viernes, junio 19

Menores marroquíes no acompañados en Madrid


16
nº16 (2001-07-01)
Menores marroquíes no acompañados en Madrid
Bastida, Eva y Salamanca, Roberto

Menores marroquíes no acompañados en Madrid

Eva Bastida, periodista. Roberto Salamanca, psicólogo y educador. (Este artículo es un extracto de una investigación del Master de Inmigración de la Universidad de Comillas. )

Los espectaculares pasos de frontera en los bajos de camiones y autobuses y la violencia callejera que algunos han protagonizado han puesto en guardia a las fuerzas de seguridad y la prensa. En este artículo intentamos explicar las razones que les inducen a venir y algunas de las causas de su marginalidad en la Comunidad de Madrid.

De las 3.800 personas que las fuerzas de seguridad del Estado interceptaron entrando ilegalmente en las costas andaluzas entre el 1 de enero y el 11 de mayo de 2001 sólo 102 eran menores de edad. De ellos 12 bebés. Este dato indica dos cosas. Primero, que los chicos marroquíes que toman la decisión de entrar en territorio español no lo hacen en pateras y segundo, que el número de menores no acompañados que residen ilegalmente en España es en realidad inferior a las cifras que están circulando. El pasado curso las instituciones madrileñas que trabajan con menores utilizaban el número de 400 como cifra aproximada de chicos marroquíes que habían llegado solos a esta comunidad. Este número apareció por primera vez en las reuniones con responsables del Instituto del Menor y la Familia (IMMF). El diario ABC lo publicó mencionando esta fuente en el mes de febrero en un artículo sobre estos jóvenes. Según datos estimados por ATIME (Sindicato de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes) esta cifra se reduce a la mitad. El estudio publicado por la ONG marroquí Darma en febrero de 2001 1 desmitifica también estas cifras. Según sus datos 400 chicos viven solos en las calles de Tánger y Ceuta. Si este es el número de los que están allí previsiblemente el número de los que vivan en Madrid será inferior. Los menores no recurren a redes mafiosas para entrar. "Improvisan. Si ven un camión se cuelan y ya está"2 . El estudio proporciona al mismo tiempo datos para medir la gravedad del problema. Especialmente la constatación de que uno de cada cuatro de estos chicos ha intentado entrar al menos una vez en la península. El artículo publicado por el diario El Mundo sobre el estudio de Darma demuestra las incongruencias en las que se está cayendo cuando se intenta informar sobre este tema. Junto a los datos de Darma se incluyen también otros sin mencionar la fuente. "300 niños viven solos en Ceuta y en Melilla" ¿Cómo se explica esta diferencia? ¿Significa que de entre los 400 que Darma apunta viven en Tánger y Ceuta, 200 viven en Ceuta y otros 100 ajenos a estos viven en Melilla? Además de cuántos son, hay muchas otras cuestiones que se desconocen sobre estos chicos. ¿Cómo son? ¿Por qué viene? ¿Qué encuentran cuando llegan?

¿Cómo son estos menores?

Manel Capdevila, jefe de sección de Urgencias de la Dirección General de Atención a la Infancia del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya3 , los divide en dos categorías: Menores con un proyecto de inmigración definido, con edades entre los 15 y 18 años, y Niños de la calle, cuya edad, en algunos casos se reduce hasta los 9 años. Los primeros tienen los mismos objetivos que los adultos que emigran a España. Han salido de Marruecos para conseguir mejores condiciones de vida para ellos y su familia. Tienen el objetivo de trabajar, pero no pueden hacerlo. Algunos son menores de 16 y su permiso de residencia (ligado a su tutela) no tiene permiso de trabajo. El 40% de los menores que Capdevilla entrevistó para su trabajo eran analfabetos. Del resto una proporción muy pequeña ha estado escolarizada siempre y abandonaron el colegio para venir a España. La mayoría acudió a la escuela coránica una media de cuatro años. Mantienen relación con su familia. Manel Capdevilla llega en su estudio a la conclusión de que "las familias han favorecido la migración como medio de mejora global". Sin embargo la percepción de las personas que hemos realizado este artículo es otra. La mitad de los chicos entrevistados declararon que sus padres no sabían que ellos estaban intentando salir de Marruecos. Desde la dirección de los pisos de menores de ATIME también se cuestiona que la inmigración de los menores sea una decisión familiar. Respecto a los Niños de la calle, según los datos publicados con la ONG Darma4 , cerca de 400 chavales pululan solos por las calles de Ceuta y Tánger. En una encuesta realizada a 365 de ellos se deduce que: el 85% son casi analfabetos, el 51'3% reconoce que se droga, en su mayoría inhalando pegamento que compran a cuatro dirhams (72 pesetas) el bote. Llegan a consumir hasta cuatro o cinco botes al día. Un 66'2% se alimenta de lo que encuentran en la calle. Son niños desarraigados de su vida familiar a los que la crisis económica y social les ha empujado a la calle. Cuando llegan a España muchos continúan viviendo en la calle porque no se adaptan al estilo de vida de las residencias. La mayoría proceden del antiguo protectorado español. Especialmente de Tánger. Después, por este orden, de Larache, Tetuán y Chauen. También hay un porcentaje alto de procedentes de Casablanca.

¿Por qué vienen?

  1. Básicamente el objetivo es el mismo que sus compatriotas mayores de edad. Mejorar su nivel de vida y ayudar a la familia que deja en su país.
  2. La inmigración es para los menores un proceso de iniciación a la vida adulta, de emancipación. También les mueve el deseo de aventura, de enriquecerse.
  3. Otros huyen de una realidad familiar muy dura (malos tratos, abandonos, explotación infantil) o de un seno familiar con una educación muy rígida. Las relaciones padres-hijos suelen ser difíciles. El diálogo es muy reducido.
  4. El conflicto cultural al que se enfrentan debido a la contradicción entre la sociedad en la que viven y la influencia europea. Tienen la idea que les llega a través de la televisión, Europa es un paraíso a conquistar, donde conseguir dinero es fácil (unos de los menores contó que antes de venir pensaba que aquí se encontraba dinero en la basura). Sería objeto de otro estudio deducir las razones por las que los inmigrantes que residen en Europa cuando regresan a Marruecos hacen un enorme esfuerzo económico por comprar regalos y ropa con los que disimular su verdadero estado económico. Por qué exageran y magnifican sus condiciones de vida.
  5. Actitud mimética. Algunos no tienen una motivación clara e incluso abandonan familias estructuradas y con buena situación económica.

Factores políticos, económicos y sociales que les empujan a venir

- Pobreza estructural. El nivel de paro en Marruecos es el más alto de los países del Magreb. El norte del país, el antiguo protectorado español, arrastra los efectos de la división norte y sur de la época colonial y que el gobierno de Hassan II mantuvo hasta sus últimas consecuencias. Durante su reinado el gobierno central no existió en la zona. Este fue uno de los factores causantes de la pobreza, el desempleo, el contrabando y la producción y tráfico de drogas. La pobreza histórica del norte de Marruecos se agravó a partir de las medidas en contra del tráfico de drogas que se tomaron en el año 1983. Este año Marruecos comenzó a seguir las condiciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entre otras acabar con el tráfico de drogas, sin tener en cuenta que, debido a la falta de otros recursos, pueblos enteros vivían de la producción de hachís. Curiosamente los chavales marroquíes tutelados en la actualidad por la Comunidad de Madrid nacieron a partir 1983.

- Hijos del éxodo rural. Se ha producido una emigración hacia las ciudades que no ha podido asumirse. Esto ha provocado una situación explosiva de deterioro del nivel de vida. Muchos han ido a parar a Tánger, una ciudad peligrosa con gran inseguridad ciudadana y donde la pobreza y la droga incita a la delincuencia.

- Alta densidad de población joven. En el censo de 1991 el 39% de la población marroquí tenía menos de 15 años. Este es a la vez su gran potencial y su principal problema porque no pueden dar respuesta a sus necesidades: escolarización y salidas laborales.

- Escolarización. El 40% de los niños entre 5 y 15 años no están escolarizados. No hay ninguna intención por parte del Gobierno de atender a la educación de los ciudadanos.

- Crisis de los valores familiares. La familia es el núcleo del tejido social marroquí y la primera que se resquebraja ante una crisis social y económica5 . Las familias se enfrentan a un conflicto cultural motivado por la interferencia de dos sistemas contradictorios. Conviven frente a costumbres cada vez más occidentales otras tradicionales como el matrimonio de conveniencia. Cada vez hay más familias monoparentales con multitud de figuras ausentes debido al abandono y a la inmigración frente a la convivencia de familia extensa que era habitual. La vida familiar se regula en Marruecos por la Mudawwana o código de estatuto familiar6 . Regula todo lo concerniente al matrimonio, divorcio y los hijos. Otorga distintos derechos y deberes a los hombres y mujeres. En lo que a menores concierne la Mudawwana define que en caso de divorcio los hijos pertenecen a la familia del marido, pero la guardia y custodia es de la mujer si esta no se casa nuevamente. El plan de cambio de la Mudawwana de la Unión de Acción Femenina recoge medidas que evitarían la pobreza infantil: "uniformizar la edad de custodia de los hijos a 15 años, independientemente de su sexo; conservar el derecho a la custodia de la madre aun en caso de volverse a casar; incluir el domicilio conyugal en el concepto de pensión en el caso de que la madre tenga la custodia de los hijos; acordar a la mujer divorciada la mitad de los bienes adquiridos en común durante la duración del matrimonio. Una tercera parte de los matrimonios en Marruecos acaba en divorcio, según indica el trabajo de Manel Capdevila.

- Concepto de mayoría de edad. Incluso en las familias estables, debido a la precaria situación familiar los hijos son vividos más como una carga que como una satisfacción. La lucha por la prole tiene un límite, cuando el hijo se hace mayor. Las circunstancias familiares variarán la edad a la que los menores comienzan a ser autónomos.

- El sueño europeo. Fomentado desde el propio estado marroquí que lo utiliza como válvula de escape de los conflictos sociales.

- Sistema político. La corrupción es el sistema imperante por el que funciona la vida marroquí. Marruecos se rige por una constitución y tiene órganos de gobierno supuestamente democráticos. Desde la llegada de Mohamed VI al trono parece que hay mayor apertura política, mayor libertad de expresión (aunque tres de los semanarios de información más críticos, Le Journal, Assahifa y Demain, han sido cerrados en el último año) y más respeto por los derechos humanos. Aún así, continúan prohibidas las manifestaciones sindicales. El Parlamento es sólo un organismo decorativo y prosiguen los abusos policiales. La pretendida estabilidad está basada en la represión y el miedo, no en el equilibrio social y económico.

¿Cómo llegan? Funcionamiento de las redes sociales.

- Mantienen la espera en la zona portuaria de Tánger.

- Se enganchan en los ejes de los autobuses de pasajeros o en el interior de los camiones de transporte. Se cuelan en los ferrys.

- En ocasiones entran y salen con facilidad.

- Manejan información precisa sobre como eludir la repatriación, saben que no tienen que dar su verdadera identidad para que no localicen a sus familias. Saben los nombres de las residencias de menores.

- Funcionan en redes sociales. Vienen a buscar a sus amigos, hermanos y primos. Son estos los que les han informado de cómo funcionan las cosas.

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Colectivo SocialyJusticia
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3 comentarios:

ozeparde dijo...

Al parecer se arguye que estos niños son huérfanos o están abandonados, pero se olvida que si no hay nadie que pueda ejercer sobre ellos la patria potestad en virtud de vínculos familiares, le compete al correspondiente estado la adopción de las pertinentes medidas de protección por lo que, la monarquía alauíta debería hacerse cargo de ellos y no el estado español. En tal sentido, cumple subrayar que el anterior rey de Marruecos, Hassán II para contrarres las críticas formuladas desde Europa por las desigualdades del sistema social imperante en Marruecos,decía que allí funcionaba un modelo muy amplio o tribal de la familia, lo que implicaba una red de asistencia desconocida en países donde la institución familiar seguía un esquema restrictivo.
Para justificar la aplicación de la ley islámica en España, portavoces de los intereses marroquies alegan que en cuestiones de familia, rige, según el derecho internacional privado, el estatuto personal o del lugar de origen. Dejando de lado que esa aplicación carece de suficiente base legal formal y que, por añadidura, se basa en una interpretación muy elástica del concepto de orden público, pues un texto tan retardatario como el código de familia marroquí, que discrimina irracionalmente a las mujeres, choca de modo frontal con los principios generales del derecho, resulta que la cuestión de los niños, supuestamente huérfanos, abandonados o huídos, entra de lleno en el ámbito jurídico de la persona y la familia. Es curioso que la aplicación de la ley islámica se postule en unos casos y se deseche en otros, como el que nos ocupa. Obviamente, al estado marroquí le interesa desplazar a España a sectores de la población potencialmente peligrosos para los que no encuentra acogida en su engranaje socioeconómico, a cuyo efecto cuenta con la benevolencia de un país vecino que desea neutralizar la reactivación histórica del contencioso Ceuta-Melilla sin solución aparente.
Para ser objetivos en el tema, ha de quedar claro que el reino de Marruecos es un estado soberano y no un protectorado español.

9:33 a. m.
ozeparde dijo...

2)Viene del anterior.
España, al recibir a los menores que atraviesan la frontera ilegalmetne, cumple unos deberes provisionales de protección pero, ha de garantizar la entrega posterior al reino de Marruecos de sus súbditos.
Tampoco se entiende muy bien que el gobierno español esté construyendo y financiando dos centros de acogida de menores en el norte de Marruecos cuando el soberano alauita figura como una de las mayores fortunas del mundo según la revista "Forbes".
En cuanto a las ongés con argumentos de falso humanitarismo, sólo decirles que las mismas razones que llevan a plantear cuestiones de protectorado español a cualquier precio de los menores marroquíes se podrían aplicar a los niños de Nicaragua, Indonesea, o Kazakistán, por lo que no entendemos las razones que les llevan a no fletar viajes aéreos masivos desde esos países para que nos trasladen a todos sus menores en riestgo de exclusión.
También les podríamos pregunar, si lo que están insinuando acerca de la protección del Estado Español, es que los menores dejen de ser súbditos del Reino de Marruecos.
Desde la llegada al trono marroquí de Mohamed VI, la producción de hachís en la zona donde España va a financiar los centros de menores, ha crecido espectacularmente. La superficie dedicada a las plantaciones de cannabis ha superado las 134.000 hectáreas y la producción rebasa las 110 toneladas, siendo su valor en el mercado de 12000 millones de dólares.
A todo esto, y después de todas las ayudas europeas a Marruecos en 2009 que suman 3.500 millones de euros, España, ha condonada la deuda al "hermano" del monarca español.

9:44 a. m.
Colectivo SocialyJusticia dijo...

Hola Ozeparde, solo precisar que España debe devolver a sus subditos ( ¿Cuándo serán ciudadanos?) menores SOLO si se garantiza el cumplimiento del "Interes Superior del Menor", y se garantizan sus derechos como persona y menor (LOPJM, Convencion, Leyes de Infancia de las CC.AA). En muchos casos mandar a un chico a Marruecos ( u a otro país de forma automática) no garantizaria este ppio- habria que mirar caso a caso-.
Es una precisión jurídica y legal, pero muy importante. Si aclararte que encerrar a menores o tratarlos como mayores nos parece un cabronada indigna de un democrata.

Desgraciadamente Marruecos no es un Estado con un minimo de bienestar Social-Democrático y menos de protección a los menores (y Europa tiene cierta responsabilidad en este hecho).

Por otro lado no podemos vivir prescindiendo de la pobreza y corrupción de nuestros vecinos
( recordar que España vende muchas armas,,.. etc a Marruecos y que muchas empresas obtienen grades beneficios de explotar a menores en las fabricas marroquies, y que este Estado hace de gendarme de los pauperrimos del Sur, con disparos y muertes incluidas).

11:46 a. m.

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La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción
En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación
VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006