello, somos conscientes de que las administraciones competentes destinan recursos para cumplir con su obligación de tutela, y también sabemos que es difícil gestionar los servicios si no se sabe a cuántas personas menores tendrán que atender. También es una realidad que una minoría de estos menores llega con graves problemas de adicción o de conducta, consecuencia de las condiciones de vida que han tenido en sus países de origen. Esta minoría, si no es atendida adecuadamente, puede provocar una serie de problemas, como los que recientemente han venido apareciendo en los medios.
Reconocemos que no es un problema fácil de solucionar, en absoluto, y es necesario redoblar esfuerzos para conseguirlo. Es cierto que si cometen infracciones y el juez los condena por las mismas, tendrán que cumplir con las medidas que se les apliquen, como el resto de la ciudadanía, pero también es cierto que habría que profundizar en las causas y en las soluciones para evitar que sean recurrentes.
n ese sentido, desde luego, lo que no nos parece lógico es que haya centros especiales para estos menores que no disponen de un programa específico ni ningún proyecto educativo concreto para esos casos, de manera que los citados menores pasan horas y horas en la calle sin nada mejor que hacer.
En nuestra opinión, este pequeño grupo requiere de una atención muy especializada, que aborde sus problemáticas concretas. Para ello, es imprescindible contar con profesionales bien preparados y con unas buenas condiciones laborales, a fin de que se conviertan en verdaderos referentes de estos menores que están totalmente desorientados. Hay que crear un grupo de trabajo con la participación de educadores de los centros de acogida, de los profesionales de los Centros de Iniciación Profesional (CIP) y de técnicos, para que puedan poner en común las problemáticas y así abordar mejor las diferentes situaciones que atraviesan los menores.
También es fundamental garantizar el acceso fácil y diario de estos jóvenes a los CIP, ya que, a día de hoy, a algunos de ellos les resulta imposible, teniendo en cuenta que los centros de acogida están muy lejos de los Centros de Iniciación Profesional. El acceso a la educación y a la preparación constituye la principal garantía para sacar a estos jóvenes de la calle.
Consideramos que como sociedad tenemos una deuda ética y moral con otra parte de la sociedad que no puede acceder a unas condiciones mínimas de vida y, por ello, se ve obligada a dejar su tierra y sus familias.
Además vivimos en una tierra que sabe lo que es la emigración, conoce lo que es tener que enviar a sus hijos e hijas en barcos o trenes hacia otros lugares por miedo a una guerra y a la represión, con la esperanza de un futuro mejor.
Somos conscientes de que la alarma social generada por este reducido número de menores da pie a posiciones intransigentes y xenófobas, pero tenemos la obligación de darnos cuenta de que la inmensa mayoría de ellos sólo buscan realizar un proyecto de vida, algo que también hacemos el resto de la ciudadanía.
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jueves, mayo 14

Informe Anual 2009 sobre el racismo en el Estado español (DOSSIER DE PRENSA)


  • El 2008 constata un aumento del racismo institucional en Europa hacia las personas inmigrantes y el pueblo gitano. Desde SOS Racismo alertamos sobre la necesidad de marcar un límite a esta situación puesto que el camino puede ser irreversible. Ya no solo no avanzamos en la materialización y cumplimiento de los derechos humanos si no que éstos son cuestionados y vulnerados sin rubor.
  • La crisis económica ha sido precedida mucho antes, por una crisis de valores con una pérdida y abandono precisamente de aquellos que nos hacen crecer como personas y como sociedad. El racismo es una consecuencia de este contexto, se vulneran sin contemplaciones los derechos humanos y se abre la puerta a otras injusticias sociales. La desigualdad de derechos y oportunidades afecta a la población inmigrante recién llegada, a las personas ya asentadas y también de forma preocupante a sus hijos e hijas.
  • Racismo institucional y social son proporcionales puesto que el primero legitima y abriga al segundo. Existe un binomio entre el racismo perpetrado desde las estructuras institucionales a través de leyes, discursos y otras iniciativas políticas y el racismo del ciudadano anónimo, Por ello no es desmesurado decir que si se sigue en esta línea asistiremos a un aumento del racismo social los próximos años. La propuesta de reformar la ley de extranjería conlleva un aumento de este racismo institucional.
  • No se puede afirmar rotundamente que la crisis implique de por si un aumento del racismo y la xenofobia; como es absolutamente falso que un aumento de la inmigración provoque un aumento del racismo. De la gestión de la crisis, del análisis que se haga de ella y de las políticas que se realicen para combatirla, derivará o no un aumento del racismo social. La política y discursos del gobierno, están fomentando la xenofobia al insistir en vincular crisis e inmigración y al recortar políticas sociales y de integración.
  • La pasividad ante el recorte de derechos de un colectivo abre la puerta a su extensión a otros sectores sociales tal como ya ha demostrado la historia. Es nuestro deber garantizar un mundo más justo para las generaciones futuras, por ello la defensa de los Derechos Humanos y la lucha contra el racismo nos debe implicar a todos y todas.
PRINCIPALES CONTENIDOS DEL INFORME ANUAL 2009

1. UNIÓN EUROPEA: la vergüenza de la Europa democrática
• Durante el 2008 se produce un aumento del racismo institucional a nivel europeo, que implica un retroceso en el respeto hacia los Derechos Humanos y un deterioro de los principios democráticos.

3. ESTADO ESPAÑOL: ante el drama humano el anuncio del endurecimiento del racismo institucional
• El gobierno español se pone al frente del blindaje y externalización de fronteras a nivel europeo provocando muertes y desapariciones y el aumento del racismo institucional también se consolida en un cambio de discurso y en las propuestas de leyes. Se impone la visión utilitarista de la inmigración, se vincula ésta a la crisis y se estigmatiza a los y las inmigrantes en situación irregular.

4. MENORES NO ACOMPAÑADOS: el desinterés por la protección de la infancia
• Este año se sigue anteponiendo la política de extranjería a las política de infancia, además se apuesta por negar por todos los medios la condición de menores de las víctimas más vulnerables de la inmigración. Las consecuencias de estas políticas se agravan con la llegada de menores subsaharianos y con la Directiva de retorno.

5.-DISCURSO POLÍTICO Y RACISMO SOCIAL: el peligro de la fractura social

6.-DERECHOS LABORALES Y SOCIALES: la discriminación de la población inmigrante

7. CUERPOS DE SEGURIDAD: la continuidad de las agresiones y abusos
• Se mantienen los abusos y maltratos por agentes de seguridad públicos, este año se han impulsado medidas políticas para su erradicación pero son iniciativas aisladas.

8. EXTREMA DERECHA: la puerta abierta a su impunidad

CONCLUSIONES

Pincha para leer el Dossier Integro

Sos Racismu denuncia trabas a los inmigrantes en Extranjería

Dejar de vender CD´s y conseguir los papeles a través de un empleo legal no es fácil, pero en Asturias es más difícil que en otras comunidades. Este es solo uno de los casos de discriminación racial denunciados ayer por los representantes de Sos Racismu, pero el informe del 2008 también menciona a Asturias con motivo de campañas policiales de acoso, presencia de grupos neonazis o irregularidades con menores no acompañados.

Las órdenes de expulsión son ineludibles en Asturias

La oficina única de Extranjería, situada en Oviedo, no admite las solicitudes para conseguir un permiso de trabajo si sobre el solicitante pesa una orden de expulsión. Las puertas también se cierran si esta orden pesa sobre un inmigrante que demanda la residencia por arraigo social. Aunque Extranjería depende de Delegación de Gobierno, el procedimiento no es el mismo en otras comunidades autónomas, en las que prima la regularización sobre la expulsión y los papeles se admiten de todos modos.

La responsable de Sos Racismu Itxaso Agirre explicó ayer que estas trabas afectan sobre todo al colectivo senegalés, formado en Asturias aproximadamente por 500 personas. La detención por venta ilegal de CD´s es suficiente para la apertura del expediente de expulsión, y es "fácil que los detengan", lo que les impide legalizar su situación en el Principado. Algunos de los casos que se han registrado, critica la organización, afectaron a inmigrantes con más de tres años de estancia en Asturias que acabaron abandonando el país. En el Principado, lamenta Agirre, la única forma arreglar los papeles es "a través del matrimonio o teniendo un hijo español".

Doble discriminación por vestir un hiyab en Oviedo

Una mujer marroquí fue objeto en septiembre del año pasado de una agresión en las calles de Oviedo. Al ver que vestía un hiyab --el velo islámico-, un hombre comenzó a insultarla, al tiempo que intentó arrebatarle el pañuelo por la fuerza. La víctima fue auxiliada por su empleador, a quien precisamente se encontraba esperando. Ambos obligaron al individuo a acudir con ellos a comisaría para interponer la denuncia, pero los agentes, critica la abogada Ana Taboada, dejaron irse al agresor. Sos Racismu añade que los funcionarios dijeron a este individuo mientras se marchaba que "en este país ella no tiene nada que hacer", asegurando además que el agresor tenía razón al intentar quitar el hiyab. La organización ha reclamado una investigación de los hechos en Delegación de Gobierno y aún no tiene respuesta.

La denuncia se suma a la ya conocida de la operación Transport Express , que llevó a la detención de más de 100 ciudadanos de nacionalidad extranjera en Oviedo y de un número sin determinar en el resto de ciudades asturianas. Todos ellos pasaron, al menos, una noche en el calabozo, sufrieron la apertura de un expediente de expulsión y por último quedaron en libertad. En comisaría, algunos solo fueron alimentados una vez al día, mientras que a varios musulmanes se les dieron platos a base de cerdo. Sos Racismu asegura que la identificación de extranjeros en estaciones de autobuses o de ferrocarril "es constante".

La UPA del Centro Materno infantil de Oviedo

Tres años después de la primera afluencia importante de menores no acompañados en Asturias, Sos Racismu detecta que el problema de hacinamiento denunciado a lo largo del 2008 comienza a solucionarse poco a poco, y se trata de evitar que los menores permanezcan en la la Unidad de Primera Acogida (UPA) más que los 45 días que establece la ley.

Sin embargo, Ana Taboada reprocha a la administración una conducta discriminatoria atendiendo a la procedencia de los menores. Según mantiene, "los menores marroquíes ( o sea el 70% del total de menores) están una media de cinco meses, frente a la sorprendente rapidez con la que los menores de otras nacionalidades son derivados a otros recursos". La letrada alertó de la peligrosidad derivada de separar a los menores según su nacionalidad. Además, Itxaso Agirre apuntó además el problema de que estos menores alcancen la mayoría de edad sin que los papeles estén en regla, situación que fue denunciada recientemente por la asociación Azahra.

Otras acciones discriminatorias detectadas por Sos Racismu y censuradas ayer fueron la organización de un concierto neonazi en Oviedo --que finalmente no se celebró-- o el sometimiento de dos menores marroquíes a las pruebas oseométricas para confirmar su edad, cuando la documentación que portaban ya la probaba. Estos dos menores iban a ser internados en un centro de adultos, pero se logró la suspensión cautelar de la orden. Un tercero, sin embargo, fue expulsado. Por otra parte, los portavoces de Sos Racismu lamentaron que ni la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, ni el delegado de Gobierno, Antonio Trevín, les concedan sendas entrevistas que solicitaron hace meses.

http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=492951

miércoles, mayo 13

Desenvolupament d'indicadors per a la protecció, el respecte i la promoció dels drets dels infants a la UE

http://www.gencat.cat/benestar/dixit/num20/desenvolupament-dindicadors-a-la-proteccio-el-respecte-i-la-promocio-dels-drets-dels-infants-a-la-ue.htm

Desenvolupament d'indicadors per a la protecció, el respecte i la promoció dels drets dels infants a la UE

UE

L'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea ha presentat l'informe "Desenvolupant indicadors per a la protecció, el respecte i la promoció dels drets dels nens a la UE" que proposa un conjunt d'indicadors per mesurar com s'implementen, es protegeixen, es respecten i es promouen els drets dels infants arreu de la Unió Europea.

Segons els representants de l'Agència, aquest informe representa un pas important per a l'elaboració de polítiques que facin dels drets dels nens una realitat. Així, Morten Kjaerum, director de l'Agència, ha assegurat que "la situació de molts nens arreu de la UE és preocupant: una cinquena part estan en risc de pobresa, alguns pateixen situacions de violència a les seves famílies o comunitats i els que pertanyen a minories són sovint objecte de discriminació en l'educació. A banda, continuen sent objecte de tràfic cap a la UE i dins de la Unió".

Segons Kjaerum cal una acció concertada a escala de la UE per protegir-los i els indicadors comuns són una bona eina per aconseguir-ho. Els indicadors contemplats a l'informe cobreixen les àrees següents:

  • Situació familiar i atenció alternativa
  • Protecció davant l'explotació i la violència
  • Educació, ciutadania i activitats culturals
  • Nivell de vida adequat

Accés a l'Informe

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martes, mayo 12

El Defensor del Pueblo insta al Gobierno a documentar a los menores subsaharianos

El Defensor del Pueblo insta al Gobierno a documentar a los menores subsaharianos

En Madrid no se estaría documentando a los menores por lo que el Defensor ha tomado cartas en el asunto

NICOLÁS CASTELLANO / CADENASER.com   11-05-2009

El Defensor del Pueblo ha denunciado a las autoridades por no haber regularizado a varios jóvenes africanos. Según ha sabido la SER, insta a que la Delegación del Gobierno de Madrid y la Fiscalía de Menores normalicen su situación administrativa, algo a lo que tienen derecho una vez cumplidos los 18 años.

En los documentos a los que ha tenido acceso la SER, la oficina del Defensor del Pueblo recuerda a la delegación del gobierno en Madrid que los menores inmigrantes deben ser residentes legales a todos los efectos una vez que se acredita la imposibilidad de retornarlos a sus países de origen.

El Defensor ha constatado además que en Madrid, Tenerife y en Melilla hay varios casos en los que las delegaciones de gobierno otorgaron permisos de residencia ilegales ya que tienen una vigencia de menos de 90 días que es el plazo mínimo que exige la ley de Extranjería.

La adjunta al defensor del pueblo María Luisa Cava de Llano lamenta el juego perverso del que son víctimas estos menores que a la vez son víctimas de una política cada vez más restrictiva en España hacia los inmigrantes

"Es obligación del defensor del pueblo velar por estos menores. Se les aplica regimenes más restrictivos que los mayores", concluyó

Según el Defensor del Pueblo, no sólo la ley de extranjería, sino además la del Menor obliga al gobierno estatal a documentarlos para evitar su desprotección.

Con estos advertencias legales el defensor espera que más de 200 menores llegados en pateras y cayucos a España puedan recibir el permiso de residencia. Algunos llevan esperando dos años para que se les extienda dichos permisos.

La gestión de los centros de menores debe ser pública"


El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en su despacho de la calle de Fortuny (Madrid). - GABRIEL PECOT
SUSANA HIDALGO - MADRID - 11/05/2009 08:00

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica (San Sebastián, 1932), ha emprendido una batalla contra las irregularidades que se cometen en los centros de menores. Primero, emitió un informe en febrero pasado donde se criticaba la mala gestión y las irregularidades en el trato a los chicos en muchos de estos centros. El pasado 24 de abril, Múgica volvió a señalar a la Fundación OBelén, gestora de los centros más criticados, después de que una de sus internas, de 16 años, muriese al tirarse de una furgoneta en marcha cuando regresaba al centro de menores de Casa Joven, en Guadalajara.

Primero fue el informe crítico en febrero donde se insta a encontrar soluciones entre todos los implicados. Dos meses después, ocurre el suceso de Casa Joven. ¿Ha cambiado algo en este centro desde que murió la niña?

Después de la muerte de la menor, dos asesores de nuestra institución fueron allí y comprobaron que habían mejorado en algunos aspectos. Por ejemplo, han cambiado al personal. Pero lo que no ha cambiado es la forma de acercarse a los menores, los métodos. De los 58 centros que hay en España, nosotros visitamos 27. Hay centros que están bien y otros mal. Pero incluso en los que están bien, falla siempre el método: el menor carece de afecto.

En el caso de la menor de Casa Joven, usted ha planteado que cómo es posible que quisiese huir de un centro donde estaba supuestamente protegida.

"La automedicación en menores es peligrosa, sobre todo si hablamos de antidepresivos"

La niña, en el momento de su muerte, llevaba encima un tubo de pastillas. Eso no puede ser. La automedicación es muy peligrosa y más si es con antidepresivos. La toma tiene que hacerse siempre bajo vigilancia médica y esta debe estar supervisada por la administración.

¿Qué propone para solucionar las irregularidades?

Los niños vienen de familias muy difíciles, desestructuradas, pero eso no significa que los menores estén condenados a ese contexto. No hay que ser pesimista y pensar que no van a poder abordar la vida con plenitud. Pero para ello, hay que cambiar el sistema: abrir un gran debate entre los educadores, la administración, los psicólogos. Además, tiene que haber un protocolo de actuación común a todas las comunidades para que los niños reciban el mismo trato, independientemente de donde vivan.

"Nuestros asesores son rigurosos. No es que se crean todo lo que dice el menor"

¿Cuál es el mejor modelo de gestión?

Uno de titularidad pública. Soy independiente, pero eso no me quita de mi pensamiento tradicional socialdemócrata, que prefiere la actuación de lo público, donde no puede haber beneficio. Si tiene que haber gestión privada, tiene que estar muy controlada por lo público. La gestión privada sólo es positiva cuando está encauzada por el principio de solidaridad.

La Fundación OBelén se ha quejado de que la metodología para hacer el estudio de los centros no es la adecuada, porque sólo tiene en cuenta las opiniones de los menores.

También hemos hablado con cuidadores, con el personal médico. Nuestros asesores saben diferenciar perfectamente entre la verdad y lo que es incierto. No es que se crean todo lo que dice el menor.

Usted ha recalcado, precisamente, que era la primera vez que un estudio daba voz e importancia a los menores. ¿Se ha controlado que los niños que cooperaron en el informe y que siguen internos no hayan sufrido represalias por su participación en ello?

"Tiene que haber un único protocolo para que todos los niños tengan el mismo trato"

Para eso está el Ministerio Fiscal y sus visitas regulares y nuestras visitas, que también se repiten.

La Fundación OBelén le acusa a usted de persecución.

Eso es delirante. Hay algún centro de esa Fundación que nos ha parecido adecuado. Lo único que nos motiva es garantizar los derechos fundamentales de los menores. Todo lo demás no tiene importancia.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, aseguró que no comparte sus críticas. La Fiscalía de menores de Catalunya también visitó 20 centros de la comunidad y dijo que tenía una visión positiva. ¿Considera que tiene el suficiente apoyo de la Justicia para desempeñar su trabajo en este tema?

Dios sabe por qué Manuel Moix dijo lo que dijo, pero lo cierto es que sí que existen problemas en los centros, por eso en muchos han hecho cambios. Lo que ha pasado desmiente lo que dijo Moix. Además, el fiscal general y la fiscal de sala de menores del Tribunal Supremo sí que han respaldado el informe, consideran que es riguroso y han tomado medidas.

De todo lo ocurrido dentro de los centros de menores, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención?

Pues que a pesar de todo lo que sucede, los niños conservan la sonrisa, la esperanza de superar esas situaciones de las que son víctimas.

Recientemente se ha reunido con la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). ¿Llegan hasta el Defensor muchas denuncias de homofobia?

Llegan pocas, y por eso hemos pedido a la FELGTB, que sí que tiene constancia de más denuncias, que haga un estudio previo sobre la discriminación del colectivo homosexual para que luego nosotros podamos trabajar en ello. Sobre todo, hay que velar porque no ocurra en los colegios.

Sobre sanidad, ¿qué tipo de denuncias le llegan acerca de la Comunidad de Madrid, donde la gestión por parte del PP es con frecuencia fuente de polémica?

Nos han llegado denuncias de los usuarios sobre las listas de espera y también de los sindicatos sobre la privatización de la gestión pública. Hay que defender la sanidad pública en todas las comunidades autónomas de España porque es una de las mejores de Europa.

http://www.publico.es/espana/224663/gestion/centros/menores/debe/publica

lunes, mayo 11

I Encuentro Interprofesional sobre MENAs

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
Aula Magna - DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN (Euskadi /Estado Español)


29 de Mayo de 16h. - 20h.

La experiencia migratoria: influencia del desarraigo y salud mental
Amina Bargach
Especialista en Psiquiatría y Psicoterapia de niños
y adultos. Asociación Al Khaima. Marruecos

Francesco Vacchiano.
Antropólogo cultural. Asociación Frantz Fanon. Turin

Menor Menores y drogas: los consumos a la red de los consumos a la re-habilitación
Iñaki Markez.Experto en Psiquiatría comunitaria, drogodependencia
y Salud Pública.
Bizkaia

30 de Mayo de 10h. - 14h.

Tramitación de la documentación: situación y prácticas.
Nacho de la Mata.
Abogado. Coordinadora de Barrios de Madrid.
Mikel Mazkiaran.
Abogado. SOS Arrazakeria

Marco cultural de origen: herramientas de análisis.
Mercedes Jiménez
Antropóloga. Asociación Al Khaima.
Marruecos

Fiesta en Mogambo -
INSCRIPCIÓN: menores@mugak.org Tfno. 943321811
Inscripción necesaria. Límite: 22 de mayo

Documentos en PDF

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Menores no acompañados-SOS Arrazakeria Gipuzkoa
Peña y Goñi, 13 1º- Telf.: 943321811- menores@mugak.org

domingo, mayo 10

Carmen Cotelo Fiscal Menores Araba Critica que se «etiquete» a los menores extranjeros no acompañados como delincuentes «cuando no es así»

http://www.elcorreodigital.com/alava/20090510/alava/preocupa-cada-haya-chicos-20090510.html

CARMEN COTELO. FISCAL DE MENORES DE VITORIA

Critica que se «etiquete» a los menores extranjeros no acompañados como delincuentes «cuando no es así»
10.05.09 ADOLFO LORENTE VITORIA

«Me preocupa que cada vez haya más chicos que salgan con navaja»
Cotelo posa tras la entrevista en un sala de vistas del Palacio de Justicia de Vitoria. / REPORTAJE FOTOGRÁFICO: IOSU ONANDIA


Carmen Cotelo rehúye a toda costa el alarmismo de la calle, sus rumores y fábulas. Vitoria no es el Bronx, ni mucho menos, pero también es cierto que la delincuencia está creciendo. Por 'A' o por 'B', pero en aumento. «No es preocupante, es llamativo», asegura convincente. Lleva ocho años trabajando en un área tan delicada como la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Álava y si de algo puede presumir es de hablar claro. Le preocupa, «quizá lo que más», la proliferación de armas blancas entre los más jóvenes, una 'moda' que ha traído consigo el fenómeno de la inmigración. «Nadie debe renunciar a su cultura, pero deben hacer un esfuerzo por integrarse», recalca.

-Más de 700 menores fueron imputados en 2008 por diferentes delitos y faltas en Álava, el doble que el año anterior. ¿Preocupante?
-Llamativo. En esas cifras están incluidos los menores de 14 años, sobre los que no actuamos porque la ley así lo impide. Pese a todo, el aumento registrado el pasado año fue importantísimo.
-¿Importantísimo pero no preocupante? Parece contradictorio
-No, porque este incremento es normal. Vitoria ha aumentado muchísimo de población en los últimos años y, por tanto, es lógico que aumenten los índices delictivos.
-¿Vitoria es una ciudad segura?
-Creo que sí. Todavía no me da miedo ir sola por la calle de noche.
-¿El incremento de la delincuencia es sinónimo de menor extranjero?
-No siempre. Es evidente que hay un número importante de menores extranjeros que cometen delitos, pero es que también los hay españoles. No hay porcentajes del 80% ni por un lado ni por el otro. No todos los delitos están cometidos por menores extranjeros no acompañados ('menas'), y esto debe de quedar claro. Insisto, muy claro.
-¿La inmigración es el principal mal o la excusa más fácil?
-Una excusa. La teoría de la etiqueta. Es muy fácil decir que un chaval por tener 15 años y ser extranjero no acompañado tiene todos los visos para ser delincuente. Mentira. ¿Por qué? El índice de delincuencia entre ellos sólo es de un 3%.
-Pues etiquete a los jóvenes vitorianos. ¿Cuál es el perfil del menor delincuente que llega a su despacho?
-Seguro que está pensando en un menor con un pasado complicado, con sus padres separados o fallecidos. Pero esto que parece tan lógico, no lo es. A veces, el delito que comete un menor no deja de ser un gamberrada, pero una gamberrada constitutiva de delito.
Presencia policial
-Las denuncias proliferan en barrios 'tranquilos' como San Martín. El colegio Marianistas, por ejemplo, ha decidido cerrar antes sus instalaciones. ¿La solución pasa por poner más policía, como claman los vecinos?
-No veo malo que haya más policía. Uno quizá está más tranquilo si sale del colegio con su niño y ve un coche con agentes aparcado. Pero no sé si es la mejor solución.
-¿Qué está fallando? ¿El actual sistema educativo no vale?
-Antes, esto se reconducía en el ámbito familiar. Ahora el padre trabaja, la madre trabaja... Todo ha cambiado. Antes, cometías una burrada en el colegio, te echaban la bronca y cuando llegabas a casa te decían 'algo habrás hecho'. Ahora, en cambio, el padre llama al colegio. Esta es la diferencia.
-Nuevas culturas, nuevas tipologías de delito. ¿Está aflorando la tenencia de armas blancas entre ciertos sectores de la población más joven?
-Sí. ¿Tú alguna vez has llevado una navaja con los amigos? ¿No verdad? Pues yo tampoco. Pese a todo, no son casos que se den todos los días. No es algo habitual.
-Deduzco que esto sí es preocupante y no «llamativo».
-Sí. Es lo que quizá más me preocupa. Estamos hablando de un fenómeno cultural. España siempre ha sido un país de emigrantes. Nadie debe renunciar a sus raíces, a su forma de ser, pero deben hacer un esfuerzo para aclimatarse a la sociedad en la que vivimos.
-¿La llegada de las tan temidas bandas juveniles es una realidad o no deja de ser una quimera?
-Bandas como tal, Latin King, Ñetas... La Policía no me ha informado de que existan. Pero también es normal que en el ámbito de la delincuencia juvenil, el delito se cometa en cuadrilla, no en solitario.
-¿Y existe riesgo de que las haya?
-Siempre existe. Desde el momento en el que hay gente que puede reunir las características personales necesarias para formarlas, sí. Pero esperemos que no se formen.
-La Diputación, «desbordada», acoge ya a 120 menores extranjeros, seis veces más que en 2007. ¿Hay demasiado descontrol administrativo y judicial en esta materia?
-Esto se veía venir. Al menos la Fiscalía lo veía venir. Muchos se creían que Álava, al no ser frontera con otros países, iba a ser una isla. Crees que no va a llegar, pero ha llegado. Y claro, de repente, 120. Debería haberse previsto. No se hizo y ahora hay que poner soluciones, porque a mejor, no va a ir.
Libertad de movimientos
-El Gabinete Agirre ha pedido al Gobierno central que prohíba la libertad de movimientos de estos chicos por la Península. ¿Lo comparte?
-Para un 'mena', su padre y su madre es la entidad pública de protección, en este caso la Diputación. Y como tal, no puede permitir que el joven se vaya una semana a Oviedo y otra a Barcelona. Esto sería impensable en un familia autóctona. No se le puede privar a nadie de la movilidad, pero sí hay que evitar una movilidad absolutamente discrecional por voluntad del menor.
-Es decir, que si llegan a Álava es porque otra provincia ha hecho la vista gorda y no ha cumplido con su deber. ¿Quién debe poner orden?
-Cada una de las provincias tiene su organismo. No es una cuestión de quien sí o quien no, sino que deben colaborar todas las administraciones públicas. Es un problema delicado porque implica dinero y más en una época de crisis.
-También se pide establecer un sistema de cupos para que cada provincia acoja a un número determinado de chicos en función de su población. No parece muy lógico que sólo Álava acoja a tantos menores como todo Galicia o casi como Madrid.
-Me parece perfecto, es lo lógico. Esto es como todo, si un amigo te dice que en no sé donde se está muy bien, pues vas. En este fenómeno ocurre lo mismo. Eso sí, puedo comprender a la Diputación, pero también debe saber que tiene un problema que es de su competencia y que tiene que poner soluciones.
-Ya han empezado a surgir las primeras voces para que se produzca un cambio en la ley y que los menores conflictivos reincidentes sean expulsados. ¿Lo comparte?
-Yo en la cosa de los legisladores no me meto. Me dedico a aplicar la ley.
-La Diputación ha pedido la unificación de criterios a la Fiscalía porque en algunas provincias, y a diferencia de lo que ocurre aquí, la prueba ósea sí tiene validez frente al pasaporte. ¿Entonan el 'mea culpa'?
-Y yo también lo pido. De hecho, ya hay un fiscal de sala que se dedica a realizar esta función unificadora. Pero es que todo es tan amplio, hay tanta información... En Álava lo tenemos muy claro: si la documentación es válida, se acabó el asunto.
-¿Y si la prueba ósea dice que el 'menor' tiene 30 años?
-Si tengo una documentación que está emitida por un órgano administrativo con competencia para hacerlo y me lo perita un órgano competente que me dice que el pasaporte es válido, pues es válido. Lo objetivo es la documentación no la prueba ósea, que es recurrible porque no todas las razas son iguales. Mientras no se dé orden desde Madrid diciendo que nuestro método es erróneo, no haremos ningún cambio.
-¿Han detectado redes de falsificación de documentos en el territorio?
-Ninguna.
-¿Y jóvenes con documentación falsa? En Vizcaya se acaban de detectar 16 casos para los que se van a iniciar los trámites de expulsión.
-No son muchos porque en lo va de año sólo hemos certificado que tres supuestos menores son legalmente mayores. Pero ni la Diputación ni nosotros somos quienes para expulsar a nadie. La Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía es la que decide qué hacer.
______________________________________________________________________________
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DRARI دراري Haurren Eskubideen Aldeko Ikerketa Ekintza Partaidetza Kolektiboa
Collectif DRARI دراري de Recherche et d'Action Participative pour les Droits de l'Enfant
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La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006