miércoles, febrero 23

El Centro de Menores ‘La Esperanza’. Lo dice el Defensor del Pueblo ... que en un informe tras una visita el pasado mes de Octubre y con fecha de salida de 10 de enero, detalla las graves deficiencias del centro en el que están acogidos los menores e

http://www.elfarodigital.es/blogs/ivan-chaves/38511-el-centro-de-menores-la-esperanza.html

El Centro de Menores 'La Esperanza'

Lo dice el Defensor del Pueblo, mejor dicho la Defensora del Pueblo en funciones, no… no se equivoquen, no me refiero a Yolanda Bel y un medio de comunicación. Me refiero a la institución, que en un informe tras una visita el pasado mes de Octubre y con fecha de salida de 10 de enero, detalla las graves deficiencias del centro en el que están acogidos los menores extranjeros no acompañados.
Caballas, ofreció hace unos días una rueda de prensa para dar a conocer estos datos, para mostrar su apoyo a los trabajadores del área de menores (en todo momento se habló de una plantilla insuficientemente dotada, bajas que no se cubren, etc.) y explicar cuales son las pautas a seguir para la coalición formada por UDCE y PSPC.
Como de costumbre, la defensora del Pueblo, en este caso sí me refiero a Yolanda Bel, se dedicó a tergiversar y manipular las palabras esgrimidas por Caballas en la rueda de prensa y basada en todo momento en el informe del Defensor del Pueblo (la institución).
Evidentemente cuando alguien lee textualmente "debe resolverse de modo inmediato la situación en la que se encuentran los servicios que utilizan los menores, procediéndose a la instalación de puertas en los huecos destinados a letrinas que permitan una mayor intimidad y resolviendo la situación de insalubridad existente derivada de la suciedad que se ha constatado y que resulta inaceptable en un centro de protección de menores". Prosigue, "La zona de duchas corridas y abiertas no permite que los menores tengan la menor intimidad, por lo que se estima adecuada, teniendo en cuenta, además, la diferencia de edades entre ellos"… "Deben reforzarse los medios contra incendios y adoptar medidas que aseguren la huida y evacuación en caso de emergencia"…"La sala de alfabetización es del todo inadecuada para impartir clases en la misma, por lo que debe clausurarse su utilización para este fin"… "Debe evaluarse si los menores reciben suficiente alimento, habida cuenta de la situación de saturación del mismo"…"Es preciso conocer con exactitud, la ropa de la que dispone cada menor con el fin de detectar casos en os que la facilitada no sea suficiente"… hace que cuanto menos uno se eche las manos a la cabeza, de la situación en la que tienen que convivir los menores y en la que tienen que realizar su trabajo los empleados destinados al mismo. Y cuando viene a la cabeza la imagen de servicios insalubres, letrinas sin puertas, duchas sin la menor intimidad, es perfectamente comprensible que se haga una comparación con las instalaciones de un campo de concentración, cualquiera ha podido ver imágenes de los mismos, una cosa es comparar unas instalaciones y otra decir que La Esperanza es un campo de concentración, las palabras textuales de Fati fueron, basándose en el informe oficial, "desgraciadamente el estado en el que se encuentran las instalaciones del Centro de La Esperanza, tal vez os parezca exagerado, pero son prácticamente asimilables a un centro de concentración".
Los maestros del electoralismo, la manipulación y la tergiversación de nuestra ciudad ponen su maquinaria a funcionar, la portavoz del gobierno, sus palmeros, y algunos de sus tertulianos y tertulianas radiofónicos tergiversan las palabras dando por sentado y afirmando aquello que nadie dijo, se solidarizan con los trabajadores (a los que nadie atacó)y acusan a Caballas de sólo saber atacar. Repito, en esa rueda de prensa se habló de plantillas insuficientes, y que la realidad mostrada por el Defensor del Pueblo, afecta a menores y trabajadores. Se habló de que la Ciudad no cubrió la baja por maternidad de la sicóloga del centro Punta Blanca, una de las labores más necesarias en dicho centro, baja que se sabía de antemano, puesto que no se trata de una baja fortuita, una baja por maternidad suele dar meses y meses para saber de antemano que habrá que cubrirla. Esto ya lo denunció hace meses Caballas, cuando la Ciudad creaba un puesto a dedo en el área de menores y no cubría la baja por maternidad de la sicóloga por falta de dinero en las maltrechas arcas municipales. A la UDCE, el Gobierno le llevó a los trabajadores de menores a un pleno para abuchear al líder de la oposición. Y un largo etcétera, no nos olvidemos que la Ciudad debe 13 mensualidades a Luna Blanca, ong encargada de la limpieza y alimentación de los menores del Centro La Esperanza. Y resulta que Caballas nunca se ha preocupado del área de menores. Seguramente todos estos problemas en la mencionada área sea culpa de Juan Luis Aróstegui y José Luis Chaves (q.e.d) por algo que hicieron mal hace 20 años, y si no lo hicieron pues se inventa, 'Inventando que es Gerundio'. Pero en fin, ¿les digo lo que dirá Bel después de la próxima rueda de prensa de Caballas? Que son electoralistas, que nunca se han preocupado (del tema que se trate) en los últimos cuatro años, que insultan, etc. etc. Siempre lo mismo, y los palmeros en vez de debatir sobre el problema de fondo, dirán que es verdad, que se insulta, que así no se hace política. Es curioso este desgobierno, que se dedica a hacer oposición a la oposición, que no hacen nada por los problemas reales y diarios de los ciudadanos, un gobierno de ciencia-ficción, que todo lo resolverá en el futuro.¿Cuánto han tardado en crear la escuela de negocios para que estudien ellos mismos?, ¿cuánto tardarán en hacer un nuevo centro de acogida, como dice que hay que hacer el Defensor del Pueblo?. Durante un año Caballas ha centrado su trabajo en la elaboración de un programa, una serie de medidas de Ceuta y para Ceuta, se decide resaltar 20 del centenar de medidas en las que se ha trabajado sectorialmente, y se presentan en una acto ante más de 600 personas, y eso escuece, escuece mucho en un PP desestructurado y en el que desde hace un par de meses los cuchillos rondan por las esquinas de la sede popular para conseguir un puesto en las listas, de eso se preocupan.
La manipulación sobre un supuesto ataque a los trabajadores del Centro de la Esperanza, repito, en la rueda de prensa se dijo que era necesaria una plantilla en el área de menores suficientemente dotada, se tira por tierra con las medidas que Caballas lleva en su programa: 1º.- Significativa ampliación de las plantillas de los centros del área de menores. 2ª.- Creación de una red de viviendas de acogida. 3º.- Agilización y potenciación de los procedimientos de acogida temporal y permanente. 4º.- Ayuda económica temporal a mujeres en riesgo de exclusión laboral, destinado al pago de guarderías, mientras no existan plazas suficientes en las guarderías públicas. 5º.- Programas de intervención multidisciplinar temprana en colaboración con el MEC, para atender casos de jóvenes de 12 a 16 años en riesgo de exclusión, fracaso escolar prematuro, dificultades de integración o comportamientos agresivos.
En otro momento hablaremos de algo a lo que respondió Bel sobre la nueva guardería de Juan XXIII, espero que no diga que nos acordamos porque faltan tres meses para las elecciones, cuando hace meses denunciamos que el convenio ME-Ciudad contempla desde hace años partidas para nuevas guarderías, que no se han construido. Ahora deprisa y corriendo construyen una que no cumple los requisitos mínimos legales de un centro de educación infantil, eso es electoralismo, hacer en los últimos ocho meses lo que no se  ha hecho en los anteriores 40 meses. Pero para terminar con las declaraciones de Bel, dice que en los últimos 45 días se han realizado una serie de obras para mejorar las instalaciones del Centro La Esperanza. ¿La debemos creer? Más que nada lo digo porque este gobierno se hace fotos hasta con cada nueva maceta que ponen y resulta cuanto menos curioso que esas mejoras no la hubieran 'vendido' en los medios. No obstante, el balance de gestión del Gobierno decía textualmente "se han hecho mejoras en Punta Blanca, Guardería de San Ildefonso y Centro de la Esperanza. Además, se han habilitado nuevas dependencias para Medio Abierto". Lo anterior corresponde al punto 87 del mencionado informe en el que se revisaba uno de los propósitos fijados para el ejercicio pasado: 'Mejorar las instalaciones de los centros de Menores'. Autocalificándolo como "Cumplido". Este informe lo presentó el gobierno el 20 de diciembre, y Bel dice que las mejoras se han desarrollado en los últimos 45 días, es decir entre el 5 de enero y el 18 de Febrero. O el gobierno mintió a finales de diciembre (según los datos de Bel), con lo feo que está mentir a los ciudadanos, o Bel mintió el pasado viernes, lo cual también está feo porque habla en nombre del Gobierno. En un caso u otro el Gobierno ha mentido (eso si es insultar, lo que hacen constantemente, insultar a la inteligencia de los ciudadanos) y por tanto uno no tiene más remedio que dudar de que los defectos detectados por el Defensor del Pueblo es probable que sigan existiendo.

martes, febrero 22

Menores migrantes en España, quiénes son El perfil de los menores extranjeros no acompañados ha variado en los últimos 15 años, con la llegada de un número mayor de adolescentes

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/derechos_humanos/2011/02/22/199041.php

Menores migrantes en España, quiénes son

El perfil de los menores extranjeros no acompañados ha variado en los últimos 15 años, con la llegada de un número mayor de adolescentes

No hay un perfil determinado, aunque sí varios aspectos que les definen. Los menores migrantes no acompañados (MMNA) que llegan a nuestro país constituyen en la actualidad un grupo heterógeno. La supremacía de los adolescentes marroquíes ha dado paso a jóvenes de diferentes nacionalidades, incluidas menores de sexo femenino, cuyas motivaciones se dividen en cuatro grupos. Los jóvenes emigran para mejorar la situación económica, las expectativas sociales, huir de un contexto de violencia o de una situación familiar de conflicto.

  • Autor: Por AZUCENA GARCÍA Fecha de publicación: 22 de febrero de 2011

- Imagen: Stacy Herbert -

El informe "Sueños de bolsillo" analiza quiénes son los jóvenes que llegan a España con estos anhelos y, en algunos casos, con un componente transversal de aventura adolescente, deseo de conocer mundo y experimentar. Aunque la mejora económica es el principal objetivo para los menores procedentes del Magreb y África subsahariana, no es el único para todos.

Los jóvenes que buscan mejorar su situación económica tienen entre 14 y 16 años, buenas relaciones familiares y, a menudo, experiencia laboral

Cada año, menores de 14 a 16 años, con buenas relaciones familiares y, a menudo, experiencia laboral en su lugar de origen, llegan al país para labrarse un futuro. En otros casos, buscan mejorar sus expectativas sociales, tener una oportunidad en el ámbito deportivo, posibilidad de estudiar o desempeñar profesiones artísticas. En este segundo caso, la edad mínima de los jóvenes se eleva hasta los 16 años.

Cuando huyen de una situación de violencia en el país, con frecuencia, no piensan en España. Son pocos quienes solicitan asilo. "La mayoría proceden de países del África subsahariana", precisa el informe, que recoge, además, la carencia de un protocolo específico para menores solicitantes de asilo.

Respecto a las jóvenes, ellas han formado parte por primera vez de una investigación debido al cuarto de los motivos para emigrar: huir de situaciones familiares de conflicto. Las menores ven en esta salida la posibilidad de dar la espalda "a un ambiente hostil y liberarse del rol de subordinación de las mujeres en sus contextos de origen".

El informe contaba con varios objetivos. Se planteaba conocer más acerca de este fenómeno, analizar las nuevas nacionalidades de los menores que llegan a España (Marruecos ha sido el país habitual de procedencia) e investigar la incipiente feminización, de jóvenes y adolescentes que hasta hace unos años no tomaban parte en estos procesos.

Dónde acuden

Este estudio es el primero de ámbito español, si bien para realizarlo se seleccionaron las principales comunidades autónomas en cuanto a recepción de menores migrantes no acompañados (MMNA): Cataluña, País Vasco, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Andalucía y Canarias son lugares de entrada y de paso por excelencia, pero en ellos las cifras de establecimiento son inferiores. Los datos se recogieron entre 2006 y 2008, mientras que la redacción tuvo lugar en 2009, por lo que, advierte el informe, "puesto que la migración de menores no acompañados es un fenómeno dinámico y cambiante, la realidad actual puede no coincidir con los resultados que se exponen", aunque sí da una visión muy aproximada de ésta.

Los menores proceden en su mayoría de Marruecos, Rumanía, Senegal, Argelia, Mali, Gambia, Ghana, Guinea Conakri, Mauritania y Costa de Marfil. A Ceuta y Melilla llegan, sobre todo, procedentes de Marruecos. En Comunidad Valenciana y en Andalucía destacan los menores de Rumanía, en Extremadura y en Canarias proceden de Senegal, y en País Vasco son más numerosos los menores de origen argelino.

En las citadas comunidades, varias organizaciones llevan a cabo tareas de protección y asesoramiento de los menores, entre otras. En Valencia, la Associació Valenciana d'Ajuda al Refugiat, AVAR, proporciona atención integral a las necesidades específicas de menores inmigrantes, recursos tutelados y de emancipación para los menores cuya guarda ejerce y desarrolla proyectos de cooperación internacional al desarrollo para prevenir la emigración juvenil indocumentada. En Madrid, Dianova facilita acogida de urgencia, programa residencial y programa residencial de inserción socioprofesional para menores extranjeros no acompañados.

Otras entidades, como Save the Children, han reclamado la necesidad de "poner los derechos y necesidades de los niños y niñas por encima de otras cuestiones de tipo económico y de gestión de recursos", ya que son menores de edad que carecen del cuidado de un adulto. En su opinión, pese a las diferencias registradas en las comunidades autónomas sobre la protección de estos menores, es obligatorio cumplir la normativa internacional. "Aplicando la Declaración de los Derechos del Niño, los menores extranjeros tienen derecho a recibir la asistencia adecuada para cubrir sus necesidades físicas y emocionales", estima

Falta de información fiable

La tarea de elaborar el informe ha recaído en el grupo de investigación IFAM (Infancia y Familia en Ambientes Multiculturales), de la Fundación Pere Tarrès, y ha contado con la participación de UNICEF, que en 2009 publicó "Ni ilegales ni invisibles", un informe que recoge una parte de los resultados de esta investigación y que asegura que en la actualidad se carece de información fiable para conocer el número de niños extranjeros en España, así como su situación.

El futuro de los menores

El borrador del Reglamento de Extranjería reconoce el derecho de los menores extranjeros no acompañados a oponerse a la repatriación y designar una defensa independiente en estas causas. Establece la elaboración en el futuro de un Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados, que contempla su localización, identificación, determinación de la edad, puesta a disposición de los servicios de protección de menores y documentación. Sin embargo, no se reconoce su derecho a trabajar a partir de los 16 años, ni obtienen ningún beneficio por haber estado bajo tutela pública.

El Comité de los Derechos del Niño, que controla la aplicación de los derechos de la infancia, ya mostró su preocupación el pasado mes de octubre por los menores solicitantes de asilo y refugio en España y los menores extranjeros no acompañados, para quienes pidió la prevención de "procedimientos irregulares de expulsión, protocolos uniformes para determinar la edad y el análisis individual de las circunstancias de cada niño".

Save the Children cree que la modificación del Reglamento de Extranjería es una oportunidad para superar algunos obstáculos al pleno respeto de sus derechos

Para Save the Children, la modificación del Reglamento supone "una oportunidad única para mejorar las garantías de protección" de los menores y "dar respuesta a algunos de los obstáculos que todavía existen en España para garantizar el pleno respeto de sus derechos". A su juicio, debe fijarse un procedimiento adecuado y común en todo el territorio para determinar la edad, así como un procedimiento de determinación del interés superior del niño, un plazo máximo para obtener la documentación que permita su integración en la sociedad receptora y una mayor coordinación entre las comunidades autónomas y las distintas entidades involucradas en el proceso de acogida.

Curso Menores No Acompañados

From: Asociación Marroquí <orientacion.asociacionmarroqui@gmail.com> Date: 2011/2/22 Subject: Curso Menores No Acompañados
Estimado señor/a,

La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes se complace en invitarle a la jornada "Menores Inmigrantes No Acompañados: Análisis y aproximación" que está organizando en colaboración con el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, y que tendrá lugar el próximo jueves 10 de marzo, a partir de las 16:30 en el Centro cultural Provincial (c/ ollerías, 34, Málaga).

Los ponentes de esta jornada tienen gran prestigio a nivel nacional en materia de los Menores Inmigrantes No acompañados, y nos acercarán a esta problemática desde diferentes puntos de vista (social, jurídico, administrativo, mecanismos de gestión, etc.).

La jornada se organiza en marco del Programa Operativo de Cooperación Fronteriza España-Fronteras Exteriores, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para la inscripción, se ruega rellenar la ficha que se adjunta y mandarla a: malaga@asociacionmarroqui.com

(Se entregarán certificados de asistencia).

Sin más, reciba un cordial saludo. Karima Ouald Ali, Presidenta de la Asociación

Acoger a menores Cualquier programa debe fijarse como objetivo esencial procurar que los niños disfruten de una vida estable

http://www.diariovasco.com/v/20110222/opinion/acoger-menores-20110222.html

Acoger a menores

Cualquier programa debe fijarse como objetivo esencial procurar que los niños disfruten de una vida estable

22.02.11 - 02:07 -
El número de menores de 12 años de edad, atendido en Gipuzkoa dentro de alguno de los programas forales de protección, ha aumentado un 74% en los últimos cuatro años, mientras entre los recién nacidos este porcentaje se eleva al 208%. Estas cifras ponen de manifiesto la persistencia de un problema de profundo calado en el territorio guipuzcoano, que se concreta en la existencia actual de 64 niños y niñas de menos de doce años que residen en centros gestionados por la Diputación. Esta realidad social ha empujado a la institución foral a promover la puesta en marcha en las próximas semanas de una campaña de captación de familias guipuzcoanas para el acogimiento de estos menores con el propósito de garantizarles un entorno vital más cálido y familiar. Gipuzkoa puso en marcha en 1999 un programa de acogida de menores que se complementó ocho años después con otro que contemplaba también la profesionalización de esta modalidad.
Cuando la institución foral y un juez dictaminan la retirada de la custodia a los padres biológicos, significa que existe un grave riesgo de desprotección del menor, que se han agotado ya otras fórmulas menos drásticas de intervención familiar, y que se está ante una situación de potencial desamparo que reclama una respuesta institucional. Por muy desestructurada que esté una familia, es evidente que para los padres es muy duro asumir que la tutela de sus hijos deba trasladarse a la Administración pública. Y esta circunstancia es la que condiciona la necesidad de actuar con especial sensibilidad, facilitando, como sucede en el caso de los menores guipuzcoanos acogidos, que la familia biológica no sea ajena a la vida de sus hijos mediante visitas o a través de un seguimiento por parte de los psicólogos que analizan su evolución. Cualquier programa de acogimiento de menores debe fijarse como objetivo esencial procurar que los niños disfruten de una vida estable para facilitar su desarrollo personal de forma armónica. No obstante, cuando los periodos de acogimiento se alargan mucho en el tiempo, existe un cierto riesgo de colisión entre los intereses de la familia biológica y los del menor. Y afrontar esta delicada situación exige un considerable esfuerzo de responsabilidad, que compromete muy especialmente a la familia biológica.

Las comunidades autónomas acogen actualmente a un total de 134 menores no acompañados llegados a las costas del archipiélago y cuya tutela continúa siendo de Canarias

http://www.tenerifesite.es/sociedad/canarias-tutela-a-134-menores-no-acompanados-repartidos-en-seis-comunidades-autonomas.html
Canarias tutela a 134 menores no acompañados repartidos en seis comunidades autónomas

Las comunidades autónomas acogen actualmente a un total de 134 menores no acompañados llegados a las costas del archipiélago y cuya tutela continúa siendo de Canarias.

De este modo, sólo ocho comunidades autónomas de las dieciséis existentes cuentan con menores en sus territorios. Castilla y León es la región que más acoge y así hasta allí han llegado un total de 42 menores, repartidos en Valladolid, Salamanca, Burgos y León.

Tras esta región se sitúa Islas Baleares, este archipiélago acoge a 26 menores; y la Comunidad Valenciana con 17 y Extremadura con quince. Asimismo hay once jóvenes en Murcia, diez en Cantabria, siete en Castilla La Mancha y seis en Asturias.

El Ejecutivo regional custodia además a 35 jóvenes que se encuentran en los dos Deamenac (Dispositivo de emergencia de asistencia a menores no acompañados) en las islas de Tenerife y Gran Canaria. A ellos se unen siete trasladados a través del Ministerio a otras regiones, pero que mantienen la custodia; y otros cuatro que están en centros para menores con medidas judiciales en las islas.

Según los datos, ha habido otros 407 traslados de menores desde 2006, pero estos han supuesto la pérdida de tutela por parte del Gobierno de Canarias. El programa de traslados de menores a la península que gestionó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2006-2007 tiene dos modos de ejecutarse, uno por el cual los menores trasladados son asumidos "a todos los efectos", incluida la tutela por las Comunidades Autónomas o Entidades Públicas receptoras, y otro por el cual los menores se trasladan a recursos en la península, en territorio de otras Comunidades Autónomas, sin que estos asuman su tutela.

Tanto unos como otros, los traslados del Ministerio, sólo han afectado a subsaharianos, por exigencia de las comunidades receptoras.

El histórico

Los datos además señalan que la llegada de menores no acompañados a Canarias se ha ido reduciendo paulatinamente. Así si bien en 2006 arribaron 928 menores, al año siguiente la cifra cayó hasta 752. Al año siguiente, en 2008, hubo un ligero repunte y así se contabilizaron 813 menores.

Por contra en 2009, el número total descendió hasta los 242, tendencia esta que se repitió en 2010 con 52. En lo que va de año, el Gobierno canario ha contabilizado 13 llegadas de menores.


http://www.elindependientedecanarias.com/?op=displaystory&story_id=81651&format=html

Canarias tutela a 134 menores no acompañados repartidos en seis comunidades autónomas

CANARIAS

De este modo, sólo ocho comunidades autónomas de las dieciséis existentes cuentan con menores en sus territorios. Castilla y León es la región que más acoge y así hasta allí han llegado un total de 42 menores, repartidos en Valladolid, Salamanca, Burgos y León.

   Tras esta región se sitúa Islas Baleares, este archipiélago acoge a 26 menores; y la Comunidad Valenciana con 17 y Extremadura con quince. Asimismo hay once jóvenes en Murcia, diez en Cantabria, siete en Castilla La Mancha y seis en Asturias.

   El Ejecutivo regional custodia además a 35 jóvenes que se encuentran en los dos Deamenac (Dispositivo de emergencia de asistencia a menores no acompañados) en las islas de Tenerife y Gran Canaria. A ellos se unen siete trasladados a través del Ministerio a otras regiones, pero que mantienen la custodia; y otros cuatro que están en centros para menores con medidas judiciales en las islas.

   Según los datos, ha habido otros 407 traslados de menores desde 2006, pero estos han supuesto la pérdida de tutela por parte del Gobierno de Canarias. El programa de traslados de menores a la península que gestionó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2006-2007 tiene dos modos de ejecutarse, uno por el cual los menores trasladados son asumidos "a todos los efectos", incluida la tutela por las Comunidades Autónomas o Entidades Públicas receptoras, y otro por el cual los menores se trasladan a recursos en  la península, en territorio de otras Comunidades Autónomas, sin que estos asuman su tutela.

   Tanto unos como otros, los traslados del Ministerio, sólo han afectado a subsaharianos, por exigencia de las comunidades receptoras.

EL HISTÓRICO

   Los datos además señalan que la llegada de menores no acompañados a Canarias se ha ido reduciendo paulatinamente. Así si bien en 2006 arribaron 928 menores, al año siguiente la cifra cayó hasta 752. Al año siguiente, en 2008, hubo un ligero repunte y así se contabilizaron 813 menores.

   Por contra en 2009, el número total descendió hasta los 242, tendencia esta que se repitió en 2010 con 52. En lo que va de año, el Gobierno canario ha contabilizado 13 llegadas de menores

http://es.noticias.yahoo.com/5/20110221/tlc-asturias-acoge-a-seis-menores-no-aco-d1db8a2.html

Asturias acoge a seis menores no acompañados llegados a las costas de Canarias


SANTA CRUZ DE TENERIFE/OVIEDO, 21 (EUROPA PRESS) Asturias acoge en la actualidad a seis menores no acompañados que procedentes del continente africano desembarcaron en patera en las Islas Canarias, desde donde fueron destinados al Principado pese a que el gobierno canario conserva la tutela, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press. Seguir leyendo el arículo

De este modo, sólo ocho comunidades autónomas de las dieciséis existentes cuentan con menores en sus territorios. Castilla y León es la región que más acoge y así hasta allí han llegado un total de 42 menores, repartidos en Valladolid, Salamanca, Burgos y León.

Tras esta región se sitúa Islas Baleares, este archipiélago acoge a 26 menores; y la Comunidad Valenciana con 17 y Extremadura con quince. Asimismo hay once jóvenes en Murcia, diez en Cantabria, siete en Castilla La Mancha y seis en Asturias.

El Ejecutivo regional custodia además a 35 jóvenes que se encuentran en los dos Deamenac (Dispositivo de emergencia de asistencia a menores no acompañados) en las islas de Tenerife y Gran Canaria. A ellos se unen siete trasladados a través del Ministerio a otras regiones, pero que mantienen la custodia; y otros cuatro que están en centros para menores con medidas judiciales en las islas.

Según los datos, ha habido otros 407 traslados de menores desde 2006, pero estos han supuesto la pérdida de tutela por parte del Gobierno de Canarias.

El programa de traslados de menores a la península que gestionó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2006-2007 tiene dos modos de ejecutarse, uno por el cual los menores trasladados son asumidos "a todos los efectos", incluida la tutela por las Comunidades Autónomas o Entidades Públicas receptoras, y otro por el cual los menores se trasladan a recursos en la península, en territorio de otras Comunidades Autónomas, sin que estos asuman su tutela.

Tanto unos como otros, los traslados del Ministerio, sólo han afectado a subsaharianos, por exigencia de las comunidades receptoras.

EL HISTÓRICO

Los datos además señalan que la llegada de menores no acompañados a Canarias se ha ido reduciendo paulatinamente. Así si bien en 2006 arribaron 928 menores, al año siguiente la cifra cayó hasta 752. Al año siguiente, en 2008, hubo un ligero repunte y así se contabilizaron 813 menores.

Por contra en 2009, el número total descendió hasta los 242, tendencia esta que se repitió en 2010 con 52. En lo que va de año, el Gobierno canario ha contabilizado 13 llegadas de menores.

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-cantabria-acoge-diez-menores-no-acompanados-llegados-costas-canarias-20110221183033.html

Cantabria acoge a diez menores no acompañados llegados a las costas de Canarias

Foto de la Noticia Foto: © BORJA SUAREZ / REUTERS SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Cantabria acoge en la actualidad a diez menores no acompañados que, procedentes del continente africano, desembarcaron en patera en las Islas Canarias, desde donde fueron destinados a la comunidad autónoma pese a que el gobierno canario conserva la tutela, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press.  

   Según dichos datos, sólo ocho comunidades autónomas cuentan con menores en sus territorios. Castilla y León es la región que más acoge y así hasta allí han llegado un total de 42 menores, repartidos en Valladolid, Salamanca, Burgos y León.

   Tras esta región se sitúa Islas Baleares, que acoge a 26 menores; la Comunidad Valenciana con 17; y Extremadura con quince. Asimismo hay once jóvenes en Murcia, diez en Cantabria, siete en Castilla La Mancha y seis en Asturias.

   El Ejecutivo canario custodia además a 35 jóvenes que se encuentran en los dos Deamenac (Dispositivo de emergencia de asistencia a menores no acompañados) en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

   A ellos se unen siete trasladados a través del Ministerio a otras regiones, pero que mantienen la custodia; y otros cuatro que están en centros para menores con medidas judiciales en las islas.

   Según los datos consultados por Europa Press, ha habido otros 407 traslados de menores desde 2006, pero estos han supuesto la pérdida de tutela por parte del Gobierno de Canarias.

   El programa de traslados de menores a la península que gestionó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2006-2007 tiene dos modos de ejecutarse, uno por el cual los menores trasladados son asumidos "a todos los efectos", incluida la tutela por las Comunidades Autónomas o Entidades Públicas receptoras, y otro por el cual los menores se trasladan a recursos en  la península, en territorio de otras Comunidades Autónomas, sin que estos asuman su tutela.

   Tanto unos como otros, los traslados del Ministerio, sólo han afectado a subsaharianos, por exigencia de las comunidades receptoras.

EL HISTÓRICO

   Los datos además señalan que la llegada de menores no acompañados a Canarias se ha ido reduciendo paulatinamente. Así si bien en 2006 arribaron 928 menores, al año siguiente la cifra cayó hasta 752. Al año siguiente, en 2008, hubo un ligero repunte y así se contabilizaron 813 menores.

   Por contra en 2009, el número total descendió hasta los 242, tendencia esta que se repitió en 2010 con 52. En lo que va de año, el Gobierno canario ha contabilizado 13 llegadas de menores.
http://noticias.lainformacion.com/noticias/murcia-acoge-a-11-menores-llegados-a-las-costas-de-canarias_RfrS0Bwq8WGIsRdkdfHcW4/

Murcia acoge a 11 menores llegados a las costas de Canarias

18:54h  | Leer articulo completo en www.laverdad.es

Aunque el gobierno canario conserva la tutela, los chicos, procedentes del continente africano, fueron destinados a la región.


lunes, febrero 21

Informe sobre los Centros de Internamiento de Emigrantes en España y su incompatibilidad con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

AEDIDH. Informe sobre los Centros de Internamiento de Emigrantes en España y su incompatibilidad con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

Queridos miembros de la JD: Adjunto para vuestra informacion texto definitvo del dictamen ya enviado al CEDR y nota de prensa. Rogamos distribuirlos a los medios y organizaciones con los que tengais mas familiaridad.
Gracias a todos por la difusion. Saludos
Carlos Villán Durán Presidente ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (AEDIDH)
c/ Párroco Camino, 19, 3º D 33700 - Luarca (Asturias, España)
Tlfo.
(0034) 985 64 22 53 Móvil: (0034) 699 50 89 74 Website: www.aedidh.org

PROTECCIÓN // SIGUEN LAS CARENCIAS Y LOS ABUSOS Dos años sin muchos cambios en los centros de menores

www.diagonalperiodico.net
PROTECCIÓN // SIGUEN LAS CARENCIAS Y LOS ABUSOS Dos años sin muchos cambios en los centros de menores
Patricia Manrique Redacción Cantabria

Pese al revuelo creado en febrero de 2009 con la difusión de testimonios de malos tratos en estos centros por parte de un informe del Defensor del Pueblo, la situación no ha cambiado mucho.
"Todo esto es un negocio, porque nadie escucha a los chavales, ni las instituciones ni los centros, y la Comunidad de Madrid paga 3.600 euros al mes por cada menor, cuando luego el chaval sale peor que entra", resume rotundo Juan Carlos Villaescusa, 20 años, antiguo menor tutelado por la Comunidad de Madrid. En diciembre de 2009, siendo ya mayor de edad, denunció, junto a otros compañeros, por maltrato al centro de protección terapéutico de Galapagar, gestionado, entonces y ahora, por la empresa Salud Mental Consulting.
Juan Carlos vió y sufrió en ese centro palizas, vejaciones, insultos, duchasfrías y el uso habitual de contenciones.
"Te echan al suelo y te suben los brazos por la espalda hasta hacerte daño", explica. También fue medicado sin que le informaran sobre qué era lo que estaba tomando.
Igual que a su compañero José Antonio Gómez, que además de sufrir vejaciones estuvo un año sin escolarizar siendo menor de 16 años. De momento, estas denuncias han sido archivadas, pero al defensa de los entonces menores ha recurrido esta decisión judicial.
Los numerosos relatos de abusos de los menores tutelados no lograron romper el muro de silencio y pasaron inadvertidos para las administraciones hasta que el Defensor del Pueblo hizo público un demoledor informe sobre centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. Un informe oficial que daba cuenta de los malos tratos y del lucrativo negocio de estos centros. Su publicación, en enero de 2009, coincidió tristemente con dos muertes, ambas en centros de la Fundación O'Belen: el suicidio de Hamid A., de 13 años, en el centro terapéutico Picón de Jarama, y la de Saray G. C., de 14 años, que moría tras tirarse de un coche en marcha que la llevaba de vuelta al centro Casa Joven.
Aunque el revuelo se centró en los centros terapéuticos para menores diagnosticados con "problemas de conducta", los maltratos se denunciaron y denuncian también en los centros de reforma (cárceles de menores) e incluso en los de acogida.
Con la transferencia de
las competencias a las
comunidades autónomas,
se han creado grandes
diferencias territoriales
Motivos de 'preocupación'
Para Amnistía Internacional (AI), dos años después de la publicación del informe del Defensor del Pueblo, los problemas de fondo permanecen.
Aunque "hemos conseguido poner este tema en agenda" y ya es "muy difícil negar que existen problemas", reflexiona Virginia Álvarez, su responsable de Política Interior, "las situaciones siguen siendo las mismas: falta de legislaciones, falta de unos criterios claros para dar una respuesta adecuada a estos menores, y seguimos con serias preocupaciones en cuanto a las medidas que se adoptan sobre los menores y el control que se ejerce ante lo severas que puedan ser esta medidas". En su segundo informe sobre centros de protección terapéuticos Si vuelvo, me mato II, presentado en septiembre de 2010, AI denuncia también la falta de datos actualizados y públicos a nivel de todo el Estado, lo que dificulta un diagnóstico real de la situación.
"Las conclusiones finales del Comité de Derechos del Niño de la ONU expresan claramente preocupación porque la legislación de las comunidades autónomas (CC AA) no es acorde, en muchos aspectos, con la normativa internacional de derechos humanos", sostiene Álvarez.
Desde que la Ley del Menor –del año 2000– trasfirió la competencia a las CC AA, se han creado grandes diferencias territoriales en lo referente a los ingresos en los Centros de Protección Terapéuticos, la permanencia en ellos, el régimen interno, o el acceso a la asistencia y los tratamientos en materia de salud. Disparidad que "permite deficiencias y prácticas que contravienen la Convención de los Derechos del Niño", denuncia AI.
A AI le preocupa que se promulguen leyes que, como la catalana (de mayo de 2010), establezcan un marco de protección de los menores sin, por ejemplo, hacer referencia a los criterios concretos para que estos sean derivados a centros terapéuticos.
O sin que esté recogida la necesidad de que intervenga un juez para decidir el ingreso en estos centros.
AI denuncia también que el aislamiento como medida disciplinaria ha quedado expresamente recogido como sanción (que puede llegar hasta un máximo de tres días) en el reglamento catalán, incumpliendo así las normas de Naciones Unidas.
Sin embargo, Álvarez observa algún avance como "la respuesta que está habiendo por parte de la Fiscalía General del Estado que ha exigido a los fiscales provinciales que aumenten el control sobre estos centros". Dicha Fiscalía ha definido, en un protocolo, que se tienen que hacer inspecciones cada tres meses. Aunque, en conversaciones con fiscales provinciales, AI ha comprobado que no se está cumpliendo. En algunos casos por falta de recursos.
Destaca la creciente
conciencia social de que
"hay empresas que están
ingresando millones de
euros a costa de encerrar"
"Menor invisibilidad"
Para el Defensor del Pueblo también "existe una situación de menor invisibilidad de este tipo de centros y sobre todo, de los menores". Esta institución destaca como un logro la elaboración, por parte del Ministerio de Sanidad junto a todos los responsables de la protección pública de menores de las CC AA, de un protocolo de buenas prácticas que "homogeniza los criterios de intervención en el trabajo con los menores" y en el que "se incluyen medidas tendentes a garantizar los derechos de los menores".
Entre ellas, la oficina del Defensor resalta, "la instalación de un buzón para denunciar posibles situaciones de maltrato en los centros de menores". Echan en falta, con todo, un protocolo para prevenir suicidios.
Para AI, que está estudiando minuciosamente este protocolo de buenas prácticas, la principal crítica es "que no es de obligado cumplimiento" y que "tendría que ser una ley y además de nivel estatal para impedir las desigualdades entre comunidades".
Tanto la oficina del Defensor como AI echan en falta que se avance en la aplicación de un control judicial para internamientos por trastorno psíquico y para medidas que limiten los derechos de los menores. Y todavía queda mucho por hacer.
Tras las denuncias de Juan Carlos y José Antonio, un inspector del Defensor del Pueblo, acudió por sorpresa al Hogar Galapagar en marzo de 2010 y abrió una investigación.
Descubrió amarres y sujeciones en las camas y que los chicos estaban medicados en exceso sin haber sido informados de lo que se les suministraba.
"Me dormía en clase, me sentía mal", relata José Antonio.
Santiago Agustín, psicólogo, también coincide en que "la cuestión se ha visibilizado". Agustín que trabajó para la fundación O'Belen en el centro terapéutico de la Jarosa, al que denunció y que está hoy clausurado, destaca la creciente conciencia social de que "hay empresas que están ingresando millones de euros a costa de encerrar a chavales de protección".
Y resalta que además de ese sentimiento social, los padres y los chavales empiezan a organizarse.
Agustín valora que los centros terapéuticos son "la punta del iceberg de todo un sistema de protección del que los chavales a menudo salen condenados a la marginalidad". Respecto a los centros de reforma, en los que los menores cumplen medidas judiciales "la cosa está parecida aunque con el revuelo que se ha montado tienen más cuidado". A su juicio, al menos "la gente empieza a ser consciente de que son cárceles y las cosas que ocurren allí".
Una definición por completar
La Reforma del Código Penal que entró en vigor en diciembre, dejó intacta la definición de tortura contenida en su artículo 174 que sólo contempla como posibles autores a "la autoridad o funcionario público". Sin embargo según la Convención contra la tortura de la ONU, un acto de este tipo puede ser cometido por cualquier "persona en el ejercicio de funciones públicas". Amnistía Internacional había hecho notar que este matiz podía tener consecuencias, entre otros, sobre los menores en Centros de Protección Terapéuticos, sobre todo en aquellos gestionados por entidades privadas. El Comité contra la Tortura pidió al Gobierno español que modificara la definición, pero ha sido en vano.

4.600 niños viven bajo la tutela o guarda de la Comunidad de Madrid

http://www.noticiasdemadrid.es/2011/02/20/4-600-ninos-viven-bajo-la-tutela-o-guarda-de-la-comunidad-de-madrid/

4.600 niños viven bajo la tutela o guarda de la Comunidad de Madrid

El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid promovió en 2010 un centenar de nuevos acogimientos de menores tutelados, lo que ha permitido que sean 550 las familias madrileñas que, sin tener ningún vínculo biológico con el niño, han decido acoger a uno de estos niños. Entre estos destaca, 50 bebés que estaban en atención a la infancia y que han pasado a los ciudados de una familia de acogida.

Según el último balance realizado por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia -IMMF-, existen en la región 4.600 niños que viven bajo la tutela o guarda de la Administración regional. De ellos, el 62% viven con alguna familia de acogida – familia extensa (la que tiene alguna vinculación biológica con el niño) o familia ajena (aquella que no tiene ninguna relación de parentesco con el menor)-.

En este último caso, existen en la región 550 familias que, sin tener ninguna vinculación biológica con los chicos, los acogen. En total, los menores que conviven o han convivido durante 2010 con estos madrileños ascienden a 670 (en algunos casos son grupos de hermanos). Sumando estos niños con aquellos que sí tienen un vínculo biológico, en la región habría más de 2.800 menores viviendo en acogida.

Nuevos ofrecimientos

En 2010, fueron 178 las nuevas familias que realizaron su ofrecimiento para formalizar un acogimiento temporal, permanente o preadoptivo. Todas han de realizar un curso formativo con distintas entrevistas y pruebas técnicas para obtener el certificado de idoneidad que les acredita como una familia apta para poder acoger a un pequeño.

Los madrileños que estén pensando en realizar un acogimiento pueden optar por varios tipos, en función de sus condiciones y pueden solicitar un acogimiento permanente o temporal. También pueden formar parte del Programa Vacaciones en Familia, para menores tutelados que viven en residencias de la Comunidad y que en sus tres años de existencia ha permitido que 140 niños en estas circunstancias pasen las vacaciones de verano con una familia madrileña.

También existe el Programa de Acogimiento de Urgencia, creado en 2009 para que pequeños menores de 3 años sean directamente acogidos por una familia hasta que se resuelva su situación sin necesidad de tener que pasar por un centro de atención inmediata. Desde su puesta en marcha han sido atendidos una treintena de niños.

Aquellas personas interesadas en solicitar información sobre el acogimiento familiar en la Comunidad pueden acudir a la página web regional o bien llamar al teléfono de información 902 02 44 99. También pueden dirigirse a la sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, situado en Gran Vía, 14.

Concentració DAVANT LA DGAIA DIVENDRES 25 DE FEBRER A LES 12:00 HORES.


L'any 2009 la DGAIA va expulsar a molts menors subsaharians dels centres de menors per considerar-los adults. Aquests menors disposaven de passaports expedits per les seves ambaixades però la DGAIA no els donava per vàlids sense cap justificació.

Actualment molts d'aquests menors actualment gaudeixen d'una autorització de residència amb la data de naixement que constava al passaport i que la DGAIA no donava per vàlida. O sia l'Estat espanyol accepta el passaport i la DGAIA no...

Actualment la política de la DGAIA no ha canviat: els menors segueix essent expulsats dels centres de menors malgrat estar en possessió d'un passaport que acredita que són menors d'edat.


S'han presentat moltes queixes al Síndic de Greuges i al Defensor del Pueblo: ambdós organismes manifesten que és una actuació irregular per part de la DGAIA.


Aquesta vegada els menors tornen a dir PROU! i es concentren  davant la DGAIA per donar a conèixer aquesta situació.


US ESPEREM!

Albert Parés Advocat Social
Tel.: 646247743 <albertparescasanova@icab.cat>

ELS MENORS IMMIGRANTS SUBSAHARIANS DIUEN PROU!
CONCENTRACIÓ EL DIVENDRES 25 DE FEBRER DE 2011 A LES
12:00 DEL MIGDIA DAVANT LA DGAIA, (Av. Paral·lel 52)

domingo, febrero 20

La presión de los MENA se incrementa en más de un 50%


La presión de los MENA se incrementa en más de un 50%

Sábado, 19 de Febrero de 2011 12:25 , L.M.A.
La presión de los menores no acompañados se ha incrementado en los últimos meses en un 53%, según relató en la jornada de ayer la portavoz del gobierno, Yolanda Bel, al contestar a la denuncia de como se encuentra el centro de la Esperanza presentó la UDCE, basándose en un informe del Defensor del Pueblo.

Desde el punto de vista del ejecutivo presidido por Juan Vivas se tiene muy claro que el esfuerzo que se realiza en el área de menores es importantísimo para las propias posibilidades económicas que se tienen en la Ciudad Autónoma.
Y es que también debe tenerse en cuenta que la Administración General del Estado ha recortado en un cincuenta por ciento la subvención de dos millones ochocientos mil euros que se acordó hace unos años y que ahora mismo está en un millón trescientos mil euros.

Presión
Pues bien, a pesar de todas estas dificultades añadidas, donde, por un lado, se ha incrementado esa presión migratoria de los menores no acompañados y que existe una menor ayuda presupuestaria, la Ciudad Autónoma no ha dudado en ningún momento en poner encima de la mesa todos los medios humanos y monetarios para que la atención continuara siendo de calidad para todos los menores.
En relación al propio informe que ha realizado el Defensor del Pueblo dejó muy claro la consejera que el mismo es del pasado mes de noviembre y que  durante enero y febrero se han realizado una serie de obras por parte de la Consejería de Asuntos Sociales que es la encargada desde hace un año y medio de la responsabilidad de Menores.

Flecos
No hay que olvidarse que la Ciudad Autónoma siempre ha defendido de manera clara y concluyentes que el tema de los menores no acompañados, aunque por ley le corresponde la competencia a la Ciudad Autónoma de Ceuta, se debería tener en cuenta que por las especificidades de nuestra ciudad, no deja de ser un fleco del problema de la inmigración en general.  Aunque ello nunca ha sido entendido por la Administración General del Estado en casi ningún momento.

Mejoras introducidas en el centro de la Esperanza

-En la zona destinada a fase de acogida inicial: cambios de camas y sustitución de colchones por otros ignífugos; sustitución de cristales rotos; cambio de interruptores y luces, pintado de la zona, sustitución de puerta en servicios.
-Colocación de nueva caldera para duchas sustituyendo a la anterior y renovación de duchas y lavabos de los servicios generales del centro.
-Colocación de marquesina de zona de patio a comedor.
-En fase de actuación está el pintado general del centro y  la revisión de módulos dormitorios.

Habrá un nuevo centro de menores

Además, debe tenerse en cuenta dentro de esta problemática, que durante varios años la Ciudad Autónoma ha estado solicitando ayuda a la Administración General del Estado para lograr la construcción de un nuevo centro destinado a menores, sin embargo nunca ha encontrado la más mínima reacción. Por esta razón, el Gobierno autonómico ha decidido realizarlo en solitario.
Es una de las tres obras que se incluyen dentro de la posibilidad abierta ahora de colaboración público-privada, donde la primera que se ha puesto en marcha es la escuela infantil que irá en la zona de Loma Colmenar. La segunda, en orden de prioridad, es este centro. En uno de los últimos boletines de la Ciudad Autónoma se ha publicado la realización del estudio de viabilidad del mencionado centro.
Será una empresa la que lo construya y con posterioridad la gestionará a través de una subvención por cada plaza que abonará de manera directa la misma Ciudad Autónoma. Un proyecto en el que se viene trabajando desde hace varios meses de manera clara.

Bel considera que hay una falta de respeto a los trabajadores

Desde la portavoz del Gobierno se considera que la opinión que ha vertido la Unión Demócrata ceutí es una falta de respeto absoluto hacia los trabajadores que están en el área de Menores.
Sobre este particular añadió que no es un área fácil y que necesita una atención las veinticuatro horas como hacen todos esos profesionales, a lo que según ella se cuestiona con las críticas por parte del primer partido de la oposición.
Considera que estos políticos no les están dando la importancia que tiene el trabajo que desarrollan y que, por supuesto, para el equipo de gobierno que preside Juan Vivas es magnífico, a pesar de las dificultades que normalmente tienen para el desarrollo de su labor.
Bel defendió claramente la labor de todo este grupo de profesionales integrado en el Area de Menores.

"UDCE no sabe nada de los centros"

El Gobierno autonómico acusa a la diputada de UDCE, Fátima Ahmed, de no haberse preocupado durante los cuatro años de la legislatura por la situación de los centros de menores, "aunque le damos la bienvenida aunque sea tarde", explicó la portavoz del ejecutivo Yolanda Bel en respuesta a preguntas de los medios de comunicación.
Reflejó que la UDCE forma parte de la Comisión de Atención a la Infancia y que durante estos cuatro años no ha solicitado jamás una visita a ninguno de los centros, "pero cuando nos encontramos a tres meses de las elecciones autonómicas comienzan con las críticas".
Además, defendió que el informe del Defensor del Pueblo sobre determinadas cuestiones en el interior del centro es del mes de noviembre, "pero lo sacan ahora porque las elecciones están a la vuelta de la esquina".

Campos
Se mostró, desde luego, muy indignada por la comparación que habían realizado de estos centros de menores con campos de concentración, "donde se produce una falta de respeto para todas esas personas y sus familias que todavía viven el drama de haber tenido que estar en un campo de concentración".
En relación con los contactos que se tienen con el Defensor del Pueblo desde la misma Ciudad Autónoma especificó la portavoz del ejecutivo, Yolanda Bel, que la de Menores no es la única área que  tiene contactos con ella, porque las peticiones que se reciben en cualquier departamento se tramitan de manera inmediata.

sábado, febrero 19

Ceuta niega desatención a menores marroquíes y dicen 92% están escolarizados

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=696543

Ceuta niega desatención a menores marroquíes y dicen 92% están escolarizados

Ceuta, 18 feb (EFE).- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha negado hoy que se haya producido una desatención a los inmigrantes marroquíes menores de edad que están acogidos en el centro de menores de "La Esperanza" y ha señalado que el 92 por ciento están escolarizados.

En una rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo ceutí, Yolanda Bel (PP), ha salido al paso de las críticas de la oposición a través del partido Caballas, que lamentó ayer las deficiencias de este centro, aportando un informe del Defensor del Pueblo.

Caballas denunció que las dependencias de estos menores estaban en unas condiciones "lamentables" al indicar que no había intimidad en los baños, que carecían de salubridad y que no cumplían las mínimas condiciones exigibles en términos generales.

Yolanda Bel ha lamentado que la oposición haya estado "cuatro años sin preocuparse" por los menores y que ahora realicen esta acusación.

En este sentido, el Gobierno ceutí ha advertido que tan sólo en los meses de enero y febrero de este año ha procedido a varias obras en el centro, entre ellas cambios de camas y sustitución de colchones por otros ignífugos, sustitución de cristales rotos, colocación de nueva caldera para duchas sustituyendo a la anterior y renovación de duchas y lavabos de los servicios generales del centro.

Los menores, según el Gobierno ceutí, están escolarizados en un porcentaje superior al 92 por ciento en las distintas enseñanzas que se imparten actualmente en la ciudad y los no escolarizados reciben clases de español para su posterior adaptación a algún programa específico.

Yolanda Bel ha añadido que es "absolutamente intolerable" que la oposición calificara como de "campo de concentración" este centro de menores. EFE

viernes, febrero 18

jornada "Niños y niñas víctimas de trata: desfíos y respuestas judiciales" Motril 03 marzo 2011

Estimados/as: Save the Children, el Ilustre Colegio de Abogados de Granada y su Delegación de Motril les invitan a participar en la jornada de reflexión "NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA: DESAFÍOS Y RESPUESTAS JUDICIALES", la cual tendrá lugar el día 3 de marzo en Motril. Esperamos que sea de vuestro interés y podamos contar con vuestra presencia. Un cordial saludo Save the Children Fabia Bellio | Técnico Sensibilización. Dpto Advocacy y Campañas | Save the Children | Tel +34 91 5130500 Movil +34 646895293 | fabia.bellio@savethechildren.es | www.savethechildren.es

Conclusiones 5º Encuentro online profesionales Menores Migrantes Sin Referentes Familiares. Ideo 18 febrero 2011. Conocimiento y gestión del duelo migratorio

Conclusiones 5º Encuentro online profesionales Menores Migrantes Sin Referentes Familiares. Ideo 18 febrero 2011

Conocimiento y gestión del duelo migratorio

Día:

17 de febrero de 2011 Hora de comienzo: 19:00 Duración: 112 minutos Nº de participantes: 7 Ciudades de trabajo: Monterrey (México), Tozeur (Túnez), Barcelona, Madrid, y Huelva Moderador del foro y compilador de las conclusiones: Antonio Jiménez (GRUPO IDEO)

Conclusiones:

El duelo migratorio son diferentes las formas de sentirlo y vivirlo. El acompañamiento junto a los chicos te permite entender una parte de él, esa que el chico muestra, pero diferente es haberlo vivido.

Cada menor trae su propio duelo, hay que personalizar mucho y en determinados casos no son útiles los patrones.

El duelo está asociado en cierto modo a la recomposición del sentimiento de pertenencia y éste a su vez, a la identidad cultural.

Joseba Atxotegui (2002), nos propone siete duelos en la migración, que son:

o

Duelo por la familia y los amigos

o

Duelo por la lengua

o

Duelo por la cultura

o

Duelo por la tierra
o
Duelo por el estatus

o

Duelo por el contacto con el grupo étnico

o

Duelo por los riesgos físicos

Todos los tipos de duelos no tienen la misma intensidad en diferentes personas e incluso alguno puede no aparecer.

La mejor ayuda en el duelo empieza dejando expresar al menor y sabiendo escuchar.

Si el duelo no se elabora adecuadamente puede dar lugar a diversos síntomas, como angustia, depresión, pero también puede manifestarse en conductas negativas, violencias, comportamientos disruptivos, o bien en regresiones o somatizaciones.

Los tipos de duelos son distintos también por ejemplo en el caso de las procedencias de los menores. En este sentido, el duelo por la lengua, no aparecerá normalmente en un menor sudamericano acogido en España y sin embargo, si se dará en un menor de procedencia africana.

El duelo tiene que ver con las actividades interculturales. En la medida en la que se realicen actividades que vivencien y recuerden la cultura de los chicos de los centros, el duelo irá desapareciendo. Por eso cuando hablan de que para integrarse en la sociedad deben de dejar de lado su cultura y acercarse a la nuestra, hay que tener mucha cautela, pues todo es un proceso que debe superar una fase para pasar a la siguiente.

Ideas para trabajar algunos tipos de duelo: Para trabajar con el menor el duelo por la familia y los amigos podemos:

o

Explicar el árbol genealógico, dibujarlo, que nos hablen de los miembros de su familia.

o

Enfatizar las cosas buenas que su familia puede tener

o

Hablarles de nuestra familia

o

Llamar por teléfono, escribir cartas, realizar videoconferencias1 con la familia

o

El vídeo y la realización de documentales realizados por ellos mismos 2

o

Escuchar música de su país.

o

Lectura de literatura de su país

o

Dar las clases en el centro de manera bilingüe.

o

Mostrar interés por la lengua del menor e intentar aprender algo de ella.

o

Aprender chistes en su lengua. Para trabajar con el menor el duelo por la cultura podemos:

o

Sesiones de conocimiento de ambas culturas: la del país de procedencia y la del país receptor.

o

Celebrar las festividades

o

Cocinar platos tradicionales de su país Para trabajar con el menor el duelo por la tierra podemos:

o

Concederles vacaciones a su tierra a los menores3

o

Realizar un viaje en el espacio a través de las tecnologías de la información y la comunicación

o

Realizar un festival sobre el país de procedencia
Para trabajar con el menor el duelo por la lengua podemos:

1

La familia puede desplazarse a un cibercafé de alguien conocido y hacer la videoconferencia desde allí. También pueden colaborar en actividades de este tipo, las

asociaciones de los países de procedencia. Ya muchos recursos de acogida disponen de conexión a Internet.

2

En la dirección web: http://www.e-culturas.org podemos encontrar experiencias de comunicación entre niños de Europa e Hispanoamérica

3 Es sólo una propuesta, pues no está autorizado por la administración.

NOTA: Las conclusiones anteriores son opiniones de las compañeras y compañeros que han participado en el encuentro. Cualquiera de ellas está sujeta a debate. Por lo tanto, se agradece si alguien, una vez leídas dichas conclusiones, no estuviera de acuerdo con algo, nos haga llegar su opinión al siguiente correo electrónico:

antonio.jimenez@dedu.uhu.es. Muchas gracias.

Marta Sanchís: "Los menores que huyen de conflictos son exiliados políticos, no inmigrantes" La responsable del programa Infància i Família en Càritas Diocesana de Barcelona advierte que estos menores quedan en un limbo legal que lleva a muchos a la

http://www.lavanguardia.es/vida/20110218/54116712909/marta-sanchis-los-menores-que-huyen-de-conflictos-son-exiliados-politicos-no-inmigrantes.html

Marta Sanchís: "Los menores que huyen de conflictos son exiliados políticos, no inmigrantes"

La responsable del programa Infància i Família en Càritas Diocesana de Barcelona advierte que estos menores quedan en un limbo legal que lleva a muchos a la indigencia

Marta Sanchís, responsable del programa Infància i Família en Càritas Diocesana de Barcelona Càritas Diocesana

Vida | 18/02/2011 - 12:18h Meritxell M. Pauné Redactora de la sección Barcelona   

La psicóloga Marta Sanchís coordina el programa Infància i Família en Càritas Diocesana de Barcelona, que vela por el derecho infantil a una vida digna y segura. A través de los padres, que son los que suelen acudir a la entidad, previene y palia los estragos de la pobreza infantil, dirige hacia los circuitos públicos de protección los casos de violencia y denuncia las redes delictivas que explotan menores y mujeres. Vaticina que 2011 será un año duro para muchos más niños y niñas, debido a la crisis y en especial a la retirada a sus progenitores del subsidio estatal por desempleo.

Más de un tercio del total de personas atendidas por Càritas en Barcelona este 2010 han sido niños y adolescentes. Sin embargo, no se visibiliza que haya un problema de pobreza infantil en la ciudad.
Una parte de la infancia pasa desapercibida y es invisible a ojos de los adultos, porque al no ser autónoma le cuesta tener voz propia. Como les pasa a algunas personas mayores, si los adultos que le rodean no visibilizan su precariedad o que vive una situación de especial dificultad, cuesta que ese menor reciba la atención necesaria. Por eso con ellos es más importante todavía trabajar en red, para detectar los casos desde las escuelas, guarderías, institutos, servicios de pediatría, servicios sociales… Debemos ser sus ojos y su voz.

¿Qué carencias sufren los niños en situación de pobreza que atiende Cáritas en Barcelona?
En primer lugar sufren escasez económica, insuficiencia de ingresos por parte de sus padres. Pero no es la única carencia, luego está la vertiente psicosocial. Por ejemplo, la falta de ingresos va siempre vinculada a la precariedad en la vivienda. De fondo suele haber un problema de paro o gran precariedad laboral en sus adultos. Otras consecuencias pueden ser el aislamiento social: hay familias migradas o autóctonas que pierden su red de apoyo o es muy pequeña; o sus familiares son pocos o tampoco disponen de recursos. También puede generar problemas de salud físicos o mentales, porque cuando se cronifican las situaciones de sufrimiento psicológico aumenta el desgaste emocional y pueden aparecer enfermedades mentales. En algunas de las familias, no en todas, se detectan también problemas en la estructura interna, con situaciones de violencia entre la pareja o maltratos a los hijos, ya sea psicológicos, físicos, sexuales o de negligencia puntual o crónica.

¿Una familia cohesionada es más difícil que caiga en la pobreza?
Sí. El factor económico es objetivo, es un umbral y estás por encima o por debajo. Pero en la medida que tienes una red relacional que puede dar más apoyo y estabilidad ante los baches, los estragos de la pobreza se amortiguan. La estructura familiar también es importante. Imaginemos una pareja con hijos en la que los dos adultos están en el paro, quizás de forma crónica. Si hay un apoyo mutuo y la relación es fluida, será más fácil salir de esta crisis. Si hay ciertas fracturas, aunque sean desencuentros que no lleguen a la violencia, se hace más difícil. Y las familias monoparentales aún lo tienen más difícil, necesitan mucho más a su red relacional. Son las catalogadas como más vulnerables, tanto por las entidades sociales como por las administraciones. La mayoría de las que atendemos son mujeres con hijos a su cargo, bajo irregularidad documental y con difícil incorporación al mercado laboral.

¿Es frecuente que no pidan ayuda?
No, pedirla la piden. Pero a veces estamos superados. El volumen de demandas es superior al apoyo que podemos dar, nosotros y la administración. Las demandas estrella son vivienda, trabajo y ayuda económica. Pero en estos momentos no hay empleos disponibles, el mercado de la vivienda todavía está como está y las ayudas son limitadas. Las damos a cambio de planes de trabajo, es decir, del cumplimiento de unos objetivos de mejora que la familia ha consensuado previamente con un educador o trabajador social. Sin estos planes crearíamos relaciones de dependencia que no llevan a nada.

¿Habéis distinguido colectivos específicos, dentro de la bolsa genérica de pobreza infantil en Barcelona?
Sí. Un primer grupo son los de edad más temprana, de cero a tres años, nacidos en familias monoparentales encabezadas por mujeres que deben buscar trabajo o viven bajo grave explotación laboral. Sufren la insuficiencia de plazas públicas de guardería, no pueden optar a ellas por irregularidad documental de la madre o no pueden pagar los costes de un centro privado. Estos bebés están en desventaja evolutiva frente a los hijos de familias con recursos, porque no reciben los mismos estímulos y atenciones. Tras este grupo habría otro de más edad, de entre 4 y 12 años, que gracias a la escolarización consiguen más visibilidad que los bebés. En algunas familias que acaban de llegar de otro país tardan un cierto tiempo a escolarizar a su hijo, lo que abre un paréntesis de invisibilidad sobre su situación. En otros casos la escolarización es problemática por varios motivos. Un ejemplo habitual son las preadolescentes de unos 12 años que en su cultura de origen ya se consideran mujeres casi adultas y asumen roles de cuidado de los hermanos menores. Sus padres cuestionan la necesidad de mantener la escolarización y a veces 'desaparecen' en el salto de Primaria a Secundaria.

Luego están los adolescentes y jóvenes.
Destaca el colectivo de menores que han emigrado solos –los 'Meinas' [Menores Indocumentados No Acompañados], en la nomenclatura de los servicios sociales–. Estos chicos quedan muy desamparados y algunos de ellos en el limbo legal. Llegan con documentación de sus países de origen donde constan como menores, pero cuando los equipos de atención de calle los detectan y los ponen en conocimiento de la Fiscalía de Menores y DGAIA, les hacen pruebas radiológicas en la muñeca y se les considera mayores. Esta problemática la tenemos a tungadas y desde hace 4-6 meses hemos vuelto a detectar un incremento de casos. DGAIA les deniega la tutela porque según la Fiscalía son menores.

¿Qué hacemos con estos chavales, pues?
Los circuitos de protección públicos no los atienden, pero tampoco podemos colocarles en una pensión u hostal, ni con intermediación nuestra, porque no admiten a menores de edad y en su documentación consta que aún lo son. O cuando solicitan algún tipo de recurso para urgencias y emergencias, tampoco se los acepta por lo mismo. Hasta cumplir la mayoría de edad documental puede que tarden un año, o tres meses, o un año y medio, depende de cada joven. Y durante este tiempo, muchos de ellos caen en la indigencia. Y esto es muy grave, porque no sólo implica dormir en la calle, sino tener muchas posibilidades de caer en consumos de diferentes tipos de tóxicos (pegamento, alcohol, droga de síntesis, cannabis…), relacionarse con redes organizadas que delinquen, redes de prostitución… Tan jóvenes, sin referentes familiares y con un alto grado de aislamiento social, acaban desarrollando problemas de salud y degradación muy fuertes.

Pese al poco eco mediático que ha tenido este colectivo, ha tomado forma el estereotipo de chico subsahariano, de unos 17 años, que duerme en plaza Catalunya o Ciutat Vella. ¿Éste es el perfil mayoritario?
Es el más frecuente, pero no el único. Desde 2005 también llegan chicas, algunas de Rusia o de Europa del Este, pero la mayoría de África subsahariana. El conocimiento que tenemos de estos adolescentes lo vamos construyendo a medida que conocemos más casos. Sabemos, por ejemplo, que un grupo muy notable viene de Nigeria. En el caso de las chicas, inician su proceso migratorio a través de redes de prostitución encubiertas. Algunas saltan a Europa desde Marruecos. Desde el principio del viaje ya se las somete a explotación sexual, amenaza y coacción. La amenaza fundamental es que su familia sufrirá represalias en el país de origen, por violencia directa y magia negra. Esto tiene mucho peso para ellas. Y la otra amenaza indirecta son los castigos ejemplares. Si una de las chicas se desvía un poco de las directrices de la red, ya no denunciando, sino sólo desviándose, recibe un castigo brutal, desmesurado.

En los casos de explotación y redes de extorsión quien debe investigar es la policía.
Pero la administración y las entidades privadas también tenemos un papel importante, aportamos conocimiento sobre las redes y socializamos la información que recibimos cada día. Los relatos que hemos oído sobre su proceso migratorio es un conocimiento valioso para aquellos que investigan. La invisibilidad de estas chicas es casi absoluta, pero de vez en cuando llega alguna y verbaliza algún indicio. Incluso podemos hacer pequeñas intervenciones, en función del margen que permite la propia usuaria. No podemos ir más allá de lo que ella decida, no podemos forzarla a cursar una denuncia. Además, la mayoría no facilitan un domicilio ni un teléfono de contacto o los que dan son falsos, para no ponerse en peligro.

¿Qué podéis hacer por una mujer explotada que no denuncia?
Asesorarla y explicarle que hay alternativas. Después ella tomará sus decisiones. Por ejemplo, hace unas semanas nos llegó una mujer que sospechamos que está dentro de una red de prostitución. Nos comentó que buena parte de los hijos que tienen [las chicas de la red], son enviados a otro país, como por ejemplo Italia, con la promesa que allí les cuidarán mejor. Se da una separación madre-bebé. Ellas trabajan muchas horas al día, a veces incluso las obligan a recibir a los hombres en el mismo piso donde viven y por lo tanto los pequeños 'estorban' a la red. Presionan a la mujer diciéndole que aquí no puede cuidar de su hijo, que se lo entregue y lo llevarán a tal país, donde tienen familias de acogida o una gran casa. La realidad es que estos niños acaban también en organizaciones de explotación infantil, porque las redes están interconectadas. A aquella mujer le explicamos que si no puede cuidar de su hija en este momento debe saber que existen una serie de recursos públicos a los que puede acceder. Si la red la está presionando para que entregue al bebé, al menos ahora sabe que no es la única salida, que hay otras.

¿Qué atención reciben de la Generalitat de Catalunya estos menores no acompañados?
Entran en el circuito de protección de DGAIA, que tiene una primera fase de urgencia en la que se les acoge 'de facto' en equipamientos básicos (alojamiento y manutención). En la segunda fase de les da plaza en un Centro residencial de acción educativa (CRAE), donde un equipo de profesionales les ayuda a elaborar un plan de trabajo en salud, formación, inserción laboral, lengua…  El problema es que cuando cumplen los 18, pese a que la Generalitat dispone de un departamento de apoyo a jóvenes extutelados, la bolsa de pisos a los que se les traslada es inferior a la demanda y las familias de acogida escasean. Hay un colapso, una lista de espera enorme. El principal problema del circuito de DGAIA es que le faltan recursos, no sólo para estos chicos sino también para los autóctonos. En último término es una cuestión de dinero.

La llegada de inmigración se ha reducido muchísimo con la crisis. ¿La llegada de menores no acompañados también?
Siguen llegando, aunque muchos menos. La información de que no hay trabajo, que la vida aquí es precaria, etcétera, les llega a los países de origen y muchos descartan venir. Y es cierto que algunas familias ya emigradas retornan, pero muy pocas, no se ha invertido la tendencia.

Alrededor de los menores no acompañados está el eterno debate del efecto llamada. Si los padres de estos menores creen que está garantizada una asistencia integral a su hijo, aunque sea básica, les animarán a emigrar solos, pese a los peligros de muerte, detención o explotación a los que les expondrá el viaje.
Aunque su situación aquí sea muy dura, aunque hubiera sido mucho peor su atención, o mucho mejor, hubieran emprendido igual el viaje porque en su país apenas podrían sobrevivir. Es por desesperación, para buscar alguna oportunidad. Si no ningún adolescente no se expone a perder la vida. Hace tiempo sí que había el bulo de que llegabas a Europa y la asistenta social te daba dinero y trabajo. Una parte de este bulo quizá sigue corriendo, pero mucho menos. Una migaja del trabajo que hacemos con los adolescentes de los centros de acogida es la relación con la familia de origen. Les ayudamos a contactar con sus padres y nosotros también hablamos con ellos, para que les llegue cuál es la realidad de su hijo aquí, para que no se creen expectativas ni imágenes idílicas. Pero no podemos obviar que las condiciones de vida aquí, por precarias que sean, son mejores que las de sus padres y de sus hermanos. Lamentablemente estarán mejor aquí, lejos, que en su hogar.

No podremos acogerlos a todos, ni sería bueno para el futuro de estos países.
No. No podemos acogerlos pero tampoco podemos impedir que sigan llegando. Es imparable. No se detendrá la tendencia hasta que no se den cambios profundos en los países de origen. Me parece éticamente deplorable que nos quejemos de la migración que llega cuando somos los países desarrollados los que estamos generando o consintiendo situaciones de pobreza y explotación en los países emisores. Hay una parte de responsabilidad que tiene que ver con las políticas económicas que hacemos. Y sabemos que detrás de muchas de las guerras está el comercio de diamantes o de petróleo, por ejemplo.

Según el informe Con techo y sin hogar, que Càritas emitió este diciembre, en Barcelona ciudad hay un 46% de familias que viven en habitaciones realquiladas. ¿Cómo es para un niño vivir en este contexto?
Fatídico. Debemos diferenciar entre los que viven realquilados pero en pisos dignos, en buenas condiciones, de los que habitan en espacios amontonados o con conflictos de convivencia entre las diferentes familias realquiladas. Éstos últimos tienden a sufrir problemas de salud, físicos o psíquicos, porque su precariedad vital puede ser angustiante. No pueden concentrarse ni estudiar; deben hacer los deberes en cualquier rincón porque el comedor y la habitación están ocupados o suena música a todo volumen; deben dormir o estudiar en la misma habituación donde su hermanito llora sin parar; llegan a adolescentes y no tienen nunca intimidad; sus padres mantienen relaciones sexuales en la misma habitación donde duermen los hijos, porque sólo disponen de ese espacio para todos… Dentro de estos domicilios a veces hay personas que sufren alcoholismo y esto genera discusiones o violencia entre adultos, que repercute en ellos. Y a veces, en especial cuando las madres no tienen red de apoyo y trabajan muchas horas, dejan los niños a cargo de quien haya en el piso, aunque no sean adultos de su plena confianza. Y esto abre la puerta a abusos sexuales y maltratos, claro.

¿Hay algún recurso público o privado que de una alternativa a las familias en esta situación?
Algunas entidades hemos generado una red de pisos de apoyo, dignos y con las condiciones de habitabilidad necesarias, que reciben la visita regular de una trabajadora social o un educador. Las propias familias realquiladas piden ayuda a asociaciones o a los servicios sociales, no se esconden. Otra cuestión es que haya los recursos para atenderlas. Las listas de espera son enormes y sin la documentación en regla no se puede acceder. Nosotros no exigimos este requisito, porque comprendemos que deja fuera precisamente a los más débiles. Les pedimos un plan de trabajo, eso sí, para que se comprometan a salir de su situación de vulnerabilidad.

Por un lado, Càritas y tantas otras entidades vaticinan un 2011 muy duro, con aún más saturación asistencial. Y por el otro lado, hace semanas que sólo oímos que las arcas públicas están vacías y se recortará un 10% el presupuesto del Gobierno catalán. Vaya conjunción.
Las demandas y las necesidades superarán en mucho los recursos disponibles. Las familias que ya estaban en situación de pobreza no saldrán de ella, porque no hay indicios de que el mercado laboral mejore este 2011. Y las que se mantenían medio, medio, gracias a la prestación por desempleo, caerán de nuevo en la pobreza. Es momento, pues, de crear el máximo de sinergias posibles entre entidades privadas y Administración. Los esfuerzos hay que ponerlos en acciones preventivas, en especial en la pequeña infancia (0-3 años) y los jóvenes, para los que no hay esperanza en este mercado laboral juvenil, con hasta un 60% de paro. Y menos para los indocumentados con poca formación, que para regularizarse necesitan una oferta laboral de un año a 40 horas semanales, algo muy, muy difícil hoy por hoy.

¿Algún colectivo prioritario?
Hay un sector de jóvenes de entre 19 y 30 años que son una bomba. Los incidentes de Salt los interpretamos como un síntoma de la pérdida de la esperanza de estos chicos. Si las familias los pueden sostener van trampeando, pero si no, aparece la impotencia, la rabia. El número de becas-salario para que se formen es del todo insuficiente. Y hacen falta mejores políticas de vivienda, porque es realmente indigno que haya tantos pisos vacíos y tantas familias en la calle. Pero no es momento de pelearnos entre entidades y Administración, al contrario, debemos caminar juntos y trabajar desde la complementariedad. Y los gastos superfluos reducirlos a la mínima expresión, eso está claro.

jueves, febrero 17

unidad didáctica "Derechos Humanos de las personas en movimiento: refugio , asilo e inmigración" Amnistía Internacional

From: <refugiados@madrid.es.amnesty.org> Date: 2011/2/17 Subject: "Derechos Humanos de las personas en movimiento: refugio , asilo e inmigración" To: refugiados@madrid.es.amnesty.org

Hola, Amnistia Internacional ha elaborado una Unidad Didactica "Derechos Humanos de las personas en movimiento: refugio, asilo e inmigración" que os adjuntamos en este correo
Contiene una guía para el profesorado y un anexo con actividades disponible en: www.actuaconamnistia.org/redescuelas.


Esperamos que os sea útil si la necesitais. Gracias y Saludos, Equipo de Refugiados e Inmigrantes Amnista Internacional Madrid www.madrid.es.amnesty.org

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006