Fiscales y ONG alertan de fugas en los centros de acogida
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Dos juzgados de Cádiz vetaron en mayo y septiembre del año pasado las repatriaciones ordenadas por la Subdelegación del Gobierno de dos menores marroquíes tutelados por la Junta. Las expulsiones, firmadas tras la solicitud de la Consejería de Igualdad, fueron dictadas en agosto de 2007 y dos juezas las consideraron irregulares.
Las últimas repatriaciones de menores extranjeros no acompañados en Andalucía se realizaron en 2003. La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social ha achacado este parón a la "escasa" colaboración del Gobierno de Marruecos –de donde procede más del 90% de estos menores– y ha rechazado siempre cualquier repatriación que no sea para devolver al menor a su entorno familiar, si bien la Junta sólo propone su devolución puesto que la orden de repatriación es competencia exclusiva del Gobierno central. Los menores cuya repatriación fue anulada en los tribunales nacieron en 1990 y 1991 y estaban acogidos en el centro de El Cobre, en Algeciras. La Fiscalía de Extranjería de Cádiz, tras conocer sus resoluciones de repatriación, interpuso sendos recursos y el año pasado dos juezas de Cádiz ordenaron revocar las órdenes de expulsión al considerarlas irregulares. La Subdelegación del Gobierno en Cádiz rehusó valorar estos fallos judiciales.
Las sentencias coinciden en que en ninguno de los dos casos la Subdelegación cumplió con el trámite exigido por la legislación de dar audiencia a los menores ni existían las garantías (por parte del Gobierno ni de la Junta, señalan las juezas) de que el menor fuera reagrupado en su familia o tutelado adecuadamente por los servicios de menores de su país.
En el caso del primero de los menores, firmó la repatriación aun cuando el Consulado de Marruecos en Algeciras informó a la Subdelegación de que el marroquí era "huérfano de padre y pertenece a una familia (madre y tres hermanos) con situación económica muy precaria y un ambiente desestructurado", según reza la sentencia. "No consta que al menor se le haya dado traslado ni se le haya notificado la resolución de repatriación", añade.
La jueza apunta también que, en este caso, la repatriación se adoptó "sin recabar [por parte de la Subdelegación] el preceptivo informe de los servicios de protección de menores" y sin que en el expediente de la Subdelegación se haya recabado la información previa sobre el menor de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, documentación "preceptiva, que no existe en el expediente de la Subdelegación", señala el fallo judicial.
Respecto a la repatriación del otro marroquí, la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz, señala que el trámite del informe social "desde una perspectiva estrictamente formal" fue cumplido por la Junta, si bien cuestiona "la suficiencia de dicho informe a los efectos de fundar la resolución de repatriación".
Si desde 2003 Andalucía no repatría a ningún menor extranjero no acompañado, en España no ha sido así. La Junta explica esto en la diferencia de criterios de las distintas subdelegaciones del Gobierno central así como de las Fiscalías de Menores y de Extranjería en cada provincia.
Según datos de la última memoria presentada por la Fiscalía General del Estado en septiembre del año pasado (con datos de hasta 2007) en 2006 se repatriaron en España 111 menores (81 de ellos a Marruecos) y en 2007, 18 (13 a Marruecos y el resto a Ucrania, Paraguay, Bolivia y Colombia).
En su memoria, la Fiscalía ya alertó que "de los expedientes de repatriación que se estaban tramitando hasta este año [2007, por lo que la Fiscalía incluye aquí el de los dos menores de Cádiz] se ha podido constatar un incumplimiento, preocupantemente frecuente, de los trámites esenciales y garantías del procedimiento".
El Ministerio Público hace hincapié en la audiencia al menor y recuerda que es "un trámite imperativo", aunque reconoce que "ha sido incumplido en muchos procedimientos de repatriación".
Respecto a datos de repatriaciones efectuadas durante el año pasado, la Fiscalía los hará públicos en septiembre u octubre, cuando presente su memoria de 2008. Los dos ministerios competentes en la materia, el de Interior y el de Trabajo e Inmigración (en el que se inserta la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración), no ofrecen cifras al respecto puesto que cada ministerio le atribuye al otro la competencia sobre la comunicación pública de estos datos.
Los fiscales de Extranjería y Menores de Cádiz, Almería y Granada, y las ONG alertan de que los centros de acogida sufren aún un elevado número de fugas. La Junta no ofrece datos pero asegura que el fenómeno es más minoritario ahora que hace cinco o seis años cuando, según el Defensor del Pueblo, abandonaban los centros el 57% de los menores.
Según los datos de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, en estos momentos la Junta tutela en sus centros de acogida a 865 menores extranjeros que llegaron no acompañados a Andalucía. Este dato ascendía a más de mil hace un año y es muy inferior (supone apenas el 25%) a los 3.312 menores que han llegado a Andalucía en los dos últimos años (a razón de 32 cada semana). La Consejería explica esta diferencia en que "en los últimos meses se ha reducido el número de llegadas" y en que "muchos de estos menores cumplen la mayoría de edad", según explica la directora general de Infancia y Familias, Carmen Belinchón, quien, a pesar de todo, admite que "desde 2005 empezaron a llegar menores a Andalucía con menor edad que antes, de entre 14 y 15 años". Los fiscales de las provincias más receptoras de inmigración ilegal –Cádiz, Granada y Almería– y las ONG explican en gran parte esta diferencia en que el número de fugas de los centros de acogida sigue siendo alto.
El presidente de Andalucía Acoge, Ángel Madero, si bien considera que los abandonos de los centros "son ahora menos que hace cinco o seis años", destaca que "aún siguen produciéndose" y critica "las carencias del sistema de la Junta para contabilizar y registrar a estos menores".
"En las provincias más cercanas a Marruecos –destaca Madero–, como las andaluzas, los menores siguen teniendo el temor de ser repatriados y esto es la causa de las fugas".
La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía critica que "la situación respecto a los menores extranjeros no acompañados no mejora" y considera aún "muy preocupante" el número de abandonos que se producen en los centros, según explica Brigitte Espuche, quien carga contra la administración "por la poca transparencia de la información".
Los centros de acogida no son de régimen cerrado (como el de un correccional) sino abierto. Sin embargo, cada vez que se produce una fuga, cada centro tiene la obligación de denunciarlo ante la Policía Autonómica. Ni ésta ni la Consejería de Igualdad han ofrecido datos de los abandonos definitivos de estos centros.
Para hallar la última cifra de un organismo oficial al respecto hay que remontarse a un informe del Defensor del Pueblo y del Menor Andaluz de 2004, con datos de hasta el primer semestre de 2002 –cuando aún se practicaban repatriaciones en Andalucía–. Según el documento, que analiza la situación de una veintena de centros, el porcentaje de "fugas" o "abandonos definitivos" es del 57,68% (458 de 794 menores extranjeros acogidos). En algunos centros la cifra es incluso superior al 85%.
Belinchón asegura que esta situación se debe a que "entonces existía la amenaza real de la repatriación, puesto que hasta 2003 se hicieron repatriaciones, y los menores ante este temor se fugaban".
Aun así, Belinchón, quien no concreta cuántas se realizaron, reconoce, a pesar de todo, que actualmente al 75% de los menores que llegan a Andalucía se les realiza un expediente de su situación "para plantear su reagrupación familiar" que se envía a las Subdelgaciones del Gobierno correspondientes, los organismos encargados de iniciar y, en su caso, resolver a favor los expedientes de repatriación.
"Al 25% que no se le hace el informe –añade– es porque no logramos obtener información sobre su familia de origen, el menor miente sobre su identidad y no da ningún dato o porque se determina que la situación de su familia en Marruecos es muy precaria y no debe ser devuelto a su país", subraya Belinchón.
Col•lectiu DRARI دراري d'Investigació Acció Participativa pels Drets de l'Infant
الجماعى DRARI دراري للبحوث التشاركيه العمل من اجل حقوق الطفل
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