viernes, enero 21

Hijos del desencanto Los primeros catalanes de la inmigración exigen atención Los incidentes de Salt han hecho saltar todas las alarmas al destapar la cara más cruda de una inmigración con dificultades para cohesionarse con la sociedad de acogida

http://www.lavanguardia.es/vida/20110120/54104420722/los-primeros-catalanes-de-la-inmigracion-exigen-atencion.html
Hijos del desencanto Los primeros catalanes de la inmigración exigen atención Los incidentes de Salt han hecho saltar todas las alarmas al destapar la cara más cruda de una inmigración con dificultades para cohesionarse con la sociedad de acogida

Vida | 20/01/2011 - 01:40h Javier Ricou

MÁS INFORMACIÓN Una cuarta parte de la juventud

Los incidentes de Salt han hecho saltar todas las alarmas al destapar la cara más cruda de una inmigración con dificultades para cohesionarse con la sociedad de acogida. Y el hecho de que la mayoría de los protagonistas de esa historia sean menores agrava aún más el problema. Son hijos de inmigrantes, que no encuentran –a pesar de que muchos han nacido ya en Catalunya– ese mundo de oportunidades que habían imaginado para ellos sus padres.

Rachira y Mari Luz se cuentan entre ese grupo de madres desilusionadas por el incierto futuro que atisban para sus hijos. La primera llegó hace veinte años a Barcelona y en esta ciudad nació, hace una década, su hija Dunia. La niña estudia en un colegio con mayoría aplastante de hijos de inmigrantes y su madre se esfuerza por apartarla de ese mundo y apuntarla a actividades con marcado sentimiento catalán para que la niña se sienta como una ciudadana más de este país. Mari Luz, que abandonó Bolivia para escapar de los malos tratos de su esposo, sufre ahora en Barcelona porque su hijo mayor, de 12 años, tiene muchos números de ser captado por alguna banda latina. Son sólo dos ejemplos, pero hay muchos más, afirma Hannan Serroukh, impulsora de un proyecto bautizado Euroaplec, que trabaja para la cohesión social de esa primera generación de catalanes, hijos de familias inmigrantes. Un trabajo más complicado de lo que a priori podría pensarse, revela Hannan, "porque el actual sistema no acierta con los programas que deberían perseguir esa plena integración". Las algaradas de Salt "son sólo la primera chispa", alerta Hannan, hija de madre marroquí pero nacida en Barcelona. "La factura que puede pagar esta sociedad, si no se trabaja con estas primeras generaciones de hijos de la inmigración, podría ser en el futuro muy alta", insiste la impulsora de Euroaplec. La frustración, fracaso en los estudios y la falta de oportunidades es el gran mal de muchos de estos adolescentes, que viven en sus propios mundos sin apenas contacto con el resto de la sociedad de acogida. "Si no salen de ahí, cuando sean adultos no se van a sentir catalanes, ni tampoco identificados con este país, a pesar de que esos niños no conocen ahora mismo ningún otro lugar", augura Hannan.

El gran temor es que puedan repetirse incidentes como los de Salt o altercados más graves como los registrados en los suburbios de París, por el desencanto de unos adolescentes que, pese a ser catalanes con plenos derechos, no ven un futuro claro.

Rachira asegura que cuando ella llegó a Barcelona, hace ya más de veinte años, había más oportunidades para los inmigrantes que ahora. "Entonces no había tanto gueto y era más fácil la cohesión con el resto de la sociedad", afirma la mujer. Esa situación favoreció, por ejemplo, a Kangyun Xiao, que colabora también con el proyecto Euroaplec. A los 12 años abandonó China con sus padres y hoy, con 26, es abogada y defiende a los catalanes, como letrada del turno de oficio. La historia de Xiao es la del éxito, pero casos como el suyo son escasos. Rachira ya firmaría ahora para que su hija encontrara el camino de esta joven abogada china. Por dedicación y esfuerzo de la madre no será, pero esta mujer echa en falta políticas más efectivas "y menos propaganda y mercantilismo con los inmigrantes". Porque lo que exige Rachira es igualdad de oportunidades con el resto de los catalanes.

Rachira, madre de Dunia - 48 años "Llevo a mi hija al 'esplai' para que se sienta catalana"

Rachira emigró de Marruecos hace veinte años. Vive en Barcelona y se siente tan catalana como su hija Dunia, que nació en esta ciudad hace una década.
Pero una cosa son los sentimientos y otra, muy diferente, la realidad del día a día que le toca vivir a esta familia en una sociedad que peca, según esta  mujer, de políticas equivocadas en los planes de integración.

Rachira quiere para su hija lo mejor. Hasta aquí todo normal. Pero el entorno en el que está criando a Dunia no parece el más adecuado para ver cumplidas esas aspiraciones. El colegio que le toca a Dunia, frente al Arc de Triomf, es como una gran aula de Babel. Hay niños de todas las nacionalidades, pero apenas ningún escolar hijo de padres catalanes. Y ese ambiente no es el que Rachira tenía planeado para su hija, nacida en Barcelona y catalana de  primera generación. Ese entorno obliga a Rachira a esforzarse para que su hija se sienta "una catalana de primera". Pero eso, añade esta madre, "no es posible en una escuela reservada para hijos de inmigrantes". La solución consiste enmatricular a Dunia en actividades, con marcado sentimiento catalanista, fuera de ese colegio. La niña ha frecuentado un esplai, los fines de semana, desde que tenía 4 años. Y ahora va a clases para aprender el 'ball de bastons'. Es la fórmula que Rachira, en la medida de sus  posibilidades, a ideado para que Dunia vea otro mundo y viva otras experiencias. "Si no la saco de esa escuela y del entorno de la calle, mi hija, a pesar de haber vivido toda su vida en Barcelona, jamás conectará con la
sociedad catalana". Rachira no prohíbe a su hija que se relacione con otros hijos de inmigrantes, pero si hay que decidir entre que Dunia pase un fin de semana en casa de una amiga árabe o un esplai, el dilema no admite discusión. "El problema es que muchas familias extranjeras con hijos nacidos en Barcelona no aceptan ni asumen que esos niños son catalanes con plenos derechos", afirma esta madre. Por eso quiere alejar a su hija de ese ambiente. Rachira concluye que dos décadas atrás la integración era más fácil, al haber menos guetos.

Dunia nació en Barcelona hace 10 años, pero su entorno dificulta la integración

Yulia, madre de gemelos - 29 años "Aquí tendrán más oportunidades que en Rusia"

Yulia tiene muchas esperanzas puestas en Barcelona. Es rusa, tiene 29 años y trabaja en el mundo de la moda y la publicidad. Después de haber vivido en diferentes ciudades europeas, recaló el pasado verano en Catalunya con intención de quedarse. La prueba de esas intenciones son los dos gemelos,
de 7 años, que hace sólo unos pocos meses se han reunido con su madre en
Barcelona. El proceso de integración de estos dos niños y Yulia no ha hecho
más que empezar. Por eso la joven toma nota de las experiencias de Rachira o Mari Luz –a las que ha conocido al coincidir sus hijos en el mismo colegio–,
quienes hace ya años dieron el paso andado por esta ciudadana rusa. La primera percepción de Yulia: "Barcelona parece una ciudad mucho más abierta y acogedora que otras en las que he vivido, como Londres". Tras reunirse con sus hijos –que vivían en una zona rural de Rusia con los abuelos maternos–, a esta joven le preocupa ahora la adaptación de esos niños en este nuevo mundo. Escucha con mucha atención lo que le cuentan Rachira y Mari Luz, en cuanto a las dificultades que ellas están teniendo para la plena integración de sus hijos en Catalunya, y confía en que esas historias no se repitan con ella. "El principal problema de mis dos hijos es, ahora mismo,
el idioma. Pero superada esa fase y dada su corta edad, creo que en  Barcelona van a tener muchas más oportunidades que en Rusia", afirma Yulia.

Esta joven modelo, que ahora está buscando trabajo, es consciente de que no lo va a tener fácil en esta nueva aventura. Pero en esta primera etapa no parece tan preocupada, como las otras dos madres, por el hecho de que sus hijos acaben atrapados en un entorno reservado sólo para hijos de inmigrantes, hayan o no nacido en Catalunya. "En el caso de los rusos no
suelen formarse guetos, pues no somos muy dados a reunirnos fuera de nuestro país", revela Yulia. Pero lo que no puede negar es que sus dos gemelos aún no tienen, cuando ya hace más de medio año que llegaron a Barcelona, ningún amigo de padres catalanes. Y eso ocurre porque esos compañeros no van a su escuela.

"Barcelona es una ciudad mucho más acogedora que otras, como Londres", dice Yulia

Mari Luz, madre de Isabel y Aloi - 33 años "Temo que mi hijo acabe en una banda latina"

Mari Luz, de 33 años, llegó a Barcelona en el 2005. Su esposo la maltrataba
y para escapar de ese infierno abandonó su país, Bolivia, para iniciar una nueva vida a miles de kilómetros de su familia. Una vez asentada en  Catalunya se trajo a sus hijos, Isabel y Aloi, que ahora tienen 7 y  12 años. La pequeña llegó a Barcelona cuando aún era un bebé, y el mayor apenas
recuerda detalles de su anterior vida. Isabel y Aloi son más catalanes que bolivianos, afirma su madre, pero, al igual que otros muchos hijos de inmigrantes, pasan más tiempo con niños de padres extranjeros que con menores de familias catalanas. Y ahí está el principal foco del problema que impide la plena cohesión social entre unos y otros. Mari Luz está muy preocupada por el futuro de sus hijos. La nueva vida que había soñado para
ellos no se atisba. El entorno en el que ahora se mueve el mayor de sus hijos, confiesa esta madre, "es más peligroso que el ambiente que tendría si nos hubiésemos quedado en Bolivia". Uno de los riesgos que más teme Mari Luz es que Aloi sea captado por algunas de las bandas latinas que proliferan en Barcelona. Cuando Mari Luz llegó a Catalunya jamás imaginó que esos peligros podrían acechar algún día a sus hijos. "Lo que ven ellos cada día en la calle –la familia vive cerca del barrio del Born– no es bueno para su educación". A esta mujer tampoco le gusta el ambiente en el que se están criando esos niños, rodeados de hijos de otros inmigrantes. Pero Mari Luz no dispone de medios para cambiar de barrio o buscar otra ciudad en la que vivir. Y el futuro más inmediato no puede ser, para esta mujer, más desalentador. Aloi tendrá que ir el próximo curso al instituto. Le toca el que
hay junto a la escuela en la que ahora está matriculado –frente al Arc de Triomf–, pero Mari Luz no quiere que vaya a ese centro. "Todos los alumnos que hay ahí son hijos de padres inmigrantes, y el ambiente no me gusta". En este entorno les va a resultar muy difícil a Aloi y su hermana, Isabel, disfrutar de las mismas oportunidades que el resto de los catalanes. El  peligro es que todo acabe en abandono de estudios y frustración.

"El ambiente de aquí es más peligroso que el de Bolivia", alerta Mari Luz

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La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción
En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación
VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006