jueves, enero 29

Canarias quiere devolver al Estado la competencia sobre niños 'sin papeles' T

Canarias quiere devolver al Estado la competencia sobre niñ¯³ 'sin papeles'

/ J. NARANJO - Madrid / Las Palmas - 29/01/2009

El Parlamento de Canarias debatirá ¨Hoy una comunicación del Gobierno autón­omo por la que é³´e pretende endosar al Estado la tutela de los menores inmigrantes indocumentados que llegan a las islas en pateras (actualmente hay unos 1.400 en las islas).El Parlamento de Canarias debatirá ¨hoy una comunicació® ¤el Gobierno nomo por la que pretende endosar al Estado la tutela de los menores inmigrantes indocumentados que llegan a las islas en pateras (actualmente hay unos 1.400 en las islas). La petició® ¤el Ejecutivo, integrado por (CC) y el PP, supone la renuncia a una de las competencias que le atribuye el Estatuto de Canarias. Es la primera vez que una comunidad que intenta devolver una de sus atribuciones al Estado.

Para lograr su objetivo, el Gobierno regional, presidido por Paulino Rivero (CC), plantea una modificación en el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería que será debatido por las Cortes . Su estrategia consiste en establecer una diferencia legal entre los menores residentes en el archipiélago bajo proteccióna (generalmente españ¯¬¥s) y los menores extranjeros no acompañados (todos ellos inmigrantes) (¿¿¿¿????).

La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, lo explica asíº " A problemas distintos, soluciones diferentes. Los menores inmigrantes deben tener un estatuto diferenciado y creemos que el marco adecuado es la Ley de Extranjerí¡¢. La comunicació® ±ue discutirá ¨hoy el Parlamento intenta que el Estado asuma la tutela de los muchachos extranjeros, pero que su guardia y custodia queden en manos de las comunidades. Para justificar la polémica medida, el Gobierno de Paulino Rivero argumenta que los recursos de acogida para los inmigrantes está® desbordados tras la llegada de cayucos. Tambié® señ¡¬¡ que ha fracasado reiteradamente en sus intentos para que el Estado se encargue de repartir a los menores por otras comunidades.

No menciona, en cambio, que hace dos años el Gobierno central logró trasladar a 510 niños extranjeros a la Península, y tampoco hace referencia a que en los dos últimos años ha entregado al Ejecutivo canario un total de 19 millones de euros para mantener a los muchachos acogidos en las islas. Asimismo, no explica que el impedimento para que se produzcan más traslados es el rechazo de muchas autonomías (en su mayoría gobernadas por el PP, socio de Rivero en el Ejecutivo de las islas) a hacerse cargo de ellos.A juicio del Gobierno canario, la asunció® ¤e la tutela legal por el Estado supondrí¡ que el Gobierno central tendrí¡ en sus manos la decisió® ¤e enviar a los menores a las comunidades que quisiera. Aunque, precisa, "todo ello en el marco de una polí´©ca global de cooperación entre las Administraciones". Pero el planteamiento del Ejecutivo de las islas implica la renuncia a una de las atribuciones recogidas en el Estatuto de Autonomía cuyo artí£µlo 30.14 : "La Comunidad Canarias, de acuerdo con las normas del presente Estatuto, tiene competencia en las siguientes materias: (...) Instituciones p?as de protección y tutela de menores de conformidad con la legislación civil, penal y penitenciaria del Estado". Y esa renuncia evidencia, en opinió® ¤e algunas ONG, un fracaso en la gestió® ¤el problema. Un alto cargo de la Administració® £entral ilustraba la situació® £on el siguiente ejemplo: "Es como si la Generalitat de Cataluñ¡ ²enunciara a las atribuciones de orden p?o porque se ve incapaz de afrontar una ola de delincuencia".A pesar de ello, los dos socios del Gobierno canario, CC y PP, está® de acuerdo en esa iniciativa. De hecho, el portavoz de Inmigració® ¤el PP canario, Carlos Esther, aseguró ¡¹er que "es lo mejor para los propios menores porque ya son muchos y estamos desbordados. Si el Estado asume la tutela y los reparte por Españ¡ ´endrá® má³ posibilidades para integrarse".Por el contrario, los socialistas ya han anticipado su rechazo a la medida, que consideran "moralmente ominosa y detestable". El presidente de los socialistas canarios, Juan Fernando L. Aguilar, afirma que "a este Gobierno pseudosoberanista sólo le interesa lo que huele a negocio. En cuanto a la gente que sufre, su respuesta es siempre la misma: 'Zapatero, llévátelos".En la actualidad, en Canarias hay unos 1.400 menores inmigrant
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Canarias quiere devolver al Estado la competencia sobre niños Solos.


Canarias quiere devolver al Estado la competencia sobre niñós 'sin papeles'

Es la primera comunidad que pretende renunciar a una de sus atribuciones
T. B?BULO / J. NARANJO - Madrid / Las Palmas - 29/01/2009

El Parlamento de Canarias debatirá ¨oy una comunicació® ¤el Gobierno aut󮯭o por la que é³´e pretende endosar al Estado la tutela de los menores inmigrantes indocumentados que llegan a las islas en pateras (actualmente hay unos 1.400 en las islas).

El Parlamento de Canarias debatirá ¨oy una comunicació® ¤el Gobierno aut󮯭o por la que é³´e pretende endosar al Estado la tutela de los menores inmigrantes indocumentados que llegan a las islas en pateras (actualmente hay unos 1.400 en las islas). La petició® ¤el Ejecutivo, integrado por Coalició® ƒanaria (CC) y el PP, supone la renuncia a una de las competencias que le atribuye el Estatuto de Canarias. Es la primera vez que una comunidad aut󮯭a intenta devolver una de sus atribuciones al Estado, seg? confirmado el Ministerio de Administraciones P?as.

Para lograr su objetivo, el Gobierno regional, presidido por Paulino Rivero (CC), plantea una modificació® ¥n el proyecto de reforma de la Ley de Extranjerí¡¬ que será ¤ebatido por las Cortes en los pr󸩭os meses. Su estrategia consiste en establecer una diferencia legal entre los menores residentes en el archipi鬡go bajo protecció® °?a (generalmente españ¯¬¥s) y los menores extranjeros no acompañ¡¤¯s (todos ellos inmigrantes).

La consejera de Bienestar Social, Iné³ Rojas, lo explica asíº "A problemas distintos, soluciones diferentes. Los menores inmigrantes deben tener un estatuto diferenciado y creemos que el marco adecuado es la Ley de Extranjerí¡¢. La comunicació® ±ue discutirá ¨oy el Parlamento intenta que el Estado asuma la tutela de los muchachos extranjeros, pero que su guardia y custodia queden en manos de las comunidades aut󮯭as.

Para justificar la polé­©ca medida, el Gobierno de Paulino Rivero argumenta que los recursos de acogida para los inmigrantes está® desbordados tras la llegada de cayucos en los ?os tres añ¯³® Tambié® señ¡¬¡ que ha fracasado reiteradamente en sus intentos para que el Estado se encargue de repartir a los menores por otras comunidades.

No menciona, en cambio, que hace dos añ¯³ el Gobierno central logró ´²asladar a 510 niñ¯³ extranjeros a la Pení®³ula, y tampoco hace referencia a que en los dos ?os añ¯³ ha entregado al Ejecutivo canario un total de 19 millones de euros para mantener a los muchachos acogidos en las islas. Asimismo, no explica que el impedimento para que se produzcan má³ traslados es el rechazo de muchas autonomí¡³ (en su mayorí¡ gobernadas por el PP, socio de Rivero en el Ejecutivo de las islas) a hacerse cargo de ellos.

A juicio del Gobierno canario, la asunció® ¤e la tutela legal por el Estado supondrí¡ que el Gobierno central tendrí¡ en sus manos la decisió® ¤e enviar a los menores a las comunidades que quisiera. Aunque, precisa, "todo ello en el marco de una polí´©ca global de cooperació® ¥ntre las Administraciones".

Pero el planteamiento del Ejecutivo de las islas implica la renuncia a una de las atribuciones recogidas en el Estatuto de Autonomí¡¬ cuyo artí£µlo 30.14 señ¡¬¡: "La Comunidad Aut󮯭a de Canarias, de acuerdo con las normas del presente Estatuto, tiene competencia en las siguientes materias: (...) Instituciones p?as de protecció® ¹ tutela de menores de conformidad con la legislació® £ivil, penal y penitenciaria del Estado". Y esa renuncia evidencia, en opinió® ¤e algunas ONG, un fracaso en la gestió® ¤el problema. Un alto cargo de la Administració® £entral ilustraba la situació® £on el siguiente ejemplo: "Es como si la Generalitat de Cataluñ¡ ²enunciara a las atribuciones de orden p?o porque se ve incapaz de afrontar una ola de delincuencia".

A pesar de ello, los dos socios del Gobierno canario, CC y PP, está® de acuerdo en esa iniciativa. De hecho, el portavoz de Inmigració® ¤el PP canario, Carlos Esther, aseguró ¡¹er que "es lo mejor para los propios menores porque ya son muchos y estamos desbordados. Si el Estado asume la tutela y los reparte por Españ¡ ´endrá® má³ posibilidades para integrarse".

Por el contrario, los socialistas ya han anticipado su rechazo a la medida, que consideran "moralmente ominosa y detestable". El presidente de los socialistas canarios, Juan Fernando L󰥺 Aguilar, afirma que "a este Gobierno pseudosoberanista só¬¯ le interesa lo que huele a negocio. En cuanto a la gente que sufre, su respuesta es siempre la misma: 'Zapatero, ll鶡telos".

En la actualidad, en Canarias hay unos 1.400 menores inmigrantes.

miércoles, enero 28

¡¡ Ustedes tambien son Responsables !!







Piden 2 años de internamiento para dos menores acusados de violación

Según la víctima, fue contratada para realizar un servicio sexual a un joven a quien acompañó a su domicilio, y allí fue obligada a mantener relaciones con varios chicos más que se encontraban en la vivienda


martes, enero 27

Andalucía Acoge apoya a la Junta pues "no ve lógico" acoger a menores procedentes de Canarias ante riesgo de saturación

EuropaPress, lunes, 26 de enero de 2009 (15:37)
SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
El presidente de la asociación Andalucía Acoge, Angel Madero, apoyó hoy la decisión adoptada por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de no acoger a Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) procedentes de las Islas Canarias ante el riesgo de "saturación" de los centros existentes en la región andaluza.
En declaraciones a Europa Press, Madero consideró hoy que la gestión de la atención de los más de 1.500 Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que han llegado de forma "constante" a las Islas Canarias no se soluciona con el traslado de éstos a otras comunidades autónomas, tal y como solicitó el Cabildo del archipiélago a los gobiernos de las distintas regiones españolas en virtud de un acuerdo entre el Estado y Canarias ante la situación de "emergencia" en la que se encuentran por la falta de espacios adecuados para la acogida.
Según explicó, las islas están acostumbradas a recibir a mucha gente, como es el caso de los turistas, por lo que indicó que esta cifra de menores no es tan elevada y que la gestión de los mismos puede llevarse a cabo con un sistema de protección adecuado en el archipiélago.
Sobre este aspecto, destacó que el trabajo con menores inmigrantes que se desarrolla en Andalucía es "muy positivo", por lo que el Gobierno canario debería "tomar nota" de los trabajos que sobre esta materia se están realizando.
En cuanto al reparto de estos menores a otras comunidades autónomas, el presidente aclaró que "no es lógico" que Andalucía acoja a parte de estos niños porque la región es una puerta de llegada de inmigrantes y esto saturaría la actual situación, ya que la comunidad acoge en la actualidad a un total de 903 menores no acompañados y se encuentra "al límite" de su capacidad.
Asimismo, aseguró que algunos políticos canarios están utilizando esta situación como "arma" política, algo que "no se debe hacer", y que "están diciendo que se rebajen los derechos de los menores inmigrantes sólo por el hecho de ser inmigrantes".
Por ello, Madero aseguró que se debe modernizar el actual sistema de protección de estos menores y hacer un estudio sobre la situación en la que éstos viven en las diferentes regiones españolas. Así, recordó que hace diez años este hecho no se vivía en España y que ahora "hay que adecuarse a los nuevos tiempos y no decir que no se puede atender a estos jóvenes porque son muchos".
Por su parte, la directora general de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Carmen Belinchón, quien se reunió en Santa Cruz de Tenerife, junto con los responsables de las CCAA de España --excepto Ceuta, Melilla, Cantabria, La Rioja, Asturias, Madrid y Galicia-- con su homóloga en Canarias, Inés Rojas, indicó el pasado día 23 que Andalucía "no puede permitirse trasladar a sus centros de protección menores extranjeros acogidos en Canarias, porque éstos se encuentran saturados en la actualidad".
COOPERACION DE LA JUNTA CON CANARIAS
No obstante, Belinchón aseguró que la comunidad andaluza se ha comprometido a poner a disposición del Gobierno de Canarias los instrumentos de información e identificación con los que trabaja actualmente y que ha desarrollado a lo largo de su experiencia en la gestión de flujos migratorios de menores no acompañados, y que también compartirá la experiencia que viene desarrollando con Marruecos a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional en políticas de prevención y atención a la infancia.
En este sentido, la directora general indicó que "afortunadamente, ha disminuido en los últimos tiempos la llegada en patera de menores inmigrantes no acompañados, fundamentalmente de Marruecos, a Andalucía", por lo que, aunque saturados, los dispositivos de protección de la comunidad "no se encuentran en situación de emergencia como en años anteriores".
No obstante, mostró su "preocupación" porque, a pesar de este dato positivo, los menores inmigrantes "siguen arriesgando su vida y llegando a la región de manera constante en los bajos de los camiones que cruzan la frontera y entran en el Puerto de Algeciras", situación que la Junta de Andalucía "estudia como corregir en estos momentos".





http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=108735





El PP, en desacuerdo con la decisión de Asturias de suspender el acogimiento de menores procedentes de Canarias

Oviedo/Santa Cruz De Tenerife, Europa Press

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Inmaculada González, mostró hoy su "total desacuerdo" con la decisión de la consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de suspender temporalmente el acogimiento de menores extranjeros no acompañados trasladados desde Canarias hasta cerrar el proceso de reorganización en el que está inmersa la red de centros de acogida en Asturias.

A juicio de Inmaculada González, detrás de esa decisión se oculta la "continua improvisación" del Gobierno asturiano en materia de cuestiones sociales. De hecho, señaló que el viernes hubo una reunión en Canarias sobre este asunto, a la que Asturias "ni siquiera acudió".

A día de hoy, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda depende de IU-BA-Verdes desde finales noviembre, tras el pacto de Gobierno entre PSOE y la coalición. En declaraciones a Europa Press, Inmaculada González recordó que en la pasada legislatura, la consejera en aquel momento, también de IU, Laura González, dijo que se ponía "a la cabeza del pelotón" para acoger menores. "Ahora hemos pasado a no ir ni a las reuniones", señaló.

"El problema de los menores no acompañados no sólo es una cuestión de Canarias, ha de ser de todos", según Inmaculada González, quien dijo que por la Consejería de Bienestar Social de Asturias han pasado en año y medio cuatro consejeras distintas, cada una con su proyecto. A lo largo de estos años las cosas "no se han hecho bien", según Inmaculada González, que lamentó que aún no exista plan de infancia.

Para el PP, el asunto de los menores no acompañados es uno más de los asuntos de Bienestar Social que se están "dilatando" en el tiempo, una situación que se "agrava" con el continuo cambio de equipos. "Están desbordados por el problema, lo fueron dejando crecer, y ahora no saben qué hacer", dijo.

Inmaculada González recordó a los responsables de la Consejería que ya existe un reglamento de centros de menores en el Principado, con una figura que podría aplicarse a estos niños procedentes de Canarias. "A cada problema hay que darle las soluciones que necesitan, y esos chicos necesitan apoyos, pero también alguna medida coercitiva", explicó.

Por último, Inmaculada González cargó contra el Ejecutivo regional por la tardanza en conceder subvenciones a entidades con las que existen conciertos para esas actividades. "No se aprobaron hasta finales del año, mientras las entidades tuvieron que adelantar dinero", concluyó.

Asturias pide dos meses para reorganizar la acogida de menores

27/01/2009 EUROPA PRESS 

La consejera Noemí Martín.

La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, explicó en el día de ayer que pidió al Gobierno de Canarias un margen de al menos dos meses para poder establecer el número de plazas concretas para acoger menores no acompañados procedentes de las islas. Así lo manifestó la consejera en unas declaraciones concedidas a la Cadena SER aludiendo a su decisión de suspender temporalmente ese acogimiento de menores enviados desde Canarias.

En relación a la encuentro del viernes, cuando el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, se reunió con representantes de la Administración central y de otras comunidades autónomas para pedir ayuda ante la situación de desbordamiento que sufren los centros de acogida en las islas, Noemí Martín señaló que no asistió nadie del Principado por cuestiones de agenda, por una serie de compromisos previos. Para Martín el objetivo es acoger a los menores "en condiciones lo mejores posibles para poder atenderlos bien".

"Hoy por hoy, no estamos en condiciones de valorar cuántos podemos traer", señaló la consejera Noemí Martín, pero explicó que su departamento no mirará para otro lado y tiene el compromiso de acoger a menores procedente de Canarias. El Principado de Asturias ha recibido hasta la fecha un total de 26 menores no acompañados procedentes de Canarias entre 2006 y 2008.

lunes, enero 26

Denuncian las Condiciones de un Centro de Menores



Privación de libertad, aislamiento o absentismo escolar. Un grupo de educadores asturianos ha denunciado ante el Defensor del Pueblo las condiciones de los menores acogidos en el centro de Miraflores en Noreña, dependiente de la Consejería de Bienestar Social.

El escrito remitido al Defensor del Pueblo subraya que el centro aplica un "régimen especial" a algunos menores, se los aloja en un modulo diferente del resto y les priva del contacto con los demás por un periodo máximo de siete días. Durante este tiempo, según consta en la denuncia, los menores no reciben clases de ningún tipo, las comunicaciones les son restringidas y los adolescentes no pueden dejar el centro . En algunos casos, además los menores pueden ser separados del grupo en sus habitaciones o en espacios adaptados con material antivandálico hasta un máximo de 24 horas. Durante todo este periodo, salvo excepciones, no hay control judicial.

Transcribimos contenido de la queja que estos profesionales han interpuesto en la oficina del Defensor del Pueblo.


HECHOS:

1. Se aplica a algunos menores un RÉGIMEN ESPECIAL, alojándoles en un modulo diferente del resto de menores, separándoles del resto de menores del Centro durante un periodo máximo de 7 (siete) días, siendo normal que lo agoten. Durante estos días no reciben clases de tipo alguno (a algunos menores se les traen los deberes); las comunicaciones están limitadas; no salen del Centro (si de la unidad, pero sin tener relación con el resto de menores). Tras esos días, si todo va bien, pueden salir del Centro pero en compañía de un educador, y posteriormente (a partir de la tercera semana) solos. En algunos casos además pueden ser separados de grupo ("camarillas", art. 13 ) en sus habitaciones o en otra adaptada construida con material antivandálico, hasta un máximo de 24 horas. Por supuesto, salvo excepciones, no hay control JUDICIAL (nos referimos al especial que hay en un centro penal de menores).


2. Este tipo de centros están regulados por el Decreto 48/2003, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre normas de régimen interior de centros de alojamiento de menores. En especial el Capitulo 2-Unidades de Régimen Especial.

3. El art. 12, así como la 12.4 dicen que:" 4. En ningún caso las condiciones de los menores usuarios de las unidades de alojamiento de menores de régimen especial serán más restrictivas y negativas que las de los menores internos en centros de responsabilidad penal de menores destinados al cumplimiento de medidas privativas de libertad.", lo que a nuestro juicio, entre otras cosas, se incumple pues en el CIM "Sograndio" de Asturias de responsabilidad penal esta medida no se aplica al ingreso.

4. Además en ningún articulo del Decreto 48 establece que se podrá prohibir las salidas del CIJ "Miraflores" hasta 7 dias. Si dice acompañado, precepto que NO SE CUMPLE.

5.El Régimen Especial en el CIJ "Miraflores" se aplica en los siguientes casos:

- Ingreso. Como proceso de observación en la fase inicial.( de forma diferente a como dice el decreto).

- Sanción ante fugas.
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La Consejería de Bienestar Social se mostró dolida por las críticas. Bienestar subrayó que el centro de Miraflores tiene la tipificación de "régimen especial" y avanzó que cumple estrictamente la legislación vigente. El centro está destinado, según la Administración, a menores de más de 12 años con comportamientos de riesgo para ellos mismos o para los demás que, por lo tanto, no pueden ser atendidos en los centros de menores convencionales. Bienestar indicó que el centro, de 18 plazas, cuenta con una plantilla de 36 técnicos y 16 educadores y matizó que el ingreso es siempre temporal hasta reconducir las conductas de agresividad que motivaron el acogimiento. La Consejería de Bienestar se mostró absolutamente convencida de que el Defensor del Pueblo no tomará en consideración la queja por carecer de fundamento. La Administración autonómica concluyó, por último, que denuncias como las formuladas ahora dañan innecesariamente la loable labor de los educadores y generan una alarma social absolutamente injustificada.

FUENTES:
http://www.centrosdemenores.com/
http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=471548
http://educacionxocial.blogspot.com/

Asturias suspende el acogimiento a menores extranjeros llegados de Canarias

El Principado ha decidido suspender el acogimiento de menores extranjeros no acompañados trasladados desde Canarias. Y no lo hará hasta cerrar el proceso de reorganización en el que está inmersa la red de centros de acogida de la región. Es decir, hasta que no solucione la sobreocupación del Materno Infantil, contra la que los trabajadores volverán a manifestarse el próximo 4 de febrero.
Tras no asistir a la reunión celebrada el pasado viernes en Canarias -en la que las comunidades asistentes se comprometieron a colaborar con el archipiélago para el traslado de menores extranjeros no acompañados-, fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda explicaron la ausencia al encuentro en la negativa a asumir más menores inmigrantes.
Las mismas fuentes indicaron que dada la situación existente en Asturias con sobre ocupación de la red actual, basada en las 16 plazas del Materno, lo primero que hay que hacer es «estudiar los recursos para saber dentro de un tiempo qué capacidad hay de acoger más niños».
Desde la consejería se insistió en que el Principado «siempre ha sido muy solidario» y que Asturias fue la primera comunidad autónoma que respondió al llamamiento de Canarias acogiendo en 2006 el primer cupo de menores. Así, han pasado por la región más de 110.
En estos momentos, el equipo de Infancia prepara una nueva unidad en el Fundoma, de 12 plazas, así como un área de espera, de 10 plazas más. A ellas se sumará un centro para menores toxicómanos.

http://www.elcomerciodigital.com/oviedo/20090126/asturias/principado-suspende-acogimiento-menores-20090126.html

miércoles, enero 21

Críticas a la atención de Menores Solos

Oviedo.- La diputada regional del PP Inmaculada González ha pedido hoy a la Consejería de Bienestar Social que aquellas medidas que ponga en marcha para tratar el problema de los jóvenes inmigrantes en el Principado se realicen en coordinación con la Fiscalía de Menores.

(EFE)

La diputada del PP Inmaculada González. EFE/Archivo

Inmaculada González ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha anunciado la petición de comparecencia en la Junta General del Principado de la directora de Infancia, Gloria Fernández, para que explique la política de su departamento que, a su juicio, es "un desastre".

Para la responsable de estas políticas en el PP, es "preocupante la situación de este colectivo que no se atendió correctamente cuando se empezó a producir este fenómeno hace tres años y ahora el Principado está desbordado con un grupo poco numeroso de estos chicos que presentan problemáticas de drogodependencia y agresividad", ha subrayado.

Por ello, ha insistido en que no se tome "ninguna medida" hacia este colectivo "de espaldas" a la Fiscalía de Menores y ha abogado por conseguir "una perfecta coordinación" con esta institución.

La diputada del PP ha exigido a la Consejería la elaboración de "un programa que contemple medidas educativas, culturales y de integración pero que también contenga alguna de carácter coercitivo".

Para González, no se pueden "poner parches" a la política de atención a estos menores sobre todo ante "una situación que está desbordada, con actuaciones policiales que han generado una alarma social y una preocupación para los trabajadores y el resto de la sociedad, sobre todo para los vecinos de la zona".

En esta rueda de prensa también ha participado la diputada del PP Elma Alonso, que ha asegurado que la Consejería está "vulnerando la Ley de Protección del Menor y la Convención de los Derechos del Niño al carecer estos jóvenes de tutela jurídica y por no cumplirse hacia ellos los trámites legales y documentales".

"Estos menores están en un limbo y pueden llegar a la mayoría de edad sin formación, sin habilidades sociales, sin autorización de residencia y viviendo en la calle", ha recalcado.

Por ello, pide a la Consejería que realice un plan en el que se incluyan las plazas y presupuesto necesario para dotar de personal suficiente a esta unidad de acogida y que se hagan pruebas físicas y psicológicas para conocer la edad real de estos menores.

"Tienen que recibir una asistencia jurídica eficaz y suficiente para asegurar que todo el proceso se está haciendo en interés del menor", ha indicado.

Alonso también ha pedido que se realice una política "coordinada" con otras comunidades autónomas para la elaboración de un fichero en el que se contengan los nombres y edades de estos jóvenes que van de una región a otra "sin control".

Por otra parte, Inmaculada González ha criticado las políticas del Principado en relación al funcionamiento de la unidad de menores del Materno-Infantil.

En este sentido, ha criticado a la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, por asegurar que hace falta una intervención inmediata para resolver los problemas que afectan a esta unidad cuando en 2004 ya gobernaba este departamento Gloria Fernández.

Por último, Inmaculada González ha rechazado que la Consejería pueda tomar nuevas medidas en política de infancia ya que desde el año 2007 "no se ha movido un duro" del presupuesto del Principado hacia este departamento.

Fuente: Soitu

"Nos sentimos esclavos" (ASTURIAS)



El día histórico que un negro llega a ser presidente de los Estados Unidos de América, las caras de un grupo de senegaleses que acaban de perder su trabajo denotan impotencia e inquietud pese a llevar meses "sintiéndose esclavos". Forman parte del grupo de trabajadores que tenía una empresa de cubos de basura en Oviedo, cuyos tres responsables fueron detenidos por la Policía en la ´operación express´ la semana pasada y que están en libertad con cargos acusados de presuntos delitos contra el derecho de los trabajadores y falsificación documental. FJ.G.A, de 35 años con domicilio en Oviedo; SJ.O.A. de 38 años natural de La Coruña y domiciliado en Oviedo y A.F.M., de 27 años, natural de Oviedo y domicilio en Grado están imputados por usar a extranjeros sin papeles con identidades usurpadas. Todo se descubrió al morir uno de los empleados el pasado 6 de diciembre.

Los que hasta ahora trabajaron a sus órdenes --que prefieren quedar en el anonimato-- aseguran que tenían la sensación de ser "menos que un animal" ya que "te gritan y no podías hacer nada porque ellos decían: a la calle!".

Todos empezaron a trabajar por el boca a boca, aunque no sean familia "cuando uno necesita trabajo entre todos nos ayudamos". Se enteraron de que había trabajo en Cubo Express. "Nos cogen el nombre y el número de teléfono, cuando llegas ellos te dan un nombre, no hay que firmar nada y directamente te mandan al camión a poner cubos sin que nadie te diga como funciona", explican. El joven fallecido cayó del camión en marcha. Estuvo 15 meses en coma. La empresa no se interesó por él en ningún momento.

Con el trabajo empieza también su condena. Tal como la Policía Nacional había señalado en su investigación, no tienen vacaciones, un sueldo fijo independientemente de las horas que trabajasen, sin nómina y sin pagas extraordinarias. De hecho, cualquier contratiempo les suponía una sanción de 50 euros. Así, por ejemplo, "dos días en casa por estar enfermo de gripe te quitaban 100 euros", dicen. Además de colocar los cubos, en algunos edificios también tiene esta empresa contratada la bajada de la basura, pero perder una llave "porque el bolsillo de la ropa de trabajo estaba roto", explican, también costó otros 50 euros. Esta misma cantidad también fue descontada por avisar a las tres de la madrugada a un encargado de que un chófer no había pasado a recoger a un empleado y al que preguntaba qué hacía. "Descontó 50 euros por despertarle", indican.

Los sueldos oscilaban entre los 360 euros, 650 y 950 euros según los turnos, con una franja que va desde las 19 horas a las 6.15 horas de la madrugada. El más alto hacía todos los turnos seguidos hasta recoger de nuevo todos los cubos. Sin embargo, estos horarios afirman que son orientativos "porque antes de la hora te mandaban estar allí para lavar los camiones, limpiar la nave y lo que fuera. Vale, el trabajo no nos asusta pero todas esas horas no las pagaban", dicen.

"El empresario es el rey, sabe que no puedes decir nada porque no tienes papeles y que necesitas el dinero para sobrevivir", añaden. "A los españoles no lo hacen porque saben defenderse", dicen. "Sabemos que nos están explotando pero aceptamos las condiciones porque tenemos que pagar el piso, la comida y mandar dinero a la familia en Africa", dicen. "No podemos ir a la venta ambulante porque tenemos orden de expulsión, no queremos robar ni pedir dinero en la calle ni vender droga pero no podemos trabajar, qué hacemos?", se preguntan. Estos días reciben el asesoramiento y "apoyo moral" del colectivo Asturias Acoge "porque pensamientos negativos pasan por la cabeza", admiten.

FUENTE: La Voz de Asturias

martes, enero 20

Demonización de los MNAs

El Gobierno de Canarias y sus secuaces estan haciendo todo lo posible para demonizar a los migrantes indocumentados y señalarles como culpables de las miserias del pueblo trabajador. No hay más que ver la publicidad que se hace en los medios de "desinformación" que ellos mismos regentan (La Gaceta de Canarias, El Dia...).
Ahora estan lloriqueandole al gobierno central para que les den más dinero (si, al menos, gestionaran bien el que hay, en vez de robar como cosacos...).
Y venga a forzar situaciones tensas para cabrear al personal; que los menores no son violentos, es más, tienen un esuqema de valores " a la africana", mediante el cual una persona mayor ha de ser respetada. Pero cuando recibes ostias por todos lados, te dan mierda para comer, te ponen a ex-militares de director de centro, a sádicos maltratadores de cuidador, y te privan de libertad; creo que a cualquiera se le rebasaría el límite de lo admisible.

En Tegueste hubo un motín el fin de semana pasado. Motín alimentado por un director incompetente y mal compañero de siempre; un sujeto egoísta y cagón que, como es un racista, teme a los chicos (ante su ignorancia antepone la violencia).
¿Cómo se sentirían ustedes, viviendo meses en un lugar donde les insultaran, les maltrataran, les hicieran malas pasadas por gusto?
Los militares no deben estar en las escuelas, ni en los centros de menores abandonados. Me guardo lo que pienso sobre lo que deberían hacer, por no ser soez. Pero con responsabilidades pedagógicas, jamás.
Les va muy bién a la clase política y empresarial del sector social que se estigmatice a los MENAs, así reciben más dinerito para seguridad, subvenciones que no tardarán en lapidar en sus sucios negocios y vicios diversos.

¡Es una vergüenza!

Deberían hacer un parque de atracciones sobre los centros de menores de la Asociación In_solidaria Mundo Nuevo y sobre los centros de internamiento, para que la población supiera lo que puede llegar a ser EL MEJOR TÚNEL DE LOS HORRORES jamás inventado (después de Auschbitz)

Al Tubab

P.D. Algunas evidencias de la manipulación en:

Canarias pide a Interior abrir Las Canteras para los menores

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009010800_9_191927__Sociedad-Canarias-pide-Interior-abrir-Canteras-para-menores

Bienestar Social insta al traslado "urgente" de menores inmigrantes
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/248737/

Fuente: Asociación InsolidariaNuevoMundo

¡¡¡ Esperanza !!!

Magnífico documental de ROSA MAREIKE WIEMANN que nos muestra la situación de los menores que cumplen la mayoría de edad en Melilla.


lunes, enero 19

El Defensor del Pueblo investiga los Centros de Menores de Régimen Especial

Peligrosos y en peligro

El defensor del pueblo investiga a centros de menores | Una institución de la fundación O'Belén en Paracuellos del Jarama, en entredicho tras un suicidio

Exterior de la residencia infantil Picón del Jarama, en Madrid.

Sylvain Cherkaoui ADN

Es el último recurso para menores con trastornos de comportamiento agudos. Los que llegan al Picón del Jarama, un centro terapéutico de la Comunidad en Paracuellos del Jarama, son chicos de entre 12 y 18 años altamente impulsivos y agresivos. En ocasiones, incluso con ellos mismos.

Un suicidio y otros dos intentos en El Picón -gestionado por la fundación O'Belén- han llevado al Defensor del Pueblo a abrir una investigación sobre los métodos que se emplean en estos centros públicos. Las conclusiones del estudio, extendido a 30 instituciones más de España, serán presentadas en el Congreso a finales de mes, según el Defensor del Pueblo. "Nos ha descubierto una realidad horrorosa y El Picón es un verdadero infierno", aseguran.

El 2 de diciembre, Hamid Amrami, de 12 años, aparecía ahorcado en su habitación con el cinturón de un albornoz. Había ingresado dos semanas antes. Apenas 15 días después, un guarda del centro rescataba a David, español de 17 años, de un intento de ahorcamiento. Le salvó la vida practicándole el boca aboca. "Un tercer menor se tragó unas llaves y un lapicero para autolesionarse", dicen desde el Defensor del Pueblo, que cree que puede haber responsabilidad de la Administración a la hora de preservarla integridad de los jóvenes.

Dos de los métodos suscitan recelos: las salas de baja estimulación -"aislamiento puro y duro"- y las contenciones físicas. "Nos lo hemos encontrado mucho. Son medidas excepcionales, pero se aplican de forma habitual", explican los responsables del estudio. "Es todo domesticación y sometimiento. Todos está medicados, pero pocos han visto al psiquiatra", señala Teresa, trabajadora social con 20 años de experiencia.

Los jóvenes -tutelados o con medidas de guardia- presentan unos patrones de conducta basados en la violencia, según la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. "Acaba de llegar un chico que metió a su hermano, un bebé, en agua hirviendo". Las paredes de El Picón están acolchadas, el mobiliario está anclado al suelo y no hay cortinas u objetos metálicos. "Pero en cualquier momento se pueden lesionar a sí mismos o al resto de chicos".

“MEDICACIÓN SIN PRESCRIPCIÓN SANITARIA, AISLAMIENTO TOTAL...”

Hace dos años el centro de La Jarosa, gestionado también por la fundación O'Belén, fue cerrado por la Comunidad por "la inviabilidad del proyecto y la necesidad de adecuarlas instalaciones". El cierre coincidió con una actuación del Defensor del Pueblo tras denuncias de la Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados, que recoge en su página web supuestos testimonios de jóvenes internos que describen malos tratos. "Medicación sin prescripción médica, aislamiento del grupo durante más de 24 horas o escasez de salidas", recoge la investigación de 2007. "O'Belén tiene experiencia reconocida", defienden en el Instituto del Menor y la Familia, del que dependen los centros.

http://www.adn.es/local/madrid/20090116/NWS-0236-Peligrosos-peligro.html

Fuente: Asamblea Contra los Centro Cerrados

No a O`Belen

domingo, enero 18

Defensor andaluz dice que los menores están preocupados por su repatriación

http://www.diariosur.es/prensa/20090116/andalucia/chamizo-constata-inquietud-menores-20090116.html
Chamizo constata inquietud en los menores inmigrantes por su posible repatriación

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, afirmó ayer que en la actualidad la situación de los centros de acogida de menores de la Junta de Andalucía es de «normalidad», ya que en el último año «ha disminuido el colapso» que sufrían por la llegada masiva de menores inmigrantes procedentes fundamentalmente de Marruecos, aunque instó a los Gobiernos de España y Marruecos a buscar soluciones que garanticen la protección de este colectivo.
Según indicó Chamizo en declaraciones a los periodistas previas a su intervención en la clausura de las Jornadas sobre 'Protección de Menores en España y Marruecos' organizadas por la Fundación Tres Culturas, los centros de menores de Andalucía viven una situación de «estabilidad» a excepción de los problemas coyunturales que puedan surgir, lo que «no significa que si mañana llega una patera con 20 menores no vuelvan a saturarse». Además, el Defensor afirmó que existe «cierta inquietud por parte de los menores inmigrantes por la posibilidad de su repatriación a Marruecos», ya que la situación, en estos momentos, tal y como recordó, es de «espera» hasta que el Gobierno de Marruecos se decida a ratificar el acuerdo que firmó con España en marzo de 2007 para la repatriación de los menores que llegan al país, especialmente a Andalucía, donde se calcula que en la actualidad hay unos 800 acogidos en centros de la Junta.
No obstante, insistió en mostrar su «rechazo» a la vía de la repatriación porque «para repatriar a un menor hay que tener en cuenta todo el contexto legislativo internacional y aportar garantías de protección que no sé si Marruecos puede ofrecer». «Desgraciadamente, parece que esta es la dirección que se está tomando a nivel nacional con el endurecimiento de la Ley de Extranjería, lo que va a suponer muchas dificultades para estos menores», indicó.
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Eurocámara pide cooperación a todas las autoridades para proteger a los menores inmigrantes

http://canarias24horas.com/index.php/2009011459969/inmigracion/la-eurocamara-pide-cooperacion-a-todas-las-autoridades-para-proteger-a-los-menores-inmigrantes.html

La Eurocámara pide cooperación a todas las autoridades para proteger a los menores inmigrantes

ACN Press
miércoles, 14 de enero de 2009
Bruselas/ La Eurocámara ha adoptado hoy en Estrasburgo (Francia), donde a lo largo de esta semana celebra su sesión plenaria, su informe de opinion sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (UE) en el que pide que se "dedique una atención particular a los menores no acompañados y a los menores separados de sus padres que llegan al territorio de la UE como inmigrantes irregulares".

En este sentido, el Parlamento Europeo subraya la "obligación de todos los Estados miembros de prestarles asistencia y facilitarles una protección especial" y solicita a "todas las autoridades (locales, regionales y nacionales) y a las instituciones europeas que cooperen con asiduidad para proteger a estos niños de todas las formas de violencia y de explotación, que velen por la designación sin demora de un tutor, por prestarles asistencia jurídica, buscar a su familia y mejorar las condiciones de acogida, formación profesional y completa integración en el sistema escolar".

El informe de la Eurocámara recuerda que la "detención administrativa de los niños no debería existir" y que los menores acompañados de su familia "no deberían estar detenidos más que en circunstancias excepcionales, por el plazo más limitado posible y solamente si la detención redunda en su interés".

Del mismo modo, el texto plantea la necesidad de conceder una atención particular a los "niños refugiados, solicitantes de asilo y migrantes y a los niños de padres solicitantes de asilo, refugiados o sin papeles" y a las "mujeres inmigrantes".

La inmigración es uno de los ámbitos que aborda este informe no vinculante, cuyo ponente ha sido el eurodiputado italiano de la Izquierda Unitaria Europea (IUE/IVD) Giusto Catania, que trata la situación de los derechos fundamentales en la UE durante el periodo 2004-2008.

El documento, que ha recibido el apoyo de 401 diputados, frente a 220 en contra y 67 abstenciones, también abarca otros aspectos de los derechos fundamentales, como la igualdad de sexos, los derechos de los homosexuales, la situación de las lenguas regionales o minoritarias, la salud reproductiva, el derecho a la dignidad al final de la vida.

PERSEGUIR LOS DISCURSOS RACISTAS

El Parlamento Europeo urge, además, a los Estados miembros a "perseguir con determinación todo discurso de odio en programas mediáticos racistas y artículos que difundan opiniones intolerantes, en forma de delitos inspirados por el odio contra romaníes, inmigrantes, extranjeros, minorías nacionales tradicionales y otros grupos minoritarios".

Asimismo, la Eurocámara expresa su "consternación ante la suerte trágica de las personas que pierden la vida tratando de alcanzar el territorio europeo" o que "caen en manos de pasadores o de traficantes de seres humanos".

El informe opina que el Consejo debería clarificar el papel de la Agencia Europea de Fronteras Exterios (Frontex), "con el fin de garantizar que los controles en las fronteras respetan los derechos humanos". Además, los eurodiputados creen necesario modificar el mandato de Frontex para incluir el salvamento marítimo y reclaman un "control democrático" por el Parlamento Europeo de los acuerdos celebrados por la agencia "con terceros países, en particular en lo relativo a la organización conjunta de los retornos".

La Eurocámara también considera que en lugar de "concentrar los esfuerzos en la prevención de la inmigración ilegal", lo que ha conducido a un creciente despliegue de medios en las fronteras, la Comisión Europea y los socios comunitarios deberían "aplicar políticas eficaces y a largo plazo de migración legal" así como garantizar un "acceso real al territorio de la UE y un procedimiento para normas más flexibles y coordinadas para los solicitantes de asilo".

El Parlamento Europeo condena la "carencia de una política de integración eficaz" que causa la exclusión de los inmigrantes.

GARANTIZAR EL ACCESO DE ONGS A LOS CENTROS DE RETENCIÓN

El informe de opinión adoptado por la Eurocámara muestra su "preocupación" ante el aumento del número de centros de retención para extranjeros y pide -sobre la base de numerosos "informes que denuncian violaciones frecuentes de los derechos humanos"- que se tomen medidas. Entre la cuales recomienda garantizar el acceso de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) "especializadas en la protección de los derechos fundamentales de los migrantes y los solicitantes de asilo, de manera que su presencia esté prevista legalmente y no dependa solamente de la buena voluntad".

Otras de las acciones propuestas al respecto son: el establecimiento de un "órgano de control independiente a nivel europeo responsable de la supervisión de los centros de retención en lo relativo a la protección de los derechos humanos", y la elaboración de un "informe anual de análisis de la situación de las personas que se encuentran" en los mismos que sea presentado al Parlamento Europeo.

INMIGRANTES 'SIN PAPELES' NO 'ILEGALES'

El informe parlamentario solicita a las instituciones europeas y a los Estados
miembros que dejen de emplear el término "inmigrantes ilegales", que tiene connotaciones muy negativas, y que utilicen en cambio los de trabajador o migrante "irregular" o "sin papeles".

Asimismo, la Eurocámara pide a los Veintisiete que "velen por que los trabajadores sin papeles puedan presentar denuncias contra empleadores abusivos con total seguridad y sin verse amenazados de expulsión"; así como que inviertan en la "formación de inspectores de trabajo y de las personas que prestan asistencia" a los trabajadores irregulares y que "establezcan un régimen de sanciones que no penalice a los trabajadores en lugar de los empresarios".

Con los niños inmigrantes no caben rejas ni seguritas. José Manuel Barreiro Vilas, director del centro para menores extranjeros no acompañados de Tegueste

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009011800_9_194011__Sociedad-inmigrantes-caben-rejas-seguritas
José Manuel Barreiro Vilas, director del centro para menores extranjeros no acompañados de Tegueste

"Con los niños inmigrantes no caben rejas ni seguritas"

Barreiros, director del centro de Tegueste, dice que la revuelta del día 9 es el único suceso grave

BELÉN MOLINA | SANTA CRUZ DE TENERIFE "Aquí no vamos a poner seguritas. Con los menores inmigrantes no caben rejas ni seguritas porque no es esa la función de este centro, sino que la única finalidad es la integración social". Así se expresó con este periódico José Manuel Barreiro Vilas, director del centro para menores extranjeros no acompañados de Tegueste tras el incidente registrado el pasado día 9, cuando tres de los acogidos se enfrentaron a un grupo de educadores, a quienes otros menores lanzaron piedras. El problema lo resolvió la Guardia Civil.

"Ha sido el incidente más grave que se ha vivido en este centro desde que yo lo dirijo, hace dos años", explicó Barreiro. "Esta en manos de la Fiscalía de Menores que aún tiene que llamar a los trabajadores a declarar, pero los que provocaron el altercado han vuelto y hemos intervenido directamente con ellos. Cuando se les explica que ese tipo de actitudes puede llevarles incluso a un centro de reforma de menores, lo que afectaría a sus futuros papeles, reaccionan".

A raíz de ese suceso, en el que un educador sufrió un corte leve en un brazo con unas tijeras de material escolar, parte del personal del centro ha pedido medidas de seguridad.

"No es la función de este centro, que es un centro abierto. La función es la integración social de estos chicos", insiste Barreiro. "Por ejemplo, aquí hay muchachos que por las tardes deciden fugarse y luego regresan. Yo no puedo limitarles".

El origen de ese enfrentamiento estaría, según Barreiro, en la saturación del dispositivo, que se creó con carácter temporal como centro de emergencia pero se ha perpetuado en el tiempo. En dos años, por el centro de Tegueste han pasado cerca de 600 de estos adolescentes y en la actualidad guarda y custodia a 144 de ellos, casi el doble que plazas establecidas.

Jóvenes pacíficos "No se puede trabajar con 150 chicos como se trabaja en los CAME (centros de acogida de menores extranjeros, gestionados por el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad) en los que cuentan sólo con diez o 12 ", indica el director del dispositivo. "En esos centros, los jóvenes disfrutan de más libertad. Aquí, si salen al mismo tiempo los 144 que tenemos acogidos se crearía alarma social".
Y eso a pesar de que estos jóvenes están escolarizados o en talleres de formación, participan en las actividades deportivas de la comarca y nunca han protagonizado altercados fuera de las paredes del establecimiento donde viven.

"Si hay algo que les caracteriza es que no son violentos", recalca Barreiro.

Este es uno de los estereotipos que pesan sobre los menores que llegan en cayuco. Sin embargo, tanto en la Fiscalía de Menores como en Protección al Menor y la Familia matizan que se trata de un cliché injusto, que incide de forma directa en el rechazo inicial que parte de la sociedad les muestra.

"Los marroquíes tienen fama de ser más violentos, pero también hay que entenderles a ellos", comenta Barreiro.

"Cuando yo trabajaba en el centro de La Esperanza había un niño marroquí que desde que nació hasta los diez años recibió paliza tras paliza. A los diez años le echaron de casa y malvivió en unos muelles con pequeños robos y hurtos. A los 13 años logró embarcarse en una patera y llegar hasta aquí".

Para Barreiro, este es el ejemplo de un niño problemático pero no agresivo. Mientras que hay adolescentes canarios que provocan enfrentamientos para grabar las agresiones en los móviles, "eso no ocurre con los menores inmigrantes", asegura. "Se les pueden cruzar los cables, pero no buscan la violencia por la violencia".

Consumistas. Sin embargo, se empapan pronto del consumismo nada más escolarizarse, dice Barreiro . Otro afán más por trabajar y poder conseguir así el móvil con MP3 o las tenis de marca, siempre después de enviar dinero a sus familias.

En relación a la noticia de la Nueva España en que habla " de batalla campal" y de agresión a españoles

En relación a la noticia de la Nueva España en que habla " de batalla campal" y de agresión a españoles

Dos jóvenes marroquíes del Materno atacan a internos españoles


Hemos leído en la edición digital del periódico la Nueva España del sábado 17 de enero de 2009 el siguiente titular: "
Dos jóvenes marroquíes del Materno atacan a internos españoles".

Una vez comprobados los hechos queremos
trasladar a la ciudadanía que en la UPA del Materno-Infantil se encuentra sobreocupada desde el 2006, con menores de diversas nacionalidades, algunos de los cuales consumen habitualmente drogas ( en especial disolventes), no ofreciendo las autoridades una respuesta social y educativa adecuada a las necesidades de los menores. Situación agravada por el retraso en tutelar,documentar y ofrecer un proyecto de vida a estos menores por parte de la Consejería de Bienestar Social y el trato que se da alguno jóvenes inmigrantes indocumentados por parte de la fiscalía de menores ( entregándolos a la brigada de Extranjería), lo que afortunadamente en varias ocasiones un juez pudo impedir.

Esta situación ha desembocado en numerosas ocasiones en situaciónes de violencia contra los propios menores, sus compañeros, el personal y los vecinos.

El pasado viernes se vivió en el Centro Materno-Infantil un nuevo suceso violento (rechazable y respecto al que se debe actuar), que tuvo como vÍctima principal a un joven marroquí residente en el Centro, que fue amenazado por otro menor de la misma nacionalidad.

Por tanto expresiones, que vienen siendo habituales , del diario la Nueva España del tipo " los marroquies atacan, simbran el miedo, etc" o "los inmigrantes atacan", en este caso además de ser inciertas, buscan criminalizar a los inmigrantes. Debemos recordar que este Centro ya ha sido atacado por grupos al menos en dos ocasiones sin que se hallan producido detenciones hasta el momento, esperamos que no se de la tercera agresión.

Esta forma de proceder es más grave cuando nos referimos a personas menores de edad, que deberían gozar de especial protección por parte de las autoridades y medios.

Queremos denunciar este trato xenófobo de este medio ( La Nueva España) da al colectivo de inmigrantes y especialmente a los menores de origen marroquí, con el SILENCIO cómplice de las autoridades de Infancia, que deberían denunciar estos hechos .

En Gijón ,a 18 de enero de 2009
Colectivo SocialyJusticia

sábado, enero 17

Dos jóvenes marroquíes del Materno atacan a internos españoles

Así se las gasta la Nueva España, mensajes racistas.

Dos jóvenes marroquíes del Materno atacan a internos españoles

Uno de los inmigrantes resultó herido al huir de la Policía y fue trasladado a un centro sanitario

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David ORIHUELA

El Centro Materno Infantil para menores de la calle Pedro Masaveu volvió a ser escenario ayer por la tarde de «una batalla campal» entre residentes marroquíes y españoles, según afirmaron testigos presenciales.

Todo comenzó alrededor de las cinco de la tarde, cuando varios vecinos llamaron a la Policía denunciando que habían sido agredidos en el Parque de Invierno por menores residentes en el centro. Según los testigos, los menores lanzaron objetos a algunos paseantes, a los que insultaron y amenazaron. Además, un vecino se dirigió a los vigilantes de seguridad asegurando que varios residentes marroquíes le habían roto a patadas el espejo retrovisor del coche.

Cuando llegó la Policía, dos de los menores se encontraban ya retenidos en el interior del centro de primera acogida. Según los vecinos, los menores habían estado consumiendo disolvente y mostraban un comportamiento «violento y agresivo». Ante la presencia policial, uno de los menores emprendió la huida escapándose por una ventana y en ese momento empezaron los problemas.

El joven que había huido por la ventana saltó la valla del centro y cayó de cabeza. Al quedar tendido en el suelo, los vigilantes de seguridad corrieron a socorrerle y a su alrededor se formó un grupo de curiosos, vecinos e internos españoles. Ahí comenzó el ataque. El joven se levantó del suelo, tomó una «litrona» y la emprendió a golpes contra sus compañeros españoles. El otro joven marroquí, que permanecía retenido en el centro, logró escaparse y se sumó a la reyerta golpeando al grupo de españoles con su cinturón.

Fue la primera batalla de la guerra que se vivió ayer por la tarde. Los dos agresores fueron reducidos y los residentes españoles, introducidos en las dependencias del Materno. Todo, ante la presencia de numerosos testigos.

El problema continuó cuando los dos jóvenes marroquíes volvieron a las andadas y entraron en el centro armados con la botella, el cinturón y una barra de hierro. Los vecinos pudieron ver de nuevo cómo estos dos chavales atacaban al grupo de españoles e incluso a algún compatriota suyo.

En ese momento llegaron al lugar, siempre según la versión de testigos presenciales, dos dotaciones de la Policía Nacional que lograron poner fin a la «batalla campal» que se había reproducido en el interior del recinto, a las puertas del centro.

Una vez que los agentes lograron parar la pelea, el primer chico, el que había caído desde la valla, quedó desplomado en el suelo, por lo que fue requerida la presencia de una ambulancia que lo trasladó a un centro de salud.

Ésta no es la primera vez que suceden hechos de este cariz en el Centro Materno Infantil. El fiscal de menores del Tribual Superior de Justicia de Asturias, Jorge Fernández Caldevilla, ya ha llamado la atención sobre la actitud de unos jóvenes «que en todo el día no hacen otra cosa más que esnifar disolvente».


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Los menores podrán defenderse incluso contra la voluntad de sus tutores

QUIEN QUIERA LAS SENTENCIAS, QUE ESCRIBA A DRARI.JURISTA@GMAIL.COM

ESPAÑA | El Constitucional anula una sentencia del TSJM

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/14/espana/1231916789.html

Los menores podrán defenderse incluso contra la voluntad de sus tutores


B. E. , en una imagen de 2006, cuando fue anulada su expulsión. (Foto: Carlos Barajas)

Rafael J. Álvarez | Madrid

El avión estaba ya en la pista de Barajas, los pasajeros tenían los cinturones abrochados y un chaval marroquí de 17 años con dos policías a los lados sollozaba su repatriación insólita con las esposas en las manos. De repente, como si una huelga de celo nevara en la cabina, el aparato detuvo sus motores. "Perdonen, tenemos una orden judicial para que este menor no sea expulsado de España. Por favor, bajen del avión".

Era el 5 de abril de 2006. Dos años y medio después, en una sentencia firmada el pasado 22 de diciembre y conocida hoy miércoles, el Tribunal Constitucional tira de las orejas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y reconoce el derecho de los menores a defenderse judicialmente aunque sea por encima de las decisiones de sus propios tutores. "Se debe posibilitar a cualquier menor, con capacidad y madurez suficiente, instar de los órganos judiciales la defensa de intereses que afecten a su esfera personal, incluso contra la voluntad de quienes ejerzan su representación legal".

Traducido al lenguaje de los menores inmigrantes, la decisión del TC significa que podrán ser oídos y podrán tener un abogado que les defienda cuando las comunidades autónomas y las delegaciones del Gobierno les quieran expulsar de España. Traducido al lenguaje de cualquier menor español, la decisión del TC significa que si el joven tiene madurez suficiente y está capacitado, podrá defender sus intereses personales si cree que lo que pretenden sus tutores le perjudica o no está de acuerdo con ello.

La sentencia de la Sala 1 del Constitucional afirma que el TSJM "vulneró el derecho del menor a la tutela judicial efectiva" y que con la actuación del máximo tribunal madrileño, de la Comunidad de Madrid y de la Abogacía del Estado "se ha lesionado su derecho (el del menor) de acceso a la jurisdicción para defender intereses personalísimos".

Incluso el TC critica que se negara legitimidad al colectivo que trató de ayudar al chico y que el TSJM "abortara" la posibilidad de pronunciarse sobre una posible "vulneración de los derechos fundamentales". De hecho, en otra sentencia del mismo día, el TC legitima a la Coordinadora de Barrios para el seguimiento de jóvenes y menores como defensora del chaval marroquí.

Es decir, el Constitucional reconoce el derecho del menor a una tutela judicial efectiva, dice que puede tener una representación judicial y ordena que se dicte una nueva resolución "respetuosa con un derecho fundamental reconocido".

Y es que la historia de B. E. no sólo ocupó la portada de EL MUNDO aquel día, sino que destapó las actuaciones de las CCAA con menores que ellas mismas tenían -y tienen- tutelados.

Actuación de las comunidades

El 23 de diciembre de 2005, la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid decidió deshacerse de B. E., un marroquí que había estado trabajando con la propia Comunidad durante años, "por estar en España sin ningún adulto a su cuidado".

La Delegación del Gobierno en Madrid, dependiente del Ministerio del Interior, firmó la orden de repatriación el 10 de febrero de 2006, y en la madrugada del 5 de abril varios policías entraron en la residencia de la Comunidad donde vivía B. E. y se lo llevaron a Barajas.

El abogado Nacho de la Mata y la Coordinadora corrieron hacia el Juzgado Número 14 de Madrid, donde, a primera hora de la mañana, el magistrado de guardia ordenó una "suspensión cautelarísima" de la expulsión. B. E. se bajó del avión y todas las partes fueron citadas al día siguiente para aclarar el entuerto.

El abogado del Estado y la Comunidad de Madrid adujeron que De la Mata no era el representante legal del chico, que estaba tutelado por la misma Comunidad. El Ministerio Fiscal alegó que debía nombrarse un defensor judicial. B. E. dijo que no quería ser expulsado de España y que esa figura debía recaer en De la Mata, que pidió asumirla.

La Comunidad y el abogado del Estado aseguraron que no había conflicto de intereses entre el tutor (la propia Comunidad que quería expulsar al chaval) y el chico (que quería quedarse en España). El juez oyó a todos y nombró defensor judicial a Nacho de la Mata, porque según la ley "todo menor tiene derecho a ser oído en cualquier procedimiento judicial que afecte a su esfera personal".

La Comunidad recurrió el nombramiento de De la Mata, el juzgado lo ratificó, y el 25 de septiembre de 2006, ese tribunal anuló la repatriación. Pero las partes perdedoras elevaron un recurso de apelación al TSJM.

Estimado el recurso

El 28 de febrero de 2007, casi un año más tarde de aquel rescate cinematográfico de Barajas, el alto tribunal madrileño estimó el recurso de la Comunidad y de la Abogacía del Estado y dejó helados al abogado, a la Coordinadora y al chico. Argumentó que no hubo falta de representación legal del menor porque carecía de capacidad procesal, ya que "no estaba emancipado", o sea, dependía de la Comunidad, estaba tutelado. Así, según el TSJM, el abogado De la Mata "no ostentaba el mandato" del menor.

El letrado presentó un recurso de amparo ante el TC, que en su sentencia dedica varios folios a garantizar el derecho de B. E. y de todos los menores a defenderse. Por ejemplo, cita a Naciones Unidas, a la Ley de Protección el Menor y a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE para resaltar el derecho de los menores "a ser escuchados en todo procedimiento judicial". Sostiene que la repatriación "es uno de los supuestos en que queda afectada la esfera personal". Asegura que si la Comunidad de Madrid, que era la tutora del chico, quería expulsarle de España y ser su representante legal cuando el menor prefería quedarse en nuestro país, existía "un conflicto de intereses".

Por eso, el Tribunal Constitucional considera que "se ha impedido que la persona directamente afectada por una decisión administrativa pueda instar su control judicial" y anula la resolución del TSJM "en lo referido a negar la representación y capacidad procesal al menor".

Un poco tarde. B. E. ya es mayor de edad.

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Col•lectiu DRARI دراري d'Investigació Acció Participativa pels Drets de l'Infant

viernes, enero 16

Mundo Nuevo obtuvo la gestión de los centros de niños inmigrantes a ded

Toda la junta directiva de la asociación benéfica es de Coalición Canaria

Toda la junta directiva de Mundo Nuevo, la asociación que gestiona los centros de menores extranjeros del Gobierno canario, está afiliada a Coalición Canaria y obtuvo la gestión de los centros por designación directa y no por concurso, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El presidente de la asociación, Juan José Domínguez, tiene además antecedentes penales.

La Asociación "Solidaria" Mundo Nuevo, inscrita en el registro de asociaciones el 24 de noviembre de 2004 como una entidad benéfico social sin ánimo de lucro, fue habilitada como entidad colaboradora para la atención integral a los menores a finales de 2005, pero esa habilitación no se hizo oficial mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias hasta el 30 de enero de 2006.
Una semana después, la Dirección General de Protección al Menor y la Familia adjudicó sin concurso a Mundo Nuevo la guarda y asistencia de los menores extranjeros no acompañados tras tener que habilitar cuatro centros de forma urgente dada la constante llegada de niños en cayucos y que la red asistencial de los cabildos estaba saturada.
Este hecho propició la adjudicación asistencial a la asociación en tan breve plazo de tiempo, aunque otras fuentes apuntan a que el hecho de que toda la junta directiva esté afiliada a Coalición canaria desde los años 2002 y 2003. Así, el presidente de Mundo Nuevo, Juan José Domínguez Navarro, milita en el partido desde diciembre de 2002; Antonio Benítez-Inglott se afilió unas semanas después, en enero de 2003, y José Felipe Santana Rodríguez, Raúl Nieto Gómez y Francisco Rosario Galindo lo hicieron en febrero de ese mismo año.
Todos los que constituyeron Mundo Nuevo trabajaban entonces en Aeromédica, otra empresa que durante la época de Román Rodríguez en la presidencia del Gobierno canario también gestionó los centros para menores extranjeros.

Antecedentes penales
Domínguez era el director de transporte de Aeromédica en 2001 cuando se convocó una huelga de ambulancias y, según una sentencia del juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria, coaccionó a algunos de los trabajadores que participaban de la protesta, por lo que fue condenado en un juicio de faltas, lo que le limitaría su acceso a subvenciones públicas.
La Consejería de Bienestar Social tan sólo manifestó ayer su desconocimiento de los antecedentes penales del director de Mundo Nuevo.
La asociación cobra 52 euros al día por cada menor inmigrante que atiende, que en la actualidad son 297 (aparte de los menores asistidos en centros de los cabildos), aunque en 2006 Mundo Nuevo llegó a acoger a más de 500 niños, lo que supone 26.000 euros diarios. Además, recibió una subvención de 425.562,19 euros y un crédito de 911.000 euros en diciembre de 2006 para gastos de menores.

Domínguez: "No entiendo qué interés hay en perjudicarnos"

"No entiendo qué interés hay en perjudicarnos" afirmó ayer a este periódico Juan José Domínguez, el responsable de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que gestiona entre otros el centro de menores extranjeros de La Esperanza.
Domínguez, que admitió la condena en firme por coacciones, indicó que ese antecedente penal no le impide, "en absoluto", crear una asociación benéfico social y acceder a subvenciones del Gobierno. Con respeto a su militancia en Coalición Canaria manifestó que no recordaba cuándo se afilió. "También soy socio del Atlético de Madrid. Soy afiliado a cualquier opción que desee y sólo soy un militante de base, pero no hablo de mi vida privada".
Domínguez tampoco quiso hacer referencias a su actual cargo de presidente en Canarias de la O.J.E., que cataloga como una actividad estrictamente personal, sin relación alguna con su trabajo, aunque también afirmó que es algo que ya pertenece al pasado.
El Director de Mundo Nuevo aclaró que todas las personas que integran la junta directiva provienen, como él, del sector sociosanitario, con una amplia experiencia en la atención a menores, pero también otros sectores sociales desfavorecidos.

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=2852&pIdSeccion=9&pIdNoticia=96326

Fuente:Asociacióninsolidariaunmundonuevo.blogspot

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006