miércoles, febrero 11

Tutela pública de gestión privada

El 95% de los centros de protección de menores es concertado - Cuestan la mitad que los de la Administración; sus educadores cobran 800 euros

J. A. AUNIÓN 09/02/2009

Se trata de buscar organizaciones muy especializadas, dice la Comunidad de Madrid

Las autonomías han eludido sus responsabilidades, sostiene Javier Urra

El Defensor destaca la entrega de los educadores y su mala situación laboral

Los profesionales reclaman más coordinación en la atención al menor

La normativa no da seguridad ni a niños ni a trabajadores, dicen los expertos

El estudio considera escasos los controles a los centros; los Gobiernos discrepan

Pero en ese momento, las Administraciones, en la gran mayoría de los casos, delegan de nuevo hacia otro lado, en las asociaciones y fundaciones que gestionan 55 de los 58 centros de protección de menores que ha contabilizado el informe del Defensor del Pueblo sobre estas residencias para chavales con trastornos de conducta y en dificultad social, competencia de las autonomías. Sólo hay dos centros públicos en Cataluña y otro en Castilla y León, y al menos este último tiene una parte de la atención concertada.

Hoy, tras la publicación de ese estudio, está bastante más que en entredicho el servicio que ofrecen algunos de ellos. El texto habla de castigos físicos, de celdas, del oxímoron terrible que parecía ya olvidado de la "colleja educativa". Y ni siquiera se trata sólo de esas irregularidades en sí. Más allá, late en el fondo de la polvareda que se ha levantado la conveniencia de que una atención pública tan delicada como es la de los menores más conflictivos se deje en manos privadas. Se trata, una vez más, del encarnizado debate que se ha dado con muchos servicios públicos, pero con la diferencia de que en la sanidad o la educación hay comunidades que apuestan claramente por la gestión pública (Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo) y otras son acusadas permanentemente de privatización (como Madrid).

En la Comunidad de Madrid, una portavoz explica que los centros de protección de menores con problemas de conducta requieren recursos muy especializados, por eso buscan asociaciones y fundaciones con larga tradición. Además, menciona un acuerdo entre poderes públicos y sindicatos para contratar este tipo de servicios. El responsable de relaciones sociales del Ararteko (equivalente vasco al Defensor del Pueblo), Fermín Barceló, habla de algo parecido, de una situación heredada de hace décadas en la que estos servicios eran considerados de beneficencia y, por tanto, quedaban a merced de la buena voluntad de los particulares (asociaciones, órdenes religiosas...).

Sin embargo, para Javier Urra, psicólogo forense y ex Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, las Administraciones se han "desresponsabilizado" del problema. Un problema que va en aumento -asegura el Defensor del Pueblo que hay unos 11.000 menores en residencias y pisos de acogida-, aunque las situaciones más complicadas son relativamente pocas: unos 800 menores ocupan plazas en los centros por problemas graves de conducta. Pero es muy incómodo, porque se trata de atender a unos chavales a veces agresivos, antisociales, con problemas de autocontrol, pero, al fin y al cabo, menores que deben ser tratados como tales, con todas las prevenciones y cuidados y las acciones educativas que puedan sacarles adelante.

Así, Barceló señala otra razón de la gestión privada de esos servicios: el dinero. Según el informe del Defensor del Pueblo, el coste medio diario de una plaza en un centro privado es de 127 euros al día, y en uno público, entre 300 y 350 euros. El ahorro es un argumento repetido, más o menos veladamente, a favor de la gestión privada de los servicios públicos, amén de una presunta mayor eficiencia, flexibilidad y capacidad de reacción ante los problemas, como ocurre con este mismo debate en la sanidad o la educación.

Pero como ocurre en la sanidad o la educación, esa diferencia de costes la pagan muchas veces las condiciones laborales de los trabajadores. El sueldo medio de los educadores de estos centros es "excesivamente bajo", de unos 800 euros mensuales de media, según el informe del Defensor.

En la Fundación O'Belén, algunas de cuyas residencias son de las peor paradas del informe, el sueldo base de los educadores es de 977 euros al mes, 886 euros si se trata de un educador auxiliar, según el convenio colectivo de la fundación de 2006. Sin embargo, Antonio Tort, de la directiva de la asociación Dianova, dice que los sueldos de sus empleados están "algo por encima" de lo que establece el convenio del sector de la intervención social (entre 1.134 y 1.431, dependiendo del nivel de formación). Además, Tort habla de una baja rotación de sus trabajadores (en torno al 15%).

Entre Dianova y O'Belén acumulan 12 de los 58 centros estudiados por el Defensor. El primero no sale especialmente mal parado en el informe. Entre los dos gestionan cada año unos 17 millones de euros (unos cinco Dianova y cerca de 12 O'Belén), más del 90% procedentes del pago en concepto de servicios sociales que les aportan las Administraciones. Entre las otras 39 entidades que gestionan este tipo de centros hay de todo. Desde órdenes religiosas (aunque pocas), como la Orden Hospitalaria Hermanos de San Juan de Dios (con un centro en Palencia), a una sociedad mercantil, Empresa de Servicios Integrados Clece, dedicada a todo tipo de servicios de limpieza, catering o atención social, presente en Guipúzcoa.

Muchas voces dentro del entorno de la atención a menores se quejan de que se trata, sin más, de empresas que tienen un presupuesto y han de cuadrar las cifras como objetivo primordial, pero éstas defienden su función social y su falta de ánimo de lucro. Ésa es la figura jurídica (de asociación o fundación) que tiene la mayoría. Pero las malas condiciones que, en general, señala el informe del Defensor están ahí: los sueldos, una "alta rotación" de los empleados y, en definitiva, una falta de seguridad imprescindible en un trabajo en el que recibir insultos, tal vez que te rompan el coche e incluso ser víctima de una agresión es parte de la cotidianidad.

"Yo lo dejé por las condiciones laborales, no por el trabajo, aunque es muy duro, pero siempre compensa por los chavales", asegura Carlos Ayuso hablando de su paso, allá por 2000, por el centro de Azuqueca de Henares gestionado por O'Belén. Cobraba entonces unas 100.000 pesetas (600 euros) y doblaba muchas veces el horario que ponía en su contrato, dice este maestro, que hoy trabaja en un centro escolar que atiende a jóvenes con problemas de conducta, lo que incluye a chavales de centros de protección y de reforma de menores (estos últimos acogen a chicos condenados por algún delito). Unos chavales, además, que necesitan figuras de referencia, personas que se ganen su confianza y no estén continuamente cambiando.

En cualquier caso, Ayuso defiende con insistencia la dedicación y el esfuerzo de los empleados de esos centros. También el Defensor: "Hemos podido constatar, en muchos casos, la entrega generosa de estos profesionales [...] Y, en otros, los difíciles equilibrios que han de realizar, obligados a moverse en el delicado espacio existente entre la necesidad de imponer unas normas para garantizar sus puestos de trabajo o dejarse guiar por el cariño y el sentido común [...] Entre aplicar métodos estrictamente punitivos y disciplinarios o métodos pedagógicos. Una elección difícil en la que siempre sale mal parada la libertad. Y la libertad es un atributo esencial en la tarea de los educadores".

Así, muchas veces quedan relegadas las intervenciones educativas con los jóvenes y sólo quedan los elementos de contención, dice el Defensor. Por la falta de formación de la que se quejan los educadores, pero también por la inexistencia de políticas coordinadas de intervención. Hay una variedad de programas que "no responde a una planificación previa basada en las necesidades de los menores, y, de hecho, en la práctica, se deriva a los menores, no en razón de indicaciones diagnósticas, sino más bien de las plazas vacantes". Tampoco hay planificación territorial, de modo que Asturias, Extremadura, Baleares o La Rioja no tienen centros y estos chavales se desplazan a otras comunidades, muchas veces no precisamente al lado. Por ejemplo, en el momento en que se hizo el informe (2008), La Rioja tenía a tres jóvenes en un centro andaluz.

Pero no sólo falta organización entre los centros, sino entre la enorme variedad de recursos que existen en torno a los menores (las residencias son, o deberían ser, el último cartucho, cuando todo lo demás falla), entre ayuntamientos, Gobiernos autónomos, fiscalías de menores, a veces servicios duplicados o multiplicados con nuevos nombres y distintas concesiones de todo tipo. A Álvaro Hernando, director del aula educativa de Tetuán, en Madrid, donde trabaja Carlos Ayuso, le preocupa esa descoordinación. Insistiendo en la "falsa rentabilidad" de una inversión que, aunque sea más barata, no funciona, habla de cómo se diluyen las responsabilidades en esa maraña de recursos. "Una cosa es el valor del trabajo de las ONG, de las asociaciones, y otra delegar la responsabilidad del Estado en ellas", se queja el profesor de Derecho de la Universidad Carlos III Ignacio Campoy. Y aunque él cree que la gestión privada no es la ideal, si se usa debe hacerse con un gran control, añade. Y, al parecer, en ese punto hay muchas lagunas, empezando por la normativa.

Javier Urra señala una gran diferencia entre estos centros de protección y los de reforma, para menores que han cometido delitos. Aunque en estos últimos también se ha dado recientemente un giro hacia la gestión privada (asociaciones y empresas llevan más del 70% de estos centros, según el último recuento que hizo este periódico en 2007), con ellos hay normativas y reglamentos claros, normas de actuación y régimen interno que han de cumplir todos.

Aunque el batiburrillo legal va más allá (cada comunidad ha desarrollado de una manera distinta la ley de protección jurídica del menor de 1996, con situaciones dispares sobre cómo atender a los menores tutelados, incluso cuándo hacerse cargo de ellos), Fermín Barceló, de Ararteko, insiste en las normas de las residencias: "Muchas veces, entre la ley y el pliego de condiciones de los concursos públicos para conceder el servicio no hay nada". Aunque es cierto que hay excepciones: el Defensor del Pueblo señala normativa muy específica en Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana o Castilla y León.

Urra, independientemente de que se trate de centros públicos o privados, explica una serie de requisitos mínimos que han de cumplirse y que, aunque seguro que hay residencias y profesionales que ya lo hacen, ahora no están garantizados para todos. Primero, que los centros cuenten con un personal que goce de buenas condiciones laborales, de un equipo directivo estable y unos trabajadores con experiencia. Además, deben estar muy claros los derechos, pero también los deberes de los menores (es muy importante que estos chicos, dice, aprendan que hay que respetar normas).

Es probable, añade, que haya que castigarles en alguna ocasión, y también que haya que separarles del grupo, pero todo eso debe tener unos límites muy claros y muy regulados, para protección de los chavales pero también de los trabajadores, añade Urra. La Comunidad de Madrid va a aprobar esta semana un protocolo de actuación con la Fiscalía de Menores para que el órgano judicial supervise y autorice cada decisión relevante (véase, un castigo) en las residencias.

Pero, por mucho que se regule, siempre habrá que establecer un estricto control. Las comunidades insisten en la calidad y continuidad de las inspecciones a los centros. Andalucía habla, como mínimo, de una al año. La Comunidad de Madrid y Cataluña, de inspecciones constantes (por sorpresa en el caso catalán) para revisar desde las instalaciones y la alimentación hasta la preparación de la plantilla de profesionales y el plan educativo. Para el Defensor del Pueblo, "ninguna de las Administraciones hace un seguimiento frecuente [...] y muy pocas mantienen un contacto regular y fluido con los menores [...] La vigilancia que los fiscales deberían realizar [...], que debería ser al menos semestral, es muy escasa". En definitiva, la vigilancia de los centros "a través de inspecciones frecuentes y minuciosas, no recibe la importancia que merece".

¿Pasaría lo mismo si fueran centros gestionados directamente por la Administración? Difícil respuesta, pero, en cualquier caso, está claro que, según una de las conclusiones de las 469 páginas del informe del Defensor, los modelos de intervención actuales no funcionan: "Adolecen de una alarmante falta de garantías de los derechos de los menores y limitan en muchos casos sus posibilidades de desarrollo". Y es de esto último, lo de intentar sacar adelante a estos chavales, los más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión, de lo que se trata. ¿No?

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Tutela/publica/gestion/privada/elpepisoc/20090209elpepisoc_1/Tes

Menores en cautividad


La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006