domingo, mayo 10

Parlamento europeo prohíbe internamiento Menores asilo y apoya reformas Asilo y Refugio

La Eurocámara estipula condiciones mínimas comunes como el alojamiento y la alimentación

ACN PRESS | BRUSELAS
La Eurocámara, que ayer celebró en Estrasburgo (Francia) su última sesión plenaria de esta legislatura (2004-2009), ya que el próximo mes de junio se celebran los comicios para renovar su hemiciclo, ha respaldado la propuesta de la Comisión Europea de prohibir el internamiento de los menores no acompañados (Menas) solicitantes de asilo. Una proposición que se enmarca en la directiva sobre las condiciones de acogida de los demandantes de protección internacional.
En este sentido, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado en primera lectura -por 431 votos a favor, 69 en contra y 43 abstenciones- el informe del eurodiputado español del Partido Socialista (PSE) Antonio Masip referido a la revisión de la directiva sobre las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo. En este caso se aplica el procedimiento de codecisión por lo que la adopción de la modificación de esta directiva queda pendiente para la próxima legislatura.
El informe está de acuerdo, en líneas generales con la propuesta de modificación del Ejecutivo comunitario que estipula unas condiciones mínimas comunes de acogida en aspectos como el alojamiento, la alimentación y los cuidados sanitarios.
La proposición de Bruselas también establece que los socios comunitarios sólo recurran al internamiento de los demandantes de protección internacional en casos excepcionales y propone que en el caso de los menores no acompañados esté prohibido y sólo se pueda recurrir a internar a un niño cuando sea en su propio interés. La Eurocámara pide que se "designe a tutores legales que ayuden y protejan" a los Menas y deja claro que el "acceso a la educación debería garantizarse en un plazo máximo de tres meses", indica un comunicado.

Los más vulnerables. El Ejecutivo comunitario plantea dar una atención especial a las personas vulnerables, como los menores, las mujeres embarazadas y las víctimas de tortura. Por su parte, los eurodiputados piden que las "víctimas de mutilación genital femenina" se incluyan en la "definición de personas con necesidades especiales", explica el texto. Además, la postura de la Eurocámara "emplaza a los Estados miembros a que comprueben, tan pronto como reciben una solicitud de asilo, si el solicitante tiene necesidades especiales". El texto añade que las "víctimas de tortura deben ser dirigidas lo antes posible a centros de cuidados especiales".
En cuanto a la reunificación familiar, los eurodiputados amplían el concepto de miembros de la familia a las "personas mayores a cargo con necesidades especiales" y excluye a los "menores acompañados por sus esposos".
El Parlamento Europeo también propone que los "solicitantes de asilo reciban asistencia legal gratuita si lo desean".
Por otra parte, la propuesta de Bruselas subraya que los solicitantes de refugio "deberían tener acceso al mercado laboral en un plazo máximo de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud de protección internacional", explica el comunicado.

http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-169219-La-Euroc26aacute3Bmara-apoya-las-reformas-propuestas-de-cara-a-un-sistema-europeo-de-asilo-m26aacute3Bs-justo-y-eficiente.html
 
TELEPRENSA.- El PE ha respaldado hoy, con algunos cambios, la propuesta de reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, que tiene como objetivo garantizar un trato justo y equitativo a todos los solicitantes de asilo, protegiendo a las personas vulnerables, asegurando unas condiciones mínimas de acogida y clarificando el derecho a la reunificación familiar. Los diputados proponen redistribuir los beneficiarios de la protección internacional desde los Estados que se enfrentan a presiones desproporcionadas a otros países.

El Parlamento ha fijado su posición sobre la revisión de tres instrumentos legislativos vigentes que forman parte del Sistema Europeo Común de Asilo: la directiva sobre condiciones de acogida de los solicitantes de asilo, el reglamento de Dublín que determina cuál es el Estado responsable de una solicitud de asilo y, en tercer lugar, el reglamento Eurodac, una base de datos que contiene las huellas dactilares de los solicitantes de asilo.

El Parlamento Europeo ha aprobado una serie de enmiendas en primera lectura a la revisión de la directiva sobre condiciones de acogida, que están recogidas en el informe del socialista español Antonio MASIP y fueron aprobadas con 431 votos a favor, 69 en contra y 43 abstenciones. El informe está de acuerdo, en líneas generales con la propuesta de la Comisión. Ésta garantiza unas condiciones mínimas de acogida, con respecto a la vivienda, la alimentación, los cuidados sanitarios, etc. También asegura la protección de las personas vulnerables, como los menores, las mujeres embarazadas y las víctimas de tortura.

La legislación propuesta establece que los Estados miembros sólo recurrirán al internamiento en casos excepcionales. Además, garantiza que los niños no sean internados salvo si es en su propio interés. La Comisión también propone prohibir el internamiento de menores no acompañados.

Según la CE, las autoridades judiciales serán las únicas que podrán ordenar el internamiento y las autoridades administrativas sólo tendrían este poder en situaciones de emergencia. En estos casos, la orden tendría que ser confirmada por una autoridad judicial en un plazo de 72 horas. Los solicitantes de asilo deben recibir asistencia sanitaria y psicológica adecuada.

Por otra parte, la propuesta subraya que los solicitantes deberían tener acceso al mercado laboral en un plazo máximo de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud de protección internacional. Los Estados tendrían un plazo de dos años para adaptarse a las nuevas normas, cuya aprobación tendrá lugar en la próxima legislatura.

Posición de los diputados

El Parlamento coincide con los planteamientos de la CE. Sin embargo, los diputados subrayan que los procedimientos administrativos deben llevarse a cabo rápidamente y que los retrasos ajenos a los solicitantes no pueden justificar una extensión del periodo de internamiento.

Además, el informe de Antonio Masip emplaza a los Estados miembros a que comprueben, tan pronto como reciben una solicitud de asilo, si el solicitante tiene necesidades especiales. El texto añade que las víctimas de tortura deben ser dirigidas lo antes posible a centros de cuidados especiales.

En cuanto a la reunificación familiar, los países de la UE tendrán que asistir a los solicitantes de asilo. Los diputados amplían el concepto de "miembros de la familia" a las personas mayores a cargo con necesidades especiales. Por otro lado, el informe excluye a los "menores acompañados por sus esposos".

La Eurocámara también propone que los solicitantes de asilo reciban asistencia legal gratuita si lo desean (enmiendas 16 y 31) y pide que se designe a tutores legales que ayuden y protejan a los menores no acompañados. El pleno del PE deja claro que el acceso a la educación debería garantizarse en un plazo máximo de tres meses. Además, las víctimas de mutilación genital femenina tendrían que incluirse en la definición de personas con necesidades especiales (artículos 23, 14 y 21).

Según los diputados, los Estados miembros pueden obligar a un solicitante de asilo a quedarse en un lugar determinado por razones legales o de orden público.

Reglamento de Dublín

La segunda propuesta legislativa busca mejorar el reglamento de Dublín de 2003. La reforma vela por que los solicitantes de asilo no sean enviados a Estados miembros que no puedan ofrecerles un nivel de protección adecuado y por garantizar que el derecho de recurso sea efectivo. Asimismo, la propuesta incluye medidas para evitar que los sistemas de asilo de los Estados miembros se vean sobrecargados y facilita el derecho a apelación y a la reunificación familiar.

El informe de Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ALDE, Países Bajos), aprobado por 398 a 56 votos, con 65 abstenciones, respalda estos principios, pero propone reforzar la solidaridad entre los países de la UE, mediante la formación de equipos de expertos nacionales para ayudar a los Estados que se enfrentan a un gran número de solicitudes - permitiendo además la suspensión voluntaria de los traslados de solicitantes a estos países. El texto también sugiere la creación de un sistema de redistribución de los beneficiarios de la protección internacional desde los Estados miembros que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas a otros Estados miembros, al tiempo que se garantiza que esta reasignación respeta normas no discriminatorias, transparentes e inequívocas (enmienda 39).

Eurodac


La tercera propuesta establece normas para garantizar una transmisión rápida de huellas dactilares a la unidad central de Eurodac, operativa desde 2003. La Comisión también propone normas técnicas para garantizar que los Estados destruyen los datos que no son necesarios y reforzar la protección de datos. El informe del rumano Nicolae Vlad POPA (PPE-DE), aprobado por 445 a 76 votos, con 8 abstenciones, apoya estos objetivos y sugiere algunas mejoras técnicas.

Oficina Europea de Apoyo al Asilo

El Parlamento también se pronunciará sobre la creación de una Oficina Europea de Apoyo al Asilo, que mejorará la cooperación entre los Estados miembros. La oficina introducirá un sistema de alerta temprana para que la Comisión y los países puedan anticipar las oleadas de solicitudes de asilo. También aplicará el futuro sistema de redistribución de los beneficiarios de protección internacional de los Estados miembros con presiones específicas en sus sistemas nacionales de asilo (enmienda 24).

El informe de la británica Jean LAMBERT (Verdes/ALE), que el pleno adoptó con 467 votos a favor, 42 en contra y 18 abstenciones, respalda esta propuesta.

Los diputados también han aprobado un informe de la socialista española Bárbara DÜHRKOP (482 votos a favor, 40 en contra y 19 abstenciones) que aprueba la modificación del Fondo Europeo para los Refugiados para tener en cuenta la creación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo.

Ponentes: Antonio MASIP, Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, Vlad POPA, Jean LAMBERT y Bárbara DÜHRKOP.
Procedimiento de codecisión: primera lectura.
Votación: 07.05.2009.

Más información

Propuesta de la CE- Acogida de los solicitantes de asilo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriSe rv/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0815:FIN:E S:PDF

Propuesta de la CE- Solicitud de protección internacional
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le xUriServ.do?uri=COM:2008:0820:FIN:ES:PDF

Propuesta de la CE- «Eurodac»
http://eur-lex.eu ropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM :2008:0825:FIN:ES:PDF

Propuesta de la CE- Oficina Europea de Apoyo al Asilo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriSe rv/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0066:FIN:E S:PDF

Propuesta de la CE- Fondo Europeo para los Refugiados
http://eur-lex.europa.eu/Lex UriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0067: FIN:ES:PDF
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Noemí Martín González asumía el pasado 27 de octubre el cargo de Consejera de Bienestar Social, Vivienda y Cooperación de asturias, el pasado jueves respondia a estas preguntas , sigan y lean:

Agradezo la participación de la gente en este debate, el primero que tengo a través del chat, y espero haber respondido lo mejor posible a sus dudas aportando mi opinión ante sus posiciones.

(....)¿Es verdad que con nuestro dinero se compraran las viviendas fruto de la especulación urbanistica para alquilarlas a precios accesibles? (Covadonga)

Me alegro que me haga esa pregunta. Existe mucha confusión. Lo que hace el Principado es facilitar el acceso a la vivienda en alquiler con precios bajos a familias mileuristas fundamentalmente, no va dirigida a resolver los problemas de los promotores, sino de la gente con menos ingresos. Lo que se paga por ellas desde el Principado es el precio por metro cuadrado más bajo de las viviendas protegidas, las de régimen especial. De las diferentes tipologías de vivienda protegida, hay diversos precios por metro cuadrado, hablamos entre 90.000 y 110.000 euros dependiendo de los metros cuadrados de la vivienda. Por tanto, lo que buscamos es no favorecer esa posible especulación sino resolver el problema de acceso a la vivienda.
  • ¿Para cuando la creación de escuelas de 0-3 años con profesorado de educación especializada? (Catalina)
Afortunadamente, no depende de mí, pero lo que le puedo decir es que en la negociación del presupuesto IU incorporó 3 millones de euros más para ampliar la red de escuelas de 0-3 en
  • ¿Por qué tenemos que criar a los hijos de otro Estado (Marruecos), cuando además están dando graves problemas de convivencia? (Noelia)
No es cierto que se asocie menores extranjeros no acompañados con problemas de convivencia, en ASturias hay más de 100 y los casos conflictivos son puntuales. Además, existe la Declaración Universal de los Derechos del Niño que establece la obligación de que cualquier comundiad acoja y tutele a cualquier menor que llegue a nuestra tierra, independientemente de su origen. Y más allá, de todo, creo que es un deber moral y ético, porque en otras tierras acogieron a los nuestros hace unos cuantos años y eso tampoco lo podemos olvidar.

leer toda la entrevista

FUENTE: El Comercio

viernes, mayo 8

solidaridad con los niños y las niñas encerradas. 13 MUERTOS EN CENTROS DE MENORES




http://conlosninosnosejuega.wordpress.com/2009/05/08/24-horas-de-solidaridad-con-los-ninos-y-las-ninas-encerradas-13-muertos-en-centros-de-menores/

Educadores centros de menores anuncian movilizaciones

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/268035/
Los educadores de centros de menores inmigrantes anuncian movilizaciones
Los trabajadores de los dispositivos de emergencia de Tenerife se están planteando llevar a cabo distintas acciones de protesta por las condiciones económicas y laborales en las que tienen que ejercer sus tareas

El centro de Tegueste es uno de los que más problemas presentan. / l. ll.



JOSÉ LUIS CÁMARA,SANTA CRUZ

Pese a que el control policial en los países de origen está dando un respiro a las autoridades canarias, problemas como el de la masificación de los centros de menores extranjeros no acompañados del Archipiélago continúan sin resolverse. De hecho, lejos de mejorar, la situación sigue siendo "insostenible". Así al menos la califican muchos de los trabajadores de los dispositivos de emergencia de las Islas, que incluso se están planteando iniciar movilizaciones si el Gobierno de Canarias no soluciona alguna de las demandas que le vienen planteando periódicamente a Mundo Nuevo, la ONG que gestiona la mayor parte de estos centros en el Archipiélago.

En este sentido, fuentes del comité de empresa de los dispositivos de emergencia de Tenerife y Gran Canaria han reconocido a este periódico que llevan meses dialogando con Mundo Nuevo sin llegar a ningún acuerdo, ni en lo que se refiere al convenio colectivo ni en las condiciones económicas y laborales, que definen como "precarias". Y es que, en centros como los de Tegueste, La Esperanza y Arinaga -los tres más saturados-, la ratio de menores por cada educador es de 11 a uno en los turnos de mañana y tarde, aunque por las noches y los fines de semana llega a ser de 20 chicos a cargo de un solo educador.

La falta de personal, no obstante, no es sino una más de las reivindicaciones que realizan los educadores de unos centros que, a pesar de que se crearon como dispositivos de emergencia, se han convertido en residencia permanente de cientos de jóvenes africanos. No en vano, Tegueste y La Esperanza cumplen en agosto tres años desde su apertura y acogen al doble de chicos de los que pueden albergar. Como ejemplo, el dispositivo de Tegueste se creó para acoger a unos 80 menores sin papeles, casi la mitad de los que residen en él en la actualidad.

Según aseguran algunos trabajadores de estos centros, "en los dispositivos de emergencia los educadores deben hacer prácticamente de todo, desde dar clase a hacer la comida, limpiar o mantener la seguridad de los propios menores". Todo ello por un sueldo muy bajo y que ni siquiera está contemplado en un convenio. Esta circunstancia es, precisamente, la que alega Mundo Nuevo para alargar un conflicto que suma ya más de un año. Según la ONG, se está a la espera de la firma de un convenio estatal que regule a los educadores sociales, y que supuestamente debe agrupar e igualar a todos los trabajadores de estas entidades solidarias.

Sin embargo, ni en el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales ni en el de Trabajo e Inmigración tienen constancia de que dicho convenio se firme en los próximos dos años, e incluso han instado a cada organización a suscribir acuerdos particulares con sus trabajadores. Mientras, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias insiste en que los problemas de los centros de menores sólo se resolverán cuando el Ejecutivo central cumpla sus compromisos y colabore en aliviar la saturación que presentan. En esta línea, la Dirección General del Menor del Ejecutivo regional trabaja a marchas forzadas para reanudar las derivaciones a la Península de menores extranjeros no acompañados, una vez que ya dispone de los 15 millones de euros del convenio firmado para tal fin en diciembre. No obstante, pese a que en un principio se habló de 500 plazas, éstas no llegarán a 200. Además, muchas comunidades han condicionado la acogida a la asunción de la tutela, algo que es jurídicamente inviable. Así, hasta que se resuelva esta cuestión, apenas podrán ser derivados 60 jóvenes, que serán acogidos por ONG como La Calle, la Congregación de los Padres Barnabitas y Los Mercedarios.
MÁS INFORMACIÓN

Tegueste, una paradójica forma de integrar
Al igual que ocurrió el pasado año, buena parte de los menores inmigrantes que residen en el dispositivo de emergencia de Tegueste, fueron sacados del centro el día de la romería de San Marcos, supuestamente para evitar que se produjeran fugas o incidentes. Paradójicamente, los responsables de la instalación siempre han defendido las numerosas acciones por la integración que se llevan a cabo en el centro, algunas de las cuales suponen participar directamente en las fiestas y actividades que se organizan en el municipio. Se da la circunstancia, además, que muchos jóvenes africanos del dispositivo de emergencia estudian en el instituto de la Villa y llevan más de un año residiendo en Tegueste, por lo que están plenamente integrados en la localidad. Ello, sin embargo, no les permite sumarse a la romería con sus compañeros de clase y amigos, algo de lo que se han quejado a los educadores. "Ni siquiera se premia el buen comportamiento porque, ante situaciones como ésta, acaban pagando justos por pecadores", explica a DIARIO DE AVISOS un educador
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jueves, mayo 7

24h en solidaridad con los niños y niñas encerrados a celebrar ¡¡¡pásalo!!!!

From: Coordinadora de Barrios <coordinadora@coordinadoradebarrios.org>

Enviamos el Cartel y programa de las 24 en solidaridad con los niños y niñas encerrados a celebrar el próximo 23 y 24 de Mayo en Madrid.

Esperamos que puedas convocar a vuestros chavales y chavalas, así como a sus familias y amigos.

Anímate. Nos vemos el 23 de Mayo

______________________________

Coordinadora de Barrios

  C/ Peironcely, 2   28053  MADRID

  Tfn. 914778578

   Fx. 914778399

    www.coordinadoradebarrios.org

Informe 2008 de la Procuradora de Asturias


Se puede consultar el Informe 2008 de la Procuradora General del Principado de Asturias (tambien aquí).

Consta de varios apartados, en la páginas 423 -481 podeis consultar lo referente a Servicios Sociales. Con un incremento respecto a 2007 del 13%.

Y Educacion en la pag. 249- 300, asi como Justicia en la pagina 527. Tambien en la pagina 534 Extranjería.

Poco a poco iremos comentando este Informe. Es de resaltar la parte de las quejas inadmitidas por que la personas quejosa era un empleado publico, (a nuestro juicio quedarse en las formas y no en el fondo de los asuntos, como se puede comprobar especialmente en el apartado de Servicios Sociales) aspecto, no recogido por ejemplo, como causa de inadmisión en la normativa del Defensor del Pueblo.

En este Informe se remite a otros más específicos como el de Menores Inmigrántes No Acompañados

miércoles, mayo 6

comunicado Colegio Educación Social Madrid

AMES Asociación Madrileña de Educadoras y Educadores Sociales

amesmadrid@telefonica.es

Madrid, 2 de Mayo de 2009

COMUNICADO URGENTE DE AMES DE MÁXIMA PRIORIDAD Y DIFUSIÓN

Como ya os comunicamos, el pasado 13 de Febrero se presentó en el Registro de la Asamblea de Madrid la Propuesta de Ley de Creación del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid. El próximo jueves día 7 de Mayo se debatirá dicha propuesta en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Es un momento crucial en el que las ilusiones y el trabajo de muchos años de nuestra profesión están en juego.

La creación del Colegio Profesional de Madrid es ya una necesidad inaplazable para los Educadores y Educadoras Sociales que trabajan en nuestra comunidad, permitiéndonos regular y favorecer la práctica social y educativa que nos compete, formar parte de pleno derecho de todos los órganos colegiados de nuestra profesión y velar por la adecuación de la actividad a las normas deontológicas y alas requeridas por la sociedad.

En los últimos meses se han creado dos nuevos Colegios Profesionales en Extremadura y Navarra con pleno consenso político, y Canarias ha presentado hace quince días su propuesta de creación. En la actualidad doce comunidades autónomas tienen Colegio Profesional, hay un Consejo General de Colegios Profesionales y más de 1.500 profesionales de Madrid están habilitados en los mismos de un número de más de 6.000 profesionales en nuestra Comunidad. Estos datos, entre otros, refuerzan la necesidad de la creación de nuestro ansiado Colegio de una vez por todas.

Es un momento de vital importancia para nuestra profesión y esperamos contar con el apoyo de todas las instituciones, grupos políticos, agrupaciones profesionales, universidades, entidades públicas y privadas vinculadas a la profesión y, sobre todo, de las educadoras y educadores sociales de la Comunidad de Madrid.

Por ello, y a través de este comunicado, os rogamos que lo difundáis de forma inmediata a todas aquellas instituciones, profesionales y políticos que consideréis oportuno. Vuestro apoyo, ahora más que nunca, es crucial, por lo que aparte de lo solicitado anteriormente, os solicitamos que os pongáis en contacto con nosotros y nosotras para informaros de acciones concretas de apoyo.

Agradeciendo de antemano vuestro interés y participación para lograr este objetivo y reforzar la identidad de la profesión, recibir un cordial saludo.

Yolanda González, Presidenta de AMES Asociación Madrileña de Educadoras y Educadores Sociales

amesmadrid@telefonica.es

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Preguntale a Noemí Martín: Consejera en Asturias


La Consejera respondera por video-chat las preguntas.Es el jueves 07 de mayo de 2009, 17:00 horas

Noemí Martín González asumía el pasado 27 de octubre el cargo de Consejera de Bienestar Social, Vivienda y Cooperación, una cartera que en la pasada legislatura había dependido de su madre, Laura González. Asuntos como el desarrollo de la Ley de Dependencia, el Salario Social o las Viviendas de Protección Oficial recaen por tanto sobre el equipo de esta avilesina diplomada en Trabajo Social cuya carrera política comienza en el año 1985 cuando ingresa en la Juventud Comunista de Asturias.

http://videochat.elcomerciodigital.com/videochat.php?videochat=nmartin

SOS Racismo organiza unas jornadas sobre menores y parados inmigrantes

DV. SOS Racismo ha organizado unas jornadas de debate y reflexión sobre la inmigración que van a consistir en dos charlas que van a tener lugar hoy miércoles y el viernes 8, a las 19.30 horas en la Sala Reina de la calle Xenpelar.
Los responsables de SOS Racismo, Gerardo Carrere y Maite Berradre, dijeron que estas jornadas tratarán sobre un tema de rigurosa actualidad al hilo de las noticias que han surgido en el último mes en la prensa y que tienen como protagonistas a los menores inmigrantes, así como sobre la afección que la crisis económica está teniendo en este colectivo.
Carrere explicó que durante las jornadas se quieren poner sobre la mesa temas relacionados con estos menores que no se tienen en cuenta, ya que sólo sale a la paletstra la problemática que generan estos menores inmigrantes, «algo a lo que ha contribuido la actitud de la Diputación que es la tutora legal de estos menores y que ha incidido en este mismo aspecto», pero para SOS Racismo hay que iniciar un debate más profundo y «tratar de las responsabilidades que la sociedad tiene con respecto a los menores inmigrantes que son chavales como cualquiera de los que viven entre nosotros».
Carrere confió en que «se pueda hacer un reflexión que vaya más allá de la alarma social y que trate de los recursos que utiliza la sociedad para atenderlos, los aspectos positivos y negativos de su presencia, pero especialmente haga frente al rechazo social».
Para hablar sobre este tema, hoy miércoles Anna Stern, responsable del programa de seguimiento a menores de SOS Racismo hará un balance de la situación y dará a conocer la política que tiene la Diputación en esta cuestión. La charla se completará con el testimonio personal del joven marroquí de 19 años Abderrahim, que ha permanecido varios años viviendo en un centro de menores de Melilla y en la actualidad reside en Euskadi y explicará su experiencia».
Situación laboral
El viernes, las jornadas concluirán con una charla a cargo del portavoz de SOS Racisno y responsable de la oficina de asesoría a personas inmigrantes de este organismo, Agustín Unzurrunzaga, y de Silvia Carrizo de la Asociación de Mujeres Inmigrantes Malen Etxea que hablará sobre 'Cómo afecta la crisis económica a las personas inmigrantes'.
En esta charla se abordará la incidencia que la crisis ha tenido especialmente en sectores muy sensibles para los inmigrantes como la construcción o los servicios y se tratará la repercusión en la situación legal de los inmigrantes cuando se quedan en desempleo y ven peligrar su permiso de residencia y de trabajo.
Además Silvia Carrizo dará a conocer el estudio realizado por su asociación sobre el trabajo de las mujeres inmigrantes en el servicio doméstico y cómo debido a la precarización y crisis están siendo desplazadas de estas tareas por las mujeres autóctonas.
También se dará a conocer una campaña más extensa de SOS Racismo para informar a las personas inmigrantes de cuáles son sus derechos si se quedan sin trabajo,
Pueden planteárseles problemas por no tener cotizados los días suficientes que exige la ley o por el hecho de que sus empleadores hayan notificado el cese de su labor profesional como baja voluntaria en vez de como despido, o que no se hayan inscrito en el INEM como desempleados.
SOS Racismo les informará de la importancia que tiene el hecho de que controlen el período de cotización que han realizado, o que no acepten la baja voluntaria si se trata de un despido y que cuando se queden en paro se apunten inmediatamente en el INEM

martes, mayo 5

Sobre el Derecho a la Nacionalidad Española de los MNAs


Requisitos

( Lo normal son 10 años , pero hay excepciones de las que nunca se informa a los menores). Esta forma de adquisición de la nacionalidad exige la residencia de la persona en España durante de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. (Solo hacemos referencia a Menores):

  • Cinco años: para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado.
  • Dos años: para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

  • Un año para:
    • El que haya estado sujeto legalmente a la tutela (bajo la vigilancia de un tutor), guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
    • El que, en el momento de la solicitud, lleve un año casado con un español o española y

Además, el interesado deberá acreditar buena conducta cívica, y suficiente grado de integración en la sociedad española.

Quienes pueden solicitarla

  • El interesado, por sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años o se encuentre emancipado.
  • El mayor de 14 años asistido por su representante legal.
  • El representante legal del menor de 14 años.
  • El incapacitado por sí solo o el representante legal del incapacitado, dependiendo de lo que señale la sentencia de incapacitación.

Lugar de presentación de la solicitud

Ha de presentarla en el REGISTRO CIVIL DE SU DOMICILIO, no en el Ministerio de Justicia.

Obtención de la solicitud.

Puede obtener la solicitud

Descargando el modelo. Modelo de solicitud de adquisición de la nacionalidad por residencia

En el Registro Civil de su domicilio.

En la Oficina de Atención al Público de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Plaza de Jacinto Benavente, número 3. Madrid 28071.

En la Oficina Central de Información y Atención al Público del Ministerio de Justicia. C/ San Bernardo 45, entrada por calle Manzana. Madrid 28071.

Documentos que han de acompañar a la solicitud en todo caso:

  • Tarjeta de residencia o certificado de la inscripción en el Registro de Extranjeros, en caso de ser nacional de los países de la Unión Europea o de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
  • Pasaporte.
  • Certificado de empadronamiento, en su caso.
  • Certificado de nacimiento del interesado debidamente legalizado o apostillado y traducido, en su caso.
  • Certificado de antecedentes penales del país de origen debidamente legalizado o apostillado y traducido, en su caso, o certificado consular de buena conducta. Ni el certificado de antecedentes penales ni el consular de buena conducta será necesario si se solicita la nacionalidad para menores de edad.
  • Documentos acreditativos de los medios de vida para residir en España.
  • El certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Central de Penados y Rebeldes, ya no ha de ser aportado por el interesado. La Dirección General de los Registros y del Notariado está autorizada, tras la reforma de la Ley de Registro Civil a recabarlo de oficio, sin necesidad de consentimiento del interesado.
  • Otros documentos que quiera aportar el interesado, o que sean requeridos por el Encargado del Registro Civil y que guarden relación con el expediente.
  • Otros documentos que le soliciten en el Registro Civil.

Documentos que han de acompañar a la solicitud en determinados casos

  • Autorización judicial para actuar en representación del menor o incapaz, si se solicita la nacionalidad para un menor o incapaz.
  • Certificado de nacimiento de los hijos menores de edad, si los hubiere.
  • En caso de que se solicite la nacionalidad por matrimonio con español, deberá aportar certificado de nacimiento del cónyuge y certificado de matrimonio, que deberá estar inscrito en el Registro Civil español.


  • En caso de haber estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles, deberá además aportar: copia de la resolución judicial que determine la tutela o documento de la autoridad competente de la Comunidad Autónoma en esta materia.
  • En caso de tratarse de solicitantes que no ejercitaron oportunamente la facultad de optar, deberán aportar además: la documentación que acredite que pudo en su día ejercitar el derecho de opción.

Resolución de la solicitud

Una vez que usted cumplimente todos los trámites que se le requieran en el Registro Civil, éste será el encargado de enviar el expediente a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, Dirección General de los Registros y del Notariado. Cuando se reciba su expediente se le comunicará por escrito.

Una vez que se le comunique, en su caso, la concesión de la nacionalidad española deberá realizar los trámites posteriores en el Registro Civil donde presentó la solicitud.

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  • Textos Legales:
Fuente: Ministerio de Justicia

PELIGRO: ¡¡Corbacho y la Ley de Extranjería!!

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha anunciado que el Gobierno matizará al menos dos de los artículos de su anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que más críticas han suscitado entre los sectores jurídicos, las ONG y las asociaciones de inmigrantes, como son el que penaliza la hospitalidad y el relativo a la repatriación de los menores extranjeros no acompañados. (N.ed: no dice si a mejor o a peor)


    Celestino Corbacho I Chaves
    El País

El ministro ha asegurado que no se sancionará a quien preste ayuda humanitaria a inmigrantes ilegales a través de ONG. El titular de Trabajo e Inmigración ha hecho hoy estas manifestaciones durante un viaje oficial a Bucarest, donde ha reconocido que el Ejecutivo ha aceptado cambios en la reforma de la Ley, tal y como aseguró ayer la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, una vez recibido un informe del Consejo General del Poder Judicial que sugería modificaciones para mejorar el anteproyecto.

"Nunca se va a perseguir a quien ejerza ayuda humanitaria en origen o destino, eso no va a ser objeto de sanción", ha indicado el ministro. El texto tipificaba como infracción grave, sancionada con hasta 10.000 euros, promover "la permanencia irregular de un extranjero".

Repatriación de menores

Corbacho ha explicado que el informe del CGPJ "valora" que el Ejecutivo haya dado cabida en el proyecto a las directivas de la Unión Europea y haya incluido las últimas sentencias del Tribunal Constitucional sobre la extranjería. El ministro ha subrayado que también se matizará el punto relativo a la repatriación de menores, puesto que estos tendrán derecho a ser escuchados antes de ser retornados. El informe del CGPJ hacía esta recomendación a la que se sumaba el Consejo Fiscal, que recordaba que la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional venía apuntando a esa necesidad.

En lo relativo a la reagrupación familiar para los mayores de 65 años, Corbacho, quien asiste hoy en Bucarest a la firma de dos convenios para el retorno de rumanos desde España a su país, ha dicho que "se mantiene" tal cual. El Foro de los Inmigrantes se opone al endurecimiento de las condiciones para la reagrupación familiar, mientras que el CGPJ puntualiza sobre la reagrupación de familiares "incapacitados" y pide cambiar este término por otro que no suponga la exigencia de una declaración formal de incapacitación del reagrupable.

Al Congreso en un mes

El ministro ha añadido que, una vez enviado el documento al Consejo de Estado, iniciará reuniones con los distintos grupos parlamentarios para hacerles la entrega formal del borrador sobre la reforma, que espera que pase al Congreso de los Diputados "dentro de un mes o mes y medio".( EN ESTE AÑO HAY LEY. PREPARSE)

Corbacho no se ha referido hoy a otros de los aspectos que jueces, fiscales y asociaciones de inmigrantes también han recomendado matizar como lo relativo al periodo de internamiento -que el anteproyecto amplía de 40 a 60 días-. El Consejo Fiscal sugiere que las causas del plazo de internamiento las supervise la autoridad judicial, mientras que el Foro de los Inmigrantes apuesta por retirar el aumento del periodo de internamiento. Otros de los puntos que los jueces recomiendan cambiar son la asistencia jurídica gratuita -se establece como condición que los extranjeros presenten una solicitud para dejar constancia expresa de que quieren dejar recurso en los procesos contencioso-administrativos, lo que el CGPJ considera una condición "más gravosa" que la exigida a los nacionales- y el artículo que aborda la violencia machista -las asociaciones proponen introducir excepciones en la autorización de residencia temporal de un extranjero ante la exigencia del proyecto de que los beneficiarios carezcan de antecedentes en España o en los estados de residencia.

Fuente (4-mayo-09): El País

BURGOS- 12 y 13 DE MAYO



sinimagen Cartel Encuentro Educación de calleLa asociación Saltando Charcos, tiene el placer de invitarles a un foro de aprendizaje sobre el trabajo con menores y jóvenes en la calle. Seguro que nos hace mucha ilusión que participes, Un abrazo.

Más información en saltandocharcosproyectos(A)yahoo.es



fUENTE: BALADRE

Encuentros en Madrid contra los centros de menores


profesora De Palma: Es excesivo hablar de repatriaciones por veinte menores conflictivos que haya en una provincia

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2009/05/04/sociedad/euskadi/d04eus14.1232231.php

Ángeles de palma del teso, profesora titular de derecho administrativo en la universidad de barcelona

"Es excesivo hablar de repatriaciones por veinte menores conflictivos que haya en una provincia"

Lejos de criminalizar a los adolescentes inmigrantes que cometen pequeños delitos, esta jurista opta por entonar el mea culpa. "Nos tenemos que plantear si no es un fracaso de los servicios de protección a la infancia que esos menores hayan llegado a ser conflictivos", dice

Foto: zigor alkorta

BILBAO. "¿Veinte adolescentes causan alarma social? Para mí no tiene otra explicación que el componente xenófobo. El hecho de que sean inmigrantes es un plus para causar esa alarma", afirma en referencia a los menores conflictivos acogidos en Deba. Esta experta participó recientemente en unas jornadas sobre extranjería organizadas por la UPV en Bilbao.

Las autoridades vascas insisten en que los menores inmigrantes conflictivos son una minoría.

Es verdad. En los estudios que se han realizado se ve que el número de menores inmigrantes que cometen pequeños delitos no es superior al de los menores de aquí.

Sin embargo, causan una gran alarma social.

Sí, además hay un cierto componente quizá xenófobo, los centros de protección están saturados y se junta un poco todo. Es cierto que causan alarma, pero creo que en realidad está injustificada.

Muchos se juegan la vida en una patera o los bajos de un camión. ¿Se puede integrar a un menor que parece no tener nada que perder?

Sí. Muchas veces es la sociedad la responsable de que lleguen a esas situaciones. Los menores no vienen para delinquir, sino para trabajar y ayudar a sus familias. Asumen un papel de seudo padres. Lo que sucede es que la experiencia migratoria muchas veces es traumática. Están solos, no siempre encuentran la respuesta que deberían obtener, recorren distintas comunidades autónomas, pasan temporadas en la calle... Esto hace que algunos acaben siendo conflictivos, pero como cualquier menor de aquí que viva una experiencia similar.

A más de uno le irrita que se invierta tanto dinero en mantener y vigilar a chavales que roban y agreden.

En el informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de protección de menores con trastornos de comportamiento se hablaba de que un menor de éstos, sea o no inmigrante, cuesta entre 3.500 y 4.000 euros al mes. Verdaderamente es caro. Aquí lo que se tendría que potenciar es el acogimiento familiar.

No creo que haya muchos candidatos para acoger a estos chavales.

En Inglaterra la experiencia del acogimiento familiar ha dado muy buen resultado. Además, se colabora económicamente con las familias. Podemos encontrar soluciones, pero falta voluntad política. En muchas ocasiones se hace política con la infancia, no para la infancia. Esto es algo que hay que cambiar.

Un magrebí conflictivo de 17 años es un menor, pero parece difícil que alguien quiera albergarlo en su casa.

Algunas leyes autonómicas ya contemplan el acogimiento profesional, en el que la persona acogedora es un educador social y recibe una remuneración. También pueden ser familias emigrantes del país de origen del menor a las que se ofrezca una aportación económica. Es verdad que el menor tiene que aceptar el acogimiento y la familia pasar por un procedimiento de idoneidad, pero tenemos que intentar algo, este tema no puede continuar así.

El diputado de Acción Social de Bizkaia cree que habría que cambiar la ley para repatriar a los menores "reincidentes". ¿Es la solución?

La repatriación sólo estaría justificada si es conveniente para el interés superior del menor. Deberíamos preguntarnos qué ha pasado con esos menores y por qué son conflictivos. Me parece excesivo empezar a hablar de repatriaciones o de si tendría que modificarse la política de infancia por veinte menores conflictivos que haya en una provincia. ¡No van a poder 20 menores con el sistema! Entonces es que el sistema no funciona.

Se dice que Euskadi tiene fama de atender bien a estos menores. ¿No se produce un 'efecto llamada'?

Es cierto que si los menores ven que en una comunidad autónoma les tutelan y obtienen el permiso de residencia, se produce un efecto llamada . En su día se dijo que en Cataluña les pagaban un billete al País Vasco y ahora se dice que en el País Vasco les pagan un billete a Galicia. Hay un efecto llamada interautonómico porque es muy costoso mantener los sistemas de protección de la infancia. Muchas comunidades dicen: Yo no le garantizo al menor el derecho a la protección que tiene porque si hago las cosas como la ley dice, se me vienen todos. Esto es algo que hay que solucionar.

¿Tiene idea de cómo resolverlo?

A raíz del caso de Gipuzkoa, se planteaba que tenía que haber solidaridad interterritorial y una mayor implicación del Estado. Estoy de acuerdo. El Estado dice que la protección de la infancia es competencia de las comunidades autónomas, pero si los menores llegan aquí es porque el control en fronteras, que es su competencia, no funciona. Debería hacerse eco de esas declaraciones, a veces desde la desesperación, de los responsables autonómicos y colaborar en la financiación de la atención a estos menores.

Si la solidaridad no funciona, ¿sería partidaria de establecer cupos?

No de manera imperativa, pero sí se habla en la nueva ley de la posible existencia de una conferencia sectorial. Podría haber órganos de coordinación entre el Estado y las comunidades en los que, buscando criterios para garantizar la proporcionalidad, hubiera el compromiso de distribuir a estos menores entre las comunidades y trabajar conjuntamente para buscar soluciones. Otra cosa criticable es que en la mayoría de ellas existen dos sistemas de protección paralelos.

¿A qué se refiere?

A que hay unas medidas de protección para los menores de aquí y otras distintas para los inmigrantes, cosa que sólo estaría justificada, en la primera acogida, por cuestiones de idioma o culturales. A los menores de aquí les damos una protección con un proyecto educativo y a los inmigrantes les tenemos en un centro, les damos de comer y dormir, para que no estén en la calle y no generen alarma social, pero no trabajamos con ellos. También habría que trabajar en los países de origen, no tanto para que dejen de venir y evitarnos un problema, sino para que no mueran en el camino.

¿Cómo se puede frenar su llegada?

Ya hay acuerdos de colaboración y proyectos para trabajar en los países de origen. Eso es una responsabilidad del Estado, aunque también hay comunidades, como Cataluña, que están creando centros para darles formación en el país de origen.

¿Y funcionan?

Sí que están asistiendo niños de allí a los programas formativos, pero no ha funcionado para estimular el retorno. De todos modos, es un tema que hay que potenciar. Últimamente ha habido noticias de que las mafias iban por las aldeas con un vídeo de Informe Semanal para que los padres vieran cómo estaban los niños en los centros. Como se han puesto muy duros con la expulsión de los adultos, están trabajando para que envíen a los niños, por 900 euros el viaje. Es terrible. Tenemos que trabajar allí y evitar a toda costa que estas cosas pasen.

¿La mayoría de los menores que vienen se quedan a vivir aquí?

A la mayoría les cuesta mucho que la Administración les tutele y les dé el permiso de residencia. Muchos acaban pululando, viajando de un sitio para otro.

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Col•lectiu DRARI دراري d'Investigació Acció Participativa pels Drets de l'Infant الجماعى www.DRARI-Col-lectiu-IAP-Drets-Infant.blogspot.com www.DRARI-Col-lectiu-JURISTA-Drets-Infant.blogspot.com
XARXA-RED-SAREA-XABACA : http://www.menoressolos.blogspot.com

Gobierno estatal acepta cambios nueva Loex. Cambiará al menos dos artículos ...


El Gobierno acepta cambios en su reforma de la Ley de Extranjería
El País (España) - Madrid,Spain
Y el Foro de los Inmigrantes, que se retire el aumento del período de internamiento. - Repatriación de menores. El informe del Poder Judicial sugiere que el ..
Corbacho admite que cambiará al menos dos artículos de la Ley de ...
El País (España) - Madrid,Spain
... y las asociaciones de inmigrantes, como son el que penaliza la hospitalidad y el relativo a la repatriación de los menores extranjeros no acompañados. ...

El Gobierno modificará al menos dos de los artículos más ...
Europa Press - Diario Social - Spain
En cuanto a la regulación de la cuestión de los menores inmigrantes no acompañados, el ministro avanzó que el anteproyecto incorporará la obligatoriedad de ...


 

domingo, mayo 3

AZAHRA INFORMA DE JOVENES SIN PAPELES QUE VIVEN EN CASAS ABANDONADAS.


Las Asociaciones de Marroquies aprecian fallos en los programas de acogida e insercion de los menores no acompañados en Asturias.

Aseguran que los planes no facilitan la integración a partir de los 18 años.

03/05/2009 J. CUEVAS/La Voz

Llegan a Asturias con lo puesto y viven en el Materno Infantil de Oviedo o en pisos de acogida, pero su vida da un nuevo vuelco en el momento en el que cumplen 18 años. Buena parte del colectivo de inmigrantes procedentes de Marruecos queda entonces en situación de desprotección.

La denuncia viene de la asociación Azahra de marroquíes en Asturias, que asegura que la falta de recursos por parte de la Consejería de Bienestar Social coloca a algunos de estos jóvenes en una situación en la que "el mal menor es salir a la calle a pedir, aunque sea una vergüenza". La asociación ha detectado al menos dos personas que, tras haber alcanzado la mayoría de edad, viven de okupas en edificios abandonados y no tienen su documentación en regla, al carecer del empleo necesario para renovar su permiso.

Por qué se produce esta situación? Para Mohamed Smaili, portavoz de Azahra, apunta que los menores acogidos "cuando llegan a los 18 años se dan cuenta de que no hicieron nada y quedan en la calle". Según critica, desde la administración pública no se propician lo suficiente los programas de socialización e integración que eviten que estos jóvenes solo se relacionen (SOLO) con personas de su misma nacionalidad. "Hay varios que solo aprenden a juntarse con otros iguales. Eso genera guetos".

Según denuncia la asociación Azahra, el Principado limitó recientemente las ayudas a los programas de integración social que se desarrollaban con los menores. El recorte se produjo especialmente, apuntan, a raíz del cambio en el Gobierno autonómico y la entrada de Izquierda Unida en la Consejería de Bienestar Social. "En el teatro de Shakespeare solo hay dos protagonistas, pero la vida real es como el de Chejov y todos somos protagonistas. Todos necesitamos a otros", concluye Mohamed Smaili para incidir en la necesidad de que las administraciones trabajen de la mano con los colectivos que prestan ayuda a los inmigrantes. Los programas deportivos de Azahra consiguieron, por ejemplo, consiguieron para alguno de los jóvenes en equipos de fútbol.

Azhara desarrolla con Menores no Acompañaodos diversos programas deportivos, culturales , educativos, no solo con menores marroquies .

sábado, mayo 2

Jornadas Dentro,Fuera,dentro... 9 y 10 de Mayo


 
DENTRO,FUERA,DENTRO...

Acercamiento a una realidad silenciada. Charlas y coloquios sobre el control social y el encierro, sus causas y sus consecuencias. Días 9 y 10 de Mayo. MADRID

La propuesta es sencilla: dos días con charlas y coloquios sobre diferentes colec­tivos que viven de una manera directa el encierro y la represión. Hablaremos sobre cárcel, inmigración, marginación y cen­tros de menores, psiquiatrización, y los animales no humanos y la "vida" que les damos.
Estos temas rara vez son abordados, y cuando se tratan suele ser de una mane­ra más bien superficial, a raíz de algún escándalo o exceso en su gestión. Nuestra intención es cuestionar la propia exis­tencia de estas instituciones y denunciar abiertamente el papel que desempeñan en el mantenimiento del actual orden socioeconómico. Para ello hemos decidido hacer las charlas en el sitio más accesible para tod@s : la calle. El lugar exacto es la plaza que hay en el cruce de la calle Calvario con Ministriles (popularmente conocida como Plaza de Xosé Tarrío). Los días, el 9 y 10 de Mayo de 2009.
Estas jornadas parten de un grupo crea­do específicamente para las mismas, integrado por personas implicadas en el movimiento libertario. Nos organizamos en asambleas horizontales, no tenemos relación con partidos políticos, sindicatos, ni organizaciones subvencionadas por el Estado.
Dicho esto, os dejamos con el programa y os animamos a que, si os interesa, os acerquéis por allí. Salud.

Sábado 9 de Mayo, 2009.
-12h. La vida en la cárcel y sus efectos sobre el individuo,
a cargo de Jesús Valverde.


Acostumbradxs desde nuestro naci­miento a convivir con la idea del castigo, parece una consecuencia natural el hecho de que cuando alguien comete un delito ha de ser castigado y ese castigo no es otro que el encierro. Encerrar a las personas y someterlas a un tipo de "vida" represivo y asfixiante no es reinsertar, alejar a quienes no cumplen nuestras normas de las verda­deras relaciones humanas no es pretender enseñar a vivir en sociedad. El ser huma­no, cualquier ser vivo, tanto a nivel mental como social y biológico, no está hecho para vivir en cautividad.

Sábado, 9 de Mayo, 2009.
-17h. Psiquiatrización y control social,
a cargo de una compañera implicada en el desarrollo de la crítica a la psicología actual.


El Sistema tiene una fuerte tendencia a situar como enfermedad mental o conduc­ta antisocial aquello que no puede digerir. Apoyándose en la psicología oficial deter­mina si la persona es apta o no para vivir en esta sociedad y mediante mecanismos como la incapacitación oficializa su depen­dencia. Cuando la llamada prevención y el etiquetaje fallan, cuenta con un último arma: el encierro o segregación. Un encie­rro que no sólo no "cura" sino que contri­buye a la cronificación del enfermo. Desde hace medio siglo, la prescripción indis­criminada de psicofármacos, se presenta como una nueva herramienta de control que invalida a las personas y enriquece a las farmacéuticas.

Sábado, 9 de Mayo, 2009.
-19h. La infancia explotada. Marginación y centros de menores,
a cargo de Enrique Martínez Reguera y afectad@s .


Los hechos delictivos en sí no son el único factor que explica el encierro, sino que son consecuencia a su vez de otros múltiples factores como son la marginación, exclu­sión o la pobreza, es decir, las condiciones sociales y familiares, o simplemente una sociedad de consumo que confunde las necesidades básicas para la vida con otras que no lo son. Tendemos a señalar el delito y culpabilizar a los "criminales". Lo que nunca hacemos es plantearnos por qué las cárceles y los centros de menores están plagados de gente pobre y con problemas.

Sábado, 9 de Mayo, 2009.
-21h. Representación de la obra de teatro: "Torturas cotidianas".

Domingo 10 de Mayo, 2009.
-12h. Nuevas estrategias represivas: la inmigración como excusa,
a cargo de Biblioteca Popular La Candela.

Durante años el capitalismo ha explota­do a las personas migrantes. Ahora, que ya no son tan "útiles", se las difama po­niéndolas como excusa de una crisis que lo único que intenta es mantener los bene­ficios de las clases privilegiadas. La repre­sión policial sobre la población migrante se ha ido acentuando, podemos observar cómo, en las salidas de metro y otros luga­res, muchas personas son sistemáticamen­te retenidas y detenidas por el único hecho de presentar unos rasgos determinados, aunque el ejemplo más cruel son los CIEs (Centro de Internamiento de Extranjeros), prisiones encubiertas en las que detienen a personas migrantes que no han consegui­do el permiso de residencia y están pen­dientes de una orden de expulsión.

Domingo, 10 de Mayo, 2009.
-17h. Presos y esclavos: la vida de los animales que nos rodean,a cargo de una compañera implicada en la lucha por la liberación animal.


¿Qué sentido tiene una charla sobre ani­males en medio de estas jornadas, si de lo que estamos hablando es de encierro, de reclusión, de control total? Parémonos un instante a pensar qué relación tenemos con los demás animales, dónde les hemos visto y en qué condiciones. Zoos, circos, tiendas de mascotas, carnicerías o peleterías son algunas de las formas que tenemos de "en­contrarnos" con ell@s . Hemos convertido a los demás animales en nuestros presos y esclavos, no nos importa utilizarles y deni­grarles porque pensamos que son inferio­res a nosotros, y eso nos hace despreciar su capacidad de sentir y su inteligencia.

Las jornadas tendrán lugar los días 9 y 10 de mayo en la plaza situada en la esquina de la Calle Calvario con Ministriles, en el barrio de Lavapies, (popularmente conocida como Plaza de Xosé Tarrío).

-Las charlas comenzarán con puntualidad.

-Si eres sordo o sorda y quieres asistir a alguna de las charlas ponte en contacto mediante el e-mail para preparar la interpretación.

Contacto y más información:
dentrofueradentro@gmail.com
http://dentrofueradentro.blogspot.com/

Declaración Colectivo No a O´Belen 1º Mayo

Desde el año 99, se vienen sucediendo numerosos informes que alertan de la grave situación que soportan los menores internados en los centros gestionados por la Fundación O´Belen (Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha, informes de los técnicos de Bienestar Social, y el reciente informe del Defensor del Pueblo presentado hace tan sólo tres meses). Este último informe relata el maltrato que sufren los menores, consistente en abuso de psicofármacos, celdas de aislamiento que parecen "mazmorras medievales", empleo de la violencia física contra los niños, no escolarización de los menores e incluso denuncia las nefastas condiciones de habitabilidad de los centros gestionados por la fundación de Emilio Pinto. Cada vez son más los colectivos que denuncian mediante actos públicos, manifestaciones, etc. su repulsa por la situación de los niños y las niñas tutelados por las administraciones públicas. Recordemos que O´Belen tiene a sus espaldas la muerte de al menos tres niños.

 

Todo esto se debe a la privatización del sector, que ha convertido el sistema de protección de menores en un rentable negocio. Por eso, consideramos que el papel de los sindicatos de clase es fundamental a la hora no sólo de garantizar la dignidad y la estabilidad del empleo en el sector, sino en la protección de los derechos de la infancia desamparada. En este sentido, saludamos la lucha iniciada por FES-UGT al denunciar que "estas entidades son empresas con ánimo de lucro que están haciendo negocio con la vida de los menores" y ha pedido que se les retire los servicios de protección de menores que tiene O´Belen.

 

En la misma línea, CCOO de Ceuta ha denunciado las torturas que sufren los menores internados en el centro Punta Blanca de dicha localidad, y ante las críticas e incluso las agresiones físicas que han sufrido los compañeros tras denunciar el caso, han dejado claro que "Comisiones Obreras siempre defenderá los derechos de los ciudadanos en general y los menores son los más desprotegidos de nuestra sociedad". Este es el camino.

 

Sin embargo, lamentamos profundamente la actitud de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla La Mancha, que en un comunicado firmado por su secretario general no hace sino justificar a O´Belen e insultar a un sindicato hermano como es UGT, utilizando demagógicamente la defensa de puestos de trabajo. Esta federación se ha convertido en la correa de transmisión de la patronal del sector en cuestión, como queda claro al estar en el comité intercentros de O´Belen por CCOO Rafael Pinto, sobrino del presidente de la FIOB. ¡Incluso el sindicato vertical cuidaba más las formas! Ante esta forma de actuar, indigna de un sindicato de clase, nos vemos obligados a denunciar públicamente a Alfonso Gil Simarro, secretario general de CCOO Enseñanza de Castilla La Mancha, y a exigir su dimisión inmediata.

 

  • CIERRE DE LOS CENTROS DE O´BELEN.
  • POR UNOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS
  • DIMISIÓN DE ALFONSO GIL SIMARRO

COLECTIVO NO A O´BELEN



viernes, mayo 1

Dentro del centro de retención Yarl’s Wood: La vergüenza de Gran Bretaña por los menores retenidos

Cerca de 2000 menores son recluidos cada año en los centros de inmigración
Dentro del centro de retención Yarl's Wood: La vergüenza de Gran Bretaña por los menores retenidos

The Independent

Traducido para Rebelión por Christine Lewis Carroll

Un informe realizado por el Defensor del Menor para Inglaterra denuncia que a los menores retenidos en el centro infame para inmigrantes Yarl's Wood se les deniega tratamiento médico urgente, son tratados con agresividad y expuestos a graves peligros.

La investigación llevada a cabo por Sir Al Aynsley-Green pinta un cuadro espantoso de negligencia y hasta crueldad hacia los menores atrapados dentro de los muros y alambradas del centro, e informa que hay "pruebas importantes de que la retención perjudica a los menores".

Desde su apertura en 2001, el centro de retención de Bedfordshire ha pasado por huelgas de hambre, incidentes de auto-lesión, un suicidio y motines. El centro se incendió y sufrió importantes daños en 2002. A pesar de repetidos escándalos – y los resultados que denuncia esta investigación – se concedió permiso el mes pasado para doblar la capacidad del centro desde 405 plazas a casi 900.

Cerca de 2000 menores son retenidos cada año en los centros de inmigración – la mitad de ellos en Yarl's Wood, gestionado por una compañía privada, Serco, desde 2007. Lo que describe el informe es una cárcel en todo menos el nombre. Políticos, expertos en inmigración y médicos han hecho un llamamiento para poner fin a la retención de menores y para tomar medidas urgentes que aseguren que los retenidos son tratados con humanidad.

El informe revela que las garantías más básicas para los menores están fallando en Yarl's Wood. Asuntos graves relativos al bienestar de los menores fueron ignorados y éstos seguían retenidos estando enfermos o en peligro a causa de la salud mental de sus padres. Su bienestar también está bajo mínimos durante su detención y traslado al centro.

En cambio, las reuniones celebradas entre servicios sociales, la UKBA (Agencia de Fronteras del Reino Unido) y el personal de Yarl's Wood para discutir las implicaciones que representa para el bienestar de un menor encerrarlo durante 28 días, se centraron en temas legales y de relaciones públicas. El Defensor del Menor pide urgentemente "que se tenga en cuenta los intereses del menor, cuestión fundamental al tomar decisiones sobre la retención".

La UKBA afirma que se han tomado medidas para proteger a los menores desde la inspección de mayo pasado, pero Lisa Nandy, responsable de planes de acción de la Children's Society (empresa que se ocupa del bienestar de los menores), cuestiona esto. "La agencia no ha llevado a cabo las mejoras necesarias para proteger a estos menores. El Secretario de Estado del Menor debe intervenir inmediatamente, ya que este informe expone riesgos graves sobre la protección de los menores que no han sido abordados adecuadamente."

El Defensor del Menor halló que se denegó tratamiento hospitalario a menores que se encontraban gravemente enfermos, mientras la burocracia demoró considerablemente el traslado al hospital de otros en condiciones críticas. Un bebé con neumonía y un adolescente con graves problemas mentales estaban entre los afectados. A pesar de ser el principal centro de retención para menores, el informe denuncia que nadie en el equipo sanitario de Yarl's Wood tiene titulación en salud del menor.

Al Aynsley-Green halló grandes deficiencias sanitarias en el centro, describiendo las instalaciones como inadecuadas y por debajo de los niveles del NHS (Sistema Nacional de Salud). A dos menores con anemia falciforme no se les permitió coger la penicilina que necesitaban cuando fueron arrancados de sus hogares. En consecuencia, enfermaron y necesitaron tratamiento urgente. En vez de enviarlos al hospital para recibir líquidos por vía intravenosa y antibióticos, sólo se les dio paracetamol. En el Sistema Nacional de Salud, esto sería considerado un "Grave Incidente Adverso".

Menores que padecían graves problemas médicos y los mentalmente enfermos seguían retenidos rutinariamente, a pesar de directrices que indican no hacerlo. Una menor diabética tuvo que ser atendida de urgencia tres veces durante los 24 días de su retención – incluyendo dos ocasiones en que el nivel de azúcar en sangre no permitió despertarle – y tampoco le liberaron. Un bebé de ocho meses con asma ni fue liberado ni se le administró el inhalador.

Se les denegó inmunizaciones a menores con acreditación que las necesitaban, creando un riesgo sanitario. A un menor se le administró una vacuna equivocada, y el protocolo del centro para la prevención de la malaria contenía "graves errores" y era "inaceptablemente deficiente".

Médicos de la organización Medical Justice (Justicia Médica) que facilita asistencia médica voluntaria a las familias de Yarl's Wood insisten que hay más pruebas de abuso médico más allá del informe del Defensor del Menor. Afirman tener pruebas documentadas de un niño menor de 12 años al que se le administró los medicamentos antidepresivos de su madre al ser trasladado; de un menor con anemia falciforme al que se denegó analgésicos porque no podía hacer el camino hasta la clínica para cogerlos; y de menores que al volver a sus países de origen han contraído malaria por no recibir tratamiento preventivo previo.

De acuerdo con el pediatra Fred Martineau: "La retención de menores, sean bebés o adolescentes, les causa invariablemente sufrimiento emocional o físico. Los doctores de Medical Justice ven los efectos de la retención con regularidad, desde no administrar vacunas contra enfermedades mortales hasta la depresión clínica... La única manera de impedir este daño es poner fin a su retención.

La [falta de] sanidad en Yarl's Wood ha sido un problema desde hace mucho tiempo, con brotes de microbios que hacen vomitar y varicela siendo comunes. En estos momentos se ha confirmado que el centro se halla en medio de otra cuarentena de varicela.

El informe describe la odisea de las "redadas al alba" – donde hasta 20 agentes asaltan los hogares para llevarse a las familias a altas horas de la madrugada. A los menores se les trata con violencia, tirándolos y arrastrándolos por el suelo. El Defensor del Menor dijo que ha comprobado por si mismo la existencia de lesiones.

Los menores han relatado cómo la experiencia los ha traumatizado, con los policías riéndose de ellos y alegrándose por la angustia de la familia. En la mayoría de los casos, los menores hablan de la agresividad de los agentes, de su grosería y a veces de su violencia.

A veces los menores fueron observados mientras se vestían por agentes del sexo opuesto, lo que el informe calificó de "un comportamiento inaceptable que debe abordarse inmediatamente". También tuvieron que presenciar cómo se esposaban y reducían a sus padres – una vulneración directo de las directrices de la UKBA. Una madre, tan angustiada por ser esposada delante de su familia y arrojada dentro de una furgoneta con jaula, intentó ahorcarse con los cordones de los zapatos de su hijo.

Las furgonetas con jaula carcelarias son utilizadas de forma rutinaria para trasladar a los menores al centro de Bedford, a pesar de la promesa de usar vehículos de otro tipo. Los menores fueron privados de visitas al retrete, comida y líquidos. El informe constata que las furgonetas están "manchadas de orina y vómitos".

El Defensor del Menor también dijo estar preocupado por el aumento en el tiempo que están retenidos los menores, lo que amenaza su bienestar mental. La semana pasada, la Secretaria del Interior Jacqui Smith, informó a los parlamentarios "la retención sólo se utiliza como la opción final y durante el período más corto posible". Pero el Defensor del Menor informa que "el tiempo medio de retención de menores está aumentando y la decisión de retener ni es la opción final ni es por el período más corto posible, de acuerdo con el Artículo 37 de los Derechos del Menor de Naciones Unidas".

Resumiendo, Al Aynsley-Green hace un llamamiento para que cese la retención de menores. "Cada año en el Reino Unido, retenemos a cerca de 2000 menores a efectos administrativos. Esto tiene que acabar."

El liberal-demócrata Nick Clegg hizo eco de este llamamiento: "El encarcelamiento de miles de menores sin estar acusados de ningún delito, a menudo durante meses, es inhumano. El tratamiento de estos menores vulnerables en Yarl's Wood es una prueba bochornosa de la política de inmigración fallida del gobierno.

El ministro de Fronteras e Inmigración Phil Woolas dijo: "Si los inmigrantes se niegan a volver a casa, entonces la retención es necesaria. No queremos separar a las familias, así que retenemos a los menores junto con sus padres, y mientras están bajo nuestra responsabilidad, los tratamos con sensibilidad y compasión".

"Nos vinieron a buscar por la noche"

Dominic Mwafulirwa, de ocho años de edad, se pone a temblar al oír las palabras Yarl's Wood. Él y su madre Cecilia, de 35 años, estaban dormidos cuando la policía irrumpió en su hogar de Swansea a altas horas de la madrugada hace tres meses.

Llegaron al Reino Unido desde Malawi cuando Dominic tenía un año. Cecilia había huido de un marido que le maltrataba para empezar una nueva vida en Gales, donde Dominic sacaba sobresalientes en el colegio. Esa vida terminó bruscamente al irrumpir la policía en su hogar.

"Dominic no habló desde el momento que nos llevaron retenidos hasta que nos encerraron", dice Cecilia. "Fue duro mantenerlo animado. Cuando lo pregunté por qué no iba a la escuela en Yarl's Wood, él contestó porque no aprendo nada." Se negó a lavarse y empezó a romper cosas. Todavía está enfadado y confuso.

"Pasamos 50 días en aquel lugar. Perdí 20 kilos. Tengo anemia falciforme y después de los 50 días, mi nivel de hemoglobina en sangre estaba muy bajo. Estoy anémica y ellos sabían que tenía depresión. Cambiaron mi medicación y me amenazaron con quitarme a mi hijo."

Cecilia y Dominic ya no están en Yarl's Wood desde finales de marzo. Todavía no saben si pueden quedarse en el Reino Unido.

Fuente: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/inside-yarls-wood-britains-shame-over-child-detainees-1674380.html

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006