miércoles, marzo 31

Los centros de menores inmigrantes El Bosc y Albergue Alcor vulneran los Derechos del Niño. Las pruebas óseas a debate. DGAIA cierra las puertas a la información


Centro de menores inmigrantes El Bosc, C/ del Bosc 2bis de Barcelona. Argi Grau

Menores No Acompañados alrededor del centro de día El Bosc. Argi Grau

JUEVES 11 DE MARZO DE 2010 2 y 3 la Denuncia invest reportaje
El centro de menores inmigrantes El Bosc vulnera los derechos de los menores
Helena de Castro, Argi Grau, Jaume Villar. Barcelona

Derecho a la igualdad, a una alimentación sana, a una vivienda o a ser educados. Aunque estos son algunos de los derechos que todos los menores deberán tener, esto no siempre es así. Cuando un menor decide embarcarse en el difícil viaje de migrar de su hogar, deja atrás una parte de su vida: su tierra, la familia y los amigos. Aun así, en este transcurso denominado inmigración, también parece que deje atrás sus derechos fundamentales: los del Niño.

10009, 10596, 11046: cuando un Menor Inmigrante No Acompañado (MINA) llega a Cataluña, se le asigna un número administrativo que gestionan los Mossos d'Esquadra. Este reportaje pretende mostrar la realidad que viven los menores inmigrantes que llegan a nuestra ciudad. La Dirección general de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) se encarga de estudiar los casos por delegar los menores en los diferentes centros que gestiona esta entidad. Mientras se decide el futuro de estos menores, se les transfiere a uno centre de acogida provisional -o Servicio de Atención Transitoria (SAT)- perteneciente a la Generalitat y gestionado por la Fundació Mercè Fontanilles, como es el centro El Bosc.

La DGAIA, y en consecuencia este centro, tiene la obligación de tutelar todos los MNA desde el primer día que estos llegan en Catalunya. Según el coordinador del Colectivo por los derechos de los menores no acompañados DRARI, Vicenç Galea, esto no se cumple sensu stricto, pues pueden pasar meses antes de que los menores tengan la tutela administrativa, tal y como confirman dos de los tres educadores del centro entrevistados así como dos fuentes anónimas extreballadores del centro, que también son educadores.
Aun así, mientras que El Bosc es uno centre de acogida provisional, donde los menores sólo pueden estar hasta seis meses, según nuestras fuentes, mientras se decide si se les transfiere a un Centro Residencial de Atención Educativa (CRAE) o se les repatria, la realidad es que los menores pueden estar hasta más de un año, como es el caso del magrebí Mustapha Aoulad Malik, que va estar 14 meses.
Aun cuando el Proyecto Educativo del Servicio de Atención Transitoria El Bosque basa su ordenamiento legal y jurídico en la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, las fuentes extrabajadores del centro y Vicenç Galea cruzan que no se respetan estos derechos del menor. Según ellos, y como ha intentado probar nuestra investigación, el centro El Bosc no cumple estrictamente con los artículos de la Declaración de los Derechos de los Menores.

sobre los términos mina, mena, meina
Vicenç Galea considera que los términos MEINA, MENA, MINA son perjudiciales para los menores, pues implica el término inmigrantes
integración social
No hay una integración cultural ni social por parte de los menores porque sólo se relacionan entre ellos

enfermedades
Las mesuras de aislamiento no son suficientes en el caso de enfermedades contagiosas como pasó recientemente con la Gripe A
equilibrio emocional
Muchos menores tienen unos desequilibrios mentales brutales causados por la realidad en la que viven y por el consumo de disolvente

A continuación hacemos un repaso de los derechos de los niños y desglosamos los posibles incumplimientos según nuestras fuentes:

1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Hasta dónde hemos llegado con nuestra investigación este punto no se cumple porque desde el primer momento los menores son relegados a espacios dónde sólo hay otros chicos inmigrantes como ellos, sin poder acceder así a la cultura de la tierra de acogida. No hay una integración por parte de los menores, porque se relacionan sólo entre ellos. Es muy difícil que establezcan un vínculo con nuestra cultura y sociedad, declara una fuente extrabajadora del centro El Bosc.

2. Derecho a una protección especial que asegure un crecimiento mental y social sano y libre. Según nuestras fuentes este derecho no se cumple porque los chicos esnifen disolvente y de esta práctica lo centro no es consciente. La consumición de disolvente no asegura un crecimiento mental sano del menor. El centro lo sabe, y no se hace nada por evitarlo, nos aseguran nuestras fuentes. Aun así, tanto los educadores como los niños dicen que los menores no descansan bien por el hecho de que estén viviendo entre dos centros: un diurno, El Bosc, y un nocturno, el albergue Alcor. Los extreballadors y Vicenç Galea coinciden en que la educación que reciben los niños no es la adecuada. Según ellos no tienen, y según los menores entrevistados sólo tienen dos horas de clase.

3. Derecho a un nombre y a una nacionalidad. Yo conozco casos de menores que han estado hasta 3 años esperando los papeles, explica un extreballador. Debido al convenio de inmigración que existe entre Marruecos y España, los marroquíes tienen más facilidades por conseguir los papeles. Esto crea malestar entre los inmigrantes de diferentes nacionalidades. El que añade,dentro de El Bosc faltan muchas cosas, por ejemplo, un proceso de integración entre los inmigrantes y la sociedad catalana y, dentro del centro, entre los subsaharianos y los marroquíes. Se crean muchos conflictos entre ellos por el lugar de procedencia. Se respira mucha tensión.

4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada. Aun cuando nuestros entrevistados, tan educadores como menores, coinciden en que hacen todos los ágapes del día, estos no cumplen con la una dieta sana y equilibrada. Todo son fritos y alimentos muy calóricos; como las pastas que comen siempre por merienda, dice un educador del centro. Y añaden que la cantidad de comida por menores es insuficiente: nunca pueden repetir. Y es que, en este sentido una cosa es comida y lo otro es alimentarse. De otro lado, en en cuanto al aspecto de la vivienda digna, este se incumple porque los niños están repartidos entre dos centros, un diurno y un nocturno, en los que pasan 12 horas respectivamente.

5. Derecho a una educación y atención especiales por los niños físicamente o mentalmente disminuidos. Según los entrevistados, el centro no está adaptado por ningún tipo de disminución. Se han dado casos de niños que tenían el pie roto y se quedar a la primera planta del centro porque no podían bajar las escaleras. Aun así, una versión corroborada por dos educadores, muchos de los menores tienen unos desequilibrios mentales brutales, causados por la realidad en la que viven y por el consumo de disolvente.

6. Derecho a comprensión y afecto por parte de las familias y de la sociedad. El hecho de que desde el centro no se fomente la integración de estos menores a la sociedad genera un rechazo social hacia ellos.

7. Derecho a la educación gratuita, a divertirse y a jugar. Los extrabajadores y Vicenç Galea denuncian que el centro El Bosc niega la educación a todos los menores, mientras que los educadores explican que, como es uno centre de Atención Transitoria, y no se sabe cuánto tiempo tardarán en derivarlos a otro centro, este proceso se queda colgado mientras se decide el destino del niño. Said Camara, un educador del centro, nos ha asegurado que todos los niños menores de 16 años van a la escuela, yo mismo los acompaño, pese a que no nos sabe decir el nombre de la escuela ni su ubicación. Una versión totalmente encontrada a la de los dos educadores que nos explican que actualmente no hay ningún niño que esté escolarizado.

8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. Las fuentes extreballadores hablan de niños enfermos que no son atendidos ni aislados en caso de enfermedad contagiosa, como en el caso reciente de la Gripe A. Un hecho que se agrava por los continuo traslado de los menores entre los dos centros (el diurno está en la montaña y el nocturno está en la playa), pues los menores han de coger el metro y los Ferrocarriles todos los días, aunque estén enfermos, poniendo en peligro de contagio los usuarios de los transportes públicos.

9. Derecho a protección contra el abandono y la explotación en el trabajo. Según un extrabajador, los niños están abocados a la explotación laboral pues no se contempla conseguir un permiso de residencia junto con un permiso de trabajo. Abdalah Fall, al igual que otros muchos senegaleses, lo hicieron fuera del centro el pasado mas de diciembre tres días antes de cumplir los 18 años. Circunstancia que le ha llevado a verse abocado a la calle, sin ninguna ayuda y durmiendo a la playa. En cambio, el caso de los marroquíes Mustapha Aoulad Malik y Hamza Hraich es diferente. Ellos están trabajando actualmente y disfrutan de un piso tutelado por la DGAIA. Este es un ejemplo claro, según Abdalah, de la discriminación que se vive en el centro entre senegaleses y mauritanos y los magrebíes. Las dos fuentes extrabajadores confirman que existe esta discriminación, pues los negros se les expulsa más fácilmente del centro por el recurso de las pruebas óseas, en cambio los magrebíes lo tienen más fácil a la hora de encontrar trabajo, piso y de quedarse en el centro, por los convenios existentes entre Marruecos y España.

10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Sí, esto es la selva, hace falta sobrevivir y pisar por hacerlo. Una afirmación muy clara que intenta mostrar que al centro no se da el ambiente propicio porque el niño crezca en un clima de solidaridad, amistad y justicia, pues continuamente hay muchas peleas y los niños se roban entre ellos, nos aseguran nuestros confidentes.

la frase
Los niños aquí no se quejan porque cuando vienen lo hacen tan castigados que se piensan que aquí no tienen derechos
comportamientos peligrosos
Esto es la selva, hace falta sobrevivir y pisar para hacerlo. Continuamente hay peleas entre los menores, asegura una fuente

Hasta aquí hemos repasado los 10 derechos básicos de los menores y hemos podido ver como en la mayoría hay carencias. A pesar de todo, también hace falta entender que cada menor inmigrante es una vida y como tal, una manera diferente de tratar un mismo tema. Aun así, el hecho de la existencia de dos centros es una de las causas que hace que se incumplan más derechos. Como ya hemos hecho referencia, los menores viven en un centro diurno durante el día, y a las noches viven en otro centro sito a otra zona de la ciudad de Barcelona. Un problema que comporta toda clase de inconvenientes. Como nos aseguran los educadores del centro con los que hemos hablado, recientemente la DGAIA se ha pronunciado en la posible mejora de este hecho con la construcción de un nuevo centro de 24 horas. Actualmente, pero, la existencia de los dos centros supone una desestabilitat por los menores. En el desplazamiento de un centro a otro, un educador asegura que la ratio de menores por educador es de 7 como máximo, según el reglamento de centro. Aun cuando, últimamente esta medida se cumple en excepciones de las mañanas, dónde vamos 4 ó 5 educadores por 40 menores. Aun así es en estos desplazamientos dónde se produce el mayor número de fugues de los menores, tal y como confirman todos los entrevistados. Las condiciones de los menores tampoco mejoran demasiada en el centro nocturno Alcor, donde los educadores nos aseguran que tienen 4 duchas y 30 minutos de agua caliente por ducharse todos. Y es que pese a que lo centro Bosc también hay una ducha, nosotros en teoría no se los podemos dar ni jabón ni toallas. En este centro las instalaciones, según nuestras fuentes, no están al 100%. La pica de agua no tiene cañerías desde que empezamos a trabajar. Fines hace dos meses el patio no se limpiaba, puesto que no había señora de la limpieza. Esto contradice uno de los objetivos específicos del proyecto educativo del centro, donde se quiere estimular los hábitos de higiene de los menores. Una visión compartida por los extrabajadores del centro y corroborada por las pruebas que este equipo de investigación ha podido conseguir del interior de las instalaciones. Aun cuando, ellos lo rompen y los centro no lo repara, esto es un problema de las dos partes, como nos asegura un trabajador. Un comportamiento que se podría explicar por el hecho de que estos menores no disponen de un hogar propio, y esto hace que los menores no sientan el centro como sede. Volviendo al proyecto educativo del centro El Bosc, este dice textualmente que el personal de dirección debe participar en la elaboración del reglamento del Régimen Interno y su revisión así como de la memoria y de la programación anual. Este punto, que debería ser consultable por cualquier trabajador del centro, parece inaccesible. Y es que los educadores con los que hemos podido hablar nos aseguran que ellos no han podido ver ni el reglamento ni el proyecto educativo. En teoría los trabajadores deben tener acceso, pero a la práctica pasa una otro cosa. En la misma línea encontramos los Proyectos Educativos de los Centro (PEC), un informe de seguimiento que se debe hacer a cada menor desde el suyo ingreso. Como nos asegura una trabajadora, este documento ha de estar hecho desde el primer día que ingresan los menores al centro y, en general, se acostumbra a hacer cuando hay una inspección de la DGAIA. Un problema agravado porqué esto depende mucho del educador que toque, nos explican.

un problema de raíz
Sobre la existencia de los dos centros, los menores no lo sienten como sede, esto genera comportamientos inapropiados
dificultades para acceder
La DGAIA, el órgano público del que dependen los menores, cierra las puertas a cualquier investigación periodística

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.

2. Derecho a una protección especial que asegure un crecimiento mental y social sano y libre.

3. Derecho a un nombre y a una nacionalidad.

4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuados.

5. Derecho a una educación y atención especiales por los niños físicamente o mentalmente disminuidos.

6. Derecho a comprensión y afecto por parte de las familias y de la sociedad.

7. Derecho a la educación gratuita. Derecho a divertirse y a jugar.

8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.

9. Derecho a protección contra la abandonament y la explotación en el trabajo.

10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia.
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La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción
En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación
VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006