sábado, noviembre 20

Actividades en Melilla por los Derechos del Niño

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Actividades en Melilla por los Derechos del Niño

Cursos, conferencias, promover la acogida o la adopción, algunas de las actividades para celebrar esta jornada

Viernes, 19 de Noviembre de 2010 , Pilar Ortega
Desde mañana y hasta la próxima semana se van a llevar a cabo en Melilla disintos actos que conmemoran el 21 aniversario de la Convención de los derechos del niño.

Mañana sábado se celebra en todo el mundo el Día de los Derechos del Niño, una jornada que no ha pasado desapercibida para distintas entidades y organizaciones de la ciudad, que con tal motivo han organizado diversos actos.
Así, por ejemplo, el proyecto Bioeducan Melilla, del Campus de Melilla ha organizado una exposición que se podrá disfrutar desde el lunes 22 al sábado 25, así como una mesa redonda que tendrá lugar el próximo viernes 24 en la Sala de Grados del centro universitario en la que participarán  Verónica Aznar, de Melilla Acoge;  José Palazón, de la  Asociación Prodein y; Manuel Lorenzo, de Movimiento por la Paz.
En esta charla actuará de moderador José M. Cabo, de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus Universitario de Melilla.
El objetivo de está actividad es  divulgar y promocionar la Convención de los Derechos del Niño, alrededor de su  21 aniversario.
Bioeducas Melilla es un proyecto del Campus que nace para dar respuesta a los problemas que nos afectan a todas las personas en todo el mundo y quiere ser una herramienta al servicio de la sostenibilidad y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, partiendo de nuestro ámbito local, Melilla, para sentirnos parte de un único mundo.
Este evento cuenta con el patrocinio de la Universidad de Granada, el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (Cicode) y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).
La Convención de los Derechos del Niño es, en toda regla, un Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, que fue aprobado en Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. España ratificóla convención y lo convirtió en un texto de referencia en nuestro ordenamiento jurídico (Ley del menor, Extranjería).
La Convención, que desarrolla 54 artículos, reconoce que los niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Además la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el resto de derechos, así como para el progreso de toda la sociedad  humana.
La necesidad de una "carta magna" universal para los niños,  no solo se justifica  por la existencia de países que no poseían leyes de protección a los menores, sino también porque en muchos países ricos,  en donde sí existen leyes, no se cumplen. Por tanto, una mirada global a la infancia no puede orientarse hacia los países desfavorecidos, sino  hacia todos los Estados.
Se van a cumplir 21 años desde que todos los niños y niñas del planeta tienen derechos, pero este avance sigue siendo una esperanza para muchos.
El año 2000 nos trajo una iniciativa global, los Objetivos del Milenio (ODM). Los derechos del niño están bien representados en los ODM. Solo se puede hacer un comentario:
Si aceptamos que nuestros esfuerzos sólo pueden promover la reducción al 50 por ciento de los pobres más severos del mundo,  y fallamos en ese objetivo, ¿qué esperanza le queda a los 500 millones de peersonas con los que no existe ningún compromiso firmado actualmente?.

Futumelilla

Otra de las entidadades que también se suman a esta celebración es la Fundación Tutelar 'Futumelilla', que ha organizado el III Curso para captación y formación de voluntarios tutelares.
En este sentido, los próximos días 22, 23 y 24, se va a impartir esta actividad, en horario de 18:00 horas a 20:00, en el Palacio de Exposiciones y Congresos.
Por su parte, la Asociación de Familias de Acogida y Adopción hace un llamamiento a la solidaridad de los melillenses para que se hagan familias colaboradoras "y comprueben lo maravillosa que es la experiencia de ser familia de acogida", tal y como ponen de manifiesto en un comunicado de prensa.

Satse

Por último, también el sindicato de Enfermería Satse, a través de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (Funden), se suma a esta campaña de celebración, con la realización de diferentes actos que llevarán a cabo en distintos puntos de España, incluido Melilla, bien en hospitales, en centros de Salud o en colegios.
El objetivo de esta campaña es mostrar el trabajo que desde el área de Enfermeria se realiza para cuidar la salud de los niños.

Manifiesto del Día Universal del Niño

Bn 1954 la Asamblea General recomendó mediante la resolución 836 que todos los países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños del mundo. La Asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran el Día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.
La campaña Decir Sí por los niños y las niñas fue promovida por el Movimiento Mundial en favor de la Infancia. Según el Libro de récords mundiales Guinness, fue la mayor petición de apoyo jamás realizada en todo el mundo.

Todos tenemos que crecer

Este lema de la Comunidad de Madrid pretende provocar: por un lado, una reflexión en el adulto para que perciba que tiene algo que cambiar en su forma de ser o comportarse; y por otro lado, se expone la posición crítica de la infancia para que no dé por "normales o buenos" ciertos comportamientos sociales. En otras palabras pretende hacer patente que, para que los niños puedan crecer bien, los mayores tienen algo que hacer, tienen que cambiar...¡También tienen que crecer!

Adopción y acogimiento

¿Cuál es la diferencia entre adopción y acogida? ¿Qué niños pueden ser acogidos? ¿Cuánto tiempo dura una acogida? Éstas son algunas de las preguntas que se hacen las personas que, por los motivos que sea, no pueden o no quieren adoptar un hijo pero, en cambio, estarían dispuestas a acoger temporalmente a un menor en su familia. La acogida consiste, precisamente, en asumir durante un periodo variable de tiempo el cuidado que necesita un niño o adolescente que no puede ser atendido por su familia natural.
La adopción y la acogida son dos medidas distintas de atención a los niños desamparados y por tanto, hay que diferenciar entre los niños que se pueden adoptar y los que se pueden acoger. La acogida de niños resulta algo desconocida en el Estado español, a pesar de que la realidad con que se encuentran los Servicios Sociales es que la mayoría de los niños en situación de desamparo y bajo la tutela de la Administración necesita una familia acogedora -en cualquiera de las diversas modalidades que existen-, que cuide de ellos, siempre contando con el apoyo de profesionales cualificados.

¿Qué es exactamente la acogida?

La acogida consiste en cuidar temporalmente a un niño y facilitar que pueda volver con su familia biológica. Entonces, una abrumadora mayoría de personas dice: "Yo no podría hacer esto, te encariñas con el niño y luego te lo quitan. Debe de ser muy doloroso". No le falta razón a esta afirmación. Sin embargo, esto supone que hemos confundido la acogida con la adopción. De hecho, si reflexionamos un poco veremos que algunos de nosotros hemos colaborado sin darnos cuenta en situaciones de acogida: cuidando puntualmente a un sobrino nuestro, al hijo de unos amigos, o incluso al de algún vecino que, por ejemplo, ha estado ingresado en un hospital durante un tiempo. Esto que en ocasiones se realiza de manera voluntaria en realidad está regularizado por las Administraciones Públicas, que tratan que todo menor disponga de aquellos elementos adecuados y necesarios para su correcto desarrollo, crecimiento y educación.

Diferencia entre acogida y adopción

Tanto la adopción como la acogida son dos recursos del sistema de protección social a la infancia. La finalidad de ambos es proporcionar a todos los niños que estén en situación de desamparo un contexto seguro, permanente y estable en una familia de forma temporal o definitiva, cuando la suya propia, de forma temporal o definitiva, no puede hacerse cargo de ellos adecuadamente.
Una de las diferencias entre adopción y acogida es la temporalidad de cada una de estas dos opciones. La adopción, cuando es ratificada por el juez, es una medida permanente. La acogida, en cambio, es una medida limitada en el tiempo. Es decir, las personas que acogen a un niño serán responsables de él durante un período que variará en función de las características del niño acogido y de las circunstancias puntuales de su propia familia. Además en una acogida deberán tenerse en cuenta varios aspectos que facilitarán el retorno del niño a su familia de origen, siempre con la ayuda y el asesoramiento de los Servicios Sociales.

Más niños en situación de acogida

Existen varias razones. Una de ellas es que nuestras leyes dan prioridad al cuidado del niño por parte de su familia biológica. En principio, esta actitud es lógica y razonable. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esta familia está pasando por una situación perjudicial para el niño (no es adecuada para el niño temporalmente)?, ¿dónde empiezan los derechos del niño y dónde acaban los de su familia biológica? Precisamente estas cuestiones son las que han hecho surgir la necesidad de crear la figura de la acogida, más conocida, aceptada e implantada en algunos países del norte de Europa que en España. Esta opción facilita que los niños sean atendidos por una familia que sustituye temporalmente a la suya. Sin embargo, las Administraciones no encuentran suficientes familias dispuestas a aceptar estas condicones(acoger menores temporalmente). Como consecuencia, estos niños son amparados (acogidos) por las instituciones públicas, en sus centros de acogida o centros residenciales. En estos centros, los niños son atendidos por profesionales especializados en el trato de infancia en situación de riesgo. De esta manera, los menores tienen cubiertas las necesidades básicas en todos los aspectos de su desarrollo, pero el contexto en que viven, por muy cuidado y preparado que esté, no es el contexto óptimo y habitual de la mayoría de los niños: la familia.
Otra de las características que diferencia la adopción del acogimiento es la relación con la familia biológica. En este último caso, hay que preservar al máximo la relación del niño con su familia biológica siempre y cuando esta relación exista, no perjudique al niño y sea susceptible de mejorar con ayuda de los Servicios Sociales y la propia colaboración de los implicados. Sin embargo, este proceso en principio no tiene una limitación temporal a pesar del beneficio del niño.
La acogida supone la elaboración y desarrollo de un plan de integración permanente en el que intervienen: el niño, su propia familia y la familia de acogida. Estas cuestiones serán tenidas en cuenta en función de la edad del niño; por ejemplo, en el caso de los adolescentes se prioriza su preparación para la independencia.
Debemos tener en cuenta que todo niño acogido llegará a la nueva familia con un bagaje e historia particulares de vivencias y aprendizajes. La familia de acogida deberá adecuar las estrategias educativas al niño en concreto, se respetarán sus antecedentes, se facilitará la relación y vinculación con su propia familia y habrá que prepararle para su regreso a ella. Los Servicios Sociales siempre harán el seguimiento del caso.

La acogida en el ámbito nacional

La franja de edad de los niños abarca de 0 a 17 años. El tiempo de espera, en comparación con las adopciones, suele ser breve. La acogida se obtiene después de que la Administración Pública valide a la futura familia como idónea.
El tiempo de acogida puede ir desde unos días hasta varios años, e incluso puede no concluir hasta la mayoría de edad del niño. En todos los casos, los padres acogedores tendrán la guarda del niño pero no la tutela. Es decir, se encargarán de todos los cuidados que precise el menor pero su tutela dependerá del Estado.
Todo niño tiene derecho a vivir y crecer en el seno de una familia. Si puede disfrutar de esta situación tendrá la oportunidad de una estabilidad emocional e incluso mejoría en todos los aspectos de su desarrollo.
Teniendo en cuenta la realidad nacional, en la que actualmente hay muchos niños en situación de acogida pero más solicitud de adopciones que de acogidas, las Administraciones Públicas empiezan a plantearse más seriamente ayudar y facilitar la acogida a todos los niveles posibles: informando a la sociedad en general, formando a los futuros acogedores y a los profesionales que tratan con ellos, ayudando laboral y/o económicamente a las familias acogedoras y realizando procesos de seguimiento y apoyo a estas familias en todos sus ámbitos de actuación.

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La Administración genera marginalidad entre los menores.

Pese a ser una obligación de la Administración, muchos menores inmigrantes no acompañados alcanzan la mayoría de edad sin tener sus papeles en regla. Esto, denuncian organizaciones sociales, les aboca a la exclusión.

Cumplir los 18 años es de todo menos emocionante cuando se es un menor extranjero no acompañado. “¿Cómo miraríamos a un padre y a una madre que el día que su hijo o hija cumple 18 años lo hecha a la calle?”, se pregunta Vicenç Galea, del colectivo catalán Drari, juristas por los derechos de la infancia.

La legislación española considera que los menores, extranjeros o autóctonos, que no tienen quién se haga cargo de ellos están en una situación de riesgo y vulnerabilidad por lo que la Administración debe hacerse cargo de ellos y tutelarlos. Actualmente, son las comunidades autónomas las que asumen estas responsabilidades. Pero al alcanzar la mayoría de edad, los menores extranjeros se encuentran en una situación de suma precariedad. Aunque existen programas de emancipación en diferentes comunidades, la falta de recursos hace que las plazas sean insuficientes y sólo unos pocos chicos puedan hacer uso de ellas. Pero en muchos casos, el problema reside en un generalizado caos administrativo que hace que no tengan la documentación en regla. En otros, es compleja la regularización de su situación una vez han salido del centro en el que estaban tutelados, y les resulta casi imposible conseguir un permiso de trabajo que les permita renovar, más tarde, la residencia. Y eso que proveerles de los papeles es una obligación de la Administración establecida legalmente.

Aunque, según la Ley de Extranjería, la Administración dispone de un máximo de nueve meses para proveer al menor de un permiso de residencia, la tónica general es la negligencia, actitud que varias organizaciones que trabajan con estos menores interpretan como mala fe.

Hay “muchos chicos indocumentados o a medio documentar: un problema casi imposible de solucionar, porque cuando ya tienen 18 años se convierten en un inmigrante más quedándoles solamente para regularizar su situación la vía del arraigo”, explica Galea. En Cataluña “las administraciones se toman el plazo máximo de nueve meses, como mínimo, y hasta que no pasa ese tiempo con el menor entre manos no empiezan a plantearse lo de la residencia. La solicitan más tarde y el chaval ha perdido un tiempo de antigüedad porque en su dosier se pone la fecha del día en que se la pidieron. Durante un tiempo no ha existido, ha estado en un limbo”, denuncia. Además, afirma Galea, aunque la falta de permiso de residencia no es impedimento legal para cursar estudios, en la práctica sucede así. Y tras semejante itinerario, “cuando se le concede la residencia, ya queda poco tiempo para que estudie y pueda llegar a los 18 años con un diploma”.

En otros casos, como en Melilla, se marea a los menores que cumplen la mayoría de edad pidiéndoles documentos que para ellos es prácticamente imposible conseguir: “Conociéndoles perfectamente y teniéndolos tutelados les han pedido que presenten un certificado marroquí de que están solteros o un certificado de antecedentes penales. Todo es una trampa”, señala José Palazón, de la asociación pro derechos de la infancia Prodein. Hasta noviembre del año pasado, la Administración melillense les retenía, además, la documentación, dejándoles, cuando no estaban en el centro de tutela, expuestos a ser detenidos y expulsados. Tras ser amonestada por el Defensor del Pueblo, la Consejería de Bienestar Social aceptó entregar su documentación a los chavales y solicitar el certificado de tutela con carácter inmediato. Pero aquellos que habían alcanzado la mayoría de edad con anterioridad no se vieron beneficiados y han quedado en situación irregular.

El menor M., que había estado ocho años en el centro de acogida del Fuerte de la Purísima, un antiguo cuartel militar en las afueras de la ciudad, vive ahora en una chabola junto al centro y ya ha sido detenido por la policía alguna vez. I. es de Fez y ha estado cuatro años en La Purísima. El 23 de enero fue una vez más a las oficinas de Extranjería a solicitar su documentación. Tiene un precontrato, es carpintero. Esta vez le han cogido la solicitud, cree que porque el personal que le atendió era nuevo. Ahora le toca esperar. “Cuando cumplí 18 años me echaron a la calle. Entonces el permiso de residencia todavía no estaba caducado, pero ahora no quieren renovármelo, no quieren darme lo mío, para que pueda irme de aquí y buscarme la vida como los demás, para sentirme como los demás. Me piden el pasaporte marroquí y no sé qué..., pero ¿cómo? Si yo llevo toda mi vida aquí. Si me dan la residencia puedo ir a Marruecos a pedirlo, pero si no tengo la residencia ¿podré volver a entrar? Es política: dicen que tienes que largarte de aquí”, cuenta por teléfono. Tan sólo cuatro días después, dos compañeros suyos se toparon con lo que a Palazón le parece que será la futura estrategia de la Administración de Melilla: les solicitaron el empadronamiento, que el centro no había tramitado. Cuando fueron ahí a pedirlo, como ya son mayores de 18 años, no se lo tramitaron. “Se consigue dar un paso adelante, y ellos encuentran otra forma de seguir haciendo lo mismo”, observa con cansancio José Palazón.

En Asturias, donde la llegada de chavales extranjeros es un fenómeno relativamente nuevo –apenas tres años–, también “se buscan fórmulas ‘elegantes’ para que el incumplimiento de la legislación no chirríe: retrasar la documentación, complicar los trámites burocráticos, etc.”, el Colectivo SocialyJusticia. Como la Ley de Extranjería prevé que, aunque hayan alcanzado la mayoría de edad, se les puede conceder un per- miso por una vía especial si la falta de permisos de residencia se debe al mal funcionamiento de una administración, los colectivos asturianos que se ocupan de estos menores están intentando trabajar esta vía.

Pese a que la Comunidad Autónoma Vasca tiene mejor reputación, Ana Stern, de SOS Racismo Guipúzcoa, insiste en que “resolver la cuestión de la documentación es básico. Para invertir bien en menores de edad, tenemos que invertir en mayores de edad: si no, nos encontramos con unas bolsas de pobreza y de exclusión que cada vez irán creciendo más. Se trata de una cuestión transautonómica, transnacional”.

En cuanto a Madrid, Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Coordinadora de Barrios, constata que la documentación necesaria “primero no se tramita y lo que se tramita se hace en contra de la ley y del espíritu que debe regir las actuaciones en materia de protección, que es el interés superior del menor. Este interés superior integra el derecho a una correcta documentación”. A su juicio, con estas negligencias “se está abocando a los chavales tutelados a la marginalidad porque la no documentación genera desintegración social”. “En general, la administración pública usa todos los subterfugios que puede para eludir el compromiso”, subraya Galea. En ello coinciden desde Asturias: “Se copian para todo menos para lo bueno”.

Sobre Centros de Menores . Defensor Pueblo

RECOMENDACIONES

I. DE CARÁCTER GENERAL

1. Que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en nuestra sociedad(..).
2. Que se preste atención especial al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, y definan criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en esta intervención, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

4. Que, (::) se preste especial atención al cumplimiento de la normativa referida a la adecuación de las instalaciones, con carácter previo a la aprobación de cualquier proyecto que conlleve el acogimiento residencial de menores. De esta manera, se debe evitar la habilitación de nuevos recursos que no reúnan las condiciones(.).
5. Que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre los menores con trastornos de conducta y en situación de
dificultad social, determinando los supuestos, requisitos y condiciones en los que las entidades públicas de protección de menores pueden aplicar
programas específicos que contemplen la utilización de medidas de contención de carácter no sancionador.
6. Que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sea reconocido en todo caso a los menores y a sus padres, u otros representantes legales, en el marco de los procedimientos de desamparo y los dirigidos a adoptar medidas de protección en el ejercicio de la tutela administrativa.

7. Que las administraciones públicas intensifiquen las medidas de prevención y de protección que permitan garantizar a los menores en situación de dificultad social el pleno desarrollo de su personalidad y evitar así que esas situaciones deriven en el desamparo del menor o incluso en conductas contempladas por la Ley Orgánica 5/2000,.

9. Que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización

10. Que, en los casos en que el interés del menor requiera su atención en régimen de acogimiento residencial, se diversifiquen los proyectos de atención(..)de forma que se elimine la práctica de
atender en un mismo programa a menores que requieren medidas de protección y a aquellos que cumplen una medida de justicia juvenil.
11. Que se revise el actual modelo de especialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de capacitación preferente, en la infancia y la adolescencia.
12. Que se conceda la prioridad que merecen a las conclusiones contenidas en el documento “La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud” en relación con la atención infanto-juvenil, y que se pongan en práctica sus recomendaciones, en especial las siguientes:
o Realización de intervenciones preventivas en la primera infancia y la adolescencia.
o Materialización de las intervenciones comunitarias orientadas mejorar la dinámica social en áreas geográficas con riesgo social alto(..).
o Estudio y evaluación de intervenciones orientadas a informar y a educar sobre los riesgos que tiene para la salud las sustancias adictivas en adolescentes.
o Protocolización de procesos de atención relativos a trastorno mental(..) infanto-juvenil y trastorno generalizado del desarrollo.
o Implantación de un modelo de coordinación entre servicios sociales, educación y justicia, que garantice la continuidad de los cuidados (...)
13. Que se promueva el acceso de todos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o no tutelados por la administración pública.

II. ESPECÍFICAS
15. Que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento, y mediante la que se acuerda el ingreso de un menor en un centro para menores con necesidades especiales, esté siempre debidamente motivada(..). Dicha resolución deberá ser notificada de modo personal tanto a los padres, cuando no exista resolución judicial que lo prohíba, como al propio menor, en la forma adecuada a su edad y circunstancias,de acuerdo con la Ley 30/1992.

16. Que se solicite la autorización judicial en los términos previstos en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que el internamiento del menor se produzca por razón de
trastorno psíquico(...) y asimismo (..) autorización judicial para el ingreso en todos aquellos centros que apliquen medidas que conlleven alguna limitación de los derechos que los menores.
20. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se procure que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga a su interés. En consecuencia, no deberá supeditarse el alta a la carencia de recursos intermedios.

22.Se respete el derecho del menor a ser oído y se le escuche siempre antes de que se adopte una decisión que le afecte.
23. Que, en aquellos casos en que los menores, no estén de acuerdo con la medida de protección adoptada, (..) arbitrar los cauces para que puedan plantear una reclamación o recurso, con asistencia jurídica cualificada.
25. Que se establezca en todos los centros un sistema de quejas y reclamaciones, de las que deberá tener constancia, en todo caso, la entidad pública (..).
26. Que se permitan y faciliten, salvo resolución judicial en contrario, las relaciones con la familia del menor, debiendo quedar establecida en el proyecto individualizado la frecuencia de las mismas, .

28. Que, por la entidad pública(...)se garantice que todo menor en edad de escolarización obligatoria, sea matriculado en un centro docente y asista con regularidad y normalidad al mismo. En el supuesto de que no se considere adecuada la asistencia de algún menor al centro educativo, se le facilitará la atención educativa individualizada que requiera mediante el oportuno profesorado facilitado por la Administración educativa.

30. Que la prescripción y administración de fármacos a los menores(...)se lleve a cabo de conformidad y en los estrictos términos el artículo 9.3. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

31. Que, en todo caso, se informe adecuadamente al menor del tratamiento médicopara que pueda dar su consentimiento informado al mismo.
(...), cuando el menor no sea capaz (..) de comprender el alcance de la intervención, se requiera el consentimiento de la entidad pública competente, como representante legal de aquél, después de haber escuchado al menor si tiene doce años.
En el supuesto de que hubiere cumplido los dieciséis años y no prestara su consentimiento para someterse al tratamiento prescrito, se requerirá la pertinente autorización judicial, conforme a lo previsto en el
artículo 9.3.c. de la Ley 41/2002.

33. Que, en todo caso, cuando se trate de una actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres sean informados y su opinión tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

34. Que , procedan a su elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los centros, detallando los contenidos mínimos que deben tener los reglamentos de régimen interno, el procedimiento de quejas y sugerencias, el régimen de infracciones y sanciones, y los protocolos que deben seguirse para aplicar medidas de contención en situaciones de crisis de los menores, entre otros aspectos.

35. Que las entidades públicas de protección de menores comprueben que todos los centros de atención a menores en situación de dificultad social disponen del preceptivo reglamento de régimen interno, debidamente aprobado y conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

36. Que, a su llegada al centro, se facilite al menor información escrita, redactada en lenguaje claro, sencillo y adaptado a su nivel de comprensión, sobre sus derechos y obligaciones, cuestiones de rganización general, normas de convivencia y funcionamiento del centro y procedimientos para formular peticiones, quejas o recursos.(...).
37. Cuando excepcionalmente, se considere necesaria la práctica de cacheos y otras medidas de registro que incluyan el desnudo integral de los menores, se comunique a los juzgados de primera instancia, y se practiquen dichos registros conforme a los requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

38. La corrección de conductas contrarias a la convivencia habrá de tener una finalidad educativa, como instrumento de aprendizaje para los menores, y deberá tender siempre a la búsqueda de un efecto
rehabilitador en cada menor.

39. Que el régimen de infracciones y sanciones esté tipificado en el reglamento, y no contemple directa o indirectamente castigos corporales, maltrato psíquico, privación de la alimentación o del descanso, privación del derecho a sus relaciones personales, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atente contra la dignidad de la persona mediante acciones que conduzcan a su humillación o ridiculización, y, en ningún caso, establezca restricciones de igual o mayor entidad que las contempladas en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Las sanciones deberán ser proporcionales a la infracción cometida, tener en cuenta las circunstancias en las que se ha producido y las características del menor, y su aplicación deberá ser en todo caso supervisada por la Dirección del centro, dando cuenta al servicio especializado de protección de menores. En la mayor medida posible, se alentará el uso de medidas alternativas a la separación del grupo.
40. Que,(...) la sanción de separación del grupo se imponga solamente en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del menor, o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia en el centro.
El reglamento de régimen interior deberá recoger la duración de la sanción de separación del grupo, la cual se ajustará a la gravedad de la infracción cometida.
Mientras esté cumpliendo la sanción, el menor dispondrá, como mínimo, de dos horas al aire libre, y deberá asistir, en su caso, a la escuela, centro formativo o centro de trabajo, pudiendo recibir, demás,
las visitas contempladas en su proyecto educativo individual. Durante el horario general de actividades, se programarán ocupaciones alternativas para los menores separados del grupo.
Diariamente, visitará al menor el médico o el psicólogo, que informará a la Dirección del centro sobre el estado de salud física y mental del menor, así como sobre la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción impuesta.
41. Que, (..)se prohíba el uso de la fuerza en el control de los menores, salvo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios, y que sólo se utilice de la forma expresamente autorizada y
descrita en el reglamento de régimen interno.
42. Que se aprueben protocolos de intervención en casos de crisis de los menores que supongan la adopción de medidas de contención física
o farmacológica o, en su caso, de aislamiento, en los que se determinen las personas encargadas de cada función, su forma de actuación, la autorización, y los informes que,deberán remitirse a la entidad pública de protección de menores.
43. Que se limite la estancia en aislamiento al tiempo mínimo e imprescindible, y se prohíba, en todo caso, su utilización como medida sancionadora.

46. Que los profesionales (..)refuerzo que les ayuden a afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas del desarrollo de su labor.

48. Que se facilite formación específica para realizar posibles contenciones al personal (..)y, en todo caso, a los vigilantes de seguridad, para que realicen sus funciones con pleno respeto.

49. Que,(..)en todos aquellos centros en los que sea necesario acometer reformas para la adecuación de centros , se doten los recursos necesarios .

51. Que(..)la Administración asegure la protección , a través de la inspección y supervisión de todos los centros .
54. Que, siempre que la Administración haya delegado la gestión (..) en entidades privadas exija una total transparencia en la gestión de los gastos,

56. Que, por parte de los fiscales, se visiten periódicamente los centros (..) entrevistándose reservadamente con los menores que así lo soliciten, promoviendo la corrección de las deficiencias.
57. Que se dote a la Fiscalía de los medios para realizar el control del funcionamiento y organización de los centros y de los proyectos educativo.

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"

II Jornadas " Día Internacional de los Derechos de los Menores"
Noviembre-09 ASTURIAS

2 Diciembre

2 Diciembre

DECLARACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LOS MNAs

Introducción
En los últimos meses estamos asistiendo de nuevo a la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad de Canarias. Estos menores se unen a otros jóvenes procedentes del norte de África que también han llegado a nuestro país en los últimos años. Conjuntamente, plantean un reto de extraordinaria magnitud a nuestras instituciones y a nuestra sociedad desde el punto de vista de la capacidad de acogida, de protección, de formación y de inserción social de estos jóvenes.
Esta situación ha planteado un serio problema de capacidad de acogida inmediata a la Comunidad de Canarias, que ha visto desbordados sus recursos de atención dirigidos tanto a la población adulta como a los menores.(:::)
Con independencia de los retos que el fenómeno de la inmigración supone para el diseño y el desarrollo de las políticas sociales, las defensorías del Estado coincidimos en subrayar la necesidad de alcanzar acuerdos entre las distintas administraciones públicas del Estado en un tema tan importante desde el punto de vista de los derechos de los menores. Asimismo, queremos advertir de que, a pesar de su importancia, se trata sólo de un primer paso en la obligación inexcusable que tienen las administraciones públicas de velar por el interés primordial del menor, tal como establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y atender sus derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español (Ley 1/1996 de protección jurídica del menor). Cabe recordar, asimismo, que el artículo 2.1 de Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional. Además, el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero.

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children), aprobó en su última reunión anual una declaración instando a los países miembros del Consejo de Europa a tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de los menores no acompañados. Este hecho demuestra la relevancia que adquiere este fenómeno a escala europea y justifica que, dada la especial importancia que tiene para el caso español, las defensorías presentemos una declaración para expresar ante la sociedad española nuestra responsabilidad de velar para que los derechos de estos menores sean garantizados. Subrayar las obligaciones que las distintas administraciones públicas tienen respecto a los menores y recomendar algunas acciones dirigidas a reforzar el cumplimiento de sus derechos.


Principios de actuación
VER Observacion 6ª de las Naciones Unidas(2005)

1) Las Administraciones públicas competentes en las distintas CCAA deben asumir la tutela del menor de forma inmediata, mientras se estudia la realidad del menor y del núcleo familiar de origen. Debe evitarse que la fase de estudio de su situación suponga en la práctica la privación de acceso a recursos socioeducativos y a la formación laboral.

2) Las Administraciones competentes deben empezar a documentar al menor y tramitar su (tarjeta temporal)residencia cuando quede acreditada la dificultad de retorno con su familia, de acuerdo con el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin esperar los nueve meses que establece el Reglamento (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre), plazo que, de acuerdo con una interpretación conforme a la ley, debe ser considerado un máximo.

3) Los menores no deben ser repatriados a sus países de origen salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen (o recurso de protección alternativo) asegure el mejor interés para el menor. La decisión debe tener en cuenta el propio punto de vista del menor –que tiene derecho a ser escuchado- y sólo puede llevarse a cabo después de un estudio detenido de los recursos disponibles en su país de origen.

4) Las pruebas médicas previas de determinación de la edad sólo deberán ser realizadas en casos de duda y deberían efectuarse con el asesoramiento de expertos independientes y tecnología moderna que incluya una combinación de pruebas físicas, sociales y psicológicas.
Siempre deberá tomarse como edad de referencia la menor que resulte de las pruebas médicas realizadas.

5) Los menores deberían recibir asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio colegial, con el fin de asegurar que los procesos administrativos o judiciales se lleven a cabo teniendo en cuenta su interés superior.

6) Las Comunidades Autónomas deben coordinar sus modelos de atención a los menores inmigrantes no acompañados para evitar “fugas” de los menores a aquellas comunidades que garantizan mejor el proceso de tutela y residencia y que ofrecen mejores recursos socioeducativos.

7) Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Delegaciones del Gobierno coordinarán también su actuación en los ámbitos de sus respectivas competencias para evitar disfunciones y asegurar que la propuesta sea la más adecuada al interés del menor en cada caso. Para facilitar la coordinación interinstitucional es necesario disponer de un registro unificado de menores inmigrantes no acompañados compartido por todas las Administraciones públicas con competencias en la cuestión.

8) En la atención a los menores extranjeros no acompañados deben diseñarse y planificarse los recursos necesarios para favorecer su desarrollo integral y facilitar su inserción en la sociedad de acogida.

9) Todas las Administraciones públicas deben asumir sus
responsabilidades en la atención a los menores no acompañados.

Es importante que los gobiernos de las CCAA establezcan acuerdos con las administraciones locales de su territorio para diseñar conjuntamente los recursos y las estrategias necesarias que mejor garanticen la atención e integración de los menores no acompañados. Especialmente importante es la necesidad de superar las actitudes de rechazo social que acompañan en ocasiones a las medidas de acogida y protección de estos menores.

10) Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados deben presentar garantías de adecuación espacial, sanitaria y educativa. Las CCAA deben garantizar que los menores reciban atención a través del circuito normalizado, concentrando las actividades en centros de 24 horas que proporcionen a los menores recién llegados referentes educativos y afectivos estables.
Octubre de 2006