http://www.europapress.es/epsocial/noticia-forenses-piden-jueces-fiscales-ordenen-supervisen-pruebas-oseas-edad-menores-extranjeros-20101110133359.html
Foto: reuters MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) - Los forenses consideran que debe ser la Fiscalía o la autoridad judicial quien ordene y supervise la realización de pruebas óseas para la determinación de la edad en los casos de inmigrantes llegados por vía irregular a España, ya que en muchos casos, son las comunidades autónomas o las fuerzas policiales quienes se encargan de ello.
Esta es una de las recomendaciones recogidas en un documento de consenso de buenas prácticas entre los institutos de medicina legal de España, fruto de las jornadas de trabajo sobre Determinación Forense de la Edad de los Menores extranjeros no acompañados organizada por la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, y presentadas por el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia, Rafael Bañon.
Según ha señalado, el hecho de que "la policía o las administraciones autonómicas pidan la prueba" supone un "problema específico" para los forenses, porque sólo disponen de los resultados de un examen que muestra el desarrollo óseo y que tomado de forma aislada no sirve para concluir con certeza la edad que tiene el supuesto menor.
"Es un proceso global y quien tiene que tomar la decisión no es el radiólogo porque hay que tener en cuenta una serie de elementos a los que nosotros no tenemos acceso (...) por lo que tiene que ser el juez quien tome la decisión y no como se hace ahora, que se solapa la toma de decisiones", ha señalado.
Sobre este asunto, Cava de Llano ha señalado que la institución ha detectado "un enorme número de quejas", el diez por ciento del total en materia de extranjería, porque la determinación de la edad funciona de forma distinta en cada comunidad autónoma. La mayoría hacían relación a la "preocupante" horquilla de cuatro años en el cálculo que dan las pruebas óseas, aunque también porque eran las fuerzas policiales quienes solicitaban el exámen, no la autoridad judicial.
Bañon ha explicado que la determinación de la edad por estimación de la madurez ósea o mineralización dental es un método sujeto a "grandes variaciones" y por tanto, "no debe ser usado a menos que no se disponga de otro método más fiable". Además, cuando el forense o el radiólogo elaboran su informe, "sólo" están facilitando un cálculo de probabilidades de que el joven tenga una u otra edad, pero para alcanzar una conclusión hacen falta más elementos.
Así, los forenses consideran que para poder calcular con la mayor certeza posible la edad de estos jóvenes, es imprescindible que se sometan a una entrevista personal, un examen físico, un análisis radiológico de la muñeca y otro de la dentadura. En caso de que los resultados no fueran concluyentes, se podrían realizar pruebas complementarias, como una radiografía de la clavícula.
Bañon ha incidido en que para todo este proceso se debe contar con el consentimiento informado del joven y, por tanto, con traductores que faciliten la tarea. Además, las pruebas tienen que ser realizadas por profesionales con formación específica, a ser posible en unidades creadas para tal fin en el seno de los institutos de medicina legal, instituciones éstas que deberían funcionar en toda España aunque ni Madrid, ni Ceuta ni Melilla tienen.
HACE FALTA UN REGISTRO DE MENORES
Asimismo, los forenses piden tiempo para poder realizar sus pruebas y sacar conclusiones, ya que se trata de un "procedimiento complejo", por lo que piden que se evite acudir a los servicios de guardia. Para realizar exámenes complementarios cuando se necesite, apuestan por convenios con clínicas y hospitales públicos o privados que puedan garantizar "las condiciones técnicas adecuadas".
Por último, solicitan que se identifique de forma "fehaciente" a los supuestos menores inmigrantes, para evitar que sean sometidos más de una vez a los exámenes radiológicos y, por tanto, a un exceso de radiación innecesario y perjudicial.
En este sentido, Cava de Llano ha reivindicado la puesta en marcha del Registro de Menores Extranjeros no acompañados, que si bien ya existe en España, aún no está operativo, porque "puede paliar efectos nocivos" al evitar que se repitan determinadas pruebas.
La Defensora del Pueblo ha explicado que las conclusiones alcanzadas por los forenses se sumarán a las que recojan los fiscales, las fuerzas policiales y las administraciones públicas, que estarán representadas a lo largo esta segunda jornada de trabajo sobre la determinación de la edad.
El objetivo es conseguir que se aúnen los criterios a nivel nacional para que en todos los territorios se sigan los mismos protocolos ante la llegada de menores inmigrantes. El resultado será un informe monográfico que estará listo previsiblemente en enero de 2011 y que la institución elevará a todas las partes implicadas.http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/3508
Inmigración. la defensora del pueblo detecta "enormes diferencias" entre ccaa para determinar la edad de menores no acompañados |
| Afirma que un menor inmigrante es mayor o menor de edad según la región donde se encuentre MADRID, 10 (SERVIMEDIA) La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, afirmó este miércoles que existen "enormes diferencias" entre las comunidades autónomas para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, por lo cual ha decidido iniciar una investigación para unificar criterios en esta materia. Cava de Llano realizó esta aseveración en la inauguración de una jornada de trabajo sobre la determinación forense de la edad de los menores extranjeros no acompañados, celebrada en Madrid. La Defensora del Pueblo señaló que la situación actual "difiere mucho" respecto a la de 2005, un año antes de la llegada masiva de inmigrantes a las costas canarias a bordo de cayucos. El origen de los menores a los que se hace la prueba de determinación de la edad ha pasado de ser mayoritariamente marroquí a subsahariano y se han incrementado el número de expedientes realizados a mujeres africanas indocumentadas que en muchos casos alegan ser mayores de edad, un asunto "objeto de preocupación" para Cava de Llano ante "posibles casos de víctimas de trata con fines de explotación sexual". Además, la Defensora del Pueblo consideró "significativo" el número de expedientes realizados a personas subsaharianas con pasaporte y que, según la comunidad autónoma donde residan, reciben un tratamiento de menor o mayor de edad. Igualmente, Cava de Llano reclamó "un registro central de menores extranjeros no acompañados", para que, a través de un sistema informático, las fiscalías provinciales de extranjería puedan consultar datos. Por todo ello, la Defensora del Pueblo realizará "un informe especial", donde recogerá recomendaciones y que hará llegar a los organismos públicos y privados competentes en materia de menores. |
Los forenses censuran la prueba de edad de menores inmigrantes
El Govern, abierto a cambiar el sistema de comprobación
FIDEL MASREAL / Barcelona Jueves, 11 de noviembre del 2010Ya no se trata solamente de la denuncia de las oenegés ni de un informe crítico del Síndic de Greujes. Esta vez son los especialistas, los médicos forenses, los que certifican que las pruebas médicas con las que la Generalitat y otras comunidades autónomas cuestionan la minoría de edad de los jóvenes inmigrantes que llegan a Catalunya «no deben ser usadas a menos que no se disponga de otro método más fiable», porque la prueba ósea y dental que se practica está sujeta a «grandes variaciones».
El documento, avalado por 33 responsables de medicina legal de toda España, advierte de que para la estimación de la edad deben tenerse en cuenta también cuestiones como una entrevista personal o un examen físico del joven y, eventualmente, un estudio óseo de la clavícula.
APOYO DE LA DEFENSORA / La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, impulsora de la reunión de ayer, recordó que se ha producido un enorme número de quejas, la mayoría sobre la «preocupante» horquilla de cuatro años que ofrecen las pruebas óseas. Los forenses también reclamaron que las pruebas sean ordenadas por un juez o por la fiscalía, y que en cualquier caso la decisión final sobre la edad del joven recaiga en la autoridad política, no en la policial. Diversas comunidades autónomas cuestionan el pasaporte de decenas de jóvenes inmigrantes no acompañados cuando por su aspecto deducen que pueden ser mayores de edad. La Generalitat traslada esta duda ante la fiscalía.
A la vista del pronunciamiento de los forenses, el director general de Atenció a la Infància del Govern, Xavier Soley, se mostró ayer dispuesto a poner en práctica otro método de comprobación. «Si los forenses se ponen de acuerdo en que hay otra prueba científica que se pueda hacer, atenderemos lo que nos digan», afirmó. Sin embargo, Soley defendió la actual prueba radiológica, que se complementa con una prueba de mandíbula y una exploración física general.
Preguntado sobre si estas comprobaciones actuales generan un amplio margen de edad, aseguró: «Le puedo decir que en muchos casos, por no decir todos, los decretos de fiscalía sobre la edad son absolutamente acertados». Respecto a la acusación del Síndic de que el Govern trata de eludir la tutela de los jóvenes, Soley replicó: «Es falso, no nos quitamos a los menores de encima, no tenemos ningún interés en vaciar centros». El Síndic denunció recientemente que en la Generalitat «prevalece la voluntad de evitar problemas en los saturados centros de acogida».
http://www.abc.es/20101110/espana/forenses-judiciales-201011101303.htmlLos forenses piden que sea un juez quien ordene las pruebas para determinar la edad de los extranjeros
La Defensora del Pueblo en funciones ha constatado un elevado número de quejas en extranjería porque cada autonomía funciona de forma distinta
Ésta es una de las recomendaciones recogidas en un documento de consenso de buenas prácticas entre los institutos de medicina legal de España, fruto de las jornadas de trabajo sobre Determinación Forense de la Edad de los Menores extranjeros no acompañados organizada por la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, y presentadas por el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia, Rafael Bañon.
Según ha señalado, el hecho de que "la policía o las administraciones autonómicas pidan la prueba" supone un "problema específico" para los forenses, porque sólo disponen de los resultados de un examen que muestra el desarrollo óseo y que tomado de forma aislada no sirve para concluir con certeza la edad que tiene el supuesto menor. "Es un proceso global y quien tiene que tomar la decisión no es el radiólogo porque hay que tener en cuenta una serie de elementos a los que nosotros no tenemos acceso (...) por lo que tiene que ser el juez quien tome la decisión y no como se hace ahora, que se solapa la toma de decisiones", ha señalado.
«Hasta el momento son las fuerzas policiales quienes piden la prueba y no el juez», dicen
Bañon ha explicado que la determinación de la edad por estimación de la madurez ósea o mineralización dental es un método sujeto a "grandes variaciones" y por tanto, "no debe ser usado a menos que no se disponga de otro método más fiable". Además, cuando el forense o el radiólogo elaboran su informe, "sólo" están facilitando un cálculo de probabilidades de que el joven tenga una u otra edad, pero para alcanzar una conclusión hacen falta más elementos. Así, los forenses consideran que para poder calcular con la mayor certeza posible la edad de estos jóvenes, es imprescindible que se sometan a una entrevista personal, un examen físico, un análisis radiológico de la muñeca y otro de la dentadura.
En caso de que los resultados no fueran concluyentes, se podría realizar pruebas complementarias, como una radiografía de la clavícula. Bañon ha incidido en que para todo este proceso se debe contar con el consentimiento informado del joven y, por tanto, con traductores que faciliten la tarea. Además, las pruebas tienen que ser realizadas por profesionales con formación específica, a ser posible en unidades creadas para tal fin en el seno de los institutos de medicina legal, instituciones éstas que deberían funcionar en toda España aunque ni Madrid, ni Ceuta ni Melilla tienen.
La Defensora del Pueblo ha explicado que las conclusiones alcanzadas por los forenses se sumarán a las que recojan los fiscales, las fuerzas policiales y las administraciones públicas, que estarán representadas a lo largo esta segunda jornada de trabajo sobre la determinación de la edad. El objetivo es conseguir que se aúnen los criterios a nivel nacional para que en todos los territorios se sigan los mismos protocolos ante la llegada de menores inmigrantes. El resultado será un informe monográfico que estará listo previsiblemente en enero de 2011 y que la institución elevará a todas las partes implicadas.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=584565
Forenses creen necesario al menos tres pruebas para aproximar edad de menores
Madrid, 10 nov (EFE).- Los forenses consideran necesario que se hagan al menos tres pruebas a los jóvenes extranjeros para determinar la edad aproximada de los que van indocumentados y existen dudas sobre si son mayores de edad y que la decisión final se adopte por un juez o fiscal.
Son algunas de las recomendaciones incluidas en un documento de buenas prácticas consensuado entre los Institutos de Medicina Legal de España, que hoy se ha presentado en unas jornadas organizadas por el Defensor del Pueblo ante las diferencias en las Comunidades Autónomas en torno a los criterios que se aplican para determinar la edad de los jóvenes extranjeros.
La defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha convocado en una jornada de trabajo a representantes de CCAA, fiscales, ONG y defensores autonómicos para analizar estas conclusiones de los científicos e intentar promover la adopción de un protocolo de actuación común que ayude a superar las "deficiencias" detectadas por esta institución.
La comunidad científica propone que en estos casos en los que se duda de la edad del menor se realice al menos una exploración general y una entrevista, un examen radiológico del carpio y otro odontológico, y, si "no hay resultados contundentes", se haga un estudio de la clavícula.
"Son métodos sujetos a grandes variaciones, pero es la única metodología que existe y, si hay que utilizarla, debe hacerse bien", ha dicho el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia, Rafael Barón, encargado de presentar estas conclusiones.
Los forenses plantean que las estimaciones médicas de la edad deben ser realizadas por profesionales con formación específica acreditada y sus informes sometidos a algún sistema de control de calidad, además de ordenados por un juez o un fiscal.
Apuestan por la implantación de Institutos de Medicina Legal en aquellas regiones -como Madrid, Ceuta y Melilla- donde no existen y se plantean este tipo de casos; y en las comunidades donde ya los hay, que se creen unidades especializadas.
Explican que la estimación de la edad "es un procedimiento complejo, al que se le debe conceder el tiempo suficiente para su realización" y aconsejan que se evite "su asignación a los servicios forenses en funciones de guardia".
La exploración debe preservar la dignidad y seguridad del joven extranjero, al que deben informar de la realización de estas pruebas para obtener su consentimiento, exponen.
El fiscal coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, ha recordado que, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, "es necesario el consentimiento informado del menor y esto trae como consecuencia que en aquellas comunidades donde se adoptan estas prácticas sin ese consentimiento, sean nulas de pleno derecho".
Una de cada diez quejas presentadas ante el Defensor relacionadas con inmigración fueron en relación con los menores extranjeros no acompañados y fueron trasladadas principalmente por algunos menores y por ONG.
La defensora en funciones ha mostrado su preocupación por el hecho de que en muchos casos tras realizar estas pruebas sólo se puede establecer una horquilla de edad, que oscila hasta cuatro años, y ha recordado que en caso de duda sobre la mayoría de edad "se debe beneficiar al menor".
"Cada maestrillo tiene su librillo", ha dicho Cava de Llano en relación con las actuaciones de cada CCAA, que el Defensor pretende aunar para que se cumplan todas las garantías legales.
La defensora ha insistido en la importancia del Registro Central de menores no acompañados, que no funciona, y ha lamentado que hayan aumentado el número de pruebas de edad, incluso en aquellos casos en los que el menor tiene un pasaporte que así lo acredita.
Rafael Bañón ha explicado que, según un informe forense, el diez por ciento de los menores estarían mal clasificados y un tercio de los mayores sometidos a estas pruebas fueron clasificados como menores.
"Tenemos un problema de seguridad cuando clasificamos a los menores", ha concluido el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia. EFE
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