jueves, octubre 30

Menores y Protección. ¿ Qué queremos decir realmente?


De nuevo es noticia el Centro Materno-Infantil del IAASIFA por los lamentables hechos ocurridos en su Unidad de Primera Acogida (UPA). Varios trabajadores y sindicatos denuncian que en el último mes se han producido varias agresiones al personal por algunos menores alojados en la misma, así como que las amenazas e insultos son constantes. Todos estos hechos, protagonizados por adolescentes, son ciertos sin duda, pero en estas noticias no se habla de los corresponsables últimos de lo ocurrido (de sus tutores y guardadores, dado que hablamos de menores desprotegidos), ni de las mentiras que se han dicho sobre este tema, o de lo que se ha ocultado sobre el mismo.

Pero, ¿cómo y por qué hemos llegado a esta situación, donde los menores son tambien víctimas?. Responder a esto me obliga a mirar al pasado. En el 2006 cuando la UPA se colapsó por vez primera, viviéndose experiencias más graves aún que las actuales, algunos diagnosticamos varios factores causales :

El sistema de protección no ofrecía suficientes plazas de Acogida Urgente y Observación, pues sólo existía la UPA del Materno (16 plazas). La Unidad se vio desbordada, saturada, llegando alojar a más de veinticuatro menores durante muchas semanas.

Los dispositivos y programas de 1ª acogida y los de acogimiento residencial (media y larga estancia) se mostraron inadecuados, ya lo habían hecho antes, para atender adecuadamente a adolescentes procedentes de ambientes muy pobres y con escasa formación (en octubre más del 80% del total). Más aún en aquellos casos asociados a experiencias de “vida en la calle” ( 40%), abandono institucional (más del 60%), falta de referentes familiares y sociales adecuados en los meses previos a la llegada (más del 70%). Ya no digo nada si además se consume disolvente y/o alcohol habitualmente (en torno a un 25-35%). Por otro lado se incrementó el número de chicos que realmente eran mayores de edad ( en torno al 10-15% del total).

Las diferencias idiomáticas y culturales (añadido en muchos casos un fuerte machismo) de muchos menores, las experiencias traumáticas de la migración (jugándose la vida bajo camiones, viendo cómo conocidos morían en el intento, perseguidos por las FSE, presionados por el medio social a migrar y “enriquecerse ya” , etc) añaden un plus que explica la dificultad para proteger a estos menores. Lo cual no debería justificar discursos de “más madera”, si no de más medios ( también de seguridad y de responsabilidad penal).

A finales de 2006, tras un primer momento de quitar importancia y no “saber qué hacer”, la Cª Bienestar Social (Dña Laura González) ejecuto de manera improvisada varias medidas:

  1. Reforzar los servicios de la Unidad ( Seguridad, Educativo y de Mediación ).Esto se realizo de forma erronea, pues desoyendo al personal , se aumentó la presión “demográfica” en lugar de reducirla (menor ratio de atención). Era el principio del fin, se tomaban medidas apresuradas a corto plazo sin pensar en nada más.

  2. Apertura de una nueva UPA (en el FUNDOMA) y reconvertir la del Materno , además de abrir una UPA para chicas y niños menores de 12 años(I. de Larrañaga). Pero el retraso en abrir la del FUNDOMA , la no-reconversión del Materno y la continua llegada de menores llevo en septiembre del 2007 a otra situación de colapso.

  3. Distribuir a menores por otros centros y recursos de la red de Protección a los menores. Creando un centro en Aviles ( Albéniz) y pisos en Gijón ( Hogar de S. Jose), un recurso especializado en drogas en Mieres (Proyecto Hombre) y ampliando el Prográma Icaro (insuficiente y de terribles efectos posteriores para los menores y su imagen pública).

  1. Es con la llegada en Julio de 2007 del nuevo equipo (Pilar R./Teresa O.) cuando llega el desastre, si bien en un primer momento (hasta finales de 2007) se tomaron decisiones acertadas y necesarias (un programa tras la mayoría de edad -; mejor coordinación , suspender Icaro, receptividad hacia los educadores, aliviar la situación de “Los Pilares”). A partir de aqui se comenten sucesivos errores (¿?) como:

A- Se cambia por “las malas” al equipo de mediadores ; B- Se “evita” ayudar a una asociación crítica pero con mucha experiencia con estos menores; C-Se retrasa la concesión de Tutela, gestión de documentos, solicitud de residencia, cursos de formacn profesional, prácticas en empresas, etc; D- Se segrega a los menores inmigrantes a centros privados específicos (doble red); F- Se criminaliza en la prensa -y con la inestimable ayuda de la Fiscalía de Menores -a algunos Menas, engañándolos y mandándolos a CIEs (¡gracias Sr. Trevín!)- ,G- se persigue con expedientes disciplinarios a los Educadores críticos, y sobre todo H-los centros y proyectos abiertos (Mieres, FUNDOMA, Albeniz, HSJ,...) van cerrando o no se renuevan , engañando a los ciudadanos con proyectos nunca realizados -refundación Materno (marzo-08), Plan de Infancia, acogimientos familiares y piso en Barredos (abril-08), pisos en Gijón/Roces (08), Centro en Meres (sep-08)-, I-se ignora las peticiones desesperadas para que se habiliten recursos especiales apropiados para los menores violentos, con toxicomanías, problemas psiquiatrícos, minorías étnicas, etc, y por último se permite que la UPA se deteriore y sature hasta extremos increíbles , se precariza al personal – y se descoloca a los chavales- con contratos de trabajo de seis meses (y vuelta a empezar).

Las terribles experiencias vividas en la UPA en estos dos últimos meses, no son desgraciadamente nuevas, pero si al menos en gran medida evitables. Los responsables, todos menores , tienen nombres y apellidos muchos de ellos terminaran en el CIM “Sograndio”, pero hay otros responsables -que ademas cobran- (Consejeras, Dña. Eva Sánchez, Fiscalía del Menor, D. Trevín Lombán, Observatorio de la Infancia, , Jefas de Sección, ...) aquellos que por acción u omisión permitieron el deterioro de las condiciones de alojamiento, de trabajo y de convivencia de las personas que están día a día y noche a noche en la UPA del Materno-Infantil.

Solo deseo que no se abra la veda a la xenofobia, que TODOS estos chicos NO paguen por lo que unos pocos menores realizaron y bastantes MAYORES no quisieron evitar.

En Gijón 27 de octubre de 2008

Luis Manuel Rodriguez. Educador Social

SOBRE LA DEPORTACION DE MENORES QUE PLANEA EL GOBIERNO ESPAÑOL Y SUS NEOCOLONIAS : MARRUECOS Y SENEGAL

19 October 2008

mohamed
Menor recién entrado a Melilla tras haber sufrido una expulsión ilegal.
Consecuencias: Un brazo roto y tres días intentando entrar a Melilla a la vista de todos, con el brazo roto y sin que nadie le atendiera.

http://www.nodo50.org/prodein/wp-content/uploads/2008/10/251.jpg
Menores entregados a las autoridades marroquíes en la frontera de Melilla y abandonados a su suerte en la misma frontra. El tiempo que tardaron en volver al centro de Melilla oscila entre uno y cinco días.
Los menores expulsados son abandonados a su suerte en la frontera de Beni Enzar. Las expulsiones afectan de una forma importante a su conducta e integración, tanto en la sociedad española como en la marroquí.

MARRUECOS ES INCAPAZ AL DIA DE HOY DE ATENDER A LOS MILES DE MENORES SIN FAMILIA QUE HAY EN SU TERRITORIO. ¿A QUE VIENE ACEPTAR A LOS MENORES QUE ESTAN SIENDO ATENDIDOS EN ESPAÑA?
¿DE CUANTO DINERO ESTAMOS HABLANDO EN ESTE NUEVO NEGOCIO?
Fuente; PRODEIN
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HUMAN RIGHTS WATCH:
España debe detener las repatriaciones y proporcionar asistencia letrada y otras garantías

(Bruselas, 17 de octubre de 2008) – El empeño de España por repatriar a los menores extranjeros no acompañados que llegan en el país de forma ilegal puede ponerles en situaciones de peligro, trato degradante y provocar su detención, señala Human Rights Watch en un informe hecho público hoy. El gobierno debe detener las repatriaciones hasta que no disponga de un procedimiento que garantice la integridad de los menores y, como medida inmediata, concederles el derecho a ser representados por un abogado independiente de la misma forma que los migrantes adultos según la ley española.

mas…

EL COMITE DE EMPRESA PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE PROTESTA

Los educadores piden a Infancia que tome medidas con urgencia.

La situación de la unidad de primera acogida del Centro Materno Infantil de Oviedo es bien conocida. Saturación, falta de recursos, ausencia de un plan de formación con los menores... Los educadores que se encargan de atender a los 26 residentes que ocupan a día de hoy las 16 plazas de la unidad salieron ayer a la calle, respaldados por el comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social, hartos ya de que sus reivindicaciones no sean atendidas.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la agresión a varios educadores en fechas recientes. Los profesionales que atienden a los menores, lejos de culpabilizarlos, responsabilizan a la Consejería de Bienestar Social de no haber tomado las medidas oportunas para favorecer la integración de estos adolescentes. Los trabajadores del centro indicaron ayer, en una concentración mantenida a las puertas del Materno Infantil, que la seguridad de los profesionales se ha deteriorado en el último mes. Este periódico pudo conocer que el Materno ha sufrido cerca de dos actuaciones policiales cada semana a lo largo de las cuatro últimas.

Belén Quiroga, presidenta del comité de empresa de Bienestar Social, subrayaba ayer que la concentración forma parte de una campaña de movilizaciones que tiene por objeto forzar a la Administración del Principado a tomar medidas. Quiroga criticó con dureza la falta de voluntad de la consejería por resolver una situación que se prolonga ya durante años. Los representantes de los trabajadores esperan que la protesta de ayer haga recapacitar a la Administración del Principado, responsable de la protección de los menores extranjeros no acompañados que residen en este centro. Los educadores, tal y como avanzó reiteradamente la Voz de Asturias, llevan años denunciando la falta de espacios, recursos y programas formativos en la unidad. Sirva como ejemplo de este fracaso que cerca del 40% de los menores que residen ahora en Sograndio pasaron en alguna ocasión por el Materno. Cinco de los 26 menores alojados en la unidad de primera acogida son además consumidores habituales de disolventes.

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Según el diario El Comercio:
«Los niños no tienen la culpa de nada», disculpó Belén Quiroga, presidenta del comité de empresa de la consejería de Bienestar Social.
«No, evidentemente, la culpa es del Principado, que los tiene hacinados para que avisen a los demás chavales de que no tienen que venir; es el Gobierno quien les niega ese futuro mejor que vinieron buscando», acusaba a su lado Luis , delegado independiente. La amenaza en todo caso no impidió que ayer el comité de empresa acordara que la concentración ante las puertas del albergue de acogida fuera el inicio de una campaña.

«Estamos hartos de la sobreocupación que desde hace tres años sufre en centro, que se concibió para acoger a 16 jóvenes y tiene todos los días entre 20 y 30», anunciaba Quiroga. Esas condiciones ponen en peligro a los trabajadores, que en el último mes sufrieron cinco agresiones. «El último chico fue denunciado ante el juez, pero sigue aquí, riéndose de los cuidadores».
Tras las cifras, están chavales «acostumbrados a vivir en la calle, a los que no podemos decir nada y que es verdad que no respetan la figura de la mujer y aquí todas lo somos».
Frente al problema, Bienestar ultima un proyecto para contar con una unidad en Tánger a la que devolver a los jóvenes marroquíes que desbordan el centro, tal y como avanzó este sábado EL COMERCIO. El Principado suscribió un acuerdo con el Gobierno central para recibir subsaharianos desde Canarias, pero se está encontrando con la llegada de marroquíes 'rebotados' de otras comunidades.
La solución, en todo caso, «la llevan practicando tres años en Cataluña y es un fraude, una forma de justificar repatriaciones forzadas que luego discuten hasta los jueces», advertía Luis María Rodríguez al final de la protesta, mientras la zapatilla lanzada una hora antes seguía abandonada en la calle.

Fuente:La vozdeasturias(JPZ) / Elcomercio(RM). (Foto:Jesus Díaz)

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006