miércoles, septiembre 29

Curso Pautas para la Intervención Socioeducativa e Intercultural con Menores Migrantes Sin Referentes Familiares Oviedo, Asturies 10 a 12 de diciembre de 2010


2010/9/29 Antonio Salvador Jiménez Hernández <ajimene@hotmail.com>

http://www.ujaen.es/investiga/ideo/docs/cursoOviedo.pdf

Curso Pautas para la Intervención Socioeducativa e Intercultural con Menores Migrantes Sin Referentes Familiares
Oviedo, Asturies 10 a 12 de diciembre de 2010
Residencia Juvenil Ramón Menéndez Pidal

La matrícula incluye:
Alojamiento 2 noches
Desayunos, almuerzos y cenas
Material del curso
Libro: "Menores migrantes sin referentes familiares. Una perspectiva integral del fenómeno"
CD con más de 100 documentos sobre el colectivo
Certificado de asistencia de 30 horas, semi presencial

Juristas debaten en Vitoria sobre la tutela de los menores extranjeros

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=533842

Juristas debaten en Vitoria sobre la tutela de los menores extranjeros

(Comunidad Autonómica Vasca) POLITICA,EXTERIOR | > AREA: Asuntos sociales
28-09-2010 / 18:30 h

Vitoria, 28 sep (EFE).- Destacados magistrados, vocales del Consejo General del Poder Judicial y fiscales participarán este jueves y el viernes en Vitoria en un curso para debatir sobre los problemas legales de la tutela de los menores extranjeros no acompañados.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, será la encargada de abrir el curso, que tendrá lugar en el Palacio de Justicia de la capital alavesa, y al que también asistirá la vocal de este órgano, Margarita Uría, según han anunciado hoy a Efe fuentes judiciales.

El fiscal Luis Lafont, experto en materia de extranjería, pronunciará la primera ponencia en la que detallará los problemas que conlleva la guarda y tutela de los menores extranjeros que llegan a España y la documentación administrativa que requieren estos procesos.

La segunda conferencia, dedicada al proceso de repatriación de estos menores, correrá a cargo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Rafael Villafañez, mientras que por la tarde se ha organizado una mesa redonda en la que personas especializadas en la atención de estos casos debatirán sobre su integración social.

El viernes, 1 de octubre, la fiscal Patricia Fernández, adscrita a la Fiscalía que coordina los casos de extranjería, detallará los problemas jurídicos para determinar la edad de estos adolescentes inmigrantes, que muchas veces llegan indocumentados y dicen ser menores de edad.

Cerrará las ponencias la forense de Vizcaya María Ángeles Solano, quien expondrá las pruebas médicas que se practican para averiguar si estos extranjeros no acompañados superan o no los 18 años.

El simposio, dirigido a juristas y expertos en la materia, ha sido organizado por el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y el Gobierno Vasco, con el fin de aclarar muchas de las dudas y problemas que surgen con la tutela de estos menores. EFE

proyecto Lysander se realizará desde noviembre de 2010 hasta junio de 2011 durantes 3 mañanas semanales

http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/Default.aspx?idOportunidad=73593
  • Nombre de organización Intervención Psicosocial en Mujeres
  • Título Educadores y psicólogos. integración de menores inmigrantes no acompañados.
  • Descripción El proyecto Lysander se realizará desde noviembre de 2010 hasta junio de 2011 durantes 3 mañanas semanales. Lunes, miércoles y viernes, de 10 a 13.30.
    Es un proyecto dirigido a menores inmigrantes no acompañados, tutelados por la DGA, que en estos momentos se encuentren sin trabajo y sin formación. El fin es ocupar el exceso de tiempo libre previniendo así conductas de riesgo.
    A cada chico, al entrar en el programa (pueden entrar en cualquier momento), se le realizará una evaluación. En el programa se trabaja una parte académica personalizada (los miércoles) y una parte de desarrollo personal, cultural y de ocio. (lunes y viernes)Salidas, dinámicas, videos etc.
    Buscamos educadores y psicólogos (o similares)para la realización del programa. La disponibilidad se acordaría con el voluntario, organizando un equipo para cubrir todos los días, sin que suponga un exceso de dedicación semanal por persona.
  • Perfil/Requisitos Educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales.- Abiertos y resolutivos
  • Adecuado para Adultos
  • Categorías Infancia, juventud y familia
  • Subcategorías Actividades de formación/Educación, Ocio y tiempo libre
  • Aficiones/Pasiones Arte, Cine, Deporte, Fotografía, Música, Salir al campo o al monte, Teatro, Videojuegos, Enseñar
  • País España Provincia Zaragoza
  • Municipio Zaragoza Distrito/Barrio Centro/ casco histórico
  • Tipo Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado
  • Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes ,Miercoles ,Viernes ,No es necesario los tres días.
    Horario: Mañanas. Esta actividad se puede realizar en grupos.
  • Fecha de inicio 03/11/2010
    Fecha límite de inscripción 30/04/2011
  • Nº de vacantes 6

martes, septiembre 28

.Propuesta racista e ilegal del PP Jaén. El PP reclamará en el Parlamento la dotación de un centro de protección específico para menores inmigrantes. Fernández de Moya exige a la Junta que los vecinos del barrio estén representados en el grupo de tra

http://www.teleprensa.es/jaen-noticia-245809-El-PP-reclamar26aacute3B-en-el-Parlamento-la-dotaci26oacute3Bn-de-un-centro-de-protecci26oacute3Bn-espec26iacute3Bfico-para-menores-inmigrantes.html

El PP reclamará en el Parlamento la dotación de un centro de protección específico para menores inmigrantes. Fernández de Moya exige a la Junta que los vecinos del barrio estén representados en el grupo de trabajo que, según la Administración autonómica va a abordar los acontecimientos que se están produciendo

27-09-2010 16:53
JAÉN.- 2010.- El candidato a la Alcaldía y diputado autonómico, José Enrique Fernández de Moya, avanzó hoy que "la situación que atraviesa el Centro de Menores Carmen de Michelena va a ser objeto de debate en el Parlamento de Andalucía" y añadió que "lo vamos a llevar a la Cámara de la mano de los jiennenses", por lo que exigió al PSOE y a la Junta de Andalucía "que no oculten lo que está ocurriendo en el centro, que no mareen la perdiz, que aporten soluciones, que se reúnan con los vecinos y que escuchen a los centenares de jiennenses afectados por este problema".

Así, señaló que "tras mantener reuniones con vecinos de la zona, hemos podido constatar el miedo que tienen y hemos recogido su demanda de sacar a la luz hechos muy graves, que se han producido y que están siendo ocultados a la opinión pública por el Partido Socialista y la Junta de Andalucía". Por eso, advirtió que "el Partido Popular bajo ningún concepto va a contribuir a tapar la verdadera situación que se está produciendo en este centro Carmen de Michelena, tanto dentro como fuera de las instalaciones, puesto que si han sido noticia los hechos acontecidos en el interior, como consecuencia de las agresiones que han sufrido algunos de los profesionales que trabajan aquí, no es menos grave la situaciones que se han venido sucediendo fuera del propio centro".

Fernández de Moya aseguró que "nos convertimos en el altavoz de los vecinos de este barrio, en el altavoz de un grave problema que existe en la sociedad jiennense y, en definitiva, en el altavoz de un conjunto de ciudadanos que lo están pasando muy mal, como consecuencia de hechos gravísimos".

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ YA APUNTABA EN LA CÁMARA A LA NECESIDAD DE UN CENTRO ESPECÍFICO
Recordó que el defensor del pueblo andaluz, en el último informe emitido en el marco de su comparecencia en la sesión de control del Parlamento, "decía que Jaén no se ha dotado de un centro de protección específicamente destinado a menores inmigrantes, pese a lo cual, el centro Carmen de Michelena se ha convertido en referente asistencial para la atención a este sector de la población".Así, reclamó "la dotación de un centro de protección de menores, dedicado específicamente a inmigrantes".

Incidió en que "si bien los vecinos han apuntado ya al traslado del Carmen de Michelena, nosotros hablamos también de la necesidad de la dispersión de los menores conflictivos, estudiando todas las opciones abiertas, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana en el barrio".

Criticó que el PSOE, desde el Ayuntamiento, desde la Junta de Andalucía y desde la Subdelegación del Gobierno, "trate de ocultar estos hechos" y aseguró que "nuestra obligación y nuestra responsabilidad es escuchar a los centenares de jiennenses afectados, tratando de poner soluciones encima de la mesa e intentando que la normalidad y la seguridad ciudadana primen en el barrio y estén garantizadas".

Fernández de Moya lamentó que "una vez más, la señora Peñalver haya dado la espalda a los problemas de los jiennenses, no los ha recibido, y no haya venido a resolver una situación que, en coordinación con la Policía Autonómica y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, a través de la Subdelegación del Gobierno, debería afrontarse".

Así las cosas, el diputado popular hizo referencia al escrito que vecinos de la zona han remitido a Peñalver "y que no ha recibido respuesta alguna, pese a que si en una ciudad hay un problema, ese problema es también de su ayuntamiento". Explicó cómo en el documento se relatan episodios de violencia física y verbal entre los menores en la calle del centro y los alrededores, peleas y lesiones entre los menores con armas blancas en la vía pública; acerca del consumo de drogas en plena calle y en presencia de vecinos y menores; comportamientos inadecuados con chicas menores de edad en la vía pública; pintadas en fachadas de propiedades privadas; alteraciones del orden público de madrugada y actitud desafiante con vecinos y transeúntes".

Recordó, utilizando la hemeroteca, que "el propio comisario provincial de la Policía Nacional advertía en una entrevista en un medio de comunicación que la Junta tenía que tomar cartas en el asunto" y también se refirió a las denuncias realizadas por la CSIF sobre las agresiones que se han producido en el centro, de menores a profesionales del mismo, "que según aseguran los representantes sindicales, han sido lanzados dos metros contra la pared y amenazados con tenedores y cuchillos". Del mismo modo, se refirió a situaciones concretas en las que los menores conflictivos han abandonado el centro de madrugada para volver acompañados de chicas menores a altas horas de la noche.

Por eso, Fernández de Moya concluyó afirmando que "se ha producido un abandono y una desidia absoluta por parte de la Junta de Andalucía respecto de la seguridad de los trabajadores del centro", de quienes dijo que "desempeñan una brillante labor, pero que se encuentran con que, a diario, no hay menos de cinco partes de agresión; agresiones que se vienen produciendo desde el año 2008 y que se han ido poniendo en conocimiento de la Fiscalía de Menores, pero ante lo que la Junta de Andalucía y el Partido Socialista han hecho oídos sordos".

Instó a la Junta a "que se proceda de manera inmediata a la revisión de los procedimientos de derivación de los menores, analizando caso por caso sus circunstancias familiares, personales y si existen o no antecedentes, para ver a qué centro pueden ser derivados" y exigió reiteradamente "que los vecinos estén representados en el grupo de trabajo que, según la Junta, se va a poner en marcha para abordar los hechos gravísimos que se están produciendo en torno al Carmen de Michelena".

Declaran nulo el despido de un trabajador en 'Nuevo Futuro', siendo readmitido al vulnerar derechos sindicales. El Juzgado de lo Social nº6 de Murcia ha declarado nulo el despido del trabajador Javier Rodríguez, que fue despedido por la ONG 'Nueva Fu

http://www.que.es/murcia/201009281024-declaran-nulo-despido-trabajador-nuevo-epi.html

Declaran nulo el despido de un trabajador en la ONG 'Nuevo Futuro', siendo readmitido al vulnerar derechos sindicales. El Juzgado de lo Social nº6 de Murcia ha declarado nulo el despido del trabajador Javier Rodríguez, que fue despedido por la ONG 'Nueva Futura' arbitrariamente alegando por parte de ésta "transgresión de la buena fe contractual", así como "abuso de confianza en el desempeño de su trabajo". Esta asociación gestiona dos pisos de acogida de menores cuya tutela ostenta la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

28 de septiembre de 2010 MURCIA, 28 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Social nº6 de Murcia ha declarado nulo el despido del trabajador Javier Rodríguez, que fue despedido por la ONG 'Nueva Futura' arbitrariamente alegando por parte de ésta "transgresión de la buena fe contractual", así como "abuso de confianza en el desempeño de su trabajo". Esta asociación gestiona dos pisos de acogida de menores cuya tutela ostenta la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La sentencia, explica el sindicato CGT, "es clara y rotunda, declarando despido por vulneración de derechos fundamentales a la libertad sindical".

Terminan así "diez años de impunidad por parte de esta empresa con tintes sociales que durante todo este tiempo se ha dedicado a cercenar los más básicos derechos de sus trabajadores, imponiendo la ley del silencio bajo amenaza de despido a cualquier trabajador que promoviera cualquier actuación sindical o fuera de su ideario y filosofía", explicaron las mismas fuentes en nota de prensa.

Así pues, señala el sindicato, quedan definitivamente desmanteladas cada una de las falsedades esgrimidas por el abogado de esta asociación, el laboralista Antonio Checa, que basó gran parte de la defensa en desprestigiar a la profesionalidad del compañero; algo que tanto para el fiscal como para la propia jueza, carecía de sentido ya que según ésta ha quedado demostrado que "el actor es un estupendo educador, al que incluso se le asignó o consintió, por parte de la dirección de la asociación que se hiciera cargo de dos menores de distinto sexo con todo lo que eso conlleva, sin aumento de sueldo, siendo costumbre de la asociación asignar un niño del mismo sexo que el educador".

Al tiempo que destaca que la asociación, sin ánimo de lucro, en su auto de defensa se autocalifica como "empresa atípica" ya que "desarrolla actividad de acogimiento de niños en situación de riesgo", debían pensar estas gestoras, que esa "atipicidad" la eximía de respetar los derechos laborales de los trabajadores, "pero en ningún momento del juicio mencionaron que para llevar esa caritativa labor reciben de la administración anualmente más de 600.000 euros", indican.

CGT se siente orgullosa de este triunfo, aunque no satisfechos y recuerda que mantienen actualmente abiertas varias denuncias en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia que afectan directamente a la situación de los menores en estos pisos.

Nuestra intención y esfuerzos, concluyen, "van en dos direcciones: una, la mejora de las condiciones en las que realizan su trabajo las educadoras y educadores en los pisos; y dos, la más urgente, una atención adecuada y respetuosa para con las personas menores de edad que viven en esos pisos".

Gobierno Melilla ocultó datos sobre maltrato a menores. Defensoría Pueblo insta a la Ciudad a su obligación de Tutela. Los malos tratos, denunciados por Prodein, se produjeron en el centro de menores La Purísima de la ciudad gobernada por el PP

http://diagonalperiodico.net/El-Gobierno-de-Melilla-oculto.html
FRONTERAS: LA DEFENSORA DEL PUEBLO INSTA AL GOBIERNO AUTÓNOMO A CUMPLIR SU OBLIGACIÓN DE TUTELA

El Gobierno de Melilla ocultó datos sobre maltrato a menores. Los malos tratos, que han sido denunciados por la asociación Prodein, se produjeron en el centro de menores La Purísima de la ciudad autónoma, que está gobernada por el PP.


June Fernández / BilbaoLunes 27 de septiembre de 2010.  Número 133  Número 134
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LA PURÍSIMA. Los malos tratos se produjeron en este centro de menores, dependiente de la consejería de Bienestar Social.

El Gobierno de Melilla "no ha sido lo exhaustivo que cabría esperar" a la hora de investigar las denuncias por malos tratos a menores extranjeros no acompañados y, lo que es más grave, ha ocultado información al respecto a la Fiscalía de Menores y al Juzgado. Es la conclusión arrojada por la Defensora del Pueblo tras analizar las quejas interpuestas por la asociación a favor de los derechos de la infancia, Prodein, en representación de cinco ex tutelados.

En concreto, el Gobierno de la ciudad autónoma, del PP, ocultó la comparecencia de varios menores para declarar sobre los malos tratos recibidos en el centro de La Purísima, dependiente de la consejería de Bienestar Social.

En la carta de respuesta, emitida el pasado agosto, la Defensora en funciones María Luisa Cava dice que continuará con las actuaciones pertinentes junto a la Fiscalía e insta al Gobierno de la ciudad autónoma a que cumpla con el ordenamiento vigente, es decir, que vele por el interés de sus tutelados, previniendo "todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal". Los malos tratos denunciados sucedieron en su mayoría en el año 2008, cuando la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, empezó a lamentar que a Melilla llegaban demasiados menores.

Según Prodein, el Gobierno no dedicó más recursos pese a la saturación de La Purísima, el centro de referencia de la ciudad. El método elegido fue distinto: "Los primeros días de estancia, los educadores hacían la vida imposible a los chavales: les castigaban encerrándoles durante semanas y les pegaban durante los interrogatorios", narra el portavoz de la entidad, José Palazón. Los chicos escapaban y, de esa forma, el Gobierno reducía el número de tutelados. En un sólo domingo, 36 menores intentaron llegar a la península. Uno de ellos terminó en el hospital, herido grave por una caída.

Denuncias sin respuesta

La consejera Garbín eludió toda responsabilidad, no sólo sobre los polizones (afirmó que gran parte eran adultos), sino sobre todos los tutelados. Defendió que sólo el 20% presentaban necesidad de protección social, considerando al resto como meros inmigrantes "ilegales". Ni Garbín ni ninguna persona de su departamento han accedido a hablar con DIAGONAL.

Las denuncias que interpuso Prodein ante el juzgado por cada niño no han sido estimadas. Lo más que hizo el Gobierno fue despedir a uno de los educadores que se encontraban en La Purísima, alegando impuntualidad e indisciplina. En una ciudad pequeña y aislada del resto del Estado, en la que todo el mundo se conoce y la mayor parte de asociaciones dependen económicamente del Gobierno, "el ambiente es de que como a alguien se le ocurra tirar de la manta, aquí cae todo el mundo, e ir contracorriente se paga caro", afirma Palazón.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo mantiene abierta su investigación sobre La Purísima. En su Informe Anual de 2009 reprueba no haber recibido explicaciones sobre las deficiencias observadas en el centro y advierte de que "siguen sin aclararse lo suficiente las denuncias de malos tratos". Una de las prácticas del Gobierno reconocidas por el Defensor fue la política de obstaculizar (cuando su deber legal es garantizar) la renovación de documentación de sus ex tutelados. Sin papeles, perdían todos sus derechos adquiridos y podían ser fácilmente expulsados. Los educadores retiraban a los chavales todo documento que les pudiera identificar: desde el pasaporte hasta el carné de biblioteca. La Consejería tardaba meses en darles el certificado de tutela.

Incluso la Delegación de Gobierno empezó a exigir papeles tan insólitos y difíciles de conseguir como el certificado de soltería. "Los chavales cumplían 18 años pensando que la Consejería se ocuparía de su situación y se encontraron con que tenían que empezar de cero. Tuvieron que viajar a Rabat y gastar cientos de euros para conseguir los documentos", señala Palazón.

La situación ha mejorado, pero Palazón no lo atribuye a un cambio de política hacia los menores, sino al control por parte de la Defensoría y la Fiscalía. En 2009 y 2010 Prodein no ha recibido ni una sola denuncia por malos tratos. También se han reducido levemente las trabas para acceder a la regularización al cumplir los 18 años, y la justicia ha dado la razón a la mayoría de jóvenes que interpusieron recursos al ver denegadas sus solicitudes de residencia. Pese a esa relativa calma, el portavoz de Prodein considera que el daño ya está hecho. "El Gobierno ha roto su confianza en el sistema de protección de menores de la ciudad. Los niños siguen pensando que no merece la pena quedarse: Melilla es ahora una ciudad de paso".


Inmigrantes antes que menores

La política en Melilla, aunque extrema, coincide con la actitud de la mayor parte de gobiernos autonómicos: considerar a sus tutelados inmigrantes irregulares en vez de menores bajo su responsabilidad, e intentar quitárselos de encima aduciendo saturación y falta de recursos. En puntos muy distintos de la península, las asociaciones pro derechos humanos han denunciado situaciones de hacinamiento, retención de la documentación y repatriaciones sin garantías, entre otras muchas irregularidades.

En su Informe Anual 2009, el entonces Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, reclamó un marco común de actuación para terminar con la "disparidad de criterios" entre administraciones que dejan mal parados a sus tutelados. Entre los temas que preocupan a la Defensora destaca el uso de las pruebas óseas, "que presentan amplios márgenes de error", como principal o incluso único criterio para medir la edad de los jóvenes recién llegados.

El Informe constata que muchos tutelados quedan en situación irregular al cumplir los 18 años. Así se comprobó en Madrid, Melilla y Asturias, a cuyos gobiernos recordó su deber legal de facilitar la renovación de los papeles de los jóvenes. Además, el Defensor reprobó la falta de garantías en los procesos de repatriación de menores.

Garbín le reprocha al Gobierno central que incumpla los acuerdos firmados de cogestión María Antonia Garbín

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lunes, septiembre 27

Araba: Los menores extranjeros en acogida mienten sobre su edad. De las 14 pruebas óseas realizadas, en 11 los jóvenes superaban los 18 años. La Fiscalía tiene pendientes otros 26 análisis de este tipo

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/menores/extranjeros/acogida/mienten/edad/elpepiesppvs/20100927elpvas_10/Tes

Los menores extranjeros en acogida mienten sobre su edad. De las 14 pruebas óseas realizadas, en 11 los jóvenes superaban los 18 años. La Fiscalía de la provincia tiene pendientes otros 26 análisis de este tipo

ANIA ELORZA - Vitoria - 27/09/2010

Las pruebas de la Fiscalía alavesa a los jóvenes extranjeros que se encuentran acogidos en los centros de la diputación han puesto de relieve que, entre los casos dudosos, buena parte de ellos se trataba de jóvenes que rebasaban los 18 años. Con los primeros resultados, se ha demostrado que 11 de las 14 pruebas realizadas, el 78%, correspondían a chicos mayores de edad. Todos ellos han salido de los centros de la diputación alavesa, que en los últimos años han ido acogiendo un número elevado de menores extranjeros no acompañados, conocidos como mena.

El Ministerio Fiscal alavés ha comenzado este año a practicar las pruebas óseas a algunos de los jóvenes acogidos en los centros de la provincia para determinar su edad. Según explican desde la Fiscalía de la Audiencia de Álava, a día de hoy se están realizando otras 26 pruebas para conocer las edades de estos jóvenes. Este año, dos chicos se han negado a hacerse las pruebas. En estos casos, el Ministerio Fiscal da por hecho que son mayores de edad. A ellos se sumaron otros 15, que en abril escaparon de los centros para evitar los exámenes para determinar su edad.

¿Qué es lo que ocurre con estos jóvenes cuando son expulsados de los centros? Desde el Departamento de Política Social de la diputación explican que buena parte de ellos entran en el circuito de los servicios sociales de base, aquellos que se prestan desde los Ayuntamientos. De este modo, no dejan de recibir atención y algunos acceden a las ayudas sociales.

La diputada foral de Política Social, Covadonga Solaguren, aseguró a finales de 2009 que el 80% de los jóvenes extranjeros de los centros de la diputación no eran menores de edad. El diputado del PNV Emilio Olabarria rebajó después el porcentaje al 60%. Este impulsó una iniciativa en el Congreso, que culminó con una resolución en la que se pedía al Gobierno central que impulse, junto con las comunidades autónomas, un protocolo de actuación en los casos en los que sea necesario hacer una prueba para determinar la edad. Olabarria ya aseguró entonces que las pruebas óseas, las que realiza la Fiscalía, son las más fiables.

Las pruebas no son un indicador de que en los últimos meses los centros de menores extranjeros hayan atraído a más jóvenes con documentación falsa, sino de que la saturación de la infraestructura alavesa el pasado año -los mena aumentaron un 450% entre 2008 y 2009- llevó a la diputación a denunciar esta realidad como forma de poner coto a la demanda. Según la memoria del Ministerio Fiscal del pasado año, cada mes Álava atendió a 112 a menores extranjeros, una cantidad elevada y desproporcionada en cuanto al número de habitantes en comparación con otras provincias de fuera de Euskadi. A pesar de todo, desde el Departamento de Política Social de la diputación, explicaban el viernes que la situación no es la misma que en 2009. De hecho, desde mayo uno de los recursos habilitados para acoger a estos jóvenes en Estíbaliz ya no se utiliza.

El trato proporcionado a los menores extranjeros ha sido, en los últimos tiempos, fuente de reproches de la Fiscalía y el Ararteko hacia la Diputación de Álava. Tanto el Ararteko como la Fiscalía identificaron un rechazo sistemático de tutelas de extranjeros por parte de esta institución desde mediados hasta finales de 2009. De hecho, se ha denunciado que se desconoce el paradero de 32 de los 41 jóvenes a los que se les denegó la tutela entre julio y diciembre de ese año.

El Ararteko también exigió a la diputación que mantuviera la tutela de aquellos menores extranjeros que abandonan la provincia. Sin embargo, desde el Ministerio Fiscal aseguran que en estos casos "son numerosas las resoluciones de la diputación en las que decretan el cese de la tutela de los mismos por lo que no mantienen la tutela".

El colectivo de menores extranjeros recibió en mayo un jarro de agua fría, después de que el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales decidiese echarse atrás con respecto a hacer una excepción con estos jóvenes para que puedan acceder a la renta de garantía de ingresos. La norma establece que la RGI se puede percibir a partir de los 23 años, pero el Ejecutivo anunció que añadiría una excepción para colectivos como el de los mena. La crisis echó por tierra la medida.

domingo, septiembre 26

150 personas dicen ser víctimas de abusos de la Casa Cuna Hogar Sagrada Familia de Tenerife

http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/28491/
ANTONIO TOSCANO > PERIODISTA Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA CORRUPCIÓN INFANTIL

"Ya hay 150 personas que dicen ser víctimas de abusos en la Casa Cuna"


Antonio Toscano, junto a su asociación, está ayudando a los afectados por el Caso Cuna. / DA

MARTA PLASENCIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Antonio Toscano lleva casi dos meses en Tenerife con un equipo de psicólogos y peritos judiciales de la Asociación de Víctimas de la Corrupción Infantil (Avicsin), la cual preside, investigando los casos de abusos sexuales acaecidos en el Hogar Sagrada Familia, ahora conocido como Casa Cuna, durante cinco décadas. Por el momento, ya se han puesto en contacto con la asociación 150 supuestas víctimas.

- ¿Qué le impulsó a crear Avicsin y luchar contra los abusos y la corrupción de menores?

"Cuando estuve trabajando como corresponsal en Colombia, acompañando a las FARC, vi muchas injusticias. Allí utilizaban a los niños para atravesar campos de minas y para cavar zanjas, se los quitaban a sus madres con 10 años para entrenarlos como sicarios matando perros. Pero lo que realmente me llevó a actuar de una vez por todas fue darme cuenta de que en Panamá, México o en la misma Colombia, las penas por los delitos de explotación de menores eran durísimas y sin embargo, en España, no lo eran. Quise eso para mi país y entonces monté la ONG".

- Avicsin también es la propulsora del proyecto de ley T.E.S.I.S. ¿Qué se pretende con esta iniciativa?

"Queremos más protección para el menor y condenas más duras para los pederastas, pedófilos y traficantes de pornografía infantil. Ya se han aprobado ciertos puntos de la ley, pero son sólo parches de la justicia. Avicsin quiere que todas las ayudas que se han dado en los casos de violencia de género, se apliquen también a los menores. Por ejemplo, que haya fiscales y abogados especializados en abusos a menores, casas de acogida para los niños y penas más fuertes. Igualmente, que los delitos de este tipo no prescriban".

- Avicsin lleva alrededor de 10 años luchando por los derechos de los menores y colaborando en casos importantes de abusos sexuales en todo el mundo. ¿Cómo se produce esa colaboración?

"Pues sencillamente nos llaman. Saben que nosotros lo que hacemos es investigar y hacer las cosas abiertamente para que la policía pueda hacer el trabajo lo mejor posible, que de hecho lo hace, pero a lo mejor hay pequeñas cosas que no 'agarran' bien, y nosotros lo que hacemos es tirar del hilo. Nuestro trabajo, al fin y al cabo, es buscar datos e investigar el caso a fondo, y después trasladamos esa información".

- De hecho, Avicsin colaboró en el caso de la desaparición de Madeleine McCann...

"Sí y yo fui la primera persona en decir que a la niña siempre le daban pastillas para dormir, que los padres la dejaban sola,...eso lo averiguamos nosotros y todo el mundo dijo que era mentira, cosa que se demostró después que era cierta. Y también hicimos dimitir a Alipio Ribeiro, jefe de la Policía Judicial lusa, y al comisario Gonçalo Amaral, que tenía un historial delictivo a sus espaldas increíble. De hecho, el equipo de personas de Policía Judicial también estaban metidos en el caso de la Casa Pía, donde policías, presentadores de televisión y fiscales están acusados de abusos sexuales a menores".

- Hasta que ustedes llegaron, parecía que el caso Casa Cuna iba a quedar en el oscurantismo. Con la publicación de las cuatro denuncias, el acusado Julio Carrillo en libertad y el silencio del Cabildo de Tenerife, ¿Ahora mismo, como están las investigaciones?

"A día de hoy, 150 personas se han puesto en contacto con nosotros para contarnos que fueron víctimas de abusos sexuales en el Hogar Sagrada Familia, ahora Casa Cuna, dependiente del Cabildo. Eso era y es una casa de tortura. Y te digo una cosa, hay mucho silencio alrededor de esto. Cuando vas a mirar algo o necesitas una información o dar con alguien,...hay silencio. Me han llegado a decir que estoy abriendo puertas que no ha abierto nadie".

- ¿Y en cuanto al proceso judicial?

"Pues en octubre vamos a presentar ante el primer bloque de denuncias, unas 20, para que se de cuenta el fiscal y el juez de que esto no es una broma. Denuncias con documentación, con peso, con nombres y apellidos y todos los datos posibles. Esto ha pasado, está ahí y hay documentación que lo acredita. Todavía hay culpables que están vivos y los que no, pues vamos a dar sus nombres para que la sociedad canaria sepa lo que ese señor hacía con los menores. Y si hay una manzana podrida en el Cabildo, un responsable que sabía lo que ocurría, por supuesto que va a ir a juicio y va a ser imputado".

- Este no es su primer caso en Canarias. Avicsin también estuvo colaborando en la desaparición de Yeremi Vargas...

"Sí, hicimos algunas cosas y la familia es gente muy agradable. El problema del caso Yeremi es que se está investigando como si ya estuviera muerto y yo, sinceramente, creo que sigue vivo. Tengo que tener fe en eso, pero es que hay gente que da el caso por perdido.".

- ¿Puede haber una red de tráfico y prostitución de niños detrás del caso Yeremi?

"Pues mira, en los dos últimos años hubo 400 detenciones de pedófilos, pederastas y gente que traficaba con pornografía infantil en Canarias. Si hay 400 detenciones en 24 meses ¿qué puede estar pasando en las Islas? Cuando en la Península desaparece un menor hay mucha alarma social, pero aquí es muy pequeña y me gustaría cambiar eso".

- ¿No le cansa esta lucha constante por defender al menor?

"Es muy sacrificado y por suerte tengo el apoyo de mi familia. Yo soy una persona de corazón y alma, y lo que más me llena es luchar porque se haga justicia por una persona que ha sufrido una injusticia. Y mucho más si se trata de un niño. Hay gente que me pregunta si este esfuerzo lo hago porque fui un niño maltratado. Para nada. Lo que me marcó para ser un luchador nato por los derechos de los menores, fue ver en Colombia cómo le decían a un niño que pasara él primero por un campo de minas. No pretendo ser el salvador del mundo. Sólo soy una persona más, sólo uno de los que lucha. Y para los que dicen que trabajo para un partido político o que el Cabildo me paga el hotel, pues decirles que no, que yo soy apolítico y totalmente libre".

sábado, septiembre 25

La acogida familiar de Cruz Roja logra 10 familias en 2 años. Dice que los retrasos en asignación de menores vienen de los cabildos

http://www.canariasahora.es/noticia/150964/
UN LARGO Y COSTOSO PROYECTO
La acogida familiar de Cruz Roja logra diez familias en dos años. La entidad benéfica explica que los retrasos en asignación de menores vienen de los cabildos.
SANTA CRUZ DE TENERIFE. - BELÉN MOLINA

El programa de acogimiento familiar firmado entre Cruz Roja y la Consejería de Bienestar Social el 17 de diciembre de 2008 ha logrado 11 acogimientos en diez familias en todo este tiempo. Uno de los casos, difícil, es el de unas hermanas gemelas de 14 años. Son cifras bajas y duramente criticadas por representantes sindicales de la Dirección General de Protección al Menor y la Familia.

Diez familias con once menores a su cargo es el balance teórico del programa suscrito con la entidad benéfico social y que ha conllevado ya un coste de 88.697,83 euros en 2008 y de 487.904,79, en 2009. Cuando la consejera del ramo, Inés Rojas, hizo la presentación oficial del acuerdo, el 21 de enero del pasado año, afirmó que el objetivo era lograr 80 familias acogentes sin derecho a adopción en el plazo de 12 meses.

No se han cumplido las previsiones pero desde la delegación en Canarias de Cruz Roja Española se considera un éxito el programa. "En Castilla y León el programa lleva veinte años y este año han logrado la familia número 40. Nosotros esperamos llegar a la 20 antes de final de 2010 y eso son muy buenos resultados", explica la coordinadora María del Cristo García Ramírez.

Cinco de las actuales familias acogentes son de Tenerife. Las otras cinco, con el acogimiento gemelar antes mencionado, son de Las Palmas, provincia que según Cruz Roja parece más receptora. Entre estas familias acogentes, una se ha hecho cargo de un bebé con síndrome de Down.

Otras diez familias están en la fase de acoplamiento, es decir, las familias ya han sido consideradas idóneas y se les ha asignado un menor. Ahora se trata de que se adapten los unos a los otros y cuando ambas partes estén a gusto, comenzará la vida familiar, bien hasta dos años (acogimiento simple), bien por más de dos años (acogimiento permanente, calificativo que confunde "porque nunca es para siempre", recalca la coordinadora del programa).

"Es un éxito", repite García Ramírez porque ya hay 503 familias interesadas en el programa, de las 129 han sido formadas y 44 han presentado solicitud formal de acogimiento.

Mejor en manos ajenas

Por qué se entrega a Cruz Roja un apartado que manejaba antes de forma directa la Dirección General de Protección al Menor y la Familia es una pregunta a la que la sociedad benéfica no da respuesta. Tampoco la Consejería, pero no cabe duda de que ha habido un antes y un después con el caso de Piedad, la menor dada en acogida a una familia tinerfeña que ha concluido en un rosario de denuncias entre la madre acogente y la biológica, con la niña de casa en casa y entre medias, en centros públicos. Un desastre.

A raíz de entonces y sin que la Consejería vincule un asunto con otro, y con la madre acogente de Piedad en los tribunales, Inés Rojas decidió poner en manos ajenas los acogimientos familiares. Trabajadores de Protección del Menor vinculan el caso de Piedad a la entrega del servicio a Cruz Roja. "Todo lo que hace Cruz Roja se hacía antes desde la Dirección General al Menor y la Familia", se quejan los sindicatos.

El retraso viene de la Unidad de Infancia y Familia

Puede que se hiciera mucho, pero en Cruz Roja niegan que se hiciera tan exhaustivamente. Eso es lo que sostiene García Ramírez. "Nosotros trabajamos con las familias una vez que han acogido y, previo a eso, las formamos. Eso antes no existía. Nosotros nos ocupamos de las familias antes, durante y después, incluso en la despedida, para que nadie sufra".

Es cierto que el proceso no es simple. Se trata de menores de entre 0 y 17 años con su propia familia biológica, a la que suelen conocer. Así que no se trata solo de sacar del centro al pibe y llevarlo a casa. Antes tiene que haber una familia que haya dicho que lo acepta y una familia biológica que acepta que se lleven a su hijo.

El siguiente paso de los acogentes es pasar un proceso de formación (ocho días, cuatro horas diarias) y aprobar un test de idoneidad. Ninguna familia puede sacar dinero con una asignación diaria de 6 euros por menor, o 12 euros por acoger a dos, según los últimos baremos aprobados.

Entre la solicitud, la formación, la formulación de petición y la prevaloración de idoneidad no deben pasar más de seis meses, pero asignar qué menor a qué familia se eterniza. "Lo que tardan son las propuestas de menores para ser acogidos por parte de la Unidad de Infancia y la Familia. No sé por qué", matiza la coordinadora.

Todavía quedan 1.057 niños en centros públicos. Todos los interesados en acoger a uno (o varios) de ellos en sus familias pueden informarse en el 900 878 773.

congreso biltzarra Vitoria Gasteiz 04-05711710 Eskubiderik gabeko adingabeak? ¿Menores sin derechos? Babesik gabeko hau atzerritarrak / Gazteria zigortua. Infancia extranjera desprotegida / Juventud penalizada


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HELBURUAK

Biltzar honen helburua, eztabaida kritikoa eta ekintzarako proposamenak egituratzea da, beti ere, haurreria eta gazteria baztertuek dituzten behar eta oztopo diskriminatzaileen inguruan sortutako gaur egungo politikekin lotuta. Era berean, topaketa-gune izan nahi du, ikasleentzat, profesionalentzat eta jendartean baztertuta dauden edo/eta erakundeen zaintzapean aldi baterako harrera zentroetan nahiz zintzotzeko zentroetan dauden adingabeentzako jendartelaguntzan lan egiten duten taldeentzat. Horretaz gainera, heziketaren ikuspuntutik, hainbat gairen espezializaziorako baliagarria izango den ekintza izango da. Landuko diren gaiak erlazionatuak egongo dira zuzenbide penalarekin eta gizarte langintza eta heziketaren arloekin, haurrak eta gazteak babesteko eta zigorrak betearazteko sistemen barnean.
Helburu orokor hori abiapuntutzat hartuz, Biltzarrak hainbaten heziketa galdekizunei erantzun nahi die –profesional, ikasle, diplomadun eta lizentziatuenei; giza eta gizarte zientzietako jakintza arloetakoei; eta erakunde eta gizarte elkarteenei ere bai– egoera horiei beste modu batera erantzuteko (eta gaur egungo ekinbideak indartzeko) gizarte ongizatearen politiken bidez.
METODOLOGIA ETA HARTZAILEAK
Hiru saio egingo dira: guztira bost mahai-inguru osatuko dira, eta hamalau hizlarik eta zazpi moderatzailek hartuko dute parte. Hasierako ekitaldian, Eusko Jaurlaritzako eta Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkari instituzionalak gonbidatuko dira.
Edonori zuzenduta daude oro har; interes berezia dute adingabeei zuzendutako jendartelaguntza, zaintza edo tratamenduarekin zerikusia duten elkarte eta erakundeetan aritzen diren profesional eta boluntarioentzat; eta unibertsitateko komunitate osoarentzat dira, eta ukitzen diren gaiengatik, bereziki, gizarte-langintza, gizarte-hezkuntza, zuzenbidea, soziologia, lanharremanak, enpresa-ikasketak, kazetaritza, psikologia eta historia ikasten dutenentzat.
KREDITUAK IKASLEENTZAT
Unibertsitateko ikasleentzat, Biltzarreko saioek 15 orduren balioa dute; eta beste 15 emango dira, 2010eko apirilaren amaiera baino lehen aurkeztuko den laburpen-lan bat egiteagatik.
Beraz, bi ziurtagiri emango dira: bat parte hartzeagatik, eta bestea lanagatik, finkatutako epearen barruan aurkeztu eta ebaluatu ondoren. Guztira 30 ordu izango dira.
300 pertsonarentzako lekua dugu; beraz, inskripzioa lehenbailehen egitea gomendatzen da, aurreko edizioetan izandako arrakasta kontuan izanik lekuak berehala beteko direlakoan baikaude: «Adingabekoaren lege penal berria» (1998), «Kartzela, Drogamenpekotasuna eta Hiesa, Gizarte lana sistema penalaren aurrean» (1999), «Pobrezia eta arriskua Europan: ongizaterako erronkak Euskadin» (2000), «Kartzela eta Giza Eskubideak: Berme juridikoak, osasuna, giza asistentzia, heziketa eta lana» (2001), «Gazte eta Adingabeko zigortuak: erantzun judizial, hezigarri eta sozialak» (2001), «Etorkinekin gizarte lana eta heziketa hartzailea jatorrizko herrialdeetan» (2002), «Gizarte politika eta hiritar segurtasuna: Erronkak Europako eta Munduko Euskadi batentzat» (2003), «Gizarte Zerbitzuak eta Kartzela: Alternatibak gaur egungo kultura zigortzaileari» (2004), «Drogei buruzko politika sozialak eta kriminalak» (2005). «Haurtzaro eta Gazteria baztertuak. Politika Sozial eta Kriminalak» (2006), «Immigrazioa eta kultura gutxituak. Politika Sozial eta Kriminalak» (2007), «Bitartekaritza gizarte gatazketan» (2008), «Gizarte bazterkeriaren eta pobreziaren feminizazioaren aurkako borroka» (2009).
MATRIKULAREN ORDAINKETA ETA MATERIALAREN GASTUAK:
Matrikula arrunta eta murriztua da, bere kostua 30 €(*) baita. Kopuru hori, lehendabiziko egunean banatuko den materialerako izango da. 30 euroko kopuru hori urriaren 30a baino lehen sartu beharko da Vital Kutxako kontu zenbaki honetan: 2097 0152 85 0104893549.
Diru kopurua sartzean, sartu duenaren izena eta lehen abizena zehaztu beharko dira. Izena lehenbailehen ematea gomendatzen da, gehienetan azken egunaren aurretik agortzen direlako plazak eta orduantxe bukatzen delako matrikulazioa.
Gizarte langintza Eskola Unibertsitateko ikasleek izen-emate orria urriak 22 baino lehen entregatu beharko du. Egun horretan klaseak bertan-behera uzteko ikaslegoaren ehuneko 50 baino gehiagok jardunaldian izena emanda izan beharko du. Horrela ez balitz, ikas-egunak izango dira guztientzat, kongresuan izena eman dutenentzat izan ezik.
(*) UPV/EHU Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskolako practicumarekin elkarlanean dabiltzaten profesionalak dohainik
MATRIKULA BIDALI EDO AURKEZTEA:
Kongresuan izen emateko bide ezberdinak daude:
1. Honoko helbidera posta bidez edo consejerian utzi: . Eskubiderik gabeko adingabeak? Biltzarra. Gizarte Lan- Unibertsitate eskola. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. Los Apraiz kalea, 2, 01006 Vitoria- Gasteiz
2. Fax bidez: 945.013308 izen emate orria eta matricularen ordainketaren agiria gehituz.
3. Helbide elekroniko honetara ordainagiria eta izenemeate orria eskaneatuta bidaliz:vtgikus@vc.ehu.es
INFORMAZIOA ETA IDAZKARITZA TEKNIKOA
Astelehenetik Ostegunera goizez 9.30etatik 12.30etara. 945013324. E-posta: vtgikus@ehu.es
INFORMAZIOA. IDAZKARITZA TEKNIKOA: 945.013324 edo 945-014273. Claudia Venceslao EGITARAUA AKREDITAZIOA ETA MATERIALA JASOTZEAosteguna, azaroak 4, 9:30ean Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskolan
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OBJETIVOS
Este Congreso se plantea con el fin de potenciar un debate crítico y articular propuestas de actuación en relación con las actuales políticas de respuesta a las necesidades y barreras discriminatoria que tiene la infancia y juventud perteneciente a los sectores marginados de la sociedad. Se plantea también como un espacio de encuentro entre estudiantes, profesionales y grupos que trabajan en el apoyo social a menores en situación de exclusión social y/o bajo custodia institucional en centros de acogida temporal o de reforma. Además es también, desde un punto de vista formativo, una actividad de especialización en temas relacionados con, el derecho penal, el trabajo y la educación social en el ámbito de los sistemas de protección y ejecución penal para menores y jóvenes.
A partir de este objetivo general, el Congreso quiere responder a las demandas concretas de formación que existen tanto por parte de profesionales, estudiantes, diplomados, licenciados y en áreas de conocimiento vinculadas a las Ciencias Sociales y Humanas, como por parte de instituciones y organizaciones sociales con vistas a dar nuevas respuestas a estas situaciones (y reforzar las actualmente existentes) desde las políticas de bienestar social.
METODOLOGIA Y DESTINATARIOS
Consta de tres sesiones, con un total de cinco mesas y catorce conferenciantes y siete moderadores/as. El primer día, además se celebrará el acto inaugural, en la que se invitará a los representantes institucionales del Gobierno Vasco y de la Universidad del País Vasco.
Están dirigidas al público en general, y resultan de especial interés para profesionales y personas voluntarias que trabajan en asociaciones e instituciones relacionadas con el apoyo social, la asistencia y el tratamiento de menores, a toda la comunidad universitaria, y en particular a estudiantes de Trabajo social, Educación social, Derecho, Sociología, Relaciones laborales, Empresariales, Periodismo, Psicología e Historia por la especificidad de las materias que se abordan.
CREDITOS PARA ESTUDIANTES
Para estudiantes universitarios, las sesiones del Congreso equivalen a 15 horas, más otras 15 por la elaboración de un trabajo de síntesis que será entregado antes de finales de Abril de 2010, por lo que se emitirán dos certificados, uno por la participación y otro por el trabajo una vez entregado y evaluado dentro del citado plazo establecido sumando un total de 30 horas.
El número total máximo de plazas es de 300 que previsiblemente se cubrirán sobradamente a la vista de lo sucedido en los Congresos y Jornadas que en este marco hemos venido celebrando en ediciones anteriores: «La nueva ley penal del menor» (1998), «Cárcel, drogas y Sida. Trabajo social frente al sistema penal» (1999), «Pobreza y peligro en Europa: retos para el bienestar social en Euskadi» (2000), «Cárcel y Derechos Humanos: Garantías jurídicas, Salud, Asistencia social, Educación y Trabajo» (2001), «Jóvenes y menores penalizados. Respuestas judiciales, educativas y sociales» (2001), «Trabajo Social y Educación Social con Inmigrantes» (2002), «Política social y seguridad ciudadana: retos para una Euskadi en Europa y el Mundo» (2003), «Servicios Sociales y Cárcel: Alternativas a la actual cultura punitiva» (2004), «Políticas sociales y criminales en materia de drogas» (2005), «Infancia y juventud marginadas. Políticas sociales y criminales» (2006), «Inmigración y culturas minorizadas. Políticas sociales y criminales» (2007), «Mediación en conflictos sociales» (2008), «La lucha contra la exclusión y la feminización de la pobreza» (2009)
ABONO DE MATRICULA Y GASTOS DE MATERIAL:
La matricula es común y reducida puesto que es de tan solo de 30 € (*) en concepto de materiales, que se entregarán el primer día. Este ingreso TOTAL de 30 € ha de hacerse antes del 30 de Octubre especificando el primer apellido y nombre de quien hace el ingreso en el siguiente número de cuenta de la Vital Kutxa: 2097 0152 85 0104893549 Se recomienda hacerlo cuanto antes puesto que casi siempre las plazas se completan antes de esa fecha y se cierra la matrícula.
El alumnado de la Escuela Universitaria de Trabajo Social habrá de entregar la hoja de matriculación antes del 22 de Octubre. Esto es debido a que la suspensión de las clases en esos días está supeditada a que haya más del 50% del alumnado inscrito. De lo contrario sería días lectivos para todo el alumnado salvo para quienes se hayan inscrito en el Congreso.
(*) Excepto profesionales que colaboran en el practicum de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad del País Vasco.
ENVIO, O ENTREGA DE MATRICULA: Existen varias vías para la matriculación en el Congreso:
Entregando la hoja de inscripción y el justificante de pago en la conserjería
1. de la Escuela Universitaria de Trabajo Social
2. Por correo electrónica en la dirección vtgikus@vc.ehu.es, adjuntando la hoja de inscripción
3. Por fax al número 945.01.33.08, adjuntando una copia del justificante de pago de la matrícula y la hoja de inscripción.
4. Por correo postal a la dirección: Congreso ¿Menores sin derechos? A la atención de César Manzanos. Escuela Universitaria de Trabajo Social (UPV) Los Apraiz, 2. 01006 Vitoria-Gasteiz. Adjuntando la hoja de inscripción y el justificante de pago.
INFORMACIÓN. SECRETARIA TÉCNICA: 945 - 01 33 24 o 945 - 01 42 73. Claudia Venceslao

viernes, septiembre 24

13è Fòrum Fedaia 22 i 23/10/10

Fòrum Fedaia divendres 22 octubre Hora 11:45 Taula rodona sobre mitjans de comunicació i infància Col·legi de Periodistes.

13è Forum FEDAIA

Data inici esdeveniment: 22/10/2009 Data fi esdeveniment: 23/10/2009 Lloc: Barcelona

El 13è Fòrum de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència (FEDAIA) es presenta com un espai de trobada on diferents agents que treballen amb infants, adolescents i les seves famílies que es troben en situació de risc d'e xclusió social, aprofundeixen sobre els temes que els afecten. L'objectiu és impulsar el valor de la paraula i iniciar accions coordinades en favor d'una participació activa i democràtica dels infants i adolescents de la nostra societat.

Més informació: Web de FEDAIA Obre finestra nova

Programa: Feu clic per descarregar-lo Document en format PDF - Obre finestra nova

DIJOUS 22 OCTUBRE MATÍ
9.00 a 9.30 h Recepció dels participants i lliurament de materials
9.30 a 10.00h INAUGURACIÓ
Hble. Sra. Carme Capdevila i Palau, Consellera del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Jaume Clupés i Horta, President de FEDAIA.

10.00 a 11:30h SESSIÓ PLENÀRIA Teoria de la participació infantil: la seva aplicació i rellevància a la pràctica quotidiana. A càrrec de Sr. Harry Shier, Assessor educatiu del Centre de Serveis Educatius en Salut i Medi Ambient de San Ramón, Matagalpa, Nicaragua. Presenta i Coordina, Sr. Siscu Baiges, Periodista i Director, Tots x tots de COMRADIO.

11.30 a 12.00h PAUSA - CAFÈ

12.00 a 14.00h TAULA RODONA I GRUPS DE TREBALL
Projecte de participació d'infants i adolescents de la FEDAIA
A càrrec de la Sra. Marta García, Sotspresidenta de FEDAIA i coordinadora del projecte i la Sra. Imma Fondevila, Cap de Projectes d'Interpreta Cultura.
Presenta i coordina, Sr. Jordi Muner i Armengol, Responsable del Pla Director i Sistemes d'Informació de la Secretaria d'infància i adolescència del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

14.00 a 15.30h DINAR (Imprescindible fer reserva prèvia mitjançant full d'inscripció)

TARDA
15.30 a 17.00h TAULA RODONA: EL VALOR DE LA PARAULA
A càrrec del Sr. Juan Luis Linares, Professor titular de Psiquiatria de laUniversitat Autònoma de Barcelona i la Sra. Violeta Nuñez, Professora titular de Pedagogia Social del Departament de Teoria i Història del'Educació de la Universitat de Barcelona.
Presenta i coordina Sra. Eva Alesanco, Coordinadora del Servei d'acolliments i adopcions de la Fundació IRES.

17.00 a 18.30h ESPAIS SIMULTANIS Experiències de promoció de la participació dels infants i joves des de diferents àmbits: el món local, el sistema educatiu i les noves tecnologies.
ESPAI 1
Consell d'Infants Sant Feliu de Llobregat. A càrrec de Sra. Anna Maria Novella, Professora del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Membre del GREM.
Programa pedagògic d'Educació Democràtica. Escola Eiximenis de Girona. A càrrec de Sra. Montserrat Asso i Dalmau – Directora - i Anna Hernández i Sánchez - Cap d'estudis- Consell Assessor Jove. A càrrec del Sr. Bernat Albaigés, Assessor de l'àrea d'infància del Síndic de Greuges de Catalunya Presenta i coordina, Sra. Anna Capdevila, Coordinadora de l'Associació l'Esplai l'Esquitx de Barcelona.
ESPAI 2
Consell d'Infants de Granollers. A càrrec de Sra. Maria Marín, Tècnica d'educació de l'Ajuntament de Granollers i Sra. Agnés Ferrer, Educadora d'art i dinamitzadora del Consell d'infants de l'Ajuntament de Granollers.
Experiències de ciutadania. A càrrec de Sra. Montserrat Payés, Directora del CEIP Joan Miró de Barcelona.
El web dels drets de l'infant: eina de dinamització per a la infància, la família i els professionals. A càrrec del Sr. Francesc Reverter, Tècnic d'infància i família de l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.
Presenta i coordina, Sra. Anna Bel Carbonell, Directora de la Fundació Comtal.
ESPAI 3
Experiències a escala de la ciutat de Barcelona
. Ajuntament de Barcelona.
A càrrec de la Sra. Marta Truñó Salvadó, Assessora tècnica de la Tinència d'Alcaldia d'Acció Social i Ciutadania.
La Finestra Escolar, la ESOLLIGA i Sense aixecar la mà, projectes de l' l'Institut Miquel Biada de Mataró. A càrrec del Sr. Manuel Varea, Responsable d'audiovisuals de l'IES.
El Galliner. A càrrec de la Sra. Clara Darder, Presidenta Associació Cultural "El galliner".
Presenta i coordina, Sr. Joan Muntané, Director Tècnic de Drecera.
ESPAI 4 Consell d'Infants de Mollet. A càrrec de la Sra. Núria Duñó, Gerenta de l'Institut Municipal d'Educació Ajuntament de Mollet i la Sra. Pilar García, Tècnica d'educació de l'Institut Municipal d'educació de l'Ajuntament de Mollet.
Aprendre a conviure tot participant. Una experiència de participació al CEIP Pràctiques 2. A càrrec del Sr. Miquel Suñé, Director i la Sra. Laura Casals, Cap d'Estudis.
TV de Mataró. A càrrec del Sr. Jaume Puig, Director tècnic de la televisió de Mataró.
Presenta i coordina, Sra. Carme Calafat, Directora de l'àrea d'infància i família de l'associació ABD.

DIVENDRES 23 OCTUBRE MATÍ
9.00 a 10.00h TAULA RODONA Promoció de la participació infantil i juvenil des de les entitats de FEDAIA.
Fundació Marianao. A càrrec del Sr. Dani Osiàs, Cap d'àrea de la comunitat educativa.
UEC Centre Cruïlla. A càrrec del Sr. Juan Francisco Carrasco, Educador de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) del Centre Cruïlla.
Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) - Pis de Joves. A càrrec del Sr. Fran Rojas, Educador social.
Presenta i coordina, Sra. Laura Marín, Cap d'atenció social primària benestar de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

10.00 a 11.00h SESSIÓ PLENÀRIA Donant suport a la participació: aprenent des de l'experiència.
A càrrec de la Sra. Cath Larkins i la Sra. Trudy Aspinwall, Consultoresen participació de Ear2theGround, Gal·les, França.
Presenta i Coordina, Sr. Marc Simón Martínez, Director de l'Àrea d'Integració Social de la Fundació "la Caixa".
11.00 a 11.30h PAUSA – CAFÈ

11.30 a 12.30h SESSIÓ PLENÀRIA Plans, accions i assoliments del Consell d'Europa per a promoure la participació infantil i juvenil.
A càrrec de la Sra. Maarit Kuikka, Responsable del programa "Construint una Europa per i amb els nens" del Consell d'Europa.
Presenta i Coordina, Sr. Manuel Cuyás, Periodista i Director adjunt del diari El Punt.

12.30 - 13.30h EM SENTS? Teatre fòrum sobre la participació dels infants i adolescents en processos d'inclusió social. A càrrec d'IMPACTA TEATRE.

CLOENDA. A càrrec de:
Il.lm. Sr. Ricard Gomà i Carmona, 2on Tinent d'Alcalde d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona
Sra. Imma Pérez i Rovira, Secretària d'Infància i Adolescència del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
Il.lma. Sra. Montserrat Ballarín i Espuña, Presidenta delegada de l'Àrea de Benestar Social
Sr. Jaume Clupés i Horta, President de FEDAIA.

Jornada Ub Dret 04/11/10 La situació jurídica dels menors estrangers no acompanyats: drets i garanties. Coordinació i cooperació a nivell europeu, estatal i amb els països d’origen

Jornada La situació jurídica dels menors estrangers no acompanyats: drets i garanties. Coordinació i cooperació a nivell europeu, estatal i amb els països d'origen
4 de novembre 2010
A pesar de que ya han pasado más de veinte años desde la llegada de los primeros menores extranjeros no acompañados, y desde entonces se ha ido denunciado, de forma constante, la situación jurídica y social de estas personas, todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar la plena efectividad de los derechos que tienen legalmente reconocidos. ¿Cuál es la razón? Lo cierto es que las razones serían varias. Se trata de un fenómeno novedoso y complejo que, además, ha ido evolucionando con los años. El lugar de procedencia, el de destino, su realidad social son distintas.
Aunque el tratamiento jurídico es común a todos ellos, cada uno porta en su equipaje una historia distinta y única. Ahora bien, todos se mueven por el mismo impulso: la búsqueda de un sueño, de un futuro mejor.
En estas personas concurre una doble condición: son menores pero también son extranjeros que se encuentran en España de forma irregular. Así, su estatus jurídico viene determinado por la legislación de infancia y adolescencia y lo establecido para los mismos en la legislación de extranjería.
En su condición de menores, las Administraciones autonómicas deben brindarles la protección necesaria, asumiendo su tutela. En su condición de extranjeros, corresponde a la Administración del Estado tramitar su permiso de residencia y trabajo y, en su caso, cuando así resulte conveniente para su "interés superior", proceder a retornar al menor a su entorno socio-familiar. En nuestro
sistema jurídico, debe imponerse y primar la condición de "menor" y, por tanto, deberían tener garantizada la protección y los derechos que corresponden a todos los menores. Sin embargo, la realidad demuestra que, en muchos casos, en el tratamiento que se les brinda se impone su condición de "extranjeros". ¿Por qué?, desconocimiento, temor a desbordar unos sistemas de protección
de la infancia que no cuentan con los recursos suficientes, temor al efecto llamada entre una y otra Comunidad Autónoma…
La experiencia de los últimos años pone de relieve que se trata de un fenómeno que debe ser abordado de forma coordinada por el conjunto de Administraciones implicadas. Una de las características del fenómeno es la gran movilidad de los menores, que se desplazan no sólo dentro de nuestro territorio, sino también por los distintos Estados de la Unión Europea. Por ello, es fundamental caminar hacía un tratamiento jurídico común en la Unión Europa, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas Por otra parte, también es esencial la cooperación con los países de origen. Es necesario evitar los riesgos y el sufrimiento que conlleva el proyecto migratorio de estos menores y garantizar que también puedan hacer realidad su sueños al lado de los suyos.
La última reforma de la Ley de extranjería ya prevé la colaboración con los países de origen y entre las propias Administraciones implicadas. Pero es necesario dar el salto de la norma a la realidad.
Legislación de protección de la infancia no falta, la cuestión es aplicarla y garantizar a estos menores el disfrute de los derechos que tienen reconocidos y el pleno desarrollo de su personalidad.
Por otra parte, no podemos olvidar que los menores, todos los menores, son el futuro. El coraje de estos niños, capaces de dejar atrás lo que conocen y recorrer solos –y con riesgo para sus vidas– miles de kilómetros para adentrarse en lo desconocido en búsqueda de un sueño, es una fuerza que no debería desperdiciarse o neutralizarse, sino que es necesario sumar a la empresa de construir un futuro mejor para todos.
La presente Jornada se organiza como foro para la reflexión, el debate sereno, la crítica constructiva o la presentación de propuestas, con el fin de conseguir que cada uno de estos menores tenga efectivamente garantizados los derechos que nuestro Ordenamiento les reconoce y, conforme al principio jurídico del interés superior de cada menor, reciba de las Administraciones públicas competentes la atención y protección necesaria. Ángeles de Palma

09'00 h. Presentación. Dra. Ángeles de Palma, profesora titular de Derecho administrativo. Universidad de Barcelona.

Primera parte: moderada por el Dr. Eliseo Aja Fernández, Catedrático de Derecho constitucional. Presidente del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Catalunya.
09'30 h. El Plan de Acción sobre los menores no acompañados en la Unión Europea. Hacia una política comunitaria común. Sra. Estrella Rodríguez Pardo. Directora General de Integración de los Inmigrantes. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
10'15 h. La situación de los menores extranjeros no acompañados en Cataluña. La colaboración con los países de origen. Sr. Joan Mayoral. Subdirector General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Administración de la Generalitat de Catalunya.
11'00 h. Debate. 11'15 h. Pausa café.

Segunda parte: moderada por el Dr. Vicenç Aguado, Catedrático acreditado de Derecho administrativo. Universidad de Barcelona.
11'45 h. La situación de los menores extranjeros no acompañados en el País Vasco. Las técnicas de coordinación entre Comunidades Autónomas y con el Estado para garantizar su protección. Dr. Iñaki Lasagabaster. Catedrático de Derecho administrativo; y Dr. José Ignacio Cubero Marcos. Profesor de Derechoadministrativo. Universidad del País Vasco.
12'30 h. El derecho a la vida familiar. La reagrupación familiar como finalidad de la repatriación de los menores a sus lugares de origen. Dra. M. Nieves Arrese Iriondo. Profesora de Derecho Administrativo. Universidad del País Vasco.
13'15 h. Debate. 13'30 h. Cierre de la sesión matinal.


Tercera parte: moderada por el Dr. Antonio Madrid, Profesor titular de Filosofía del Derecho y coordinador del proyecto "dret al
Dret". Universidad de Barcelona.
16'00 h. La realidad social de los menores y las menores extranjeras no acompañadas o separadas de su familia. ¿La regulación legal y las Administraciones brindan una respuesta adecuada a la situación de estas personas? Sra. Violeta Quiroga, Dra. en Antropología social y cultural. Directora del grupo de investigación "Infancia y familia en ambientes multiculturales" (IFAM). Universidad Ramon Llull.

16'45-18'45 h.
Presentación Programa La situació jurídica dels menors estrangers no acompanyats: drets i garanties. Coordinació i cooperació a nivell europeu, estatal i amb els països d'origen.

4 de novembre 2010
ESCOLA DE POSTGRAU Jornada
Mesa Redonda: La situación real de los derechos de los menores extranjeros no acompañados.
Las garantías de los derechos de los menores extranjeros no acompañados. Las situaciones planteadas ante el Defensor del Pueblo. Sra. Elena Arce Jiménez, asesora del área de inmigración del Defensor del Pueblo.
El derecho de defensa de los menores extranjeros no acompañados. Sr. Juan Ignacio de la Mata Gutiérrez, Abogado.
Las garantías en el procedimiento de determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados. El pasaporte como documento público que hace prueba plena de los hechos que documenta. Sr. Albert Parés, Abogado social Fundación FICAT.

18'45-19'15 h.
Debate, cierre de la Jornada.


Dirección académica y coordinación: Dra. Ángeles de Palma del Teso, profesora titular de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona.
Organizan:
- Escuela de Postgrado, Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona.
- Proyecto de investigación, desarrollo e innovación "Derechos de la ciudadanía, libertad de establecimiento y circulación de servicios en la Unión Europea". Ref.: DER2009-08579 (Ministerio de Ciencia e Innovación).
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.Salón de Grados-Aula Magna.Avda. Diagonal, 684. 08034 Barcelona.
Información: Escuela de Postgrado, Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona. Sra. Elisenda Pérez.Tel. 934037658. escolapostgrau.dret@ub.edu
Inscripción: Público en general: 20 €. Deberá enviarse una solicitud de inscripción antes del día 29 de octubre a la dirección de correo: escolapostgrau.dret@ub.edu
Estudiantes de licenciatura, diplomatura o grado, en especial Derecho, Trabajo Social y Ciencia Política y de la Administración: 20 €.
Para realizar la inscripción los estudiantes deberán dirigirse a la Secretaríade la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, entre eldía 4 y el 29 de octubre.
Certificado de asistencia y reconocimiento de créditos: A todas las personas inscritas se les entregará certificado de asistencia.
A los estudiantes, además, se les reconocerán:
- 1 crédito (Licenciatura o Diplomatura)
- 10 horas de reconocimiento de créditos ECTS (Grado)
El reconocimiento del crédito requiere la inscripción y asistencia a lasesión.

Amnistía Internacional. Menores en centros terapéuticos España



 
 
 
 
 
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Nuevo informe de Amnistía Internacional
Si vuelvo, ¡me mato! II
Informe de seguimiento sobre la situación de los menores en centros de protección terapéuticos en España
der
 

Los derechos humanos de los menores en Centros de Protección siguen sin garantizarse nueve meses después de las denuncias de Amnistía Internacional

España se examinó el 15 de septiembre ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU y Amnistía Internacional pide una Ley estatal que proteja los derechos de los menores

 

     Este informe de seguimiento presenta la respuesta dada hasta el momento por el Estado español ante la situación de desprotección, vulnerabilidad e invisibilidad frente a posibles abusos de los y las menores con trastornos de conducta o en dificultad social en su ingreso y durante su permanencia en Centros de Protección Terapéuticos en España, denunciada anteriormente por Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo. Reúne los incumplimientos internacionales y estatales de España en materia de legislación y las reacciones y acciones concretas emprendidas por las autoridades estatales y autonómicas que se han pronunciado públicamente sobre el tema durante 2009-2010, y las de las autoridades que han accedido a dialogar con Amnistía Internacional en torno a sus recomendaciones.

 

Amnistía Internacional lamenta que transcurrido un periodo razonable de tiempo no se hayan producido avances sustanciales e incluso se hayan reforzado los criterios contrarios a un enfoque de derechos humanos y al interés superior de los y las menores, impidiendo una revisión seria de la normativa, políticas y mecanismos institucionales.

 

Amnistía Internacional se ha dirigido a las autoridades para que asuman su responsabilidad con respecto a la situación de los menores y para que desarrollen una ley estatal que proteja sus derechos. Esta ley tiene que cubrir, al menos, los siguientes aspectos:

 

  • Garantizar derechos y garantías a favor de niños, niñas y adolescentes con trastornos de conducta o en situación de dificultad social, estén o no institucionalizados, a través de legislación estatal exigible en todo el territorio de España.
  • Asegurar que todo el sistema de protección toma como guía las normas internacionales y aplica las Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los menores.
  • Ejercer las funciones de inspección con la debida diligencia y cumplir con investigar de manera exhaustiva e imparcial las alegaciones de abusos, garantizando a quienes denuncian que no serán objeto de represalias

 Conscientes de vuestro interés por el respeto a los derechos de los niños y niñas, os animamos a darle la máxima difusión entre vuestros contactos, socios, colaboradores y redes sectoriales en las que participéis. También podéis firmar, apoyar y difundir la ciberacción que hemos activado en www.actuaconamnistia.org, dirigida al Presidente del Gobierno. 

 

Saludos,

Melly Moreno Salas

Amnistia Internacional Madrid

refugiados@madrid.es.amnesty.org

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006