Marta Sanchís: "Los menores que huyen de conflictos son exiliados políticos, no inmigrantes"
La responsable del programa Infància i Família en Càritas Diocesana de Barcelona advierte que estos menores quedan en un limbo legal que lleva a muchos a la indigencia
Marta Sanchís, responsable del programa Infància i Família en Càritas Diocesana de Barcelona Càritas Diocesana
Vida | 18/02/2011 - 12:18h Meritxell M. Pauné Redactora de la sección Barcelona
La psicóloga Marta Sanchís coordina el programa Infància i Família en Càritas Diocesana de Barcelona, que vela por el derecho infantil a una vida digna y segura. A través de los padres, que son los que suelen acudir a la entidad, previene y palia los estragos de la pobreza infantil, dirige hacia los circuitos públicos de protección los casos de violencia y denuncia las redes delictivas que explotan menores y mujeres. Vaticina que 2011 será un año duro para muchos más niños y niñas, debido a la crisis y en especial a la retirada a sus progenitores del subsidio estatal por desempleo.
Más de un tercio del total de personas atendidas por Càritas en Barcelona este 2010 han sido niños y adolescentes. Sin embargo, no se visibiliza que haya un problema de pobreza infantil en la ciudad.
Una parte de la infancia pasa desapercibida y es invisible a ojos de los adultos, porque al no ser autónoma le cuesta tener voz propia. Como les pasa a algunas personas mayores, si los adultos que le rodean no visibilizan su precariedad o que vive una situación de especial dificultad, cuesta que ese menor reciba la atención necesaria. Por eso con ellos es más importante todavía trabajar en red, para detectar los casos desde las escuelas, guarderías, institutos, servicios de pediatría, servicios sociales… Debemos ser sus ojos y su voz.
¿Qué carencias sufren los niños en situación de pobreza que atiende Cáritas en Barcelona?
En primer lugar sufren escasez económica, insuficiencia de ingresos por parte de sus padres. Pero no es la única carencia, luego está la vertiente psicosocial. Por ejemplo, la falta de ingresos va siempre vinculada a la precariedad en la vivienda. De fondo suele haber un problema de paro o gran precariedad laboral en sus adultos. Otras consecuencias pueden ser el aislamiento social: hay familias migradas o autóctonas que pierden su red de apoyo o es muy pequeña; o sus familiares son pocos o tampoco disponen de recursos. También puede generar problemas de salud físicos o mentales, porque cuando se cronifican las situaciones de sufrimiento psicológico aumenta el desgaste emocional y pueden aparecer enfermedades mentales. En algunas de las familias, no en todas, se detectan también problemas en la estructura interna, con situaciones de violencia entre la pareja o maltratos a los hijos, ya sea psicológicos, físicos, sexuales o de negligencia puntual o crónica.
¿Una familia cohesionada es más difícil que caiga en la pobreza?
Sí. El factor económico es objetivo, es un umbral y estás por encima o por debajo. Pero en la medida que tienes una red relacional que puede dar más apoyo y estabilidad ante los baches, los estragos de la pobreza se amortiguan. La estructura familiar también es importante. Imaginemos una pareja con hijos en la que los dos adultos están en el paro, quizás de forma crónica. Si hay un apoyo mutuo y la relación es fluida, será más fácil salir de esta crisis. Si hay ciertas fracturas, aunque sean desencuentros que no lleguen a la violencia, se hace más difícil. Y las familias monoparentales aún lo tienen más difícil, necesitan mucho más a su red relacional. Son las catalogadas como más vulnerables, tanto por las entidades sociales como por las administraciones. La mayoría de las que atendemos son mujeres con hijos a su cargo, bajo irregularidad documental y con difícil incorporación al mercado laboral.
¿Es frecuente que no pidan ayuda?
No, pedirla la piden. Pero a veces estamos superados. El volumen de demandas es superior al apoyo que podemos dar, nosotros y la administración. Las demandas estrella son vivienda, trabajo y ayuda económica. Pero en estos momentos no hay empleos disponibles, el mercado de la vivienda todavía está como está y las ayudas son limitadas. Las damos a cambio de planes de trabajo, es decir, del cumplimiento de unos objetivos de mejora que la familia ha consensuado previamente con un educador o trabajador social. Sin estos planes crearíamos relaciones de dependencia que no llevan a nada.
¿Habéis distinguido colectivos específicos, dentro de la bolsa genérica de pobreza infantil en Barcelona?
Sí. Un primer grupo son los de edad más temprana, de cero a tres años, nacidos en familias monoparentales encabezadas por mujeres que deben buscar trabajo o viven bajo grave explotación laboral. Sufren la insuficiencia de plazas públicas de guardería, no pueden optar a ellas por irregularidad documental de la madre o no pueden pagar los costes de un centro privado. Estos bebés están en desventaja evolutiva frente a los hijos de familias con recursos, porque no reciben los mismos estímulos y atenciones. Tras este grupo habría otro de más edad, de entre 4 y 12 años, que gracias a la escolarización consiguen más visibilidad que los bebés. En algunas familias que acaban de llegar de otro país tardan un cierto tiempo a escolarizar a su hijo, lo que abre un paréntesis de invisibilidad sobre su situación. En otros casos la escolarización es problemática por varios motivos. Un ejemplo habitual son las preadolescentes de unos 12 años que en su cultura de origen ya se consideran mujeres casi adultas y asumen roles de cuidado de los hermanos menores. Sus padres cuestionan la necesidad de mantener la escolarización y a veces 'desaparecen' en el salto de Primaria a Secundaria.
Luego están los adolescentes y jóvenes.
Destaca el colectivo de menores que han emigrado solos –los 'Meinas' [Menores Indocumentados No Acompañados], en la nomenclatura de los servicios sociales–. Estos chicos quedan muy desamparados y algunos de ellos en el limbo legal. Llegan con documentación de sus países de origen donde constan como menores, pero cuando los equipos de atención de calle los detectan y los ponen en conocimiento de la Fiscalía de Menores y DGAIA, les hacen pruebas radiológicas en la muñeca y se les considera mayores. Esta problemática la tenemos a tungadas y desde hace 4-6 meses hemos vuelto a detectar un incremento de casos. DGAIA les deniega la tutela porque según la Fiscalía son menores.
¿Qué hacemos con estos chavales, pues?
Los circuitos de protección públicos no los atienden, pero tampoco podemos colocarles en una pensión u hostal, ni con intermediación nuestra, porque no admiten a menores de edad y en su documentación consta que aún lo son. O cuando solicitan algún tipo de recurso para urgencias y emergencias, tampoco se los acepta por lo mismo. Hasta cumplir la mayoría de edad documental puede que tarden un año, o tres meses, o un año y medio, depende de cada joven. Y durante este tiempo, muchos de ellos caen en la indigencia. Y esto es muy grave, porque no sólo implica dormir en la calle, sino tener muchas posibilidades de caer en consumos de diferentes tipos de tóxicos (pegamento, alcohol, droga de síntesis, cannabis…), relacionarse con redes organizadas que delinquen, redes de prostitución… Tan jóvenes, sin referentes familiares y con un alto grado de aislamiento social, acaban desarrollando problemas de salud y degradación muy fuertes.
Pese al poco eco mediático que ha tenido este colectivo, ha tomado forma el estereotipo de chico subsahariano, de unos 17 años, que duerme en plaza Catalunya o Ciutat Vella. ¿Éste es el perfil mayoritario?
Es el más frecuente, pero no el único. Desde 2005 también llegan chicas, algunas de Rusia o de Europa del Este, pero la mayoría de África subsahariana. El conocimiento que tenemos de estos adolescentes lo vamos construyendo a medida que conocemos más casos. Sabemos, por ejemplo, que un grupo muy notable viene de Nigeria. En el caso de las chicas, inician su proceso migratorio a través de redes de prostitución encubiertas. Algunas saltan a Europa desde Marruecos. Desde el principio del viaje ya se las somete a explotación sexual, amenaza y coacción. La amenaza fundamental es que su familia sufrirá represalias en el país de origen, por violencia directa y magia negra. Esto tiene mucho peso para ellas. Y la otra amenaza indirecta son los castigos ejemplares. Si una de las chicas se desvía un poco de las directrices de la red, ya no denunciando, sino sólo desviándose, recibe un castigo brutal, desmesurado.
En los casos de explotación y redes de extorsión quien debe investigar es la policía.
Pero la administración y las entidades privadas también tenemos un papel importante, aportamos conocimiento sobre las redes y socializamos la información que recibimos cada día. Los relatos que hemos oído sobre su proceso migratorio es un conocimiento valioso para aquellos que investigan. La invisibilidad de estas chicas es casi absoluta, pero de vez en cuando llega alguna y verbaliza algún indicio. Incluso podemos hacer pequeñas intervenciones, en función del margen que permite la propia usuaria. No podemos ir más allá de lo que ella decida, no podemos forzarla a cursar una denuncia. Además, la mayoría no facilitan un domicilio ni un teléfono de contacto o los que dan son falsos, para no ponerse en peligro.
¿Qué podéis hacer por una mujer explotada que no denuncia?
Asesorarla y explicarle que hay alternativas. Después ella tomará sus decisiones. Por ejemplo, hace unas semanas nos llegó una mujer que sospechamos que está dentro de una red de prostitución. Nos comentó que buena parte de los hijos que tienen [las chicas de la red], son enviados a otro país, como por ejemplo Italia, con la promesa que allí les cuidarán mejor. Se da una separación madre-bebé. Ellas trabajan muchas horas al día, a veces incluso las obligan a recibir a los hombres en el mismo piso donde viven y por lo tanto los pequeños 'estorban' a la red. Presionan a la mujer diciéndole que aquí no puede cuidar de su hijo, que se lo entregue y lo llevarán a tal país, donde tienen familias de acogida o una gran casa. La realidad es que estos niños acaban también en organizaciones de explotación infantil, porque las redes están interconectadas. A aquella mujer le explicamos que si no puede cuidar de su hija en este momento debe saber que existen una serie de recursos públicos a los que puede acceder. Si la red la está presionando para que entregue al bebé, al menos ahora sabe que no es la única salida, que hay otras.
¿Qué atención reciben de la Generalitat de Catalunya estos menores no acompañados?
Entran en el circuito de protección de DGAIA, que tiene una primera fase de urgencia en la que se les acoge 'de facto' en equipamientos básicos (alojamiento y manutención). En la segunda fase de les da plaza en un Centro residencial de acción educativa (CRAE), donde un equipo de profesionales les ayuda a elaborar un plan de trabajo en salud, formación, inserción laboral, lengua… El problema es que cuando cumplen los 18, pese a que la Generalitat dispone de un departamento de apoyo a jóvenes extutelados, la bolsa de pisos a los que se les traslada es inferior a la demanda y las familias de acogida escasean. Hay un colapso, una lista de espera enorme. El principal problema del circuito de DGAIA es que le faltan recursos, no sólo para estos chicos sino también para los autóctonos. En último término es una cuestión de dinero.
La llegada de inmigración se ha reducido muchísimo con la crisis. ¿La llegada de menores no acompañados también?
Siguen llegando, aunque muchos menos. La información de que no hay trabajo, que la vida aquí es precaria, etcétera, les llega a los países de origen y muchos descartan venir. Y es cierto que algunas familias ya emigradas retornan, pero muy pocas, no se ha invertido la tendencia.
Alrededor de los menores no acompañados está el eterno debate del efecto llamada. Si los padres de estos menores creen que está garantizada una asistencia integral a su hijo, aunque sea básica, les animarán a emigrar solos, pese a los peligros de muerte, detención o explotación a los que les expondrá el viaje.
Aunque su situación aquí sea muy dura, aunque hubiera sido mucho peor su atención, o mucho mejor, hubieran emprendido igual el viaje porque en su país apenas podrían sobrevivir. Es por desesperación, para buscar alguna oportunidad. Si no ningún adolescente no se expone a perder la vida. Hace tiempo sí que había el bulo de que llegabas a Europa y la asistenta social te daba dinero y trabajo. Una parte de este bulo quizá sigue corriendo, pero mucho menos. Una migaja del trabajo que hacemos con los adolescentes de los centros de acogida es la relación con la familia de origen. Les ayudamos a contactar con sus padres y nosotros también hablamos con ellos, para que les llegue cuál es la realidad de su hijo aquí, para que no se creen expectativas ni imágenes idílicas. Pero no podemos obviar que las condiciones de vida aquí, por precarias que sean, son mejores que las de sus padres y de sus hermanos. Lamentablemente estarán mejor aquí, lejos, que en su hogar.
No podremos acogerlos a todos, ni sería bueno para el futuro de estos países.
No. No podemos acogerlos pero tampoco podemos impedir que sigan llegando. Es imparable. No se detendrá la tendencia hasta que no se den cambios profundos en los países de origen. Me parece éticamente deplorable que nos quejemos de la migración que llega cuando somos los países desarrollados los que estamos generando o consintiendo situaciones de pobreza y explotación en los países emisores. Hay una parte de responsabilidad que tiene que ver con las políticas económicas que hacemos. Y sabemos que detrás de muchas de las guerras está el comercio de diamantes o de petróleo, por ejemplo.
Según el informe Con techo y sin hogar, que Càritas emitió este diciembre, en Barcelona ciudad hay un 46% de familias que viven en habitaciones realquiladas. ¿Cómo es para un niño vivir en este contexto?
Fatídico. Debemos diferenciar entre los que viven realquilados pero en pisos dignos, en buenas condiciones, de los que habitan en espacios amontonados o con conflictos de convivencia entre las diferentes familias realquiladas. Éstos últimos tienden a sufrir problemas de salud, físicos o psíquicos, porque su precariedad vital puede ser angustiante. No pueden concentrarse ni estudiar; deben hacer los deberes en cualquier rincón porque el comedor y la habitación están ocupados o suena música a todo volumen; deben dormir o estudiar en la misma habituación donde su hermanito llora sin parar; llegan a adolescentes y no tienen nunca intimidad; sus padres mantienen relaciones sexuales en la misma habitación donde duermen los hijos, porque sólo disponen de ese espacio para todos… Dentro de estos domicilios a veces hay personas que sufren alcoholismo y esto genera discusiones o violencia entre adultos, que repercute en ellos. Y a veces, en especial cuando las madres no tienen red de apoyo y trabajan muchas horas, dejan los niños a cargo de quien haya en el piso, aunque no sean adultos de su plena confianza. Y esto abre la puerta a abusos sexuales y maltratos, claro.
¿Hay algún recurso público o privado que de una alternativa a las familias en esta situación?
Algunas entidades hemos generado una red de pisos de apoyo, dignos y con las condiciones de habitabilidad necesarias, que reciben la visita regular de una trabajadora social o un educador. Las propias familias realquiladas piden ayuda a asociaciones o a los servicios sociales, no se esconden. Otra cuestión es que haya los recursos para atenderlas. Las listas de espera son enormes y sin la documentación en regla no se puede acceder. Nosotros no exigimos este requisito, porque comprendemos que deja fuera precisamente a los más débiles. Les pedimos un plan de trabajo, eso sí, para que se comprometan a salir de su situación de vulnerabilidad.
Por un lado, Càritas y tantas otras entidades vaticinan un 2011 muy duro, con aún más saturación asistencial. Y por el otro lado, hace semanas que sólo oímos que las arcas públicas están vacías y se recortará un 10% el presupuesto del Gobierno catalán. Vaya conjunción.
Las demandas y las necesidades superarán en mucho los recursos disponibles. Las familias que ya estaban en situación de pobreza no saldrán de ella, porque no hay indicios de que el mercado laboral mejore este 2011. Y las que se mantenían medio, medio, gracias a la prestación por desempleo, caerán de nuevo en la pobreza. Es momento, pues, de crear el máximo de sinergias posibles entre entidades privadas y Administración. Los esfuerzos hay que ponerlos en acciones preventivas, en especial en la pequeña infancia (0-3 años) y los jóvenes, para los que no hay esperanza en este mercado laboral juvenil, con hasta un 60% de paro. Y menos para los indocumentados con poca formación, que para regularizarse necesitan una oferta laboral de un año a 40 horas semanales, algo muy, muy difícil hoy por hoy.
¿Algún colectivo prioritario?
Hay un sector de jóvenes de entre 19 y 30 años que son una bomba. Los incidentes de Salt los interpretamos como un síntoma de la pérdida de la esperanza de estos chicos. Si las familias los pueden sostener van trampeando, pero si no, aparece la impotencia, la rabia. El número de becas-salario para que se formen es del todo insuficiente. Y hacen falta mejores políticas de vivienda, porque es realmente indigno que haya tantos pisos vacíos y tantas familias en la calle. Pero no es momento de pelearnos entre entidades y Administración, al contrario, debemos caminar juntos y trabajar desde la complementariedad. Y los gastos superfluos reducirlos a la mínima expresión, eso está claro.
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