martes, agosto 11

CAMPAÑA: El futuro de los derechos de los niños: ¿en qué manos está?


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CAMPAÑA: El futuro de los derechos de los niños: ¿en qué manos está?


Ejercen una influencia y tienen un poder sustanciales y pueden cambiar las vidas de miles, incluso millones, de niños.

Aquellas personas que son designadas para cargos elevados en el campo de los derechos del niño pueden mejorar enormemente los mismos. Pero, ¿quiénes son?, ¿cómo se eligen? Y lo que es más importante, ¿son las personas más indicadas para el puesto?

CRIN lanza actualmente una campaña acerca de este tema tan importante. ¿Nuestro objetivo? Promover procesos de nombramiento abiertos y transparentes con el fin de identificar a los líderes que posean el compromiso, las habilidades y la experiencia apropiados para trabajar por los derechos de los niños de una manera eficaz.

¿Quiénes?

Hemos identificado la siguiente lista inicial de cargos clave internacionales de derechos de los niños, que listamos por orden de fecha de terminación para renovación o nombramiento. El proceso de nombramiento para estos cargos varía sustancialmente. Para más información acerca de cada cargo, haga clic en el mismo:


El director ejecutivo de UNICEF (el mandato expira a principios de 2010)

Miembros del Comité de los Derechos del Niño (próximas elecciones en diciembre de 2010)

Relator de Derechos del Niño para la Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos

Miembros del Comité Africano de Derechos y Bienestar del Niño (varios)

Representante especial ante el secretario general sobre los Niños en los Conflictos Armados (el mandato expira en 2012)

Representante especial ante el secretario general sobre la Violencia contra los Niños (el mandato expira en 2012)


Los siguientes nombramientos internacionales y regionales también pueden tener implicaciones importantes en los derechos de los niños, por lo que deberían reflejar el compromiso, las habilidades y la experiencia apropiados:


Secretario general de la ONU (el mandato expira en 2012)

Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (el mandato expira en 2012)

Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos (el mandato expira en 2011)


¿Por qué?

CRIN cada vez está más implicado en los temas de gobernanza de los derechos del niño. Desempeñamos una parte integral en la reciente campaña para el nombramiento de un representante especial del secretario general para temas de violencia contra los niños. Conjuntamente al grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño observamos detenidamente e informamos acerca de las elecciones al Comité sobre los Derechos del Niño. También mantenemos un estrecho contacto con otros cargos clave de derechos del niño. Somos conscientes de la importancia crítica de estos cargos, así como de la necesidad de asegurar que los procedimientos de nombramiento sean abiertos y se sometan a un escrutinio riguroso, así como que estén enfocados en fomentar y salvaguardar los derechos del niño.

¿Cuándo?

Como se observa en la lista, el primer cargo al que le llega el plazo de renovación es el del director ejecutivo de UNICEF. La misión de UNICEF, según mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es "defender la protección de los derechos de los niños, ayudar a que satisfagan sus necesidades mínimas y ampliar sus oportunidades de lograr su potencial completo. UNICEF está guiada por la Convención sobre los Derechos del Niño y se esfuerza en establecer dichos derechos como principios éticos perdurables y normas internacionales de comportamiento hacia los niños." (nota a pie de página, sitio web de UNICEF). El director ejecutivo supervisa un presupuesto anual de más de 3.000 millones de dólares y dirige a más de 1.000 empleados en 150 países.


La carta de constitución de la organización, que data de 1946, simplemente indica que al director ejecutivo lo debería nombrar el secretario general tras consulta con el consejo de administración. Aparte de esto, no hay más información acerca del proceso.


¿Qué podemos hacer?

CRIN confía en que esté usted de acuerdo en que las ONG de derechos del niño y las instituciones de derechos humanos enfocadas en los niños deberíamos hacer lo posible para fomentar e influenciar cambios positivos de los procesos de nombramientos de cargos clave relacionados con los derechos del niño, comenzando por la próxima nominación de UNICEF. Consecuentemente, proponemos la siguiente acción inmediata.

Le animamos a que firme la carta siguiente en representación de su organización antes del lunes 14 de septiembre. Enviaremos la carta al secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y al consejo de administración de UNICEF.


Al: Secretario general de la ONU, don Ban Ki Moon

Presidente del consejo de administración de UNICEF, don Oumar Daou, y a otros miembros del consejo


Nosotros, los abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes por escrito porque entendemos que el cargo de director ejecutivo de UNICEF se va a asignar en breve. Somos conscientes de que para lograr la realización de los derechos del niño resulta crucial un liderazgo experto.


Por ello, solicitamos al secretario general de la ONU y al consejo de administración de UNICEF que establezcan un proceso de nombramiento del cargo de director ejecutivo que sea público y transparente y se enfoque en la capacidad de fomentar y salvaguardar los derechos del niño, de acuerdo a la misión de UNICEF.

Recomendamos que:

1. se desarrolle una descripción de las calificaciones requeridas y que dicha descripción se haga pública.

2. el proceso deba incluir consultas con las partes interesadas, incluyendo la sociedad civil

3. se establezca un calendario para las nominaciones, las listas de preseleccionados y la elección final.


Si bien apreciamos que los criterios de nombramiento incluirán una serie de ingredientes deseables, como el conocimiento de los procesos de la ONU y la debida experiencia directiva, creemos que los puntos siguientes son esenciales:

1. experiencia en el campo de los derechos humanos

2. capacidad y voluntad de hacer partícipes a los niños

3. un compromiso de hacer partícipe a la sociedad civil

4. una voluntad de abogar por temas sensibles o impopulares que resulten significativos para las vidas/los derechos de los niños

5. experiencia probada de propiciar la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño


Confiamos en que comprenderá nuestra preocupación y nuestro interés en este tema. Les quedaríamos muy agradecidos si nos enviaran información acerca del proceso y el calendario de selección para realizar el nombramiento.


Saludos cordiales,

Lista de organizaciones.

Firme la petición aquí

Información sobre los demás puestos estará disponible aquí próximamente.


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El Comité de los Derechos del Niño


Función
: Vigilar la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

¿Cómo? Cada dos años en el mes de Diciembre, los Estados Partes se reúnen en la sede de las Naciones Unidas con el fin de celebrar elecciones para designar a nueve nuevos miembros del Comité, los nombramientos son enviados por los Estados partes a la Oficina del Alto Comisionado.

El artículo 43(2) enmendado de la Convención sobre los Derechos del Niño, y puesto en vigor el 18 de Noviembre de 2002, establece que "El Comité deberá estar integrado por dieciocho expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente Convención, teniéndose en cuenta la distribución geográfica, así como los principales sistemas jurídicos."

El Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño ha publicado una hoja informativa sobre la participación de ONG en el proceso electoral del Comité. Las ONG pueden propugnar a nivel nacional la nominación de candidatos que cumplan los criterios de selección. Algunos de estos candidatos, designados por ONG fueron seleccionados al Comité.
Visite:
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=17460&flag=news

Próximas elecciones: diciembre de 2010

Acción: En la primavera del 2010, se utilizarán los canales de influencia disponibles a fin de inferir en las designaciones mediante la identificación y cabildeo de los mejores candidatos a nivel nacional.

Para más detalles, visite: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=17460&flag=news

Para conocer los miembros actuales del Comité, visite: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/members.htm

CRIN destacará la adopción de medidas adicionales a tomar a su debido tiempo.

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Relator sobre los derechos de la niñez ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos

Función: El relator realiza estudios sobre cuestiones de interés relacionadas a los derechos del niño en la región, participa en visitas de investigación a los países, prepara capítulos específicos y reportes anuales sobre los derechos del niño en los diferentes países, y examina a nivel individual violaciones a los derechos del niño.

¿Cómo? Una vez que la Comisión se entera de que un puesto de relator especial quedará vacante, se organiza un concurso público y se difunde ampliamente a fin de asegurar el más alto número de solicitudes para el puesto.

Se informa a los Estados miembros y organizaciones de la sociedad civil que, durante el período de solicitud, podrán remitir sus observaciones sobre los criterios de selección que la Comisión debe aplicar, basados en los requisitos mínimos establecidos en el anuncio de la vacante. Una vez que el período de aplicación ha transcurrido, la Comisión selecciona a los finalistas de entre los candidatos. Los finalistas deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos mínimos establecidos en el anuncio de la vacante.

Los currículos de los finalistas son publicados en la página Web de la Comisión a fin de que los Estados Miembros y la sociedad civil se "informen debidamente" sobre los antecedentes y credenciales de los candidatos.

Para mayor información visite: http://www.cidh.org/Comunicados/English/2006/41.06eng.html


Próximo nombramiento: Aunque el mandato del Relator actual, Paulo Sergio Pinheiro, termina oficialmente el día 31 de diciembre de 2011, los Relatores de la Comisión pueden cambiar sus mandatos mientras están en el puesto.

Acción futura: Alentar a la sociedad civil y otros socios a utilizar los canales de influencia disponibles a fin de identificar los mejores candidatos. Próximamente se dará a conocer más información.


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Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño

Función: Supervisar la aplicación de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño.

¿Cómo? : La Carta de los Derechos y el Bienestar del Niño (ACRWC) establece que los miembros son elegidos por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. La Carta enlista los criterios de selección:

1. Los miembros deberán ser nacionales de uno de los Estado Parte representados en la Carta de los Niños (es decir, un país que es signatario);

2. Deben ser personas de alta integridad moral, imparcialidad y competencia en materia de los derechos y el bienestar de los niños.

3. Los miembros son nombrados por los países signatarios y elegidos por la Asamblea de Jefes de Estado de la Unión Africana.

4. Los miembros son elegidos por un período de cinco años y sirven de forma voluntaria en su capacidad individual. No podrán ser reelectos.

Para consultar la carta:
http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1015

Al igual que ocurre con el Comité de los Derechos del Niño, se les pide a los Estados parte que presenten los nombres y los currículos de sus candidatos, en este caso a la Comisión de la Unión Africana de la Oficina de Asesoría Jurídica, al menos con dos meses de anticipación a la elección. El proceso de selección de candidatos varía de un estado a otro. Los miembros son elegidos por el Consejo Ejecutivo (compuesto por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Africana) por votación secreta en una reunión celebrada poco antes de la cumbre de la Unión Africana. Su decisión se transfiere a la asamblea de Unión Africana para su aprobación definitiva y aprobación.

Para saber más acerca de la Comisión, y el procedimiento de nombramiento, aquí: http://www.crin.org/docs/AdvancingCSOguide.pdf


Próximas elecciones: seis de los once puestos en la Comisión quedarán vacantes en julio de 2010. Para obtener información sobre los miembros actuales, visite: http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=20655


Acciones futuras
: En la práctica, el proceso de elección de candidatos que realizan los distintos Estados, no es claro y no se encuentra a disposición del público. Si bien los miembros del Comité deben tener "competencias en materia de los derechos y el bienestar del niño", es una oportunidad para que los criterios específicos se enriquezcan.

La organización Africana equivalente a la ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño - OSC (Organización de la sociedad civil), Foro para la ACRWC – ha sido establecida. Su primera gran reunión tuvo lugar en abril de 2009, con la asistencia de más de 60 organizaciones, entre los cuales se contaron desde grupos comunitarios hasta instituciones académicas.

Para más información acerca de la convención, consulte: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20299&flag=report

El Foro tiene previsto construir en las redes de los derechos de los niños africanos que ya existen, y a través de sus miembros, con la intención de dar a conocer el proceso de selección nacional, a la vez que propugnan por la designación de candidatos que cumplan los criterios.

CRIN trabajará en colaboración con el Foro cara a las elecciones.


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Representante Especial del Secretario General de la ONU para los niños y los conflictos armados

Función: La misión de la Oficina del representante especial es: "Promover y proteger los derechos de todos los niños afectados por conflictos armados". Sra. Radhika Coomaraswamy ha asumido este cargo desde Abril de 2006.

¿Cómo? La resolución de la Asamblea General A/RES/51/77 sobre los derechos del niño recomienda que: "El Secretario General nombre por un período de tres años, un Representante Especial sobre las repercusiones de los conflictos armados sobre los niños." La Asamblea ha prorrogado este mandato cuatro veces y, más recientemente, en su resolución A/RES/63/241 del 13 de marzo de 2009.

La resolución no explica el procedimiento para el nombramiento, ni los criterios necesarios.

Próxima cita: 2012

Acciones futuras: Si el mandato se renueva, hay una oportunidad para garantizar que el proceso de nombramiento sea transparente, y que los criterios que están a disposición del público se centren en los derechos del niño. Próximamente más información.

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Representante Especial de Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños

La resolución sobre los derechos de la niñez de 2007 de la Asamblea General requerirá al Secretario General a designar un Representante Especial sobre la violencia contra los niños "al nivel superior posible". Se puede encontrar la descripción del empleo en la resolución aquí: http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1214.
Se nombró a Marta Santos Pais de Portugal quien tendrá el puesto por tres años.

¿Cómo? La resolución no explica el procedimiento de tal nombramiento, ni tampoco los criterios necesarios.

Próxima cita: Si se renueve el mandato, será después de tres años.

Acción futura: Como en el caso anterior, hay una oportunidad, si el mandato se renueva, para garantizar que el proceso de nombramiento sea transparente, y que los criterios estén a disposición del público y enfocados en los derechos del niño. Detalles adicionales se difundirán próximamente.

Procedimientos Especiales ante el Consejo de Derechos humanos, incluyendo el Relator Especial sobre el tráfico de personas, especialmente en mujeres y niños, y el Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución y pornografía infantil.

Función: "Procedimientos Especiales" es el nombre general otorgado a los "mecanismos" creados por la Comisión sobre los Derechos humanos (ahora el Consejo de Derechos humanos) ya sea para hacer frente a situaciones concretas de derechos humanos en países específicos, o para tratar temas específicos de derechos humanos en todas las partes del mundo. Así, por ejemplo existe una Relatora Especial sobre la venta de niños de la prostitución infantil y la pornografía infantil, un Relator Especial sobre el derecho a la educación, y un experto independiente sobre cuestiones de las minorías

¿Cómo? De acuerdo a la resolución 5/1, Anexo del Consejo de Derechos humanos, los siguientes criterios generales serán de "vital importancia" al proponer, seleccionar y nombrar a los titulares de mandatos: (a) conocimiento (b) experiencia en el ámbito del mandato; c) independencia; (d) imparcialidad; (e) integridad personal; y (f) objetividad.

Debe darse la debida consideración al equilibrio entre los géneros y la representación geográfica equitativa, así como a una representación apropiada de diferentes sistemas jurídicos. Los candidatos a seleccionar deben ser personas altamente calificadas con reconocida competencia, conocimientos especializados pertinentes y amplia experiencia profesional en el ámbito de los derechos humanos (Párr. 39-41).

Aquellas entidades que pueden presentar candidatos como portadores de mandatos de los procedimientos especiales de conformidad con la resolución 5/1, anexo, son:
(a)Los Gobiernos
(b)Grupos regionales que operan dentro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas
(c)Las organizaciones internacionales o sus oficinas (por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos humanos);
(d)Las organizaciones no gubernamentales
(e)Otros órganos de derechos humanos
(f)Nombramientos individuales

El Grupo Consultativo, establecido de conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos humanos, remite al Presidente, por lo menos un mes antes de que comience la sesión en la cual el Consejo considerará la selección de titulares de mandatos, una lista de candidatos que posean las más altas calificaciones para los mandatos respectivos y que cumplan los criterios generales y requisititos particulares.

Puede consultar la lista de los candidatos: http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/nominations.htm

Próxima cita: Nombramientos de los nuevos titulares de mandatos se realizan regularmente. Para más información, visite el enlace de arriba.

Acción futura: Alentar a todas las partes interesadas a utilizar los canales disponibles para influir en los nombramientos con el fin de identificar los mejores candidatos posibles. Detalles adicionales se difundirán próximamente.


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Secretario General de la ONU

Función: La Carta de las Naciones Unidas describe el Secretario General como "el más alto funcionario administrativo" de la Organización, quien "actuará como tal en todas las sesiones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Administración Fiduciaria, y desempeñara las demás funciones que le encomienden dichos organismos. El Secretario General rendirá a la Asamblea General un informe anual sobre las actividades de la Organización." La Carta autoriza al Secretario General a "señalar a la atención del Consejo de Seguridad cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales."

¿Cómo? El Secretario General es nombrado por la Asamblea General, por recomendación del Consejo de Seguridad. El Secretario General de la selección es, por tanto, sujeto al veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Aunque, técnicamente, no hay límite al número de mandatos de cinco años que puede servir un Secretario General, hasta la fecha, ninguno ha ocupado el cargo por más de dos términos.
El 16 de febrero de 2006 Consejo de Seguridad publicó un Informe Especial de Investigación con el título "Nombramiento de un nuevo Secretario General". En el se describen los antecedentes de los nombramientos anteriores y se discutieron los procesos utilizados para el nombramiento de los mismos. También se describen las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997 sobre la introducción de nuevos procedimientos de nombramiento al momento de nombrar al sucesor de Kofi Annan.

Reglas informales influyen en el proceso de selección. Por ejemplo, los nacionales de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad - China, Francia, Rusia, el Reino Unido o los Estados Unidos - no puede ser considerado para el puesto, debido a una posible influencia indebida. También hay un requisito que los candidatos oficiosos para UNSG debe ser fluido en Inglés y Francés, mientras son las lenguas que predominan en las relaciones internacionales, son sólo dos de las seis lenguas oficiales de la ONU.

Próximo nombramiento: Después de tres años por lo mínimo ya que el mandato actual de Ban empezó en 2007.

Acción futura: Hay una oportunidad para garantizar que el proceso de nombramiento sea transparente, y que los criterios se difundan públicamente y demuestren un compromiso con los derechos humanos. Detalles adicionales se difundirán próximamente.

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Alto Comisionado de la ONU para los Derechos humanos

Función: La Asamblea General de la ONU, en la resolución A/RES/48/141of 20 de diciembre de 1993, estableció el papel del Alto Comisionado. Explica que el Comisionado será el "principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas, en el marco general de la competencia, autoridad y decisiones de la Asamblea General, el Consejo económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos"

¿Cómo? En la resolución también se explica que el Comisario debe ser:

(a) "una persona de intachable reputación moral e integridad personal, con amplia experiencia en el ámbito de los derechos humanos, y el conocimiento general y comprensión de diversas culturas, cualidades necesarias para el desempeño imparcial, objetivo, no selectivo y eficaz de las funciones del Alto Comisionado;

(b) Nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, y aprobada por la Asamblea General, teniendo debidamente en cuenta la rotación geográfica, y con un mandato fijo de cuatro años , y la posibilidad de renovación por otro mandato fijo del mismo período".

Próxima cita: El presente Comisionado, Navi Pillay fue nombrado en julio de 2008. Cuya posición será apta para renovación o puesta a reelección en 2012.

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Comisionado para los Derechos Humanos en el Consejo Europeo

Rol: El Comisionado para los Derechos Humanos es una institución independiente en el seno del Consejo de Europa, con el mandato de promover la conciencia y el respeto de los derechos humanos en los 47 consejos europeos de los Estados miembros.

¿Cómo?
De acuerdo a la Resolución (99) 50 sobre el Consejo de Europa para los Derechos Humanos, "Los candidatos deberán ser personalidades de una gran integridad moral y de reconocida experiencia en el campo de los derechos humanos, un registro público de adhesión a los valores del Consejo de Europa y la autoridad personal necesarias para cumplir con la misión de la Comisión de manera eficaz. Durante su mandato, el Comisario no puede dedicarse a ninguna actividad que no sea compatible con las exigencias de una oficina con jornada completa. "

El Comisionado es elegido democráticamente por la Asamblea Parlamentaria para un mandato no renovable de seis años.

Para consultar el proceso de votación de los candidatos en el Consejo Europeo, consulte:
https://wcd.coe.int / ViewDoc.jsp? Id = 885095 y BackColorInternet = 9999CC y BackColorIntranet = FFBB55 y BackColorLogged = FFAC75

Próxima cita: Sr. Thomas Hammarberg fue elegido Comisionado para los Derechos Humanos el 5 de octubre de 2005. Los comisarios son elegidos por un período no renovable de seis años, por lo que el proceso debe comenzar en 2011.

Acción futura: Grupos miembros de la Asamblea parlamentaria del Consejo europeo deben garantizar la selección del mejor candidato posible. Detalles adicionales se difundirán próximamente.


Para más información, póngase en contacto con:
La Red de Información sobre los Derechos del Niño (CRIN, por sus siglas en inglés)
East Studio, 2 Pontypool Place, Londres SE1 8QF, Reino Unido
Tel: +44 (0)207 401 2257
Email: info@crin.org
Sitio web: www.crin.org

Visite: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20627



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**RESUMEN DE NOTICIAS**


Comisión Interamericana:
Visitas del Relator sobre los Derechos de la Niñez
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20586&flag=news


España:
Jueces para la Democracia denuncia la rebaja de la edad penal a los doce años
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20592&flag=news


EE.UU: Comisión Interamericana visita centros de detención de inmigrantes
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20603&flag=news


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CRINMAIL En Español es una lista de envío por correo electrónico de la Red de Información sobre los Derechos de la Niñez (CRIN). CRIN no certifica, valida o comprueba las informaciones remitidas por los miembros de CRINMAIL. La validez y exactitud de la información es responsabilidad del remitente.

Para suscribirse o cancelar una suscripción, o para mayor información favor visitar: http://www.crin.org/email.

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jueves, agosto 6

Comentarios al Informe del Defensor del Pueblo 2008



Hemos conocido por diversos medios de comunicación que el Defensor del Pueblo realiza a la Consejería de Vda y Bienestar Social de Asturias varias Recomendaciones, Recordatorios, entre las que se citan :

  • La de agilizar la solicitud de permisos de residencia temporal,o bien  de otras medidas en interes de menores desamparados inmigrantes
  • en esta linea el recordatorio de "Sobre el deber legal ....de facilitar el cumplimiento del artículo 35.3 de la Ley de extranjería,...expedientes de repatriación de menores extranjeros no acompañados, para lo cual debe ponerse en conocimiento de la Delegación del Gobierno las gestiones que haya podido realizar para localizar a la familia del menor. También debe darse cumplimiento a las previsiones normativas sobre las solicitudes de autorización de residencia , haciendo constar en estas el momento en el que el menor fue puesto a disposición de los servicios de protección de menores del Principado de Asturias (08001560).
Como entidad que ha presentado varias quejas en 2007-8 y 2009, debemos hacer algunas consideraciones a la cuestión del (mal) trato que reciben  los menores no acompañados de las Admistraciones en genral y del Principado de Asturias en particular,  y subrayar que además de estas recomendaciones y recordatorios el Informe 2008 dice más cosas, tales como que se  llega a poner en cuestión ppios como el de no discriminación; el tratamiento de menores ya tutelados por otras comunidades, o la situación de abandono y marginación de los chicos extutelados al cumplir los 18. Vemos con mas detalle


 " 6.5.2. Declaración de desamparo. Alcance y cesación de tutela

La llegada continuada de menores extranjeros no acompañados a varias comunidades autónomas está poniendo a prueba sus sistemas de protección. Esa circunstancia llega, en ocasiones, a poner en cuestión principios básicos, como el de no discriminación en función de la nacionalidad del menor.

También procede hacer referencia a la investigación iniciada con la entidad de protección de menores del Principado de Asturias, al objeto de conocer el protocolo existente para el tratamiento de la situación de menores extranjeros ya tutelados por otra comunidad autónoma. La investigación aún no ha finalizado, por lo que se dará cuenta del resultado de la misma en el próximo informe (08001528).

( En Asturias hasta Diciembre de 2008 la declaración de desamparo , y  de tutela no coincidió con la fecha de llegada del menor a los Servicios de Protección)


" 6.5.3. Problemas en la documentación de la residencia legal  

Las disfunciones y la falta de eficacia de la actuación de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas para el cumplimiento del mandato legal, previsto en el artículo 35.4 de la Ley de extranjería, de documentar con una autorización de residencia al menor extranjero tutelado por una entidad pública, que perjudican gravemente sus intereses, ocupa, un año más, una parte importante del trabajo de esta Institución.

La primera de las cuestiones a referir son las quejas formuladas por menores tutelados a los que no se les había solicitado la autorización de residencia, a pesar de reunir las condiciones previstas para ello. Una de las justificaciones para esta situación que formulan las entidades de protección autonómicas, se refiere a la imposibilidad de solicitar la autorización de residencia para algunos de estos menores, debido a que carecen de pasaporte ( En 2008 se denunciaron al menos dos -2- caos en Asturias. Además de otro en 2009). Esta Institución ha recordado que la carencia de pasaporte no supone un verdadero obstáculo para la tramitación de las autorizaciones de residencia, dado que dicho documento puede suplirse con la cédula de inscripción que cabe solicitar de forma simultánea a la documentación si la consecución del pasaporte resulta inviable (06010510 y 06014463).

(.....)
Al tiempo, se ha tenido que reiterar en numerosas investigaciones la importancia de que se indique de forma expresa la fecha de entrada del menor en el servicio de protección ( en Asturias durante 2008 las tutelas se hicieron con fechas posteriores a las reales en bastantes casos), con el fin de garantizar su derecho a obtener la documentación prevista (08013992, 08017157, 08019413, etcétera).
(....)
Para finalizar este apartado se ha de hacer referencia a la interpretación que realizan algunas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno del plazo de nueve meses (nota: para  otorgarles la tarjeta de residencia temporal) previsto por el artículo 92.5 del vigente Reglamento de extranjería. El citado plazo ha de entenderse como una garantía del procedimiento prevista en interés del menor, a fin de que éste no pueda verse indefinidamente privado de su documentación, pero no impide la obtención de la documentación en un plazo más breve desde el momento en que se llegue a determinar la improcedencia o imposibilidad de repatriación ( En Asturias hemos denunciado que ni en 2007-8 se ha promovido la obtencion de este permiso de residencia temporal antes de los 9 meses, a causa  de la oposición de la Consejería de Bienestar- incluso de menores con mas de 9 meses-,y la actitud  de la Delegación de Gobierno cooresponsable de esta situación. En la actualidad la Consejería sigue agotando el plazo máximo de 9 meses, salvo excepciones, tampoco la Delgacion actua de forma positiva para dar cumplimiento al art. 35). Sin embargo, son numerosos los casos en los que los trámites de averiguación del paradero de la familia del menor, el análisis de su situación y de las posibilidades de reagrupación del menor, ni siquiera se inician ( en Asturias practicamente nunca), limitándose las distintas administraciones implicadas a esperar a que el plazo de los nueve meses transcurra sin realizar gestión alguna. De hecho, en algunos casos se ha llegado a la paradoja de que las propias delegaciones y subdelegaciones del Gobierno con competencia para iniciar de oficio los trámites de repatriación, solicitan a la comunidad autónoma que aporte a la solicitud de residencia un certificado de haber intentado la repatriación, para admitir a trámite la solicitud de autorización de residencia del menor. A este respecto se encuentran abiertas varias investigaciones, de cuyos resultados se dará oportuna cuenta en el próximo informe (06008132, 07009958, 08012017, 08018462, etcétera)."


" 6.5.5. Situación de los extutelados

Un año más han sido numerosas las quejas de jóvenes extranjeros que fueron tutelados y, una vez alcanzada la mayoría de edad, se encuentran en la calle, sin recursos económicos e indocumentados.

(....)

La situación de no documentación de los menores tutelados al alcanzar la mayoría de edad ha sido detectada en el Principado de Asturias, lo que ha motivado la remisión de un recordatorio (321. P de Asturias)de deberes legales y una recomendación (1322- P. de asturias)al Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, a fin de que apliquen correctamente el procedimiento para la solicitud de documentación de los menores extranjeros que se encuentran bajo su tutela. Aún no se ha recibido la preceptiva respuesta (08001550 y 08001560).

( Decir a este respecto que la situación se a agravado en 2009, pues los programas de mayores se acaban antes y hay mas  extutelados que no entran en los mismos)


En asturias , a 6 de julio de 2008

C. SocialyJusticia

El Defensor del Pueblo detecta fallos en la protección a la infancia

EL INFORME 2008 DENUNCIA LA FALTA DE AGILIDAD CON LOS EXPEDIENTES.

El Defensor del Pueblo detecta fallos en la protección a la infancia

Pide a Educación más flexibilidad en el transporte escolar.

06/08/2009 J. CUEVAS 


La Consejería de Bienestar Social tiene que agilizar todos los trámites que realiza con menores no acompañados. Así lo entiende al menos el Defensor del Pueblo, que en su último informe insta a la Dirección General de Mayores, Infancia y Familias a comunicar a Delegación de Gobierno los datos personales del menor y de su familia "con la mayor brevedad posible", para evitar que otros menores puedan no ser considerados como tales.

Además, el documento solicita a la dirección de Infancia que de cara a la repatriación de menores extranjeros no acompañados será necesario comunicar a Delegación de Gobierno las gestiones que se han realizado para localizar a su familia. La situación de no documentación de algunos menores tutelados en el Principado, explica el Defensor del Pueblo, motivó el envío al Principado de un recordatorio de deberes "a fin de que apliquen correctamente el procedimiento para la solicitud de documentación de los menores extranjeros bajo su tutela".

http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=508075

SOS Racismo critica que la ley de extranjería prevalece sobre los derechos de la infancia en Cataluña

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La organización SOS Racismo acusó hoy a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña de no garantizar la tutela de los menores inmigrantes no acompañados, y de permitir que las políticas de extranjería prevalezcan por encima de aquellas orientadas a asegurar los derechos de niños y adolescentes.

SOS Racismo criticó, a través de un comunicado, "prácticas habituales" de la DGAIA como la repatriación sin garantías para el menor, el uso arbitrario de pruebas para determinar la edad, y la situación de desamparo en la que quedan los inmigrantes cuando alcanzan los 18 años.

Las pruebas documentales o radiológicas, "constantemente cuestionadas", se utilizan en función de cuáles son más favorables para determinar la mayoría de edad, aseguró la organización, y añadió que, durante el proceso de verificación de las pruebas, la DGAIA no tiene en cuenta los derechos fundamentales de los posibles menores, ejerciendo una labor más "policial" que de tutela.

SOS Racismo criticó que este departamento del Govern justifique su actuación alegando que muchos inmigrantes irregulares solicitan protección como menores para beneficiarse de la tutela del organismo.

"Hay que amparar al menor hasta que se demuestre lo contrario", afirmó SOS Racismo, que exigió que los documentos aportados por el inmigrante adquieran más peso en la investigación, y que se tenga en cuenta la dificultad para conseguir determinada documentación oficial.

También reclamó que, una vez cumplida la mayoría de edad, la Generalitat dedique recursos y voluntad política para la inserción académica, laboral y social de los inmigrantes, dada la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión que sufren al quedar fuera de los circuitos de acogida.
Fuente: Diario Siglo XXI

miércoles, agosto 5

¿ Por qué lo llaman menor cuando quieren decir niño ? El psicólogo y educador Enrique Martínez Reguera señala que hay intereses tras la criminalización de la infancia

http://www.publico.es/espana/242631/llaman/menor/quieren/decir/nino
Por qué lo llaman menor cuando quieren decir niño?
el psicólogo y educador Enrique Martínez Reguera señala que hay intereses tras la criminalización de la infancia

AINHOA IRIBERRI - SANTANDER - 05/08/2009 08:00

El debate actual sobre la rebaja de la edad penal tras los últimos delitos protagonizados por niños y adolescentes ha vuelto a poner de manifiesto la criminalización de este colectivo a partir de incidentes aislados, según se resaltó ayer en el seminario Adolescentes y Educación, que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP), en Santander.

Uno de los ponentes, el psicólogo y educador Enrique Martínez Requera autor de varios libros sobre jóvenes conflictivos como Cachorros de Nadie [Popular Editorial, 2002] afirmó que esta tendencia se intuye ya desde el propio lenguaje: "El término menor por sí solo no tiene sentido, o hablamos de minoría de edad penal o de minoría de edad civil. Cuando nos referimos a ésta última, utilizamos el término niños; si lo hacemos a la primera, la norma en los medios de comunicación es hablar de menores".

Este experto se mostró muy crítico con la actual tendencia de gestión privada de los centros de tutela para menores algo que ya subrayó el Defensor del Pueblo en su informe sobre estas entidades y consideró que es inaudito que "casos esporádicos" como los ocurridos recientemente en Huelva y Córdoba se utilicen para "generalizar un sistema de represión" absurdo.

Integrar al diferente

El curso trata también los problemas de la adolescencia desde el punto de vista de "los que más saben sobre ello", según el director del seminario, el catedrático de la Universidad de Málaga Miguel Ángel Santos.

Cuatro estudiantes de bachillerato expusieron sus problemas y exigieron empatía a los adultos. Aunque reconocieron que les costaba "integrar al diferente", calificaron de "muy complicada" una posible intervención del profesorado para evitar la discriminación. "Puede ser peor, nos tenéis que educar para que salga de nosotros mismos", subrayaron.

Ouverture UPE Tanger Unité pour la Protection de l'Enfance. La DGAIA i el Programa Catalunya Magrib

La DGAIA i el Programa Catalunya Magrib s'han passat anys dient que la UPE Unité de Protection de l'Enfance de Tànger (embrió d'un sistema de protecció a la província de Tànger) era funció seva. Una altra de les moltes mentides i falsedats del Programa Catalunya Magrib i la DGAIA.

La DGAIA y el Programa Catalunya Magrib se han pasado años diciendo que la UPE Unité de Protection de l'Enfance de Tánger (embrión de un sistema de protección en la provincia de Tánger) era función suya. Otra de las muchas mentiras y falsedades del Programa Catalunya Magrib y la DGAIA.

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3 ARTICLES

Marruecos. Protección de la infancia vulnerable



28.07.09 | Marruecos COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

España y Marruecos firman un protocolo de cooperación para la protección de menores vulnerables. El programa tiene un coste total de dos millones de euros (2.000.000€) a los que la AECID aporta 1.5 millones de euros, lo que permitirá la puesta en marcha de un Sistema Integrado de Protección de la Infancia con Servicios Regionales de Proximidad

El pasado viernes 24 de julio tuvo lugar en la Wilaya de Tánger la firma de un proyecto de cooperación de apoyo a las políticas públicas marroquíes de protección a los menores vulnerables. La firma del protocolo administrativo del proyecto entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Desarrollo Social, la Familia y la Solidaridad (MDSFS) estuvo seguida por la inauguración oficial de la Unidad de Protección de la Infancia (UPE) de Tánger (financiada por la AECID a través de la ONGD española Fundación CEAR).

El acto contó con la presencia de la Ministra de Desarrollo Social, la Familia y la Solidaridad, Sra. Nousha Skalli; del Embajador de España en Marruecos, Luís Planas; del Wali de Tánger, Sr. Mohammed Hassad; del Cónsul General de España en Tánger, Sr. José de Carvajal y del Coordinador General de la Cooperación Española en Marruecos, Sr. Vicente Sellés Zaragoza, entre otras personalidades.

La firma de este protocolo permite la puesta en marcha del Programa de cooperación "Apoyo a la puesta en marcha de un sistema integrado de protección de la infancia en Marruecos con los servicios sociales regionales de proximidad", entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Familia y la Solidaridad (MDSFS) y la AECID. El programa tiene un coste total de dos millones de euros (2.000.000€) a los que la AECID aporta 1.5 millones de euros, lo que permitirá la puesta en marcha de un Sistema Integrado de Protección de la Infancia con Servicios Regionales de Proximidad, que abarca la Creación de Unidades de Protección de la Infancia (UPE) y de un sistema público de protección de la infancia con "samusocial" (servicio de ayuda móvil de urgencia social) en las regiones de: Tánger – Tetuán (UPE en Tánger y Samusocial en Martil), Souss – Massa – Drâa (UPE en Agadir) y Oriental (UPE y Samusocial en Oujda). La UPE de Tánger se ha venido apoyando desde el pasado año y hoy se hará oficial su arranque.

Esta iniciativa se enmarcan en el compromiso de la Cooperación Española de apoyar la puesta en marcha de la Estrategia del Ministerio de Desarrollo Social en materia de Protección de la Infancia 2008 – 2012, materializado con la firma del Memorándum de Cooperación entre el MDSFS y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional – AECID que permite establecer una cooperación a largo plazo con el fin de fortalecer el sistema público marroquí de protección.

La Cooperación Española considera como uno de sus ejes prioritarios la protección de los menores, como fue reflejado en su Documento Estrategia País (DEP) elaborado en 2005 y en su Estrategia de la Cooperación Española de Apoyo a los Menores Vulnerables en Marruecos, con un compromiso presupuestario de 39.282.929 euros para el periodo 2006 – 2011, de los cuales se han desembolsado 35.489.079 euros hasta la fecha. Este esfuerzo incluye a todos los actores de cooperación española trabajando en el sector entre los que se encuentra la AECID, Comunidades Autónomas y ONGDs. La atención a los menores en situación de vulnerabilidad ha sido uno de los ejes que mayor número de intervenciones ha concentrado, no sólo de la AECID, sino también del resto de operadores españoles de cooperación en Marruecos.

http://www.aecid.es/web/es/noticias/2009/07_Julio/2009_07_28_marruecos_proteccion_infancia.html



http://www.leconomiste.com/article.html?a=94735
Tanger: Nouzha Skalli met en route son plan

· Ouverture d'une unité pour la protection de l'enfance
· 2,3 millions de DH pour la création d'un centre d'accueil des mendiants

SEPT activités, deux inaugurations, une convention… Le programme de la visite de Nouzha Skalli, ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, à Tanger, vendredi et samedi derniers, était chargé.
Les actions ont concerné plusieurs thèmes, en l'occurrence le développement social et la lutte contre la mendicité, la protection de l'enfance, le renforcement des capacités et la formation ainsi que la modernisation de l'action sociale.
Le programme d'activités de la ministre entre, en effet, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2008-2012.
Dans le domaine de la protection de l'enfance, le ministère a organisé une cérémonie de signature d'un protocole administratif relatif au programme «système intégré de protection de l'enfance au Maroc avec des services sociaux régionaux de proximité». L'accord a été signé avec le ministère des Finances et l'Agence espagnole de coopération internationale au développement (Aecid). Cette dernière s'est engagée à verser près de 16 millions de DH, à travers une subvention d'Etat pluriannuelle, pour le financement de ce programme prévu pour la période 2009-2012.
Dans le même cadre, il a été procédé à l'inauguration de l'unité de protection de l'enfance (UPE-Tanger), avec la première réunion du conseil d'administration. «Nous nous sommes engagés à achever, bien avant 2012, le programme de création des unités de protection de l'enfance dans les 16 régions du Royaume», indique Skalli. En effet, l'ouverture de l'UPE-Tanger est la troisième après celles de Casablanca et Marrakech. «Les prochaines créations concerneront les villes d'Agadir et de Martil», renchérit la ministre. A noter que l'unité de protection de l'enfance est considérée comme une structure de proximité et de coordination. «A travers ces unités, nous voulons assurer une meilleure protection des enfants contre toutes les formes d'abus, de violence et d'exploitation», poursuit Skalli. En effet, les missions de l'UPE s'articulent autour de l'accueil, l'écoute, l'accompagnement, l'enregistrement de toutes les informations sur les cas traités ainsi que l'élaboration de rapports de suivi.
S'agissant des actions relatives au développement social, il a été procédé à la signature d'une convention de partenariat pour la création d'un centre d'accueil des mendiants, pour un montant global de 2,3 millions de DH. La convention a été signée par le ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, la wilaya et l'association de solidarité pour les œuvres charitables. A noter que le programme de la lutte contre la mendicité a pour objectif d'assurer l'efficience et le bon cadrage des programmes locaux de développement. De ce fait, il repose sur une approche sociale fondée sur l'intégration familiale et institutionnelle et l'insertion socioéconomique des mendiants. Côté juridique, il vise la répression de la mendicité professionnelle et l'élaboration d'actions de sensibilisation et de communication.
Par ailleurs, concernant le programme national pour la réinsertion des enfants des rues (Indimaj), la ministre a présidé la clôture de la session de formation au profit des intervenants locaux (wilaya, associations, la justice, l'intérieur, la santé, l'éducation nationale, la jeunesse et sport). La formation, qui s'est déroulée à l'institut national de l'action sociale (Inas-Tanger), a duré trois jours (du 22 au 24 juillet). La réforme et la restructuration de l'Inas figuraient également au programme. «Notre objectif est de faire de cette institution un pôle d'excellence de formation des travailleurs sociaux pour renforcer la compétence nationale en matière de gestion et de pilotage des structures et projets sociaux de proximité», explique Skalli. De plus, la ministre a donné le coup d'envoi de la formation de 4.000 jeunes bénévoles dans le cadre de la 10e édition des séjours de travail volontaire hispano-marocain organisés par les associations Al Amal de Tanger et Wafae de Barcelone.
Au final, le programme de la ministre a été clôturé par la visite du centre de lutte contre la mendicité et l'inauguration de l'espace de réadaptation et d'intégration pour personnes en situation de handicap.
Le but est d'améliorer leurs conditions de vie à travers le renforcement des opportunités de réadaptation et d'intégration, d'accueil, d'orientation, de formation et de sensibilisation.
Bouchra SABIB
http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=116&id=117766

Lutte contre la mendicité à Tanger

Signature de deux conventions et visites à des centres de formation
Nouvelle approche sociale fondée sur l'intégration familiale et institutionnelle
Publié le : 31.07.2009 | 16h53

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2008/2012, la ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, Nouzha Skalli, a dernièrement effectué une visite de travail à Tanger.
Son programme d'activités s'articule autour de plusieurs thèmes, en l'occurrence le développement social, la lutte contre la mendicité, la protection de l'enfance, le renforcement des capacités , la formation, ainsi que la modernisation de l'action sociale. Dans le domaine du développement social, il a été procédé à la signature d'une convention de partenariat entre le ministère de tutelle, la wilaya de Tanger et l'association de solidarité pour les œuvres charitables et ce pour la création d'un Centre d'accueil des mendiants pour un montant global de 2.300.000 DH. Le programme de lutte contre la mendicité, qui vise essentiellement à assurer l'efficience et le bon cadrage des programmes locaux de développement, repose sur une approche sociale fondée sur l'intégration familiale et institutionnelle, l'insertion socio-économique des mendiants, outre une approche judiciaire visant la répression de la mendicité professionnelle et des actions de sensibilisation et de communication.

Dans le domaine de la protection de l'enfance, le ministère a organisé également une cérémonie de signature du Protocole administratif relatif au programme « système intégré de Protection de l'enfance au Maroc avec des services sociaux régionaux de proximité entre le ministère du Développement social et celui de l'Economie et des finances et l'Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID). Cette cérémonie s'est déroulée à la wilaya de Tanger-Tétouan et a été présidée par la ministre et l'ambassadeur d'Espagne au Maroc.
Au titre de ce protocole, l'AECID contribuera au financement du programme avec la somme de 1,5 million d'euros à travers une subvention de l'Etat pluriannuelle. Les engagements et les activités consignés dans le Protocole sont prévus pour la période allant de 2009 à 2012. "Le ministère de l'Economie et des Finances nous accompagnera dans ce programme", a indiqué le communiqué, à travers l'ouverture d'un fonds de concours à la somme indiquée qui constituera un budget additionnel à la dotation budgétaire annuelle du ministère.

Dans le même cadre, deux événements ont marqué la première journée : la réunion de l'Enfance (UPE- Tanger) tenue à la wilaya de Tanger. Cette unité de Protection de l'Enfance, structure de proximité dédiée à la lutte contre la violence à l'égard des enfants a pour mission d'assurer l'accueil, l'écoute, l'accompagnement et l'enregistrement de toutes les informations sur les cas d'enfants victimes de violences, ainsi que l'élaboration des rapports de suivi et la coordination du circuit de prise en charge. La mise en place de l'UPE fait partie des actions prioritaires inscrites dans le Plan stratégique du ministère et est également appuyée par la Coopération espagnole, à travers l'Agence espagnole de Coopération internationale au développement (AECID) et la Fondation CEAR. Suite aux dispositions du statut proposé par l'association d'appui à l'UPE de Tanger , le conseil d'Administration est composé des représentants relevant des institutions et des départements gouvernementaux , des élus et des associations locales : AMNA pour la défense des Femmes et Enfants victimes de violence à Tanger, l'association de l'Union des Femmes marocaines de Tanger et l'association ALCS de lutte contre le sida à Tanger.

Par ailleurs , dans le même cadre de la mise en œuvre du programme national pour la réinsertion des enfants de rue (Indimaj), la ministre a présidé à l'Institut national de l'Action sociale (INAS) à Tanger la clôture de la session de formation au profit des intervenants locaux. Ce programme est appuyé par le Conseil Arabe pour l'Enfance et le Développement. A signaler que cette formation sera prochainement organisée dans les grandes villes du Royaume : Marrakech, Agadir, Fès et ce conformément au plan stratégique 2008/2012 du ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. A cette occasion, Mme Skalli a donné le coup d'envoi de l'action de formation de 4.000 jeunes bénévoles dans le cadre de la dixième édition des séjours de travail hispano–marocain organisés par les associations Al Amal de Tanger et Wafae de Barcelone présidée par Othman Ben Mahjoub et AECID présidée par le coordinateur général à la coopération maroco- espagnole Vicente Sellés Zaragozi.

La dernière journée a été consacrée à la visite de l'INAS. La ministre a visité le centre et a donné ses directives pour le réaménagement de l'internat et a écouté attentivement les préoccupations de la directrice de l'Institut. Elle s'est rendue également au Centre de lutte contre la mendicité. Enfin, Mme Skalli a clôturé son programme par l'inauguration de l'espace de réhabilitation et de réinsertion de l'association Fraternité des personnes handicapées à Hay El Ama. La ministre a tenu une conférence de presse à la salle de la wilaya où elle a parlé de la stratégie nationale de lutte contre la mendicité. Ce programme avait pour point de départ l'élaboration d'une stratégie par une enquête nationale réalisée en 2007 par le ministère.
Sensibilisation
Le programme a été entamé d'abord à Casablanca et Rabat puis à Fès et Laâyoune. Après Tanger, ce sera le tour d'Agadir, Marrakech, Meknés puis Oujda. "Nous avons tiré tous les enseignements des expériences lancées à Casablanca, Rabat et Fès. Nous sommes maintenant sur deux chantiers qui vont certainement nous permettre de contenir ce fléau. Il s'agit de la mise en place d'une loi totalement dédiée à la lutte contre la mendicité", apprend-on. Une large campagne de communication et de sensibilisation autour du phénomène. Elle va utiliser différents supports de communication.
Par Abdelmajid Ben Saïd | LE MATIN

Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo y ex fiscal de menores


http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89098
Entrevista a Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo y ex fiscal de menores
"La sociedad está pidiendo dureza cuando no se han otorgado posibilidades de igualdad"


Jurista de largo recorrido, Felix Pantoja participó en la redacción de la Ley 5/2000 de Responsabilidad del Menor y fue fiscal de menores de la CAM. Sostiene que "hay un déficit en la protección de los adolescentes y preadolescentes".

DIAGONAL: Ha declarado que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, al permitir la colaboración de organizaciones, buscaba favorecer a los grupos que trabajaban históricamente con menores, sin embargo ¿no da la sensación de que se ha pervertido esa pretensión?

FÉLIX PANTOJA: Quizá fue una ingenuidad en la redacción original de la Ley, en la que se abría a las entidades, ONG, etc., la posibilidad de concertar con la administración el llevar este tipo de centros.

Lo cierto es que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor tiene una naturaleza originariamente sancionadora, no estrictamente penal. Es, por tanto, una ley orgánica, pero se pensó que la respuesta no debía ser la misma que la que se da a los mayores ya que la imputabilidad de los menores es distinta, como recoge el artículo 19 del Código Penal. Y, por lo tanto, la respuesta tenía que hacerse en un marco que persiguiera de una forma más efectiva la rehabilitación, o como se quiera llamar, de estos menores; se trataba de dar una oportunidad a chicos que no la han tenido.

Fruto de esto, se planteó que había que sacar ese tema de Instituciones Penitenciarias y encomendárselo a las Comunidades Autónomas, que tienen entre sus funciones la gestión de la protección de los menores. ¿Qué ha ocurrido? Que se pensó que esta gestión podía ser en colaboración con entidades que tradicionalmente trabajan con chicos; yo, personalmente, cuando trabajé en aquello tenía en la cabeza la Coordinadora de Barrios, a los que conocía. Y se pensó que esa puerta había que abrirla.

Sin embargo, ha ocurrido que han florecido asociaciones, ONG o fundaciones que prácticamente han profesionalizado la ejecución de las medidas, y las comunidades autónomas han visto una forma de descargarse de esta responsabilidad. De hecho me parece, como expuse en un informe del Consejo General del Poder Judicial, que se está produciendo de facto una privatización de la ejecución de las medidas.

Una privatización que, además, cae en el ámbito del mercado puro y duro: es decir, los trabajadores de estos centros están sometidos a las leyes del mercado, suelen ser mileuristas, con contratos temporales, etc. Todo eso puede repercutir –yo opino que seguro que repercute– en la forma en que hay que trabajar con estos chicos. Con esta seudoprivatización, el modelo no está respondiendo a los objetivos de la Ley, que era una respuesta sancionadora pero con un componente educativo. El valor del interés del menor ha ido cediendo ante el aspecto punitivo

D.: Pese a la gravedad de las denuncias del Informe del Defensor del Pueblo, las repercusiones de éstas han tenido escaso recorrido. ¿Tiene constancia de que el Gobierno central se haya planteado intervenir?

F.P.: Hay una cosa curiosa, y es que la denuncia del Defensor del Pueblo se refiere a centros de protección, no a centros de reforma. Los chicos que están allí no han cometido ningún delito, están porque se encuentran en situación de desamparo, porque sus padres o tutores no han podido o no han ejercido suficientemente sus funciones propias.

Es loable que el Defensor del Pueblo haya denunciado que pase esto y yo confío en que la Fiscalía actúe de acuerdo con estas denuncias. El ordenamiento jurídico para la protección de menores en España es bueno, de forma que los casos de desamparo quedan bajo control, pero lo que hace falta es que este ordenamiento se cumpla. También es necesario que la sociedad se implique, porque estos chicos no deberían permanecer en centros toda su vida, sino que tendrían que salir a acogimientos en familias. Pero es cierto que hay un déficit en la protección de los adolescentes y preadolescentes.

Las Comunidades Autónomas tienen que considerar esto como prioritario, y debe ser objeto de inversiones y de preparación de los educadores. No vale contratar a recién licenciados en pedagogía, hace falta trabajar con gente preparada.

D.: ¿Qué medidas serían efectivas por parte del Ministerio de Justicia para garantizar los derechos y la integración de los menores extranjeros no acompañados (MENA)?

F.P.: Hay un compromiso legal para que los MENA en situación de desamparo estén bajo la tutela de las entidades públicas de protección de menores. Lo dice, con carácter general, la Convención de Derechos del Niño, la Ley de protección jurídica del menor con carácter particular, y el artículo 172 del Código Civil más concretamente.

Debe ser prioritaria la educación básica, el sistema de protección y el sistema sanitario de menores, también el sistema de salud mental tiene que atender con más cuidado los problemas de menores.

Si hablamos de menores, la Ley de Extranjería queda subordinada a la Convención de Derechos del Niño y a la Ley de Protección Jurídica del menor, de tal manera que un menor extranjero que se encuentre en España, entre por Barajas o en una patera, si se encuentra en situación de desamparo, pasa a formar parte de las competencias de las entidades públicas de protección de menores.

Y se hará el reagrupamiento familiar cuando sea adecuado al interés del menor, y cuando se tengan garantías suficientes de que su repatriación y el reagrupamiento va a ser en su interés y con su familia, no en la frontera con la policía de fronteras o a un entorno familiar que les rechaza. No hay menores inmigrantes ni extranjeros, son niños que se encuentran sometidos al ordenamiento jurídico español.

D.: ¿Los medios de comunicación están obedeciendo a los miedos de la sociedad cuando abordan los delitos cometidos por menores?

F.P.: Sí, yo creo que no sólo obedecen a eso sino que a veces alientan esas situaciones de miedo. Lo que late en el fondo es que estamos en una sociedad muy punitiva, que piensa que con el Derecho Penal se van a resolver todos los conflictos, olvidando muchas veces que lo que hay detrás es un conflicto social que hay que resolver de otra manera.

En el caso de los menores, es evidente que un mejor sistema educativo, que socialice a los chicos, hará que determinadas conductas se reduzcan. También es importante que se mejore el tratamiento que se debe dar a chicos con transtornos de personalidad, de la conducta o de salud mental, que muchas veces no se detectan y que terminan derivando a la vía penal.

La sociedad está pidiendo dureza, cuando a lo mejor no se han otorgado posibilidades de igualdad. La idea es que la educación otorgue estas posibilidades para que todos los individuos tengan las mismas oportunidades. Los medios de comunicación cumplen muchas veces el papel de altavoz de esas expresiones sin pararse a pensar y sin dar acceso a otras voces que racionalicen las situaciones sobre las que hay que actuar.


EL PAPEL DE LA FISCALÍA

Este fiscal intervino en la redacción de la Ley de Responsabilidad del Menor, si bien considera que ésta, desde que nació "ha sido sometida a cambios cada vez más punitivos". Cree que la Convención de Derechos del Niño y la Ley Orgánica 1/1996 ofrece instrumentos poderosos al Ministerio Fiscal "para actuar en defensa de los derechos de los menores", pero Pantoja no entra a juzgar la actuación de la Fiscalía de menores de la Comunidad de Madrid (CAM).

En 2001, desde esa Fiscalía, Pantoja ordenó cerrar el centro de Guadarrama, gestionado por la Fundación Diagrama, después de que un joven de 14 años denunciara malos tratos. Sin embargo, en el juicio posterior, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a la Fundación y a la propia CAM.

Lee artículos previos en Diagonal sobre la Ley Penal del Menor y la privatización de los centros de menores:

La reforma de la Ley del Menor prevé penas más duras

¿Centros de reforma o cárcel para menores?

El lucrativo negocio de los centros de menores

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Col•lectiu DRARI دراري d'Investigació Acció Participativa pels Drets de l'Infant
الجماعى


Jóvenes extutelados denuncian abandono e irregularidades en centros de menores. Instrumentalización política de la infancia

Català: La manca de criteris de protecció i de protocols és històrica a la DGAIA. Les expulsions il·legals dels centres de menors, d'adolescents i de joves, deixant-los en situació de carrer i d'exclusió social és diària, quotidiana i històrica. Ciu Convergènvia i Unió utilitza fastigosament aquests adolescents i joves i instrumentalitza la seva situació amb finalitats polítiques. CiU, junt amb totes les forces parlamentàries, va establir aquest sistema il·legal i separat per als menors no acompanyats, discriminatori, xenòfob i racista el 1999. La llavors màxima responsable de protecció a la infància, la consellera Núria de Gispert, va dir "AQUESTS MENORS NO SÓN NOSTRES I NO SÓN RESPONSABILITAT NOSTRA". La llavors diputada socialista Marina Geli va dir "MAI AL PARLAMENT DE CATALUNYA ENS DISCUTIREM NI ATACAREM PER TEMES D'INFÀNCIA". Tots els menors no acompanyats pateixen aquestes situacions, de totes les nacionalitats. La DGAIA i la Generalitat de Catalunya violen sistemàticament la Convenció de Nacions Unides dels Drets de l'Infant, la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor i la legislació catalana de protecció de la infància. La Fiscalia, el Síndic de Greuges i el Parlament no actuen en defensa dels Drets de l'Infant i contribueixen a mantenir la situació.

Castellano : La falta de criterios de protección y de protocolos es histórica en la DGAIA. Las expulsiones ilegales de los centros de menores, de adolescentes y de jóvenes, dejándolos en situación de calle y de exclusión social es diaria, cotidiana e histórica. Ciu Convergènvia y Unión utiliza asquerosamente a estos adolescentes y jóvenes e instrumentaliza su situación con fines políticos. CiU, junto con todas las fuerzas parlamentarias, estableció este sistema ilegal y separado para los menores no acompañados, discriminatorio, xenófobo y racista en 1999. La entonces máxima responsable de protección a la infancia, la consejera Núria de Gispert, dijo "ESTOS MENORES NO SON NUESTRAS Y NO SON RESPONSABILIDAD NUESTRA". La entonces diputada socialista Marina Geli dijo "NUNCA EN EL PARLAMENTO DE CATALUÑA NOS DISCUTIREMOS NI ATACAREMOS POR TEMAS DE INFANCIA". Todos los menores no acompañados padecen estas situaciones, de todas las nacionalidades. La DGAIA y la Generalitat de Catalunya violan sistemáticamente la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la legislación catalana de protección de la infancia. La Fiscalía, el Síndic de Greuges y el Parlament no actúan en defensa de los Derechos del Niño y contribuyen a mantener la situación.

http://www.noticies.net/webACN/detallNoticiaPortada.do?id=78355

Convergència pide al Gobierno catalán que resuelva las 'disfunciones' en la acogida de menores y le reclama diálogo

ACN // 04.08.2009 // 16.01 h separa Ref. 78355
Barcelona (ACN
El presidente de la sectorial de Inmigración de CDC, Àngel Colom, acompañado del responsable de NousCatalans.Joves, Èric Bertran, ha puesto de manifiesto las 'disfunciones' en la acogida de jóvenes menores de edad. Han expuesto el caso de unos veinte jóvenes de origen subsahariano que desde el pasado diciembre han sido expulsados del centro de acogida de menores El Bosc. Uno de ellos, David Sow, ha explicado que, después de dos meses en este centro, se lo llevaron para hacerle una prueba de mandíbula que determinó que era mayor de edad, y fue expulsado. Colom se ha dirigido a la Consejería de Acción Social y a la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), a las que ha reclamado diálogo y soluciones.
http://paper.avui.cat/article/societat/171379/nois/africans/es/queixen/tracte/centre/menors.html
Infància

Nois africans es queixen del tracte en un centre de menors

Un grup de nois subsaharians va denunciar ahir públicament el tracte rebut al centre de menors El Bosc i, entre d'altres queixes, van parlar de discriminació respecte als joves magribins. "Fa poc que tenim un monitor subsaharià, però la majoria són magribins. Jo he assistit a una reunió celebrada en marroquí i no vaig entendre res", explicava un d'ells. Aquest i altres problemes, com la situació de desemparament dels majors d'edat, han arribat al govern a través de Convergència.

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Subsaharianos/expulsados/centros/menores/exigen/amparo/Generalitat/elpepiespcat/20090805elpcat_6/Tes/
Subsaharianos expulsados de centros de menores exigen amparo a la Generalitat

La Administración asegura que deriva a todos al servicio de ex tutelados

BERTRAN CAZORLA - Barcelona - 05/08/2009

Fulminante. Así fue la expulsión del senegalés David Sow, que tiene 17 años según su partida de nacimiento, del centro de acogida de menores no tutelados de la Generalitat en el que se alojó desde el 12 de marzo de este año. El 28 de abril, un informe de la fiscalía de menores determinó que tenía "19 años o más". Y el mismo día "se le comunicó que era mayor de edad" y por eso debía irse, según el acta de expulsión. No importó que el chico manifestase "no tener red de amigos ni familiares" en Cataluña y que siguiese tratamientos médicos (había recibido la primera de las tres vacunas antitetánicas). Tampoco que, asegura, la Dirección de Atención a la Infancia (DGAIA) no hubiese tramitado aún su permiso de residencia. A pesar de todo, Sow estaba en la calle a los pocos días y, se queja, sin ayuda oficial.

Él y otros compañeros suyos que aún están en el centro de acogida El Bosc y que temen una expulsión similar cuando cumplan 18 años o la DGAIA opine que ya los tienen denunciaron ayer que éste no es un caso aislado y exigieron a la Generalitat que ninguno se quede fuera de las ayudas que reciben algunos, los ex tutelados, en sus primeros años adultos. Se suman así a una queja que ya formuló el Síndic de Greuges en febrero, cuando vio "irregularidades" en la forma en que la DGAIA controlaba sus edades y reclamó que, en caso de duda sobre la veracidad de los documentos, sea la policía quien los investigue.

El Departamento de Acción Social, del que depende la DGAIA, señaló ayer que últimamente "se ha observado un crecimiento importante de nuevas estrategias de inmigración irregular" y que hay "mayores de edad que solicitan la protección" de instituciones para menores "con documentación no veraz". Sow no ha pagado aún los 42 euros que, dice, le costará recibir su pasaporte en la Embajada de Senegal en Madrid, y sólo tiene un certificado de nacimiento y otro de inscripción consular. "Que pida el pasaporte y no tendrá problemas" para justificar su edad, declaró ayer la cónsul que firmó el documento, Claudia Vila. Pero en diciembre pasado la DGAIA ya expulsó a 13 chicos al no dar fe a los pasaportes que acreditaban su minoría de edad.

Lo hizo tras someterles a unos exámenes médicos "que proporcionan únicamente un grado de aproximación", según el Síndic, y que, según estudios de la propia Generalitat, en dos tercios de los casos fallan en su estimación. Pese a ello, el departamento está convencido de que en 2008 logró establecer que una quinta parte de los 421 supuestos menores que solicitaron su atención eran adultos y, asegura, los derivó a otras entidades. Muchos de los que abandonan sus centros reciben ayuda del area de apoyo a jóvenes ex tutelados. Pero el Síndic también detectó "falta de coordinación en la derivación".

Sow es, de nuevo, un ejemplo de que los problemas persisten: Durante su corto paso por el centro no llegó a ser tutelado. Así que en su acta de expulsión no consta que se le derivase, sino que "se le proporcionó una lista de recursos para adultos adonde poder acudir". Se tuvo que buscar la vida y encontró una familia dispuesta a acogerle en Lloret de Mar.

Le ayudó en la tarea el secretariado de Inmigración de Convergència. Este partido ha presentado una batería de preguntas parlamentarias sobre la situación de estos chicos.

http://sociedad.e-noticies.es/denuncian-irregularidades-en-centros-de-menores-31642.html

04 / 08 / 2009

Denuncian irregularidades en centros de menores. Expulsiones irregulares, robos, peleas y discriminación racial, según CiU

Los jóvenes subsaharianos denuncian que en el centro de acogida dónde se encuentran sólo se habla "castellano y marroquí", aun cuando en la rueda de prensa han demostrado que se esfuerzan en habla en catalán. Este hecho incumple el pacto nacional de inmigración, puesto que establece el catalán como lengua de acogida por los menores. Pero sus problemas van más allá, ya que algunos viven en una situación precaria a pesar de ser menores de edad.

En una rueda de prensa en la sede de Convergencia, el presidente de NousCatalans.Jóvenes, Èric Bertran, ha asegurado que en El Bosc, el centro de acogida donde se encuentran este jóvenes i que depende de la DGAIA (Dirección general de atención a la infancia y la adolescencia), se producen irregularidades como expulsiones irregulares de un día por el otro, robos, peleas, discriminación racial entre subsaharianos y marroquíes.

Àngel Colom, presidente de la sectorial de Inmigración de CDC, ha asegurado que "hay cosas que en el ámbito de la protección de los menores no funciona". En este sentido, cree que "la responsabilidad de solucionar este problema no le pertoca a la sociedad civil. Puede ayudar y lo está haciendo, pero esto es trabajo de la administración". "En este momentos", ha lamentado que "la protección del menor no llega a todo el mundo, y cuando esto pasa quiere decir que hay algo que falla".



Ex menores sin derechos

SUSANA HIDALGO - SANTA CRUZ DE TENERIFE - 30/06/2009 08:00

Es la Noche de San Juan y los tinerfeños disfrutan de las hogueras prendidas en los descampados. Las calles están repletas de gente, los más pequeños coquetean con el fuego. Antes de medianoche, un grupo de chicos saharauis sale a hurtadillas de una nave industrial abandonada. Les acompañan un par de adolescentes canarias. El grupo se mueve entre las sombras.

Se llaman Hamid, Sayid... Llegaron hace tiempo en cayuco y han cumplido recientemente la mayoría de edad. Hasta entonces, permanecían ingresados en un centro de menores. La falta de recursos de las administraciones públicas les dejó luego en la calle. Al dejar de ser menores, tienen que buscarse la vida. Ahora malviven en una nave industrial en Santa Cruz de Tenerife, sin luz ni agua corriente. Pendientes de que no les pille la Policía, porque se han convertido en inmigrantes irregulares.

En una redada reciente en un comedor social, la Policía se llevó a 17 chicos sin papeles

Los menores africanos que llegan a las Islas Canarias son tutelados por el Gobierno regional hasta que cumplen la mayoría de edad. Cuando alcanzan los 18 años, muchos de ellos se quedan en situación irregular, como denunció el Defensor del Pueblo en su último informe. Estos chicos tienen, por ley, tres meses para encontrar un trabajo que regularice su situación. Antes, no era demasiado difícil colocarlos en la construcción o en la hostelería. Ahora, con la crisis, no hay trabajo. Y estos jóvenes se están quedando en la indigencia.

"Son muertos civiles"

En el Gobierno canario (Coalición Canaria y Partido Popular) culpan de la situación al Gobierno central. "Estos chicos son muertos civiles: el Estado no los repatría, pero tampoco les da los papeles. No pueden trabajar, terminan en la economía sumergida, víctimas de las redes mafiosas", sostienen fuentes de la Consejería de Bienestar Social, que cifra el número de afectados por esta situación en unos 300 jóvenes.

"Aprendí un oficio de camarero, pero luego no conseguí trabajo", explica Hamid

En la actualidad, hay 1.500 menores bajo la tutela del Gobierno canario (1.200 en las islas y 300 repartidos por la Península), que gasta, porque le obliga la ley, unos 30 millones de euros anuales en mantenerlos. El presidente canario, Paulino Rivero, trasladó ayer este problema en su visita al archipiélago al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que anunció una inversión de 15 millones de euros para fomentar el traslado de menores inmigrantes de las Islas a la Península.

El pasado enero, Coalición Canaria y el PP aprobaron en el Parlamento regional, con el voto en contra del PSOE, una propuesta para que el Gobierno central asuma "su obligación" de tutelar a estos menores. El PSOE contestó que la responsabilidad del Gobierno canario en este tema está dictada en la Ley de Extranjería.

Sahara libre

Los pisos tutelados que sirven de tránsito para estos adolescentes están saturados

Hamid está escondido en la nave industrial desde hace dos meses. Tiene 19 años, es saharaui, desgarbado y tapa su cabeza con una gorra. Tiene una novia, una menor canaria, que permanece a su lado en una estancia con "Sahara libre" pintado en sus paredes. Hay restos de velas y especias para cocinar. Es la una de la tarde, el resto del grupo de ex menores en situación irregular ha salido a la playa, desafiando la vigilancia policial.

"Estuve en varios centros y allí aprendí un oficio: camarero. Cuando cumplí los 18, recorrí muchos bares y entregué mi currículum, pero nada", explica Hamid, que recuerda que, antes de su viaje en cayuco, creía que su paso por Europa le iba a cambiar la vida.

No ha sido así. Su vida pasa ahora por esquivar a la Policía y pasar las horas muertas en el edificio abandonado, a resguardo del calor. Hace dos semanas, Hamid escapó de una redada policial en un comedor social que regentan seis monjas de una media de edad de 70 años. "Los agentes nos estaban esperando a la salida. Abrí la puerta, los vi y me metí corriendo dentro a esconderme en un baño", relata Hamid.

El susto en el cuerpo

Sor Josefina León, de 76 años, madre superiora del convento, aún tiene el susto en el cuerpo. "Vi a un policía fuera, todo tieso, y siguió allí todo el tiempo. Pero como llevaba un chaleco con franjas amarillas, creía que era un barrendero", explica.

La Policía se llevó a 17 inmigrantes al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría. "Muchos de los que cogió la Policía eran muy jóvenes. Tuvimos que pedir a los agentes que no detuvieran a un inmigrante que está desde hace años con nosotras y nos ayuda", relata sor Josefina. Ella y las otras cinco monjas dan de comer a diario a unas 80 personas sin recursos, la mayoría inmigrantes irregulares.

En Tegueste los chicos aprenden soldadura y mantenimiento de edificios

La situación de los jóvenes que han cumplido los 18 es insostenible, según denuncian varias ONG y también los directores de los centros de menores, que ven como cada mes tienen que dar el alta a chicos que alcanzan esa edad. El cumpleaños de estos chicos lo determina el día que se hicieron la prueba ósea que fija su edad.

Como la mayoría llegaron en verano, es en estas fechas cuando más jóvenes dejan de ser menores. Y, con la crisis, es ahora cuando no hay trabajo y cuando estos adolescentes deambulan por Tenerife sin oficio. Los chicos saharauis que se esconden en la nave industrial no quieren ser deportados, pero tampoco tienen oportunidades. "Mira, me hice estas lesiones en el centro", dice un chico, mostrando un brazo lleno de cortes. Otro enseña su documento de expulsión.

En teoría, para esos chicos hay unos recursos-puente hasta que pueden valerse por sí mismos. Pero las 40 plazas de estos pisos tutelados que hay en Tenerife ya están completas, porque no son sólo para inmigrantes, sino para cualquier persona que no tenga recursos. En el centro de menores de Tegueste, con 144 plazas, hay internos 111 chicos, en su mayoría magrebíes y de Mali. "En junio nueve chicos han cumplido los 18 años", explica José Barreiro, director del centro. Su preocupación pasa ahora por el futuro de estos adolescentes y pone como ejemplo a un ex interno "buenísimo" que recientemente ha cumplido los 18 años y que está durmiendo en albergues y comiendo en comedores sociales.

Talleres de soldadura

El colectivo La Calle, de Madrid, también denuncia el desamparo de estos jóvenes

El centro de menores de Tegueste, en Tenerife, abrió el 5 de agosto del año 2006. Desde entonces han pasado por él unos 700 menores. "Con ellos trabajamos su autonomía, que sepan manejarse con el transporte público, con los cajeros automáticos, a la hora de empadronarse...", señala Barreiro.

Los menores, todos chicos, asisten a talleres de soldadura y mantenimiento de edificios. Es martes por la mañana y una decena de adolescentes asisten muy atentos a las explicaciones de David Hernández, director de la escuela ocupacional donde reciben las clases. Hoy toca clase teórica. "¿Para qué sirve un tiralíneas?"; pregunta Hernández, mientras los chicos toman notas, muy atentos. "Se toman muy en serio su educación, le dan mucho valor; pero luego no hay recursos para que se puedan quedar", señala Hernández.

Los responsables de los centros de menores se quejan del tiempo y el dinero perdido que se va en formación. "El sistema no es justo. Los educamos, ellos intentan aprender un oficio y, si a los 18 no tienen la residencia, se acaba el sueño", afirma el director de uno de estos centros. Los adolescentes muchas veces no entienden por qué su situación cambia de forma repentina. "Es muy difícil hacerles entender que de un día para otro necesitan un papel que resulta obligatorio para poder moverse", afirma Barreiro.

"Intentan aprender un oficio y, si a los 18 no tienen papeles, se acabó el sueño"

También el colectivo La Calle, que acoge y da formación en Madrid a 80 subsaharianos adolescentes, ha denunciado esta práctica. En sus talleres de fontanería, electricidad o mecánica tienen a varios jóvenes en esta situación. Chicos que una vez tuvieron derechos y que los perdieron con la mayoría de edad.

http://www.publico.es/espana/235611/ex/menores/derechos/inmigracion/saharauis/tenerife

martes, agosto 4

Repatriados de EU más de 5 mil niños en el primer trimestre


En el primer trimestre del año deportaron al país a 5 mil 149 niños y adolescentes. Foto: El Sol de México
Organización Editorial Mexicana
2 de agosto de 2009


Doina García / El Sol de México

Ciudad de México.- Tan sólo en el primer trimestre de 2009 fueron repatriados cinco mil 149 niños y adolescentes que cruzaron la frontera con Estados Unidos sin compañía de padres o familiares. En su lucha por tener una mejor calidad de vida, al no tener la protección de un adulto, los menores están expuestos a la trata de personas, explotación sexual y laboral, violación, maltrato, uso y tráfico de drogas, así como delincuencia organizada.

Según cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el 2008 fueron repatriados 17 mil 772 menores que viajaban sin la compañía de un adulto.

Por su parte, el DIF señaló que entre el 2001 y el 2007 hubo un incremento del 280 por ciento en el número de menores sin compañía repatriados que cruzaron la frontera a Estados Unidos. De siete mil 620 casos que se registraron en el 2001, se pasó a 21 mil 366, en el 2007.

En cuanto a los casos de menores en el 2008, la SRE, mediante el "Reporte de Repatriaciones de Menores no Acompañados", explicó que en ese año, el 83 por ciento de los menores fueron hombres, mientras que sólo el 17 por ciento eran mujeres. El principal motivo para migrar fue el laboral, y el principal estado de destino de los menores era California -en el 32 por ciento de los casos-.

Detalló que el 2.8 por ciento de los menores repatriados son indígenas; la etnia mixteca fue la predominante, con 126 casos.

En cuanto a sus edades, casi el 95 por ciento tienen entre 12 y 17 años. Sin embargo, 250 de los menores atendidos tenían menos de cinco años, y 667 de ellos tenían entre seis y 11 años.

En cuanto a su escolaridad, el 34.4 por ciento terminó la secundaria, y el 17.8, la primaria. Sin embargo, un alto porcentaje de ellos tienen estudios truncos de secundaria en el 21.15 por ciento de los casos; de primaria, en el 10.7, y de bachillerato, en el 9.6. Sólo el 2.8 por ciento de ellos no tiene ninguna clase de estudios.

En cuanto a los motivos que los menores expusieron para migrar de su país hacia Estados Unidos, el 64 por ciento señaló que era para laborar allí, mientras que el 20 por ciento dijo que intentaban reunirse con sus familiares.

Sin embargo, 104 menores refirieron cruzar la frontera ilegalmente pues eran guías o traficantes de personas, y 69 de ellos cruzaron la frontera a fin de realizar tráfico de drogas.

En cuanto a los estados de donde provenían los menores, coinciden con los estados con más tradición de migración. Fueron Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tamaulipas y Veracruz.

Migración infantil a lo largo del tiempo

Se observan porcentajes similares durante el 2007. En ese año, de los 35 mil 546 menores repatriados, el 49 por ciento, es decir, 17 mil 553, fueron niños que viajaban solos.

De acuerdo con los datos del documento titulado "prevención y atención a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados: desarrollo y evolución histórica", el cual fue publicado por el DIF, e incluye un estudio del 2001 al 2007, existe una gradual feminización de la migración infantil no acompañada, lo que significa que aunque antes sólo emigraban niños varones, cada vez más aumenta la migración infantil de niñas.

A partir del 2005 se incrementó el porcentaje de menores sin compañía de un adulto respecto del total de los menores repatriados. Mientras que en el 2001 era de apenas el 16.7 por ciento, para el 2005 esta cifra se incrementó al 49 por ciento, y presentó su pico más alto en el 2006, cuando llegó al 59.8 por ciento.

En cuanto al sexo de los migrantes, aunque la mayoría son varones, se registra un aumento gradual del número de niñas, el cual pasó de dos mil 611 en el 2001 a cuatro mil 369 en el 2007.

En cuanto a las edades, la tendencia histórica es similar a lo que sucede en el 2008, y el 89 por ciento de los casos se concentra entre los 13 y los 17 años. Sucede lo mismo con lo relativo a los estados de donde los menores son originarios.

Los diez estados de donde provienen la mayoría de los menores son: Michoacán, con el 8.49 por ciento; Guanajuato, con el 7.54; Chihuahua, con el 6.42; Oaxaca, con el 6.16; Guerrero, con 5.87; Puebla, con el 5.34; Veracruz, con el 5.12; Sonora, 5.08; Jalisco 4.81, y Estado de México, con 4.65.

Sobre la escolaridad de los menores, más de la mitad tiene educación secundaria (51.85 por ciento) y casi el 34 por ciento, educación primaria. El 9.3 por ciento tiene preparatoria, y sólo el cuatro por ciento nunca ha ido a la escuela.

En cuanto a quiénes se hacen cargo de los menores una vez que son repatriados y canalizados a su comunidades de origen, el documento detalla que en el 48 por ciento de los casos es sólo el padre o sólo la madre. En un doce por ciento de los casos, son los tíos; en el 8.7, amigos; en el cinco, hermanos, y en el cuatro, abuelos.

* Las causas y los riesgos

En el documento titulado "Niñez migrante en la frontera norte: legislación y procesos", el DIF reconoce que uno de los grupos sociales más susceptibles a la violación de sus derechos son los menores que intentan cruzar la frontera ilegalmente sin la compañía de familiares adultos.

En este proceso, los menores enfrentan muchos riesgos desde su salida de sus lugares de origen, así como en su desplazamiento y el momento de su detección en México o en EU.

Al no tener la protección de un adulto, estos niños pueden ser involucrados en la comisión de delitos, enganchados en redes de explotación sexual o laboral, sufrir accidentes e, incluso, morir.

El documento reveló que en el caso de niños indígenas es preocupante que no existan medios idóneos para comunicarse en su propio idioma y ser informados sobre su situación, además es complicado encontrar a sus familiares en las comunidades indígenas del interior del país.

Ante todo ello, el DIF ha reiterado la importancia de que en el rubro de menores migrantes haya una mayor coordinación entre las distintas instancias de los tres órdenes de gobierno, para la atención y, sobre todo, la prevención de este fenómeno, lo que necesariamente requiere asignar más recursos.

Asimismo, dijo que basados en toda esta nueva evidencia, es urgente promover reformas legislativas en materia de migración infantil.
fuente


lunes, agosto 3

Alcohol a menores: pase por caja


Tener menos de 16 años en Asturias no parece problema para poder adquirir y consumir alcohol con facilidad, pese a que la ley prohíbe. LA NUEVA ESPAÑA lo ha comprobado con la ayuda Alberto P. y Juan S., nombres ficticios que corresponden a dos muchachos de 15 y 16 años respectivamente. Los jóvenes consiguieron reunir sin problemas 9 litros de alcohol de diversa graduación en una hora y diez minutos, después de visitar cuatro supermercados ubicados en zonas céntricas de Oviedo. Entre las bebidas hay vino, cerveza, ron, ginebra y whisky. Sumándoles los refrescos «para mezclar» y unos vasos de plástico, el total de la compra sumó en torno a los 30 euros, por lo que no sólo es fácil comprar la bebida, sino que la borrachera puede salir muy barata.

En la actualidad, Asturias es la comunidad autónoma que se muestra más permisiva en lo que se refiere al consumo y venta de alcohol a menores. Es la única región en la que se pueden adquirir bebidas alcohólicas a partir de los 16 años. José Perals, fiscal antidroga en Asturias, reclamó recientemente una reforma en la ley actual, que data de 1990, para que se suba el umbral de venta y consumo a los 18 y la normativa asturiana quede homogeneizada con el resto de España.

Pero aunque la venta está prohibida a menores de 16 años, en la realidad encuentran pocas trabas. LA NUEVA ESPAÑA lo comprobó y el resultado fue que, en tres de los cuatro supermercados visitados, pudieron comprar alcohol sin que les pidieran el DNI o pusieran objeción alguna. La experiencia de estos jóvenes, que contaron con autorización paterna para participar en este reportaje, arrancó el viernes pasado a las 18.30 horas de la tarde, a las puertas del Auditorio ovetense. Juan y Alberto entran en un supermercado del barrio y se pasan varios minutos decidiendo qué van a comprar. Finalmente, cogen dos litros de vino y una botella de coca-cola para hacer «calimocho». Los jóvenes se ponen a discutir qué bebida de la vitrina podrían coger para «acompañar» y uno de los dependientes se ofrece amablemente a sacar una botella de ron Negrita, que entrega a Alberto. Ya en caja, se les pide el DNI y Juan S., que sí tiene 16, enseña el suyo. Es el único sitio donde les piden identificación.

Se dirigen a la siguiente parada, en la zona de Llamaquique, conocidísima por ser durante años escenario de numerosos «botellones». Juan señala una furgoneta de la Policía Municipal aparcada en las cercanías. Hay un par de miembros del cuerpo por la zona, «están para vigilar que no haya gente bebiendo en la calle», aclara.

Ya en el supermercado, Alberto, de 15 años, agarra dos «litronas» de cerveza y va directamente a caja, donde las paga y se va con tranquilidad. Nadie le ha dicho nada, ni siquiera tiene que utilizar la excusa que llevaba preparada: «Déjame comprarlo, que sólo me faltan dos meses para cumplir 16». Este supermercado en concreto es uno de los «puntos calientes» de la venta de bebidas alcohólicas a gente de todas las edades. Minutos antes de ejecutar la «operación», el menor confesaba su nerviosismo: «¿Qué pasa si me pillan y tengo que dejarlo allí? Dios, qué vergüenza voy a pasar».

A continuación prueban en otro supermercado cercano donde los chavales saben que la compra puede ser fácil. Para esta ocasión, modifican su estrategia: Juan y Alberto entran por separado y fingen no conocerse. Alberto entra primero y se interesa por una botella de ginebra. Pide a una de las dependientas que le abra la vitrina para sacarla, y la chica accede. Una vez en caja, le cobra con normalidad. Cuando ese adolescente de 15 años sale del supermercado, se muestra sorprendido de que no le hubieran pedido el DNI: «¡Si compré una botella de ginebra!». Por su parte, Juan compra otros dos «tretrabricks» de vino y un refresco de naranja sin tener que identificarse. Después de salir del establecimiento, Juan cuenta que en una ocasión les pidieron el DNI a él y sus amigos después de haber hecho toda la compra: «Se olvidaron de pedírnoslo mientras comprábamos y lo hicieron cuando ya estábamos yendo a la puerta». Como tenían 16 años pudieron llevarse toda la compra.

La última parada es en una calle cercana del centro de Oviedo. Juan sugiere ir a un establecimiento que tiene fama de ser especialmente estricto en lo que se refiere a la venta de alcohol a menores. De hecho, en ese supermercado está prohibida la venta a quienes no tengan la mayoría de edad, los 18 años. Así consta incluso en un letrero ubicado en las cajas de venta al público, si bien hay que aclarar que dicho indicador está tapado parcialmente por varios artículos a la venta de un estante que está justo debajo de la inscripción. A los pocos minutos, Juan sale con una botella de whisky. En este caso, tampoco ha tenido que enseñar su DNI. De nada sirvieron las prohibiciones. Son las 19.40 de la tarde, y los menores han conseguido hacerse con un botín alcohólicos. De todo lo que recolectaron, por supuesto, no bebieron ni una gota.

Desde las 18.30 horas hasta las 19.40 horas, los menores participantes en este reportaje consiguieron acumular todo el alcohol que se ve en la imagen: cuatro litros de vino, dos botellas de litro de cerveza, una botella de ginebra, otra de ron y una de whisky. En total, alrededor de 9 litros de alcohol con bebidas de diversa graduación con las que se pueden hacer «calimochos», cubalibres u otras combinaciones. De los cuatro supermercados que visitaron para hacer las compras, todos en zonas céntricas de Oviedo, sólo les pidieron el carné en uno.
http://www.lne.es/asturias/2009/08/02/menores--alcohol-facilidades/790160.html

«Hay que favorecer las adopciones porque un menor no puede estar cinco años internado, a la espera de que su padre se recupere en una clínica de desintoxicación»

2 ELENA FERNÁNDEZ-PELLO

Casi veinte años de trabajo ininterrumpido con administraciones autonómicas e instituciones, evaluando sus políticas y ofreciéndoles asesoramiento, avalan las opiniones de Jorge Fernández del Valle sobre el sistema de protección de menores español. Desde 1989 dirige el Grupo de Investigación de Familia e Infancia de la Universidad de Oviedo, que ese año entregó su primera investigación, sobre absentismo escolar y a día de hoy, tras haber analizado el problema de la infancia desprotegida desde muy diversas perspectivas, realiza un informe sobre la situación de los menores extranjeros que, desde hace unos años, arriban a Asturias en solitario buscando un futuro laboral. Ése es un encargo del Instituto Asturiano de Atención a la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Simultáneamente, el equipo de Fernández del Valle trabaja para la Junta de Extremadura analizando el riesgo de enfermedad mental en niños tutelados y evalúa la situación de los niños con necesidades especiales en el sistema de protección para la organización Aldeas Infantiles. En su último libro publicado, «El acogimiento familiar en España», resultado de una investigación encomendada por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, ofrece una documentada visión sobre esa alternativa a los centros de menores.

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-La tendencia es profesionalizar la acogida. El Instituto Asturiano de Atención a la Infancia ya se plantea remunerar a familias preparadas específicamente para prestar este servicio.

-Es lo que se ha dado a conocer como el modelo de Oregón, en Estados Unidos, un modelo que data de los años ochenta y que se aplica en el ámbito penal. Es muy bueno, requiere formación muy potente y apoyo las 24 horas. La formación de esas familias les permite hacer frente a cualquier contingencia: a una huida, a un episodio de agresividad... Tienen un teléfono al que pueden llamar a cualquier hora pidiendo ayuda. No son familias de acogida tal como lo entendemos aquí, sino que funcionan como un programa más. Desde hace cinco años este modelo se está aplicando en los países nórdicos, en una fase piloto. En España sólo hay algo similar en Guipúzcoa: la Administración contrata a profesionales -educadores, psicólogos...- para que trabajen el acogimiento, cobrando 2.000 euros mensuales brutos, más otros 1.000 para gastos de mantenimiento. Cataluña contempla esa posibilidad en su legislación, y también Canarias, pero aún no la han desarrollado.

-Entonces, ¿los centros de menores están abocados a desaparecer?

-Mantener una amalgama de adolescentes en un centro, con déficit de atención o hiperactividad, dispara los problemas. Tres o cuatro menores atendidos en un piso por un par de profesionales permite que se desarrollen más adecuadamente. Los bebés, en un centro como el Materno Infantil, en Oviedo, se deterioran mucho, se daña su proceso evolutivo. Un niño de 0 a 3 años necesita una vinculación, una figura única, y en un centro hay una persona que lo cambia por la mañana, otra que le da de comer, otra distinta lo acuesta... Mallorca no tiene bebés en centros y lo ha conseguido con una campaña muy intensa, que ha permitido estabilizar a las familias de acogida. En los últimos quince años, concienciando y cuidando a las familias, en Mallorca han acabado con los centros para niños de 0 a 3 años y no han necesitado profesionalizar la acogida. Dispone de 70 familias estables, dispuestas a acoger un niño en cualquier momento. Tampoco hay centros para bebés en Inglaterra ni en la mayoría de los países europeos. A día de hoy, el sistema de protección de menores español tiene a muchos más niños viviendo en centros que en el ámbito familiar.

-¿No hay excepciones? ¿No hay ocasiones en las que es mejor que el niño permanezca en un centro?

-A veces no hay otra opción, ése es el caso de los «menas» -los menores extranjeros no acompañados-, de un adolescente de 15 años con problemas de salud mental o un niño con un vínculo afectivo muy fuerte con su madre, que por una enfermedad mental es negligente con él, y que rechazaría a otra figura materna. En los acogimientos entre 0 y 3 años no hay ninguna duda, hasta los 6 años pocas y a los 8 y 9 años hay que valorarlo más detenidamente. Un hogar y una familia no siempre son lo mejor para un niño, no hay una norma. Eso es lo que ha aprendido el sistema en estos últimos años.

-¿Y en términos económicos...?

-Siempre es más caro un centro de menores. Una plaza en un centro como el de Noreña no baja de los 4.000 euros, con servicios de vigilancia, limpieza... En Guipúzcoa, una familia cobra 3.000.

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-La Consejería de Bienestar Social le ha encomendado un informe sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en el Principado.

-Ése es un fenómeno que se da en todas las comunidades. En Murcia son chavales de Europa del Este, en Asturias marroquíes y en Guipúzcoa subsaharianos. Existe una red de contactos, se llaman por el móvil y tienden a reunirse allí donde reciben una buena respuesta. Se comete el error de tratarlos a todos por igual, pero hay una gran diversidad: no es lo mismo un subsahariano que un chico de los barrios de Tánger. En general, son chicos con muchos menos problemas de conducta que los locales, vienen a trabajar y quieren conseguir papeles. Están muy motivados. Muchos han trabajado desde los siete años, han pasado por experiencias difíciles y están muy endurecidos, tienen una capacidad de resistencia mucho mayor que nuestros niños. Hay un grupo pequeño, pero muy llamativo, que puede plantear problemas; pero si en Asturias hay 60 menores extranjeros, no hay ni 5 en esa situación. Ese porcentaje es mucho mayor entre los chicos de aquí. El problema que tienen que superar los menores extranjeros es el choque cultural. Llegan de un país en el que, quizás, el castigo por robar es recibir unos latigazos. Aquí robas y no pasa nada. Cosas como ésa les rompen los esquemas.

-¿Cómo afrontar la situación de esos chavales?


-Necesitan programas específicos, de adultos en transición, ayudas a la inserción laboral... En general, las administraciones no quieren dar papeles con facilidad, para evitar colapsos en el sistema. Vizcaya tiene un cupo y recursos para 400 «menas», y ya está. A partir de ahí no hay papeles para más. Hay que tener alguna estrategia, está claro, pero si yo fuera educador estaría encantado de trabajar con chicos como ésos.

Leer toda la entrevista en La Nueva España

La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción

En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación

VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006